El fracaso del sistema penal mexicano a 10 años de su implementación

Se cumplen diez años desde que el sistema penal acusatorio entró en vigor plenamente en México, con la promesa de transformar la justicia: juicios orales, mayor transparencia, respeto a derechos humanos, investigaciones más sólidas y una impartición de justicia más rápida y eficiente. La expectativa era clara: dejar atrás prácticas opacas y construir un modelo moderno basado en evidencia científica y debido proceso. Sin embargo, una década después la pregunta es inevitable: ¿El sistema cumplió lo que prometió o México llegó a diez años con más percepción de impunidad y una ciudadanía más desconfiada de sus instituciones?

El problema no necesariamente está en el modelo jurídico en sí, sino en quiénes debían hacerlo funcionar. México implementó un sistema adversarial sin terminar de construir las instituciones capaces de sostenerlo. Diez años después seguimos enfrentando ausencia de una verdadera policía científica fortalecida, deficiencias periciales, falta de laboratorios especializados, escasez de tecnología y operadores insuficientemente capacitados. En un sistema donde la acusación debe probar técnicamente cada hecho y donde cualquier duda razonable favorece al imputado, una carpeta mal integrada suele traducirse en absoluciones o procesos que simplemente se derrumban.

La saturación de las fiscalías es otro de los grandes obstáculos. Ministerios Públicos con cargas excesivas, investigaciones incompletas y bajas tasas de judicialización generan un cuello de botella permanente. Miles de carpetas permanecen detenidas mientras víctimas esperan años por una respuesta institucional. La justicia tardía termina convirtiéndose en otra forma de impunidad.

A diez años del sistema, tampoco se consolidó en muchas regiones la rapidez prometida. Los tribunales continúan enfrentando rezagos, insuficiencia de salas y acumulación de asuntos. Mientras algunos estados han avanzado con procesos digitales y audiencias electrónicas, otros siguen operando con limitaciones estructurales que retrasan la impartición de justicia. El acceso a una justicia eficiente depende incluso de la entidad federativa donde ocurrió el delito.

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el uso creciente de salidas alternas y procedimientos abreviados. Herramientas creadas para despresurizar el sistema frecuentemente son percibidas por víctimas como mecanismos donde las sanciones resultan insuficientes o donde la reparación del daño nunca llega plenamente. La sensación recurrente es que se privilegia concluir expedientes antes que alcanzar una resolución integral del conflicto.

Persisten además problemas básicos que después de una década deberían estar superados: policías sin capacitación continua, errores en cadena de custodia, testigos sin protección adecuada, carpetas deficientemente integradas y operadores que aún conservan prácticas incompatibles con el modelo acusatorio. Mientras la investigación científica sigue siendo débil, sostener responsabilidad penal se vuelve cada vez más complejo.

Las cifras sobre impunidad continúan colocando a México entre los países con mayores desafíos para sancionar delitos. Aunque los porcentajes varían según el tipo de ilícito, el sentimiento social es constante: denunciar no garantiza justicia. Y cuando la percepción ciudadana concluye que el castigo es improbable, también se debilita la confianza institucional.

No todo ha sido retroceso. Entre los avances más señalados está una mayor publicidad de audiencias, controles judiciales más estrictos y una reducción del peso que antes tenían confesiones obtenidas mediante coerción. Pero incluso esos avances pierden fuerza cuando las víctimas continúan enfrentando procesos largos, reparaciones insuficientes y resultados limitados.

Diez años después, la discusión ya no debería centrarse en si el sistema penal acusatorio fue una buena o mala reforma. La pregunta tendría que ser más incómoda: ¿Qué ocurre cuando se implementa un sistema garantista sin policías preparados, sin peritos suficientes, sin infraestructura, con fiscalías rebasadas y operadores que nunca terminaron de adaptarse al cambio?

La respuesta parece estar frente a todos. Porque quizá la regla no escrita más peligrosa del sistema penal mexicano no está en la ley ni en la Constitución. Está en la práctica cotidiana: cuando investigar falla, cuando probar falla y cuando sancionar falla, la impunidad deja de ser una excepción y comienza a convertirse en costumbre. A diez años de la reforma, esa sigue siendo la deuda pendiente con millones de víctimas en México.