Morena contra los gobiernos que combaten al crimen

Lo que hoy estamos viendo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no es justicia: es persecución política disfrazada de legalidad. Y los mexicanos ya conocemos perfectamente el manual de Morena y de sus gobiernos: utilizar las instituciones para atacar a la oposición mientras protegen a los suyos, aunque estén señalados por vínculos mucho más graves.

El citatorio que la Fiscalía General de la República le hizo a Maru Campos deja muchas dudas sobre la verdadera imparcialidad con la que actúa la institución, porque, casualmente, cuando Morena enfrenta crisis políticas o escándalos relacionados con la seguridad y el crimen organizado, aparecen investigaciones, filtraciones y ataques mediáticos contra gobernadores de oposición.

La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta rapidez y presión cuando se trata de una gobernadora del PAN, pero tanta prudencia y silencio cuando hablamos de personajes cercanos a Morena? Ahí está el caso de Rubén Rocha Moya, señalado públicamente por presuntos nexos con un grupo criminal; el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, envuelta en cuestionamientos internacionales; o el de Adán Augusto López Hernández, relacionado mediáticamente con estructuras criminales como “La Barredora”.

La lista sigue creciendo: Américo Villarreal, acusado de financiamiento ilícito; Alfredo Ramírez Bedolla, vinculado públicamente con grupos criminales; Enrique Inzunza Cázarez, señalado por presuntos nexos, al igual que Diego Rivera Navarro. Morena exige silencio cuando los señalados son los suyos, pero actúa con todo el aparato del Estado cuando se trata de perseguir a la oposición.

México atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes y Morena ya no puede deslindarse de ella. En 2023, nuestro país se mantuvo como el más peligroso del mundo para civiles y, de acuerdo con mediciones internacionales de exposición a conflictos, más de 43 millones de personas estuvieron expuestas a violencia política. Esa realidad no apareció sola: es consecuencia de una estrategia fallida que decidió abrazar a los criminales en lugar de enfrentarlos.

Hoy en México hemos llegado a un punto peligroso donde ya normalizamos la violencia. Nos acostumbramos a los asesinatos, a las desapariciones, a las masacres y al control territorial del crimen organizado. Pero peor aún: los gobiernos de Morena también normalizaron no combatirla. Prefieren administrar la violencia antes que enfrentarla; prefieren construir narrativas antes que asumir responsabilidades; y prefieren perseguir opositores antes que ir contra los criminales.

Mientras tanto, millones de mexicanos viven con miedo todos los días. Y lo más grave es que desde el poder federal se ha construido un clima de permisividad que debilitó a las instituciones, fracturó la confianza ciudadana y permitió que el crimen organizado se expandiera territorial y políticamente en distintas regiones del país.

México no puede seguir pagando el costo de un gobierno que fue permisivo con el crimen. Mientras Morena minimiza la violencia, en Jalisco exigimos que se rompa el pacto de impunidad que tiene al país de rodillas.

A Morena le incomoda que se les diga la verdad: no se puede abrazar a los criminales y después fingir sorpresa por la violencia. En Jalisco creemos en enfrentar al crimen, no en justificarlo. Porque con el crimen no se dialoga. Se le enfrenta. Así de claro.

México necesita justicia verdadera, no fiscalías utilizadas como herramientas electorales. Necesita instituciones autónomas, no operadores políticos disfrazados de ministerios públicos. Porque cuando el gobierno usa la justicia para perseguir adversarios y no para combatir criminales, el problema deja de ser político y se convierte en una amenaza para todo el país.