Jonás

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¿Quién hará la tarea? Hay candidaturas apoyadas por la delincuencia; eso se sabe. ¿Pero quién va a detectarlas y detenerlas? Es una de las discusiones que tuvieron lugar en la sesión de diputados y senadores en el período extraordinario de sesiones para hacer la conocida “reforma de la reforma”. 
Originalmente, la reforma propuesta por la presidencia de la república sólo tuvo un objetivo central: postergar la elección del Poder Judicial Federal de 2027 a 2028, para evitar que coincidiera con la elección constitucional del año próximo.
Pero repentinamente, se añadieron otros dos objetivos: incluir la elección si se comprueba la injerencia extranjera por varios medios, y elaborar un mecanismo para detectar a candidatas y candidatos que puedan tener nexos con el crimen organizado o antecedentes que conduzcan a evitar su postulación.
En “Al buen entendedor” de hoy, propongo detenernos sólo en este último punto.
La discusión comenzó desde que los partidos políticos de oposición criticaron que en la reforma electoral del llamado Plan B no se reconociera incluso que hay candidaturas que con evidencia y conocimiento de vecinos, están manipuladas y ligadas a la delincuencia organizada.
Ahora que el tema se aborda, la solución parece tan simple que es irreal: las autoridades que investigan en el país y tienen acceso a expedientes (entiéndase Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Seguridad, entre otras) pueden hacer convenios para informar si aspirantes de cualquier partido político tienen antecedentes o están siendo investigados por posibles delitos, de manera que se frenen sus aspiraciones a tener cargos públicos.
Ya hubo discusión: la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que una comisión de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) se integre para revisar las candidaturas; la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó esa posibilidad por el impedimento de ser jueces y parte del proceso al mismo tiempo. Sheinbaum declaró que Taddei “no entendió” lo que se está proponiendo, porque no deberán calificar, sino revisar. 
Otra vez, caemos en despropósitos y desconocimiento.
La certeza de que el crimen organizado interviene en las elecciones y todos los partidos políticos permiten que haya candidaturas que están viciadas de origen, nos colocan en el dilema de la fábula que surge de la pregunta:
¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
Es evidente que sólo se están discutiendo aspectos teóricos, pero urge también el sentido práctico: ¿En vista de que serán ¡decenas de miles! las aspiraciones y candidaturas, quiénes harán la revisión, con base en qué información? ¿A qué reglamentación estarán sujetos? ¿En qué período deberán realizarse tales revisiones y con cuánto personal contarán? 
Proponer que una comisión del INE lleve a cabo la tarea es tratar de obligar a una imposibilidad.
Además, está la sospecha de que se intente eliminar a candidatas y candidatos no porque tengan antecedentes negativos, sino porque tengan posibilidades de ganar y es una forma de frenarlos.
Sin una discusión seria y propositiva, sólo se deja la puerta abierta para que la delincuencia organizada incremente y afiance su presencia e influencia en la democracia.

Detener las candidaturas delictivas

Que la decisión de un solo personaje sacuda al partido político más grande del país, Morena, sorprende y mucho, porque precisamente en su definición, este instituto político pretende rescatar y llevar a la realidad los derechos de las mayorías y de los más pobres del país. Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como Andy López, anunció que deja la Secretaría de Organización del partido y el anunció se convirtió en uno de los temas más revisados entre los morenistas de todo el país.
Hay material suficiente para revisar esta decisión como la consecuencia de varios procesos y el origen de más impactos políticos en Morena.
Andy López, hay que subrayarlo porque esa obviedad ha marcado su trayectoria y su desempeño, es el hijo del expresidente López Obrador, fundador del partido y artífice de lo que decidieron bautizar como “la cuarta transformación”. 
Su lazo consanguíneo con un personaje tan influyente en Morena ha tenido varias repercusiones, y no todas son positivas. 
Andy López, apenas hace unos meses, era visto como uno de los más firmes candidatos presidenciales para las elecciones de 2030. Hoy, después de dejar uno de los cargos más importantes en Morena, sólo aspira a ser diputado federal y lo hará desde Tabasco, donde competirá en la elección intermedia del año entrante. El cambio de ruta fue dramático.
Naturalmente, antes de este aparente alejamiento del epicentro del poder nacional, Andy López alimentó varios escándalos: está su viaje y sus gastos en Tokio, Japón; están sus declaraciones que luego fueron comprobadas y desmentidas; están sus relaciones amistosas con quienes se han convertido en socios de negocios millonarios sin que esa fortuna pueda explicarse, a menos que se acepte que ser el hijo del expresidente lo convirtió en un influyente personaje con puertas abiertas para obtener concesiones y contratos millonarios en el gobierno federal y gobiernos de los estados.
Cuando se habló de sus posibilidades presidenciales, Andy López era el secretario de Organización y se disponía a hacer de Morena el partido político más grande del mundo, afiliando a millones de simpatizantes. Hoy, Luisa María Alcalde ya no es la presidenta del partido y él está teniendo un giro de humildad política: deja la Ciudad de México y se va a Tabasco.
Claro que su nivel de influencia no reduce, acaso pierde la luminosidad del oropel, porque el senador Adán Augusto López, el “hermano” de López Obrador, anunció de inmediato que lo apoyará y ganará la diputación “caminando”. 
¿Andy López se convertirá al paso de unos años en una figura política nacional otra vez? Sólo el tiempo nos lo mostrará y sus decisiones lo apoyarán o no, en esa meta.
Pero lo que hoy queda totalmente claro, es que Andy López es precisamente lo que su padre tanto criticó, por el enriquecimiento, por los conflictos de interés, por el uso personal de la política y por muchos otros detalles que no se están investigando judicialmente, pero que se han hecho públicos en todas partes.

Las decisiones de Andy López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum aplicará una nueva estrategia de proximidad con las bases populares afectas al gobierno morenista: un segundo informe por el triunfo electoral de 2024, pero no con una concentración masiva en el Zócalo, sino con una proyección en las plazas públicas de todos los estados del país.
Vayamos de lo comprensible a lo improvisado.
El 2 de junio próximo, según el discurso presidencial, se cumple el “segundo-aniversario-del-segundo-piso-de-la-transformación”. Lo que sea que eso signifique.
Pero no hay porqué esperar hasta el 2 de junio, si es posible organizar la fiesta el domingo, el 31 de mayo. No importa la fecha sino el motivo.
Claudia Sheinbaum viajó a Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, y desde ahí, después de las selfies y entre las porras, improvisó con el nuevo festejo: un mensaje público que se transmitirá en las principales ciudades del país.
Eso es lo que se sabe.
Lo que no se sabe en cuáles ciudades, ni a qué hora, ni en qué formato ni tampoco el horario… ¡pero qué emoción y que oportunidad organizarlo!
¿De quién será la tarea? ¿De Jesús Ramírez, el dueño de las mañaneras y de los formatos de la comunicación diaria de la presidenta? ¿Se apropiará de la tarea el titular de la oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel? ¿O por fin será trabajo que organice la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez?
En este sentido, la improvisación del festejo también es una oportunidad para los morenistas de todo el país que se sintieron desplazados por la nueva dirigencia de Arianda Montiel, una mujer que llegó con mano de hierro para reorganizar a un partido que se desordenó demasiado.
Montiel Reyes seguramente se prepara desde ayer, después del anuncio presidencial, para tomar las riendas del festejo del este segundo aniversario.
Los alcaldes y diputados morenistas de todos los estados ya están avisados: la celebración de la presidenta Sheinbaum y la proyección en las principales ciudades ameritará seguramente, la contratación inmediata de pantallas gigantes en las plazas públicas y el compromiso de reunir a los simpatizantes o los principales interesados… incluidos los camiones, los lonches y las bebidas.
Porque la democracia multitudinaria no es gratuita ni espontánea. Todo requiere organización y todo cuesta. Y los que más invierten, son también quienes podrán reclamar la mayor parte de las recompensas.
La presidenta Sheinbaum improvisó: hagamos un festejo que llegue a todo el país, con pantallas y concentraciones en todas las ciudades más grandes. Los morenistas obligados por sus intereses de poder y ganancia, tendrán que responder.

El nuevo e improvisado informe de Sheinbaum

Diputadas y diputados de todo el país ya preparan equipaje: la semana entrante deben estar en la Ciudad de México para presentarse en las sesiones del período extraordinario de sesiones que se convocó específicamente para reformar la Reforma Judicial que se aprobó apenas en 2024 y se aplicó por vez primera en 2025 con la primera elección judicial en la historia del país, la misma que nos dejó como herencia la que hoy se conoce como “la Corte del acordeón”.
La reforma fue elaborada por la presidencia de la república y se turnó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión donde, obviamente, estaban enterados y esperándola, en particular el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, principal responsable de que la reforma se apruebe sin controversia y se apruebe antes de que concluya la semana; de hecho, se espera que para el viernes 29 de mayo se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación este cambio (otro, sí) a la Constitución Política de México.
Aunque en medio de las discusiones y protestas que se multiplicaron por todo el país, desde Palacio Nacional defendieron la anterior reforma, de lo que se trata ahora es simplemente de cambiar las fechas: que la segunda elección del Poder Judicial Federal se pase al año 2028 y no se empate con las elecciones constitucionales del 2027.
Hasta los defensores de la “democratización” del Poder Judicial saben que empatar las dos elecciones provocaría un caos y una terrible confusión, porque además de que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos estatales y centenares de ayuntamientos, se estaría convocando a los ciudadanos a votar para elegir más de tres mil cargos judiciales.
Ahora bien, al margen de que se tomen las medidas para evitar más daños por la insistencia en someter todo a votación para simplemente aumentar el control sobre el Poder Judicial, lo que refleja esta nueva reforma es una profunda improvisación y negligencia en las reformas.
Los constitucionalistas comparten miles de análisis que coinciden en el error de fondo: llevar fechas específicas a la Constitución, cuando lo adecuado es colocarlas en leyes secundarias que se pueden modificar siempre que sea necesario, sin tocar la Carta Magna… pero los diputados, sobre todo cuando votan por consigna y no por conocimiento, nos obsequian leyes con numerosos errores.
Pero finalmente, con la mayoría calificada que ostentan Morena, el Verde y el PT (que esta vez no detendrán la reforma), lo harán otra vez, manipularán la Constitución.
Ya en 2028 volveremos sobre el mismo problema: determinar candidatos al Poder Judicial y someterlos a votación a pesar de que la ciudadanía no está interesada y casi nadie los conoce.

Reformar la reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum lució airada en la mañanera de este 20 de mayo: “México no es piñata de nadie”. La frase, con una metáfora tan mexicana, se integra de forma natural a su reiterado discurso de defensa ante las acusaciones que mantienen tambaleante la “cuarta transformación” y han movilizado a Morena en previsión del próximo proceso electoral.
Pero cuando la mandataria advirtió que no permitirá que intervengan en las elecciones del año 2027, subió otro nivel al abierto conflicto que hay con el gobierno de Donald Trump. 
Surge por sí sola la pregunta candorosa: ¿El gobierno de Estados Unidos interviene en las elecciones constitucionales mexicanas? 
Conviene revisar primero, lo que ocurre con total claridad:
• En unos pocos días se aprobará en la Cámara de Diputados “la reforma de la reforma judicial”. Es decir, la muy defendida reforma constitucional que le dio al pueblo la potestad de elegir a los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial, a pesar de todo no fue tan buena como la presentaron; será modificada para evitar que se empate con las elecciones constitucionales del año entrante porque de lo contrario, sería más caótica y accidentada que la primera elección judicial con todo y sus acordeones. No se ve por ningún lado “la mano” estadounidense, sino apenas una reacción razonable al desorden provocado por la reforma de Andrés Manuel López Obrador. 
• La oposición política en México no ha crecido. Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), no parecen tener oportunidad de convertirse en una fuerza política capaz de conseguir victorias masivas en 2027.
Actualmente se maneja la posibilidad de una coalición electoral entre los tres partidos, pero los costos son tan altos que a ninguno de los tres partidos políticos les convence. ¿Dónde está la intervención estadounidense? En ningún lado.
• Morena vive una evidente crisis interna. Pero no ha sido causada directamente por los integrantes del gobierno norteamericano ni los agentes de la CIA que fueron accidentalmente localizados en Chihuahua. La crisis del partido gobernante en México ha crecido porque el partido tiene una serie de defectos intrínsecos, como la falta de institucionalidad, y porque los diferentes grupos dominantes se confrontan entre ellos.
A esto se ha sumado la denuncia de las autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, el gobernador sinaloense con licencia y sus nueve cercanos, que a pesar de todos los discursos de defensa del gobierno federal, desnudó las contradicciones internas de Morena y ha confrontado al partido con una realidad inocultable: hay infiltración del crimen organizado en muchos de los gobiernos (municipales y estatales) surgidos de Morena.
En Estados Unidos, no hay que engañarse, carecen de límites para intervenir en cualquier nación o región que perjudique sus intereses. Numerosos casos históricos lo demuestran. 
Si pretendieran intervenir en el proceso electoral mexicano, lo harían a pesar de cualquier barrera legal o resistencia local, pero ahora mismo el problema es mayormente nuestro.
La presidenta, simplemente, se resiste a entregar a Rocha Moya y los suyos.
Y vienen más acusaciones.

“No somos piñata de nadie”

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La hegemonía de Morena se tambalea. Es evidente que hay una crisis política en el gobierno federal que impacta al partido en todos los estados y esto preocupa en Palacio Nacional y también a la presidenta del partido, Ariadna Montiel, quien justo llegó al cargo para preparar las elecciones del año 2027.
Ya trascienden las encuestas en las que se refleja una reducción en la intención de voto en favor de Morena e incluso, hay una reducción en la calificación positiva que siempre ha mantenido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 
Eso, con toda certeza, podría impactar en los resultados del proceso electoral del año entrante, en los que se renovarán 17 gubernaturas y se elegirán los diputados federales para renovar la Cámara Baja.
Pero Morena también tiene un gran margen de maniobra porque hay una cuestión electoral que brota por sí sola: ¿Con quiénes competirán en la elección?
En los cálculos más elementales de un mejor resultado de la oposición, ya surgió la hipótesis de una alianza entre partidos: Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) como integrantes de una coalición tripartita para enfrentarse justo a Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde. 
Parece totalmente lógico.
Pero es muy poco probable en este momento.
Ninguno de los tres partidos opositores está en el ánimo de ceder terreno y entrar en alianza con los otros.
La elección de 2024, que además incluyó la contienda por la presidencia del país, resultó muy mal para PAN y PRI. Ambos partidos se han reducido en tamaño e influencia. 
Acción Nacional discute ser el principal partido de oposición, y desconfía enormemente de Movimiento Ciudadano, además de que no encuentran incentivos para pactar con el PRI controlado –y muy achicado también– por Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”. 
Adicionalmente, los procesos electorales cambian enormemente de estado a estado, según se compita por gubernatura o sólo en la elección por diputaciones y alcaldías. 
El escenario más seguro es que no habrá alianza nacional, aunque probablemente se concreten algunas coaliciones estatales.
El caso de Jalisco es emblemático: el gobierno estatal de Movimiento Ciudadano tiene más oportunidad de recuperar espacios ganados por Morena si entra en alianza con Acción Nacional, pero los panistas deberán seguir la instrucción del Comité Ejecutivo Nacional y además, han insistido en el último año en regresar a la contienda por los votos sin alianzas. 
A pesar de la crisis política y los errores de la 4T y Morena, a pesar también de que el Verde y el PT se rebelan y apuestan por varias elecciones locales sin alianza con Morena, todo apunta a que en 2027 el partido de la presidenta Sheinbaum mantendrá la mayoría en la Cámara de Diputados y ganen la mayoría de las gubernaturas en disputa.

¿Alianzas de partidos para 2027?

En el contexto de la crisis política que en todos los órdenes ha provocado la denuncia en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos que se desempeñaron en Sinaloa, finalmente apareció una voz firme para evitar un mayor desbarrancamiento en Morena: la de Ariadna Montiel, nueva presidenta del partido.
La dirigente morenista sorprendió al rechazar ayer que Enrique Inzunza, senador sinaloense que está “desaparecido” y es uno de los acusados por la corte federal de Nueva York, pueda ser candidato a gobernador, como lo había presumido la dirigencia morenista en el Estado.
Ariadna Montiel fue tajante: no se permitirán candidaturas de personajes que no ostenten una reputación intachable. Ya era bastante bizarro que si el gobernador Rocha Moya solicitó licencia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas bancarias y las de sus hijos, el senador siguiera casi en calidad de prófugo y además, le concedieran posibilidades de ser candidato a gobernador.
La presidenta de Morena fue más allá, porque también dudó de que Saúl Monreal Ávila pueda ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, y rechazó de plano que un personaje como el exboxeador Jorge Arce “El Travieso”, pueda ser admitido en Morena, como se anunció hace unos días.
El rigor que anunció Ariadna Montiel habla bien de ella; ha entendido que si Morena no pone freno a la entrega de candidaturas a personajes cuestionables (aunque no sean delincuentes), la marca seguirá degradándose aceleradamente.
Ya quedó demostrado, aunque una amplia base de simpatizante no quieran aceptarlo, que Morena no es el partido político inmaculado que se presumió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entre sus militantes más encumbrados hay quienes están relacionados con la corrupción y la delincuencia, pero el partido tiene la oportunidad de detener la caída y aplicar reglas firmes.
A la presidenta Claudia Sheinbaum no la han asesorado correctamente. Al menos es lo que puede suponerse con la mejor intención, pues no se explica de otro modo que haya defendido a Rocha Moya y los otros nueve denunciados, ante las acusaciones en Estados Unidos. Lo más penoso para su postura fue que se hayan congelado las cuentas del gobernador con licencia y que ella haya admitido que ni siquiera estaba enterada, justo el mismo día que se entregaron a la justica estadounidense quienes fueran titulares de Seguridad y Finanzas del gobierno sinaloense, es decir Gerardo Mérida y Enrique Díaz.
Ariadna Montiel se erige ahora como el filtro severo del partido que puede iniciar un proceso de rescate.
Queda pendiente que se lo permitan.

Los filtros de rigor en Morena

En la permanente guerra de especulaciones y supuestos análisis que no son otra cosa que la manifestación de deseos ansiosos, las redes sociales pugnan todos los días por “viralizar” verdades que no existen… todavía. Una de estas hipótesis es que el partido Morena está por quebrar definitivamente y sufrir una contundente derrota en las elecciones del año 2027 debido al doble escándalo del caso Chihuahua y la presencia de agentes de la CIA, y las denuncias judiciales contra Rubén Rocha Moya y nueve de sus allegados políticos en Sinaloa.
Revisemos las variables para tratar de llegar a una conclusión razonable.
La primera cuestión, por ruta cronológica, corresponde al caso Chihuahua. El dato corroborable y oficialmente reconocido es que dos agentes de la CIA murieron en el municipio de Morelos, Chihuahua, la madrugada del 19 de abril, después de haber participado en la localización y destrucción de un gran laboratorio clandestino donde se fabricaban drogas. Después que se conoció de su muerte, comenzó una crisis entre los gobiernos de Estados Unidos y México, motivada principalmente por los reclamos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró no haber sido enterada de la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, en labores de combate al crimen organizado.
Al paso de los días, este 16 de mayo se efectuó una manifestación pública encabezada por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, que pretende culminar con la presentación de un juicio político y la salida de la gobernadora María Eugenia Campos, acusada de traición a la Patria por acordar en secreto, el ingreso de agentes de la CIA.
La segunda variable es la acusación formal, el pasado 1 de mayo, por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, el senador Enrique Inzunza y otros siete integrantes del gobierno y el grupo político de Rocha Moya; las acusaciones surgen de una red de corrupción y protección al Cártel de Sinaloa, para el tráfico de drogas a Estados Unidos, entre otros varios delitos.
Rocha Moya y el alcalde Gámez solicitaron licencia al cargo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó protección personal al gobernador y ha declarado que las acusaciones atentan contra la soberanía nacional, al tiempo que ha exigido repetidamente que se presenten pruebas, pues de lo contrario los funcionarios no serán detenidos en México ni se abrirá un proceso de extradición a Estados Unidos.
Sin embargo, el pasado 15 de mayo dos de los 10 acusados fueron formalmente detenidos: el exsecretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas sinaloense, Enrique Díaz Vega. Ambos se entregaron voluntariamente.
Desde Estados Unidos, circulan versiones que indican que las denuncias contra funcionarios ligados con Morena se triplicarán en los días siguientes.
Si ya se entregaron dos de los acusados y que además, se encargaban de las tareas de seguridad y finanzas, aparentemente el círculo se cierra sobre Rubén Rocha y el resto de los acusados. Y los hechos obligan a la presidenta a asumir su negativa y asumir que desde los Estados Unidos, se está demostrando la delincuencia y la colusión con el crimen organizado, con alcances insospechados; hay quienes apuestan porque pueda llegarse incluso a Andrés Manuel López Obrador.
Volvamos al principio: ¿Esto implica que Morena se derrumba? No.
Para los simpatizantes más convencidos de la llamada “cuarta transformación”, todo se trata de una historia inventada y sustentada desde el poder en Estados Unidos, con la única finalidad de frenar la transformación nacional impulsada por el movimiento que fundó López Obrador.
Ninguna de las dos posturas, pese a todo, puede ser químicamente pura, porque los partidos de oposición, principalmente PAN y PRI, también fueron exhibidos y descubiertos en una red de corrupción y relaciones delincuenciales.
En conclusión: Morena sigue siendo el partido político más grande y fuerte en México.
Ha quedado al descubierto, aunque muchos se nieguen a admitirlo, que es una organización política igualmente corruptible que los demás partidos, pero su potencia político electoral seguirá siendo dominante en las elecciones de 2027.
La oportunidad se abre ante las fuerzas políticas de oposición, pero no parecen tener proyecto ni estructura para revertir las tendencias que favorecen a Morena.
La historia, entonces, se está reescribiendo; quienes presumieron virtudes políticas han quedado exhibidos, pero lo que está por consolidarse es la cuestión que deberán resolver los ciudadanos en México: ¿en quiénes se confiará para gobernar y revertir la corrupción y degradación política, si todos terminan siendo iguales?

¿Morena está por desbarrancarse?

José Manuel Romo Parra

La cancha en la que juega el corazón tapatío

Miguel De La Rosa Figueroa

Claudia Sheinbaum: mujer, transformación y soberanía

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Hiram Espinoza de los Monteros

Cosas lejanas

Juan Pablo Colín

Morena contra los gobiernos que combaten al crimen

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Que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, haya acudido a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para no declarar y subrayar que la Fiscalía debe solicitar información al gobierno del Estado, para después, acompañara por la dirigencia nacional de su partido, asegurar que es una perseguida del gobierno de la presidencia Claudia Sheinbaum, es el resultado de una pésima estrategia política que conduce a cuestionar: ¿Quién gana y quién pierde con este caso?
No gana, ciertamente, la presidenta Sheinbaum ni su equipo. El círculo cercano a la presidenta queda muy mal colocado.
En el contraste que ha significado la reprobación oficialista a la mandataria chihuahuense, con el trato dado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, parece que hay una persecución contra la gobernadora del PAN, mientras se protege al mandatario de Morena. 
Eso no le ayuda a la imagen presidencial, y menos sabiendo que todo redunda en un maltrato a la relación con Estados Unidos.
Gana, aunque sólo sea políticamente, la propia María Eugenia Campos, quien ha aprovechado este episodio y los ataques de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, para presentarse públicamente como una víctima.
Maru Campos había venido siendo una muy discreta gobernadora en el panorama nacional; más conocida por la confrontación con su antecesor, el expanista Javier Corral, y por los señalamientos de complicidad con quien fuera gobernador priista de Chihuahua y ahora procesado por desvío de recursos y otros delitos, César Duarte Jáquez.
Todo parecía indicar que Maru Campos concluiría su sexenio sin mayor “pena ni gloria”, pero ahora se ha convertido en un personaje nacional y también le ha dado argumentos al Partido Acción Nacional (PAN), para enfrentarse al gobierno de Sheinbaum Pardo y acusar incongruencia y persecución.
La solicitud de juicio político contra la gobernadora no va a prosperar, como tampoco arrojará ningún resultado la acusación por haber permitido (presuntamente) el ingreso de agentes de la CIA a territorio mexicano para actuar contra el crimen organizado.
En este punto, pierde Palacio Nacional y ganan Maru Campos y el PAN. 
¿Eso era lo que pretendían Ariadna Montiel y los morenistas que la acompañaron a hacer una marcha y manifestación a Chihuahua? Seguramente no. Pero lo provocaron.

¿Quién gana con el caso Maru Campos?