Carlos Palacios

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar las candidaturas ante el crimen organizado no es un veto: es información que los partidos merecen tener antes de registrar a alguien.
La propuesta, presentada esta mañana por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, es políticamente oportuna. No busca crear tribunales de excepción ni listas negras. Lo que plantea es algo más simple y más poderoso: que los partidos políticos tengan acceso, antes de registrar una candidatura, a información de inteligencia que hoy existe en archivos de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que nunca fluye hacia quienes toman las decisiones de postulación.
El mecanismo concreto es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al INE y conformada por cinco consejeros electorales electos por el propio Consejo General por un periodo de tres años. Esta comisión, de ser aprobada la iniciativa, funcionaría como bisagra entre los partidos y las autoridades de seguridad y financieras. Los partidos entregarían voluntariamente su lista de aspirantes; la comisión consultaría con esas instituciones si existe lo que la iniciativa llama un &#8220;riesgo razonable&#8221; de vínculos con la delincuencia, y esa señal —sí o no, sin detalles que comprometan investigaciones en curso— regresaría al partido para que éste tome su decisión.
Conviene subrayar lo que la iniciativa no hace, porque ya escucho las voces que van a tergiversarla. No es una vía para vetar candidatos opositores. No es un sustituto del proceso judicial. No viola la presunción de inocencia. El partido sigue siendo el que decide si registra o no al aspirante. Lo que cambia es que ya no podrá alegar ignorancia. Como dejó en claro la propia Luisa María Alcalde, muchas veces las corporaciones de seguridad tienen indicios que no alcanzan nivel probatorio para judicializar un caso, pero que sí son suficientes para que un partido reconsidere una candidatura. Hoy esa información se queda atorada, pero la iniciativa la pone a circular.
El requisito de que cada aspirante firme su consentimiento expreso para ser evaluado también es relevante. Se trata de un filtro de actitud. Quien se niega a ser revisado, ¿qué está protegiendo? La transparencia empieza por quien pide el voto. La iniciativa llega a medio año de las elecciones de 2027.
También vale la pena ubicar otra iniciativa en su contexto legislativo. Mi compañero Ricardo Monreal, coordinador de nuestra bancada, ha anunciado que impulsará una propuesta complementaria: establecer como nueva causal de nulidad de una elección el hecho de que se acredite intervención extranjera en el proceso.
Una reforma constitucional que tocaría el artículo 41 para cerrar lo que Monreal llama una &#8220;laguna técnica&#8221; en el sistema actual de nulidades. México no puede llegar a 2027 con el mismo blindaje legal de hace 20 años, cuando las amenazas a la integridad democrática tenían otro rostro. Hoy el peligro viene del crimen organizado, adentro, y de actores extranjeros, afuera.

Sin máscaras de cara al 2027

La semana pasada en este mismo espacio, plantee una reflexión en la cual coincidimos con un conjunto de compañeras y compañeros del país, respecto a la dirección y a los retos para que Morena pueda lograr una transformación en lo local. Además, formulé una serie de cuestionamientos que ya no deseamos en el movimiento, y por lo tanto, ahora en positivo expongo cinco planteamientos transformadores en lo local:
1.- La transformación es más allá de un concepto político, una acción que lleva en sí misma la responsabilidad irrenunciable de cambiar de fondo. Si partimos desde el punto de cómo están las cosas ahora, debemos priorizar la seguridad de nuestras familias, mujeres, estudiantes y trabajadores y trabajadoras; dignificar los servicios. Esto significaría dar un giro completo en la forma de servir a la sociedad desde el gobierno, en la búsqueda de bienestar y poder vivir la ciudad.
2.- Para transformar, es necesario iniciar por escuchar y atender a la gente, sus necesidades básicas, sus dolores, sus carencias, los humores y las alegrías; transformar en lo local significa, no imponer la opinión de asesores externos, o adoptar políticas públicas de otras ciudades; escuchar lo que viven día a día las colonias. Este es el centro de un proyecto transformador.
3.- En lo político, desde el movimiento debe nacer un consenso, en el que los liderazgos, las bases y dirigentes determinen las directrices, las prioridades y el rumbo ético, la plataforma política y legislativa para una metrópoli como la nuestra y un Estado como Jalisco, partiendo del alineamiento nacional, pero con la visión de un Jalisco moderno y sin desigualdades.
4.- La libertad es la base de la transformación. Las libertades deben ser el punto central de la vida de las personas; libertad para trabajar, libertad para el deporte, libertad para el recreo, libertad y seguridad para todas y todos, como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: “La libertad es la base de nuestra transformación”.
5.- Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara son ahora la cuna de incubación del emprendurismo tecnológico; en unos años será el centro tecnológico más importante del país. Por lo tanto, la transformación debe ser la garante de tener un Estado con sentido humano, sí con certeza a las empresas, pero también con condiciones de trabajo modernas y derechos laborales y prestaciones garantizados.
Estos cinco puntos son solo una provocación a la discusión sobre la transformación que requiere nuestra ciudad y nuestro Estado, una discusión que hace falta, que requiere de un largo trabajo pero que en algún momento debe iniciar.

Una reflexión para la transformación

Morena ha logrado algo que pocos movimientos políticos en la historia de México pueden presumir, una expansión territorial vertiginosa. Desde su irrupción como fuerza dominante con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018, nuestro partido ha conquistado gubernaturas, congresos locales y municipios a lo largo del país. El mapa político, cambió de color.
Desde el 2024, bajo el liderazgo de la PresidentaClaudia Sheinbaum Pardo, a nivel federal se está consolidando un modelo de gobierno que combina disciplina administrativa, expansión de derechos sociales y una visión de Estado más activa. La continuidad en el combate a la pobreza através de programas sociales ampliados que como sabemos han sacado ya a 13 millones de Mexicanos de la pobreza extrema, el fortalecimiento sostenido del salario mínimo, y una agenda de reformas que abarca: seguridad e inteligencia; salud, movilidad y trenes; relaciones exteriores y TEMEC; política interior, política fiscal contra factureros; viviendasocial para jóvenes y fin a viejos créditos impagables, el sistema electoral, apuntan a un rediseño de la vida pública que corrige desigualdades históricas y recupera la rectoría pública sobre los recursos del estado que se encontraban en manos privadas como las concesiones de agua acaparadas. La clave de ese proceso ha sido no solo la formulación de políticas, sino su ejecución con criterios de orden, eficacia y énfasis en desmontar el estado neoliberal.
Por tanto, el gran reto de nuestro movimiento en los estados y municipios, donde se gobierna, es que los barcos locales naveguen en la misma dirección y con la misma velocidad con que lo hace el barco presidencial. Ya que a nivel lo local sino setransforma el poder pierde el sentido ganar elecciones.
La pregunta de fondo no es ¿Cuántos municipios gobiernan hoy Morena? sino ¿Qué tipo de poder ejerce en ellos?
En varios lugares, Morena construyó sus victorias no desde sus cuadros comprometidos con su programa, sino mediante la incorporación pragmática de personajes vinculados a grupos políticos preexistentes: dirigentes y operadores territoriales curtidos en una ideología política contraria al movimiento y grupos locales con profundo conocimiento de los mecanismos informales del poder que históricamente hemos combatido.
Esto plantea una cuestión más profunda sobre la naturaleza del cambio político ¿Puede una transformación local ser auténtica, si depende de los mismos actores que se beneficiaron del orden anterior? ¿Puede haber ruptura cuando los incentivos, las redes y las prácticas permanecen intactas?
Se ganan elecciones, pero no hay cambios en las instituciones. Se obtiene el mandato electoral, pero no se consolida la transformación de la ética pública.
La historia política no suele juzgar a los movimientos por la amplitud de sus victorias electorales, sino por el impacto consciente, auténtico y positivo hacia  la calidad de vida de todos los habitantes, -dignificar los servicios básicos, regresar la seguridad, apostar por un proyecto de primer nivel, sensible y empático de cercanía a la gente y que sin duda, Guadalajara cuenta ya con todos los recursos para hacerlo posible- el desafío para Morena en Jalisco y Guadalajara es entonces, demostrar que su expansión territorial no es simplemente una redistribución de poder entre élites, sino un paso real hacia su democratización.
Jalisco, es un estado con una élite local sofisticada, con redes de poder profundamente enraizadas y con una cultura política que ha sabido adaptarse y sobrevivir a distintos ciclos partidistas. Cualquier intento de expansión que subestime esa realidad corre el riesgo de repetir la historia reciente que esganar posiciones sin transformar las estructuras que las sostienen.
Para Morena, el reto en Guadalajara no es solo competir, sino definir con claridad el tipo de gobierno que se quiere construir. ¡Apostar por cuadros solidos ideológica y políticamente! ¡Por la coherencia política y orgullosa de nuestras raíces! que encarnen una transformación auténtica, real, palpable, que rompan y destruya las complicidades, los repartos y sus autobeneficios. El otro panorama es recurir al pragmatismo, restaurar el Panismo, el Priismo o el Alfarismo -En terapia intensiva. &#8211;
Si Morena aspira a gobernar Guadalajara, la pregunta no es solo ¿Con quién puede ganar?, sino ¿Quién tiene la capacidad de renovarla? Y esa distinción es la que separa a los proyectos que administran el presente, de aquellos que realmente buscan transformar nuestra ciudad, con una renovación social que genere paz y tranquilidad en nuestros hogares y familias.
Por todo lo anterior, convoco a mis compañeras y compañeros, protagonistas del cambio verdadero y defensores de la transformación, a que llevemos esta reflexión a los seccionales, a las colonias, a los círculos de estudio, a los distritos y decidamos ¿Qué queremos para la gente de Guadalajara? Regresión o Regeneración. 
¡Porque a la sociedad tapatía le urge querenovemos nuestra ciudad!

Ganar para que gobierne el pasado o ganar para transformar Guadalajara

México no enfrenta una crisis invisible; enfrenta una que hemos decidido normalizar. Ocurre cada noche, en silencio: ilumina el rostro de nuestros hijos a las dos de la mañana y, poco a poco, desplaza el juego, la conversación y el vínculo humano. Tiene forma de pantalla.
Los datos son difíciles de ignorar. En 2013, apenas el 11.7% de los niños mexicanos de entre 6 y 11 años usaban internet. Hoy son el 79%. Además, el 90.4% de los usuarios en el país lo emplea para redes sociales. En promedio, pasamos 7 horas con 32 minutos al día frente a una pantalla: el equivalente a una jornada laboral completa. Esta fue la información central que nos compartió el Dr. Ricardo Villanueva en su reciente visita a la Cámara de Diputados, donde nos invitó a participar en una discusión nacional en la que vamos tarde, detrás de 79 países que han legislado sobre el tema.
Jalisco no es la excepción; es el espejo. La zona metropolitana de Guadalajara concentra una de las mayores poblaciones de jóvenes universitarios del país, con una vida digital intensa y acceso permanente a tecnología. Lo que aquí ocurre anticipa lo que sucede en el resto de México: más conexión, pero menos descanso; más interacción digital, pero menos convivencia real.
Las consecuencias no son simples ni tienen una sola causa, pero sí muestran una tendencia preocupante. La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del INEGI registra un aumento sostenido de la ansiedad en jóvenes de 18 a 20 años, especialmente en mujeres. Y en 2023, México contabilizó 8,977 suicidios, con una alta incidencia en edades cercanas a los 24 años.
Ante este panorama, el mundo ya se está moviendo. Setenta y nueve países han implementado algún tipo de regulación sobre el uso de teléfonos inteligentes en escuelas. En México, en cambio, iniciamos el debate. El Foro Nacional Más allá de las Pantallas, al que nos convoca el subsecretario de Educación Superior de la SEP, reunió a más de 500 participantes que coincidieron en algo básico: la respuesta no puede ser aislada. Debe integrar educación, salud mental y regulación.
No se trata de demonizar la tecnología. Se trata de reconocer que, sin límites claros, está moldeando hábitos, afectando el descanso y reconfigurando la forma en que crecen niñas y niños. Como advierte el psicólogo Jonathan Haidt; este no es un conflicto entre modernidad y pasado, sino una discusión sobre las condiciones mínimas para un desarrollo saludable.
Jalisco tiene la oportunidad de encabezar esta conversación a nivel nacional. La pregunta es si habrá voluntad para hacerlo o si seguiremos, como hasta ahora, demasiado ocupados mirando la pantalla.

Las pantallas que nos consumen

En México, millones de personas acceden al crédito todos los días para mejorar su calidad de vida: adquirir un electrodoméstico, pagar estudios o enfrentar una emergencia. El crédito, bien utilizado, es una herramienta de movilidad social. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente de injusticias cuando no existen reglas claras ni autoridades con facultades suficientes para proteger a las y los consumidores.
Hoy enfrentamos una realidad: mientras el sistema financiero está sólidamente regulado, el crédito otorgado por empresas comerciales —tiendas, proveedores de servicios o administradoras de cartera— opera en una zona gris. Este tipo de financiamiento, que incluso tiene mayor penetración que el bancario, no cuenta con mecanismos de supervisión efectivos que garanticen un trato justo para los usuarios.
Las consecuencias son concretas. Personas que ya cumplieron con sus obligaciones ven cómo sus deudas “reviven” artificialmente en los registros; historiales crediticios que deberían limpiarse permanecen manchados; y reclamaciones legítimas son rechazadas con documentos sin sustento. Esto no solo es injusto, es profundamente regresivo: castiga a quienes sí cumplen y limita su acceso a mejores oportunidades.
Por ello, como diputado de Morena propongo una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. El objetivo es claro: cerrar vacíos legales y poner en el centro a las personas.
Primero, proponemos dotar a la PROFECO de facultades reales de supervisión sobre las empresas comerciales que otorgan crédito. No se trata de crear más burocracia, sino de darle dientes a la autoridad para vigilar, detectar irregularidades y sancionar abusos.
Segundo, establecemos reglas más estrictas y justas en el manejo de la información crediticia. Reducimos los plazos para que los pagos se reflejen oportunamente, ampliamos el acceso gratuito al reporte de crédito y agilizamos los procesos de reclamación. En la era digital, donde los créditos se otorgan en minutos, no es aceptable que la actualización de la información tarde semanas.
Tercero, fortalecemos el derecho de las personas a defenderse. Se obliga a las entidades a presentar evidencia real y verificable cuando rechacen una reclamación, evitando que documentos unilaterales sigan afectando a los consumidores.
Esta reforma también reconoce, en los hechos, el derecho al “olvido financiero”: si una deuda ya cumplió con los plazos legales para eliminarse, no puede reaparecer indefinidamente. La certeza jurídica no debe ser privilegio de unos cuantos, sino garantía para todas y todos.
El 97% de las personas cumplen con sus obligaciones crediticias. Es momento de que la ley esté a la altura de esa responsabilidad ciudadana.
Porque un sistema financiero justo no solo protege a los mercados: protege, ante todo, a las personas. Y en la Cuarta Transformación, ese es el principio que guía nuestro trabajo.

Reforma para proteger del abuso de cobros

La semana pasada, en este mismo espacio, me referí a la crisis hídrica que se vive en el Área Conurbada de Guadalajara.
Desde el 3 de abril a la fecha, en QuieroTV ya ha estado presente el nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui, quien hizo públicamente una serie de compromisos para atender el problema del abasto de agua potable a los habitantes de la ciudad y también, para el destino final del agua residual.
Sin embargo, como legislador federal mantengo mi facultad de observación y señalamientos y en esta segunda entrega de la columna de opinión que cada semana me permiten publicar en este espacio, agrego mis dudas sobre la crisis del agua:
·                   ¿Cómo se está coordinando el gobierno de Jalisco con la Conagua, Cofepris y Profeco para resolver de fondo el problema, tal como lo exige el Plan Hídrico Nacional?
·                    ¿Se han levantado actas de posibles delitos ambientales o sanitarios y, de ser así, quiénes son los responsables identificados hasta ahora?
·                    ¿Por qué la información sobre calidad del agua y avances de obras sigue siendo opaca y fragmentada?
·                    ¿No debería el SIAPA publicar diariamente un tablero público de monitoreo en tiempo real?
·                    Las soluciones implementadas, ¿son realmente adecuadas y suficientes, o solo buscan ganar tiempo hasta que pase el escándalo mediático?
Habitantes de la ZMG exigen respuestas claras y soluciones reales. La transparencia no es un acto de buena voluntad; es una obligación constitucional. El derecho a saber no termina donde comienza la incomodidad del gobierno.
Por cierto, no podemos cerrar este espacio de opinión sin cuestionar al nuevo titular del Órgano Interno de Control del SIAPA: ¿qué avances concretos hay en las pesquisas del caso “Eli” Castro? ¿Se ha avanzado en la investigación de la contratación irregular de Elizabeth Margarita Castro Cárdenas como “asesora técnica” con un sueldo de más de 73 mil pesos mensuales sin perfil ni labores reales?
¿Se han determinado responsabilidades administrativas y penales del exdirector Antonio Juárez Trueba y de otros funcionarios involucrados?
¿Bajo qué criterios la autoridad estatal tomó la decisión de redireccionar mil 100 millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua, que, a decir de su director, Mario López, serían utilizados para realizar obras hídricas en 80 municipios del interior de Jalisco?
No es un tema menor ni pasado. La misma opacidad y falta de rendición de cuentas que permitió ese escándalo de corrupción es la que hoy impide a los jaliscienses saber de qué tamaño es realmente la crisis del agua.
El recién ratificado titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) y la Contraloría del Estado, tienen la oportunidad de exigirle al SIAPA que responda a estos y otros cuestionamientos que se hacen los ciudadanos.

¿De qué tamaño es la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara? (II)

La Zona Metropolitana de Guadalajara vive una de las peores crisis hídricas de los últimos años. Miles de hogares reciben agua turbia, oscura, con olor a drenaje y sedimentos visibles. No es un “incidente” ni una falla temporal: es un problema estructural que lleva años y que el gobierno estatal se empeña en minimizar. Como legislador federal y jalisciense, no puedo quedarme callado.
Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad, de ahí que con toda seriedad y apelando al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública, formulo varias preguntas directas a las autoridades de Jalisco: al gobernador Pablo Lemus Navarro, al nuevo director del Sistema Intermunicipal de los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
• ¿Cuántas colonias de la ZMG están realmente afectadas hoy por agua insalubre?
• ¿Son 170, 176 o más de 200? ¿Cuántas familias y personas se ven impactadas de manera directa?
• ¿Cuáles son los resultados completos y actualizados de las pruebas microbiológicas, bacteriológicas y fisicoquímicas realizadas en las redes de distribución?
• ¿Por qué no se han publicado de forma abierta y desglosada colonia por colonia?
• ¿Cuál es el diagnóstico oficial y técnico sobre la causa raíz de la contaminación?
• ¿Se trata solo de un problema de cloración, de tuberías viejas, de descargas ilegales o de una combinación de factores?
• ¿Por qué, a pesar de los reportes ciudadanos sobre afectaciones a la salud, el gobierno estatal se niega a declarar una emergencia sanitaria que permita recursos extraordinarios y atención médica inmediata?
• ¿Cuánto presupuesto específico se ha destinado en 2025 y 2026 para reparar la red, limpiar tanques y garantizar agua potable en las zonas afectadas?
• ¿De dónde salen esos recursos y cómo se están ejerciendo?
• ¿Existe un plan de acción detallado con fechas concretas para restablecer el servicio de agua potable de calidad en todas las colonias afectadas? ¿O solo se están aplicando medidas paliativas como pipas y garrafones?

¿De qué tamaño es la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara? (I)

Como legislador federal por Morena en la LXVI Legislatura federal, este 19 de marzo de 2026 presenté un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
En el documento, exhorto al gobernador Pablo Lemus y al Congreso del Estado de Jalisco a que cumplan de inmediato con lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les obliga: armonizar de manera literal y estricta la Constitución local y las leyes secundarias con la histórica reforma al Poder Judicial federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 y que fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y mi partido, Morena.
El plazo para que los estados armonicen sus leyes, establecido en los artículos transitorios octavo y undécimo del decreto federal, venció el domingo 15 de marzo del 2025.
Jalisco está en un desacato flagrante a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a la regularidad jurídica que todos juramos defender al asumir un cargo de gobierno o legislativo.
El artículo 116 obliga a garantizar la independencia de magistradas, magistrados, juezas y jueces mediante su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía; el 120 manda a los titulares del Poder Ejecutivo estatal a publicar y hacer cumplir las leyes federales; y el propio artículo 118 de nuestra Constitución estatal lo dice sin rodeos: las reformas federales que nos afecten deben adoptarse inmediatamente por el Congreso y promulgarse sin más trámite.
¿Y qué hemos visto en Jalisco? Nada. Ni una sola reforma aprobada, ni avances serios en comisiones, ni dictamen en el pleno. El domingo pasado se cumplió un año de este incumplimiento evidente, y el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo siguen sin legislar ni mover una coma en las iniciativas pendientes.
No es casualidad. Esto responde a una clara obstaculización por parte de los partidos de oposición —Movimiento Ciudadano como fuerza dominante, PAN, PRI— y de los poderes fácticos que durante décadas han tenido secuestrado al Poder Judicial jalisciense en un reparto de cuotas evidente.
Prefieren mantener un sistema opaco, clientelar y controlado por elites políticas y económicas, antes que permitir que el pueblo elija directamente a quienes impartirán justicia en nuestro Estado.
Temen la democratización real del Poder Judicial porque eso rompería sus redes de impunidad, influencias y privilegios.
Yo, como jalisciense, no puedo guardar silencio ante esta afrenta a la soberanía popular. La reforma federal no fue un capricho: es un mandato transformador para acabar con el nepotismo, la corrupción y la captura del Poder Judicial. Jalisco, con su historia de lucha por la justicia social, no puede ser la excepción que frene esta transformación.
No se trata de caprichos partidistas; se trata de cumplir la ley suprema de la nación y de devolverle al pueblo el control sobre quienes deciden su destino en los tribunales.
Exhorto, una vez más, al gobernador Lemus y a los diputados locales: actúen ya. Cumplan con su juramento constitucional. No dejen que Jalisco siga en rebeldía contra la Carta Magna. La ciudadanía nos observa y nos demandará cuentas. El tiempo de las excusas y las dilaciones ya se agotó.

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La democracia mexicana ha recorrido un largo camino para consolidarse como una expresión auténtica de la voluntad popular. Durante décadas, millones de mexicanas y mexicanos lucharon para que las decisiones fundamentales del país dejaran de responder a intereses de grupos privilegiados y comenzaran a reflejar verdaderamente el mandato ciudadano. Hoy, en la etapa de transformación que vive nuestra nación, tenemos la responsabilidad de proteger ese legado y fortalecerlo frente a nuevos desafíos.
Uno de esos desafíos es la posibilidad de que actores extranjeros intenten influir en nuestros procesos electorales. En un mundo cada vez más interconectado, las formas de intervención ya no se limitan a mecanismos tradicionales. Hoy pueden presentarse a través de campañas de desinformación digital, financiamiento indebido, manipulación tecnológica o estrategias de presión política que buscan alterar la libre decisión de la ciudadanía. Precisamente por ello, la propuesta de reforma al artículo 41 constitucional para incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera representa un paso necesario en la defensa de nuestra soberanía.
La Cuarta Transformación ha colocado al pueblo en el centro de la vida pública. Bajo este principio, resulta inaceptable que intereses ajenos a México pretendan influir en la integración de los poderes públicos o en las decisiones que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos. La soberanía nacional no es un concepto abstracto; es la garantía de que nuestro destino lo decidimos nosotros mismos, sin tutelas ni imposiciones externas.
Esta reforma también atiende una omisión existente en nuestro marco constitucional. Actualmente, la ley contempla causales de nulidad relacionadas con irregularidades electorales o el uso de recursos ilícitos, pero no establece de manera expresa la injerencia extranjera como motivo para invalidar una elección. Incorporar esta figura fortalecerá la certeza jurídica y brindará mayores herramientas a las autoridades para proteger la autenticidad del sufragio y la equidad en las contiendas electorales.
Defender la democracia implica anticiparse a las amenazas del presente y del futuro. Por ello, actualizar nuestra Constitución frente a nuevas formas de injerencia internacional no significa cerrar las puertas al mundo; significa garantizar que las decisiones políticas de México sigan emanando únicamente de la voluntad popular.
En Morena estamos convencidos de que la democracia se fortalece cuando el pueblo decide libremente. Proteger nuestras elecciones de cualquier influencia extranjera es proteger el derecho de las mexicanas y los mexicanos a construir, por sí mismos, el rumbo de la nación. Porque la soberanía no se negocia, y la voluntad del pueblo se respeta.
Y para los de oposición que han intentado tergiversar esta iniciativa, solo pueden estar en contra de esta iniciativa y de este dictamen quienes esperan la intervención de un gobierno extranjero y quienes esperan los recursos de un gobierno extranjero para intervenir en las elecciones de México.

La soberanía no se negocia: la voluntad del pueblo se respeta