La ley Etilio que aprobó el Congreso

Primer acto: una diputada afirma que la biología no existe y que debe permitirse a la niñez cambiar su identidad sexual sin autorización paterna. Segundo acto: el gobernador emite una postura contraria y las redes sociales reaccionan tundiendo a la diputada. Tercero: el Congreso responde aprobando un acuerdo para “frenar campañas de desprestigio”, argumentando que estas prácticas “condicionan su libertad legislativa”.

Al asegurar que “la legitimidad del Legislativo emana de la ciudadanía” y que por ende debe blindarse de “presiones externas”, el morenismo jalisciense evoca la etílica frase del exgobernador Emilio González: “La gente votó por mí, a mí lo que algunos dicen me vale madre”. De esa postura a querer silenciar toda crítica hay apenas un paso. Exigen respeto a la tribuna, pero a la sesión siguiente le apagan el micrófono a la diputada Brenda Carrera (PVEM) por cuestionar si el financiamiento de las bardas ilegales de la morenista Itzul Barreda proviene del cártel de La Barredora, de Tabasco.

¿Solo los morenistas y sus aliados pueden criticar? ¿Quienes simpatizan con otras expresiones políticas no tienen el derecho al uso de las redes sociales? ¿No aplica el mismo criterio de legitimidad electoral para el Ejecutivo? Entonces según el Decreto “Etilio”, si no debe permitirse el cuestionamiento hacia los diputados, ¿tampoco se debe cuestionar al gobierno?

Quienes hoy dicen escandalizarse por las críticas a legisladores morenistas en redes, parecen olvidar que la 4T lleva años operando la “Red AMLO”, coordinada por Jesús Ramírez desde la presidencia para hostigar opositores. Cuando la investigadora Rossana Reguillo evidenció esta red en un estudio del ITESO, Morena la vetó de los debates del INE. ¿Dónde estuvieron entonces sus defensores locales? ¿Por qué callaron quienes hoy defienden a los pobres diputados al amparo de una nómina millonaria de recursos públicos, como la que administra el Canal 44 de la UdeG y la agenda personalísima de su director?

Cuestionan un supuesto “nado sincronizado” utilizando, paradójicamente, el nado sincronizado de una plantilla de periodistas, la gran mayoría de una integridad periodística incuestionable, pero en cierta forma sujetos a una línea editorial por lo demás muy evidente, y que bien pudiera argumentarse responde más a un interés partidista o de facción y hasta personales de un funcionario, que a un verdadero interés público.

¿No es un tanto hipócrita que se señale un presunto uso de recursos públicos para promover agendas políticas desde el uso de recursos públicos exactamente para lo mismo? Lo que se condena en Jalisco se justifica si lo opera Palacio Nacional contra Latinus o TV Azteca, por ejemplo. ¿Cuál es la línea que separa a un periodista de un político? ¿A un activista “ciudadano” de un militante de facción o de partido? ¿A quién se puede criticar en redes y a quién no? ¿Quién lo decide?

Si en verdad nos interesa la salud del discurso público, las ideas deben circular libremente. Como sentenció John Stuart Mill: “Silenciar una opinión es robarle a la humanidad: si es verdadera, se le priva de corregir el error; si es falsa, se pierde la oportunidad de contrastarla para hacer que la verdad brille con más fuerza”.