Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante una audiencia de seguimiento en la que la jueza Katherine Polk Failla destacó que existe una cantidad considerable de evidencia relacionada con el caso y fijó el próximo 4 de agosto como fecha para una nueva comparecencia.
La audiencia tuvo una duración menor a 20 minutos y estuvo enfocada en aspectos procesales, principalmente en la organización del intercambio de pruebas entre la fiscalía y la defensa. Durante la sesión, la juzgadora señaló que el expediente involucra a múltiples acusados y que la evidencia disponible es extensa.
Mérida Sánchez llegó al tribunal bajo custodia de autoridades federales estadounidenses. El exfuncionario fue trasladado a Nueva York el pasado 15 de mayo, después de entregarse voluntariamente a las autoridades en Arizona el 11 de mayo. En una audiencia previa se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

De acuerdo con la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos, el exsecretario es señalado por presuntos delitos relacionados con conspiración para la importación de drogas, posesión de armamento y recepción de sobornos. Los fiscales sostienen que habría recibido pagos de hasta 100 mil dólares mensuales entre 2023 y 2024 a cambio de favorecer las operaciones de una facción del Cartel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses también vinculan a Mérida Sánchez con una investigación que involucra a otros nueve acusados, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según la acusación, los implicados habrían participado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Por el momento, el proceso continúa en la etapa preliminar, en la que se definen aspectos técnicos del caso y las condiciones para compartir evidencia entre las partes. En estas audiencias no se presentan pruebas ante el tribunal ni se determina la responsabilidad de los acusados, mientras que la posibilidad de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa permanece abierta conforme avance el procedimiento judicial.