Urgen candados

Pareciera que en México se ha normalizado por un sector de la población una escandalosa contradicción: para ingresar a una corporación policial, ocupar un cargo en áreas de seguridad o desempeñar ciertas funciones sensibles dentro del Estado, los aspirantes deben someterse a exámenes de control y confianza. Sin embargo, para competir por una alcaldía, una gubernatura, una diputación o incluso la Presidencia de la República, basta con ganar una campaña y cumplir requisitos mínimos establecidos por la ley. Nadie evalúa sus vínculos, su entorno financiero, sus relaciones de riesgo o posibles conexiones con la criminalidad.

Este asunto dejó de ser una hipótesis hace tiempo. En distintos puntos del país han surgido investigaciones, señalamientos internacionales y procesos judiciales que involucran a actores políticos de diversos niveles. Algunos casos terminan en detenciones, como el caso del morenista Diego Rivera o Hernán Bermúdez; otros permanecen en un silencio aterrador, como el caso de Rocha Moya. Aún así, todos ellos generan el mismo efecto: una fractura a la confianza y el aumento de la percepción de los indudables vínculos ilegales de Morena.

La cantaleta ha sido prácticamente la misma, esa vieja y confiable de un ataque a la soberanía. La salida de emergencia de García Luna ya no funciona, hablar de cuánto gana Loret ya no desvía la atención. Morena está arrinconado y aterrorizado por lo que pueda venir o por quien pueda caer.

El oficialismo gobierna la mayoría de los estados y municipios, concentra el poder en gran parte de los congresos locales y tiene amplias mayorías (aunque artificiales) en el Congreso de la Unión. Pese a toda esa capacidad que han obtenido, para cambiar las reglas e imponer candados más estrictos a la selección de servidores públicos, no lo han hecho, y los resultados han sido una guerra en Sinaloa, muerte, desaparición, extorsión y mucha, pero mucha corrupción.

En 2024, cuando contendí a la gubernatura de Jalisco, la candidata de Morena y sus aliados recibió mi invitación a someterse a exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos, prueba del polígrafo y presentación de carta de no antecedentes penales, así como yo lo hice. El llamado era tan simple como el refrán “el que nada debe, nada teme”. Sin embargo, fui la única que tuvo el valor de transparentar quién soy, de dónde vengo y quiénes me rodean.

Dos años después, los hechos nos dan la razón y distintos partidos en el Congreso de Jalisco se han sumado a la propuesta que el PRI presentó en febrero, para elevar los filtros de las candidaturas. Nadie está proponiendo cancelar derechos políticos; lo que se plantea es establecer mecanismos de prevención y transparencia para que quienes lleguen al poder nos brinden la certeza de que gobernarán con honestidad, responsabilidad y decencia.

México requiere una reforma seria en esta materia. La política administra presupuestos multimillonarios, controla corporaciones de seguridad y toma decisiones con enorme impacto social. Desde luego, ningún examen garantiza honestidad absoluta. Tampoco existe un mecanismo infalible para detectar todas las conductas indebidas. Pero la ausencia total de filtros ha demostrado ser todavía más costosa. Por eso a mayor poder, mayor revisión.