Jonás

El evento con el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el segundo aniversario de su triunfo electoral de 2024, y que se promovió también con el “segundo aniversario del segundo piso de la 4T” resultó, como se esperaba, en una potente fuente de mensajes y lecturas.
Aunque se abordaron varios temas en la hora y seis minutos en los que se dirigió al país desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, hay que destacar que abordó con mayor amplitud –y visión autocomplaciente, porque no dedicó espacio para reconocer fallas o posibilidades de mejora– lo que se ha hecho durante su administración en materia económica, de salud y energética.
Pero el nodo de su mensaje, el más esperado, era su versión personal de la crisis con el gobierno de Estados Unidos.
La presidenta se refirió al caso Chihuahua, a la muerte de dos agentes de la CIA y la investigación al gobierno que encabeza María Eugenia Campos. Sin entrar en detalle, lo relacionó de inmediato con el caso Rubén Rocha Moya y los otros nueve señalados por el juzgado de Nueva York.
Sheinbaum Pardo, acompañada en un encuentro multitudinario con sus simpatizantes (lo obviamos porque es la costumbre política en México, pero quienes acudieron al evento no fueron asistentes espontáneos sino personas “llevadas” por los actores políticos y operadores de Morena), hizo nuevamente una sonora defensa de la soberanía nacional. Otra vez exigió pruebas que sustenten las acusaciones contra el grupo político de Sinaloa.
La presidenta sentenció que más que un auténtico interés por apoyar a México en la lucha contra la delincuencia, lo que se presencia desde mediados de abril pasado, es una serie de acciones con interés político y electoral para los actores de la ultraderecha en Estados Unidos. Se trata, en suma, de injerencismo.
En el clímax de este momento de su discurso, subrayó que los mexicanos no permitirán intromisión en la resolución de sus asuntos internos. Y aún más, al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, sometió a votación pública si los mexicanos están a favor de la presencia de personal de agencias extranjeras o a favor de la soberanía nacional. No había que dudar de la respuesta.
Sheinbaum Pardo convocó a todos los morenistas a que desde hoy mismo, se presenten en todas las plazas públicas y distribuyan periódicos y material impreso para difundir entre los mexicanos la defensa de la nación.
Sólo cabe destacar que del caso Rocha Moya y la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, pasó directamente a la defensa de la soberanía mexicana, sin hacer un alto en una pregunta que se queda sin respuesta: ¿Quién investiga por qué estaban en México los agentes de la CIA y quién resolverá si Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez, junto con otros mandos del gobierno sinaloense, estaban financiados y relacionados con el crimen organizado?
¿De verdad, en defensa de la soberanía ante los intereses estadounidenses, vamos a dejar que se incremente el profundo contubernio entre el poder político y el crimen organizado? ¿Tenemos que confiar en la Fiscalía General de la República con todo su historial de ineficiencia y complicidades?
En este punto, el discurso y el festejo presidencial pierden sentido.

Para entender el mensaje de Claudia Sheinbaum

Diputados y senadores de Morena y sus aliados aprobaron una serie de reformas a contrarreloj que se justifican teóricamente, pero que persiguen un claro objetivo: el control permanente del poder. Aplicaron con la denominada “reforma de la reforma judicial”, una serie de modificaciones legales que afectarán sobre todo el marco electoral.
Toda actuación de diputados y senadores está marcada de inicio por la desconfianza. En toda propuesta de ley se revisa, primero que nada, cuáles pueden ser las consecuencias que favorezcan una causa política; son totalmente secundarias las consecuencias que pueden, en teoría, ser positivas para la población en general o un segmento de ésta.
Reconocido lo anterior, cabe perfectamente la pregunta: ¿Por qué la repentina premura por cambiar la Constitución para introducir la figura de anulación de una elección por injerencia extranjera?
Reconocer el riesgo, evaluarlo y como argumentó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, proceder a “blindar” la ley, pudo haberse elaborado con más conocimiento y seguridad; pero no, aprovechando que ya estaba la propuesta de reforma para cambiar las elecciones del Poder Judicial de 2027 a 2028, se presentó a discusión esta modificación que curiosamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha debido defender en su rueda de prensa mañanera con argumentos débiles e hipotéticos.
La contradicción interna en Morena llegó a tal punto que al aprobarse la reelección para un nuevo período de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –magistrados que, por cierto, son ampliamente calificados como cercanos a Morena y la “cuarta transformación”–, el vicecoordinador de la bancada morenista, Alfonso Ramírez, subió a tribuna a pedirle a sus compañeros que no se aprobara el punto para mantener “el decoro de la república” y no caer en la “vergüenza nacional”. El diputado reclamó que se le estaba dando a los magistrados más de la mitad del tiempo de la dictadura de Porfirio Díaz.
Pero sus compañeros de bancada no lo escucharon. Se votó a favor, y ahora el vicecoordinador de los morenistas espera que los senadores de su partido se opongan a la reforma.
Esta clara muestra de la división interna y de las diferencias de visión, ofrece la prueba de que el objetivo central no es sólo corregir los errores cometidos en la reforma judicial, sino establecer todos los controles y ventajas posibles para mantener el control del poder y además, el acceso a éste.
La posibilidad de anular elecciones, en un ámbito en el que la mayoría legislativa es de un partido y además, se cuenta con el respaldo del máximo tribunal judicial en la materia, garantiza que se impedirá lo más posible que ganen las elecciones los candidatos de otros partidos.
El proyecto de nación que se presumió en Morena, apuntó siempre a romper con inercias que mantuvieron e incrementaron el número de mexicanos desfavorecidos, pero ahora la ruta es la de mantener el poder a costa de eliminar los mecanismos que sustentan la democracia.

La línea ideológica detrás de las reformas

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Que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, haya acudido a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para no declarar y subrayar que la Fiscalía debe solicitar información al gobierno del Estado, para después, acompañara por la dirigencia nacional de su partido, asegurar que es una perseguida del gobierno de la presidencia Claudia Sheinbaum, es el resultado de una pésima estrategia política que conduce a cuestionar: ¿Quién gana y quién pierde con este caso?
No gana, ciertamente, la presidenta Sheinbaum ni su equipo. El círculo cercano a la presidenta queda muy mal colocado.
En el contraste que ha significado la reprobación oficialista a la mandataria chihuahuense, con el trato dado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, parece que hay una persecución contra la gobernadora del PAN, mientras se protege al mandatario de Morena. 
Eso no le ayuda a la imagen presidencial, y menos sabiendo que todo redunda en un maltrato a la relación con Estados Unidos.
Gana, aunque sólo sea políticamente, la propia María Eugenia Campos, quien ha aprovechado este episodio y los ataques de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, para presentarse públicamente como una víctima.
Maru Campos había venido siendo una muy discreta gobernadora en el panorama nacional; más conocida por la confrontación con su antecesor, el expanista Javier Corral, y por los señalamientos de complicidad con quien fuera gobernador priista de Chihuahua y ahora procesado por desvío de recursos y otros delitos, César Duarte Jáquez.
Todo parecía indicar que Maru Campos concluiría su sexenio sin mayor “pena ni gloria”, pero ahora se ha convertido en un personaje nacional y también le ha dado argumentos al Partido Acción Nacional (PAN), para enfrentarse al gobierno de Sheinbaum Pardo y acusar incongruencia y persecución.
La solicitud de juicio político contra la gobernadora no va a prosperar, como tampoco arrojará ningún resultado la acusación por haber permitido (presuntamente) el ingreso de agentes de la CIA a territorio mexicano para actuar contra el crimen organizado.
En este punto, pierde Palacio Nacional y ganan Maru Campos y el PAN. 
¿Eso era lo que pretendían Ariadna Montiel y los morenistas que la acompañaron a hacer una marcha y manifestación a Chihuahua? Seguramente no. Pero lo provocaron.

¿Quién gana con el caso Maru Campos?

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¿Quién hará la tarea? Hay candidaturas apoyadas por la delincuencia; eso se sabe. ¿Pero quién va a detectarlas y detenerlas? Es una de las discusiones que tuvieron lugar en la sesión de diputados y senadores en el período extraordinario de sesiones para hacer la conocida “reforma de la reforma”. 
Originalmente, la reforma propuesta por la presidencia de la república sólo tuvo un objetivo central: postergar la elección del Poder Judicial Federal de 2027 a 2028, para evitar que coincidiera con la elección constitucional del año próximo.
Pero repentinamente, se añadieron otros dos objetivos: incluir la elección si se comprueba la injerencia extranjera por varios medios, y elaborar un mecanismo para detectar a candidatas y candidatos que puedan tener nexos con el crimen organizado o antecedentes que conduzcan a evitar su postulación.
En “Al buen entendedor” de hoy, propongo detenernos sólo en este último punto.
La discusión comenzó desde que los partidos políticos de oposición criticaron que en la reforma electoral del llamado Plan B no se reconociera incluso que hay candidaturas que con evidencia y conocimiento de vecinos, están manipuladas y ligadas a la delincuencia organizada.
Ahora que el tema se aborda, la solución parece tan simple que es irreal: las autoridades que investigan en el país y tienen acceso a expedientes (entiéndase Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Seguridad, entre otras) pueden hacer convenios para informar si aspirantes de cualquier partido político tienen antecedentes o están siendo investigados por posibles delitos, de manera que se frenen sus aspiraciones a tener cargos públicos.
Ya hubo discusión: la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que una comisión de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) se integre para revisar las candidaturas; la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó esa posibilidad por el impedimento de ser jueces y parte del proceso al mismo tiempo. Sheinbaum declaró que Taddei “no entendió” lo que se está proponiendo, porque no deberán calificar, sino revisar. 
Otra vez, caemos en despropósitos y desconocimiento.
La certeza de que el crimen organizado interviene en las elecciones y todos los partidos políticos permiten que haya candidaturas que están viciadas de origen, nos colocan en el dilema de la fábula que surge de la pregunta:
¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
Es evidente que sólo se están discutiendo aspectos teóricos, pero urge también el sentido práctico: ¿En vista de que serán ¡decenas de miles! las aspiraciones y candidaturas, quiénes harán la revisión, con base en qué información? ¿A qué reglamentación estarán sujetos? ¿En qué período deberán realizarse tales revisiones y con cuánto personal contarán? 
Proponer que una comisión del INE lleve a cabo la tarea es tratar de obligar a una imposibilidad.
Además, está la sospecha de que se intente eliminar a candidatas y candidatos no porque tengan antecedentes negativos, sino porque tengan posibilidades de ganar y es una forma de frenarlos.
Sin una discusión seria y propositiva, sólo se deja la puerta abierta para que la delincuencia organizada incremente y afiance su presencia e influencia en la democracia.

Detener las candidaturas delictivas

Que la decisión de un solo personaje sacuda al partido político más grande del país, Morena, sorprende y mucho, porque precisamente en su definición, este instituto político pretende rescatar y llevar a la realidad los derechos de las mayorías y de los más pobres del país. Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como Andy López, anunció que deja la Secretaría de Organización del partido y el anunció se convirtió en uno de los temas más revisados entre los morenistas de todo el país.
Hay material suficiente para revisar esta decisión como la consecuencia de varios procesos y el origen de más impactos políticos en Morena.
Andy López, hay que subrayarlo porque esa obviedad ha marcado su trayectoria y su desempeño, es el hijo del expresidente López Obrador, fundador del partido y artífice de lo que decidieron bautizar como “la cuarta transformación”. 
Su lazo consanguíneo con un personaje tan influyente en Morena ha tenido varias repercusiones, y no todas son positivas. 
Andy López, apenas hace unos meses, era visto como uno de los más firmes candidatos presidenciales para las elecciones de 2030. Hoy, después de dejar uno de los cargos más importantes en Morena, sólo aspira a ser diputado federal y lo hará desde Tabasco, donde competirá en la elección intermedia del año entrante. El cambio de ruta fue dramático.
Naturalmente, antes de este aparente alejamiento del epicentro del poder nacional, Andy López alimentó varios escándalos: está su viaje y sus gastos en Tokio, Japón; están sus declaraciones que luego fueron comprobadas y desmentidas; están sus relaciones amistosas con quienes se han convertido en socios de negocios millonarios sin que esa fortuna pueda explicarse, a menos que se acepte que ser el hijo del expresidente lo convirtió en un influyente personaje con puertas abiertas para obtener concesiones y contratos millonarios en el gobierno federal y gobiernos de los estados.
Cuando se habló de sus posibilidades presidenciales, Andy López era el secretario de Organización y se disponía a hacer de Morena el partido político más grande del mundo, afiliando a millones de simpatizantes. Hoy, Luisa María Alcalde ya no es la presidenta del partido y él está teniendo un giro de humildad política: deja la Ciudad de México y se va a Tabasco.
Claro que su nivel de influencia no reduce, acaso pierde la luminosidad del oropel, porque el senador Adán Augusto López, el “hermano” de López Obrador, anunció de inmediato que lo apoyará y ganará la diputación “caminando”. 
¿Andy López se convertirá al paso de unos años en una figura política nacional otra vez? Sólo el tiempo nos lo mostrará y sus decisiones lo apoyarán o no, en esa meta.
Pero lo que hoy queda totalmente claro, es que Andy López es precisamente lo que su padre tanto criticó, por el enriquecimiento, por los conflictos de interés, por el uso personal de la política y por muchos otros detalles que no se están investigando judicialmente, pero que se han hecho públicos en todas partes.

Las decisiones de Andy López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum aplicará una nueva estrategia de proximidad con las bases populares afectas al gobierno morenista: un segundo informe por el triunfo electoral de 2024, pero no con una concentración masiva en el Zócalo, sino con una proyección en las plazas públicas de todos los estados del país.
Vayamos de lo comprensible a lo improvisado.
El 2 de junio próximo, según el discurso presidencial, se cumple el “segundo-aniversario-del-segundo-piso-de-la-transformación”. Lo que sea que eso signifique.
Pero no hay porqué esperar hasta el 2 de junio, si es posible organizar la fiesta el domingo, el 31 de mayo. No importa la fecha sino el motivo.
Claudia Sheinbaum viajó a Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, y desde ahí, después de las selfies y entre las porras, improvisó con el nuevo festejo: un mensaje público que se transmitirá en las principales ciudades del país.
Eso es lo que se sabe.
Lo que no se sabe en cuáles ciudades, ni a qué hora, ni en qué formato ni tampoco el horario… ¡pero qué emoción y que oportunidad organizarlo!
¿De quién será la tarea? ¿De Jesús Ramírez, el dueño de las mañaneras y de los formatos de la comunicación diaria de la presidenta? ¿Se apropiará de la tarea el titular de la oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel? ¿O por fin será trabajo que organice la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez?
En este sentido, la improvisación del festejo también es una oportunidad para los morenistas de todo el país que se sintieron desplazados por la nueva dirigencia de Arianda Montiel, una mujer que llegó con mano de hierro para reorganizar a un partido que se desordenó demasiado.
Montiel Reyes seguramente se prepara desde ayer, después del anuncio presidencial, para tomar las riendas del festejo del este segundo aniversario.
Los alcaldes y diputados morenistas de todos los estados ya están avisados: la celebración de la presidenta Sheinbaum y la proyección en las principales ciudades ameritará seguramente, la contratación inmediata de pantallas gigantes en las plazas públicas y el compromiso de reunir a los simpatizantes o los principales interesados… incluidos los camiones, los lonches y las bebidas.
Porque la democracia multitudinaria no es gratuita ni espontánea. Todo requiere organización y todo cuesta. Y los que más invierten, son también quienes podrán reclamar la mayor parte de las recompensas.
La presidenta Sheinbaum improvisó: hagamos un festejo que llegue a todo el país, con pantallas y concentraciones en todas las ciudades más grandes. Los morenistas obligados por sus intereses de poder y ganancia, tendrán que responder.

El nuevo e improvisado informe de Sheinbaum

Diputadas y diputados de todo el país ya preparan equipaje: la semana entrante deben estar en la Ciudad de México para presentarse en las sesiones del período extraordinario de sesiones que se convocó específicamente para reformar la Reforma Judicial que se aprobó apenas en 2024 y se aplicó por vez primera en 2025 con la primera elección judicial en la historia del país, la misma que nos dejó como herencia la que hoy se conoce como “la Corte del acordeón”.
La reforma fue elaborada por la presidencia de la república y se turnó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión donde, obviamente, estaban enterados y esperándola, en particular el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, principal responsable de que la reforma se apruebe sin controversia y se apruebe antes de que concluya la semana; de hecho, se espera que para el viernes 29 de mayo se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación este cambio (otro, sí) a la Constitución Política de México.
Aunque en medio de las discusiones y protestas que se multiplicaron por todo el país, desde Palacio Nacional defendieron la anterior reforma, de lo que se trata ahora es simplemente de cambiar las fechas: que la segunda elección del Poder Judicial Federal se pase al año 2028 y no se empate con las elecciones constitucionales del 2027.
Hasta los defensores de la “democratización” del Poder Judicial saben que empatar las dos elecciones provocaría un caos y una terrible confusión, porque además de que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos estatales y centenares de ayuntamientos, se estaría convocando a los ciudadanos a votar para elegir más de tres mil cargos judiciales.
Ahora bien, al margen de que se tomen las medidas para evitar más daños por la insistencia en someter todo a votación para simplemente aumentar el control sobre el Poder Judicial, lo que refleja esta nueva reforma es una profunda improvisación y negligencia en las reformas.
Los constitucionalistas comparten miles de análisis que coinciden en el error de fondo: llevar fechas específicas a la Constitución, cuando lo adecuado es colocarlas en leyes secundarias que se pueden modificar siempre que sea necesario, sin tocar la Carta Magna… pero los diputados, sobre todo cuando votan por consigna y no por conocimiento, nos obsequian leyes con numerosos errores.
Pero finalmente, con la mayoría calificada que ostentan Morena, el Verde y el PT (que esta vez no detendrán la reforma), lo harán otra vez, manipularán la Constitución.
Ya en 2028 volveremos sobre el mismo problema: determinar candidatos al Poder Judicial y someterlos a votación a pesar de que la ciudadanía no está interesada y casi nadie los conoce.

Reformar la reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum lució airada en la mañanera de este 20 de mayo: “México no es piñata de nadie”. La frase, con una metáfora tan mexicana, se integra de forma natural a su reiterado discurso de defensa ante las acusaciones que mantienen tambaleante la “cuarta transformación” y han movilizado a Morena en previsión del próximo proceso electoral.
Pero cuando la mandataria advirtió que no permitirá que intervengan en las elecciones del año 2027, subió otro nivel al abierto conflicto que hay con el gobierno de Donald Trump. 
Surge por sí sola la pregunta candorosa: ¿El gobierno de Estados Unidos interviene en las elecciones constitucionales mexicanas? 
Conviene revisar primero, lo que ocurre con total claridad:
• En unos pocos días se aprobará en la Cámara de Diputados “la reforma de la reforma judicial”. Es decir, la muy defendida reforma constitucional que le dio al pueblo la potestad de elegir a los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial, a pesar de todo no fue tan buena como la presentaron; será modificada para evitar que se empate con las elecciones constitucionales del año entrante porque de lo contrario, sería más caótica y accidentada que la primera elección judicial con todo y sus acordeones. No se ve por ningún lado “la mano” estadounidense, sino apenas una reacción razonable al desorden provocado por la reforma de Andrés Manuel López Obrador. 
• La oposición política en México no ha crecido. Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), no parecen tener oportunidad de convertirse en una fuerza política capaz de conseguir victorias masivas en 2027.
Actualmente se maneja la posibilidad de una coalición electoral entre los tres partidos, pero los costos son tan altos que a ninguno de los tres partidos políticos les convence. ¿Dónde está la intervención estadounidense? En ningún lado.
• Morena vive una evidente crisis interna. Pero no ha sido causada directamente por los integrantes del gobierno norteamericano ni los agentes de la CIA que fueron accidentalmente localizados en Chihuahua. La crisis del partido gobernante en México ha crecido porque el partido tiene una serie de defectos intrínsecos, como la falta de institucionalidad, y porque los diferentes grupos dominantes se confrontan entre ellos.
A esto se ha sumado la denuncia de las autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, el gobernador sinaloense con licencia y sus nueve cercanos, que a pesar de todos los discursos de defensa del gobierno federal, desnudó las contradicciones internas de Morena y ha confrontado al partido con una realidad inocultable: hay infiltración del crimen organizado en muchos de los gobiernos (municipales y estatales) surgidos de Morena.
En Estados Unidos, no hay que engañarse, carecen de límites para intervenir en cualquier nación o región que perjudique sus intereses. Numerosos casos históricos lo demuestran. 
Si pretendieran intervenir en el proceso electoral mexicano, lo harían a pesar de cualquier barrera legal o resistencia local, pero ahora mismo el problema es mayormente nuestro.
La presidenta, simplemente, se resiste a entregar a Rocha Moya y los suyos.
Y vienen más acusaciones.

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Todavía se escucha el eco del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, denunciando en un discurso incendiario, que detrás de la denuncia contra Rubén Rocha Moya, un alcalde y un senador en funciones, hay una estrategia para influir en las elecciones del 2027… y ayer en su mañanera en Palacio Nacional, como quien comenta el clima, compartió que ella no cree que el presidente Donald Trump esté detrás de la campaña de ataques a México.
¿Entonces no es Donald Trump?
Porque lo recordamos como candidato primero, denunciando que desde México llegaban a los Estados Unidos delincuentes, violadores y narcotraficantes. Lo recordamos después, como presidente, asegurando no una sino varias veces, que nuestro país está controlado por los cárteles del narcotráfico.
Lo recordamos también, apenas hace unos días, reiterando que le ha ofrecido varias veces a ella, a la presidenta Sheinbaum, el apoyo de sus fuerzas armadas para acabar con los cárteles en territorio mexicano. Es fácil encontrar en una búsqueda rápida en internet, el momento en el que afirma que en nuestro país, las autoridades están aterrorizadas por el crimen organizado.
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¿Entonces no es Donald Trump? ¿Quién es entonces?
La presidenta pasó de ser la jefa de Estado que proclamó la “cabeza fría” y las respuestas meditadas, para evitar las veleidosas reacciones del presidente norteamericano: sus constantes amenazas de aranceles y concluir de una vez el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Inesperadamente, Sheinbaum Pardo pasó a ser la defensora de la dignidad nacional, de la soberanía. Convirtió en frase de su personal repertorio la arenga “¡México no es piñata de nadie!”, y acusó a quienes están en contra de la postura oficial, de ser parte del sector conservador, neoliberal, que prefiere entregar la soberanía nacional a intereses extranjeros. 
Pero ayer, confesó incluso bajando el tono de voz que ella no cree que sea Donald Trump.
El contraste de sus posturas con menos de un día de diferencia hace pensar que entre el mediodía del domingo y la mañana de este lunes 01 de junio, recibió una concienzuda retroalimentación, un “feedback” que le permitió revalorar la imagen que lanzó al mundo, porque aunque el mensaje en la plaza atiborrada de simpatizantes estaba dirigida a los morenistas y a quienes aplauden la “cuarta transformación”, el mensaje retumbó en muchos otros lugares y con personas que, mexicanos también, percibieron con preocupación el giro de la postura presidencial.
Una vez más, conviene recordar: la suerte de Rocha Moya y los otros nueve, no compromete la soberanía nacional. Compromete a sus intereses porque si los acusan en un tribunal que no es mexicano, deben defenderse y demostrar que no son culpables. Pero la suya no debe ser la suerte del país.