Nuevamente, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consiguen la atención nacional por su compartimiento rijoso y chantajista. Como ya es costumbre, se manifiestan en la Ciudad de México y exigen una serie de prestaciones y cambios legales bajo amenaza: boicotear la inauguración y la actividad del Mundial de Futbol que inicia el 11 de junio, precisamente en la capital del país, donde se efectuará la ceremonia inaugural.
Lo sorprendente del caos y quizá por eso sorprende más, es que por una parte la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se niega a formar parte de una mesa de diálogo con ellos (la CNTE exige negociar exclusivamente con ella), pero en el reverso de la moneda, los defiende públicamente y además, niega que hayan sido maestros quienes el lunes, la emprendieron a marrazos contra las vallas puestas para evitar que la manifestación ingresara al centro capitalino e instalara una campamento en la Zócalo, frente a Palacio Nacional.
En este punto conviene recordar que desde el sexenio pasado se estableció un principio de actuación desde el gobierno federal, que promete no reprimir ninguna movilización. Como política de acción está bien, pero lo que el gobierno federal no ha podido proteger son los derechos de terceros.
Los maestros de la CNTE enarbolan una serie de exigencias que pasan por incremento salarial, garantía de conservar y heredar plazas laborales, derogación de leyes y otras condiciones, pero en su lucha que es legítima, bloquean calles e impiden el libre tránsito de personas y vehículos; realizan actos vandálicos y de destrucción, como ocurrió ayer con algunas imágenes monumentales de futbolistas que están colocadas en Avenida Reforma y la zona central de la ciudad como parte del decorado para recibir el evento mundialista, amenazan y advierten que “si no hay solución, no rodará el balón”.
En síntesis, la agenda del resto de los mexicanos queda condicionada a la suya. Eso no es justicia, no desde la perspectiva en la que teóricamente los derechos de todos, mayorías y minorías, deben encontrar la manera de convivir sin excluirse.
Pero el gobierno federal, en evidente incongruencia, lo permite.
Políticamente la presidenta Claudia Sheinbaum está rebasada y en la confrontación a que obliga la CNTE, someten también al gobierno de la Ciudad de México y los gobiernos municipales metropolitanos.
No se pide represión. Se exige respeto y protección de los derechos de todos.
La CNTE no puede amenazar con actuar en contra de los intereses nacionales, como la organización de un evento internacional, sólo por preservar sus intereses particulares.