Más control, menos democracia
El reciente periodo extraordinario del Congreso dejó en evidencia una realidad incómoda: las reformas judiciales y electorales que Morena aprobó hace apenas unos meses ya tuvieron que ser modificadas. Lo que se presentó como una transformación histórica y definitiva hoy requiere ajustes y nuevas reglas para corregir fallas que desde el inicio fueron señaladas por especialistas, académicos y la oposición.
Mientras el país enfrenta inseguridad, violencia y la creciente infiltración del crimen organizado en distintos niveles de la vida pública, la mayoría oficialista concentró su agenda en reformar sus propias reformas, en lugar de atender los problemas más urgentes que afectan a millones de mexicanos. El fondo del problema sigue sin resolverse: la intervención del crimen organizado en campañas, candidaturas, gobiernos locales y procesos electorales.
En este contexto, preocupa que no se impulsen medidas de fondo contra los llamados narcogobiernos, ni sanciones claras para partidos vinculados con estructuras criminales, ni la nulidad de elecciones donde exista evidencia de intervención del crimen organizado. En cambio, la discusión se ha centrado en ajustes institucionales que no atacan la raíz de la crisis.
Uno de los puntos centrales fue la reforma judicial. Paradójicamente, los cambios actuales evidencian los errores de la reforma aprobada recientemente: problemas operativos, diseño complejo y falta de confianza ciudadana que obligan a corregir lo que se presentó como definitivo. Lejos de fortalecer la independencia judicial, las modificaciones apuntan a una mayor concentración del control político sobre los órganos encargados de impartir justicia.
También genera preocupación la creación de mecanismos de verificación de candidaturas basados en conceptos ambiguos como el “riesgo razonable”, que sin criterios claros, puede abrir espacios a decisiones discrecionales. Nadie puede oponerse a impedir la infiltración criminal en la política, pero las reglas deben ser objetivas, con garantías jurídicas y sin margen para el uso político de los filtros.
A ello se suma la propuesta sobre intervención extranjera en procesos electorales, que aunque parte de una preocupación legítima, contiene definiciones imprecisas que podrían derivar en interpretaciones arbitrarias y en la limitación del debate público, incluyendo críticas, investigaciones o posicionamientos internacionales.
La diferencia entre proyectos es clara. Mientras Morena corrige reformas que aprobó hace meses y amplía el control sobre las instituciones, Acción Nacional defiende contrapesos reales, elecciones libres y autoridades independientes. La democracia no se fortalece cambiando constantemente las reglas para concentrar poder, sino garantizando libertades, competencia equitativa y límites efectivos al ejercicio del gobierno.
Lo que está en juego no es solo una serie de reformas legislativas, sino la capacidad del país para preservar instituciones autónomas frente a cualquier intento de concentración de poder y frente a la amenaza creciente del crimen organizado en la vida democrática.
