El alto costo de la Soberanía y su necesaria defensa

La Conquista y Colonia española (1521-1821), la Independencia de Texas (1835-1836), la primera Invasión Francesa (1838), la Invasión de Estados Unidos (1846-1848), la segunda Invasión Francesa (1862-1867), el Porfiriato (1877-1880-1884-1911) y el neoliberalismo (1982-2018), le han enseñado a las y los mexicanos, que ninguna potencia extranjera interviene en México guiada por la buena voluntad de ayudarnos.

Sometidos a España a partir de la Conquista y durante la Colonia, los pueblos locales fueron objeto de explotación, exterminio y esclavitud. Las riquezas de nuestro territorio y los bienes generados por el trabajo de indígenas, mestizos y esclavos africanos, exceptuando las porciones mínimas que les dejaban para sostener su raquítica existencia, se destinaba por un lado, a la élite del imperio radicado en la Colonia y por otro, la mayor proporción, hacia la Metrópoli. Allá en España financió palacios, embelleció ciudades, construyó templos y pagó las excentricidades y frivolidades de los monarcas.

Entre 1835 y 1836, los colonos norteamericanos establecidos en Texas, con la ayuda de los Estados Unidos, se declararon independientes de México. El ejército nacional enviado a combatirlos fue derrotado y la independencia de ese territorio se consumó.

En 1838, durante la denominada Guerra de los Pasteles, el imperio francés bloqueó y tomó el puerto de Veracruz, derrotó a la fuerza militar mexicana que pretendía expulsarla, obligó al Estado a suscribir tratados desventajosos en materia comercial y a pagarle una compensación de 600 mil pesos, suma cuantiosa en aquel tiempo.

En 1846, Estados Unidos nos declaró la guerra, invadió México, nos venció y mediante los Tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, nos despojó de más de la mitad del territorio nacional.

En 1862, el ejército de Francia llegó a conquistarnos. Nos venció y nos impuso por casi tres años a un monarca extranjero.

Durante el porfiriato, el capital inglés, norteamericano y francés principalmente, obtuvieron del gobierno de Díaz condiciones ventajosas para la abusiva explotación de obreros, campesinos y riquezas naturales.

En el periodo neoliberal (1982-2018) la inmensa mayoría del pueblo mexicano estuvo sometida a la precariedad económica, educativa, de salud, alimentaria y de servicios. El Estado se volvió instrumento de una élite económica trasnacional y nacional a las cuales sirvió, y mediante su estructura legal, política y de poder, agravaron las desigualdades sociales.

Para acabar con las penurias de la Conquista, la Colonia, las invasiones, los despojos y explotaciones padecidas a lo largo de esos casi 500 años, el pueblo de México ha tenido que pelear, y peleando ha tenido que pagar precios muy altos. Buscando su independencia y soberanía, defendiéndose de las invasiones, luchando por la democracia y la justicia social, muchas vidas humanas de mexicanas y mexicanos se han sacrificado y los costos materiales y territoriales han sido inmensurables.

En la etapa más reciente de nuestra historia, a partir del 2018, el pueblo de México tomó el poder de forma pacífica y democrática y dio inicio a un proceso de reversión del neoliberalismo. Con ello comenzó también la disminución de las desigualdades a través de una mejor distribución de la riqueza: esto lo ha hecho respetando los legítimos derechos del capital nacional y extranjero, manteniendo relaciones de respeto, de entendimiento y colaboración con las potencias extranjeras, pero poniéndoles límites a sus excesos y fijando reglas para el respeto a la soberanía y la justicia social.

Este movimiento, denominado Cuarta Transformación, está orientado a traer justicia y oportunidades para todas y todos. Por eso en el 2024 casi 36 millones de ciudadanas y ciudadanos le ratificaron su confianza en las urnas. Sin embargo, la travesía que navegamos hacia el horizonte de mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, está viviendo el asedio de una élite política, económica y militar que, desde Estados Unidos, percibiendo el riesgo en su dominio mundial por el surgimiento de nuevas potencias, voltea hacia países como el nuestro, poseedores de recursos estratégicos, para recuperar o afianzar su influencia en ellos y sostenerse.

Invariablemente, toda intervención ha ocultado sus fines en un manto de buenas intenciones: las de España fueron la salvación del alma de los indígenas y la erradicación de sus “sangrientas prácticas rituales”. Francia vino en su primera intervención a “poner orden ante los desmanes que afectaban a los bienes y personas”. Los colonos texanos reclamaron la falta de democracia y el centralismo del gobierno. Estados Unidos, para invadirnos en 1846, alegó “el derramamiento de sangre estadounidense en su suelo, por parte de tropas mexicanas”. Francia, en su segunda intervención, “nos vino a ayudar a la pacificación del país”, aparte de exigir el pago de unas supuestas deudas. Durante el porfiriato, el capital extranjero acudió a “impulsar el desarrollo nacional”. Con el neoliberalismo, sus promotores dijeron querer “liberar a las personas del sometimiento y control del Estado, que sofocaba su creatividad y desarrollo”.

Hoy, el argumento para intervenir es el narcotráfico. La élite estadounidense, que no su pueblo, esa que cataloga a nuestros hermanos migrantes de “violadores, delincuentes y narcotraficantes”. La que trata a quienes no son blancos como si fueran subespecie humana; alega que quiere “liberarnos de la violencia y yugo de los cárteles de la droga”. Señalan que en México existe un “narcogobierno” y por tanto, “solidarios” con nuestra desgracia, quieren inmiscuirse en los asuntos nacionales.

De esa élite no seremos nunca sus aliados, porque el asunto del narcotráfico y la generalización dolosa de la infiltración del narco en las estructuras de gobierno son un pretexto para intervenir y sacar beneficios ilegítimos. El pueblo estadounidense y la parte de gobierno que sí quiere combatir las drogas, tienen como aliados al pueblo y al gobierno de México, porque hoy tenemos por primera vez una autoridad nacional que trabaja por el bienestar y seguridad de las personas.

El gobierno encabezado por una presidenta íntegra, honesta y capaz, la doctora Claudia Sheinbaum, ha demostrado disposición para colaborar con Estados Unidos y resolver el problema común del narcotráfico. Hay avances sustanciales. Faltan cosas por hacer, como garantizar que ningún funcionario del nivel que sea, traicione a la ciudadanía y sirva al crimen organizado. Pero en ello se está trabajando. Más de 85 servidores públicos han sido detenidos por pactar con el crimen. Más por ningún motivo se va a permitir que esa élite estadounidense, trepada en los hombros de las dirigencias del PRI, del PAN y de MC, jugando éstas el vergonzoso papel de realistas, de yorkinos, de corte imperial, de tapetes del capital, pongan en riesgo nuestra soberanía.

Qué miseria de deshonestidad, además, reflejan el PRI, el PAN y MC, porque siendo gobiernos han florecido en sus mandatos y territorios los grupos delincuenciales más peligrosos, y lo han hecho al amparo del poder de funcionarios públicos que ellos postularon. Hoy quieren atribuirle a Morena la responsabilidad de la tragedia nacional que provocaron, esperando recuperar el poder que el pueblo les ha quitado por los desastres económicos, sociales y de seguridad que causaron. 

Nos costó mucho conquistar como Nación, la soberanía, y no estamos dispuestos a perderla. Nos sentimos bien sin correa y así queremos ver a nuestros hijos. Soberanía y colaboración sí, intervención y subordinación, no.