El futuro de la transparencia en Jalisco
Cierto es que la reciente reforma en materia de transparencia que propició la desaparición del INAI no fue la más deseable. De hecho, en la práctica ha debilitado el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Rendición de Cuentas. Por consecuencia, el Estado de Jalisco tenía la obligación de realizar las reformas locales pertinentes para alinearse con las nuevas disposiciones, tales como la desaparición del ITEI y la creación de un órgano desconcentrado dependiente de la Contraloría del Estado, emulando lo sucedido en el ámbito federal, donde se reconfiguró la Secretaría de la Función Pública para convertirse en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y se creó el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo, que será el organismo garante que en los hechos sustituirá las funciones que realizaba el INAI.
Para el caso de Jalisco, el pasado jueves el Congreso del Estado alcanzó el consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo para reformar la Constitución local. Ahora falta esperar la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos para formalizar las modificaciones constitucionales correspondientes. Entre otros aspectos, las reformas buscan armonizar el marco jurídico estatal con la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica, así como atender los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la distribución de competencias en materia de transparencia y protección de datos personales.
Con estas reformas se creará el organismo desconcentrado que fungirá como autoridad garante de la transparencia en Jalisco y que dependerá jerárquicamente de la Contraloría del Estado. Para nombrar a su titular se estableció un mecanismo que incorpora la participación del Congreso local, el cual deberá ratificar la propuesta mediante una mayoría calificada de dos terceras partes de sus integrantes, buscando dotar al proceso de mayores elementos de legitimidad democrática y control político. Asimismo, se realizaron ajustes para reconocer expresamente las competencias federales en materia de transparencia respecto de partidos políticos y sindicatos, atendiendo la resolución emitida por la Suprema Corte en la controversia constitucional promovida contra las reformas previas aprobadas por el propio Congreso de Jalisco.
La experiencia comparada demuestra que la existencia de un derecho reconocido en la Constitución no es suficiente por sí misma. Los derechos requieren instituciones fuertes, capacidades técnicas, independencia funcional y mecanismos efectivos para hacerlos exigibles frente al poder. La transparencia no es un fin en sí mismo. Constituye una herramienta indispensable para que la ciudadanía pueda vigilar el ejercicio del poder público, prevenir actos de corrupción, evaluar el desempeño gubernamental y participar de manera informada en los asuntos públicos. Cuando el acceso a la información se debilita, también se debilitan la rendición de cuentas, la confianza institucional y, en última instancia, la calidad de nuestra democracia.
Por ello, el verdadero reto para Jalisco no termina con la aprobación de esta reforma constitucional. Apenas comienza. El éxito o fracaso del nuevo modelo dependerá de la legislación secundaria que se expida, de los perfiles que encabecen la nueva institución, de los recursos humanos y presupuestales con que cuente, y sobre todo de la voluntad política para garantizar que las resoluciones se adopten con criterios técnicos y no bajo consideraciones de conveniencia gubernamental. La transparencia es demasiado importante para quedar reducida a una discusión administrativa sobre estructuras orgánicas. Lo que está en juego es la posibilidad de que las personas sigan teniendo una ventana abierta para conocer cómo se toman las decisiones públicas, cómo se gastan los recursos colectivos y cómo se ejerce el poder.
