La fábrica de vividores
México tiene una extraordinaria capacidad para desperdiciar oportunidades. Cada vez que surge la posibilidad de corregir alguno de los excesos de nuestra costosa democracia, la clase política encuentra la manera de protegerse. Así ocurrió una vez más con la fallida reforma electoral que pretendía reducir el número de legisladores plurinominales, disminuir el presupuesto del INE en años no electorales y recortar el financiamiento público de los partidos políticos. Nada pasó. Los privilegios sobrevivieron. ¡Sin novedad!
La explicación es sencilla: nadie vota en contra de su propio negocio.
Mientras millones de mexicanos trabajan jornadas agotadoras para sostener a sus familias, existe una casta política que vive del presupuesto sin producir resultados proporcionales a lo que cuesta. Diputados plurinominales que jamás han ganado una elección, dirigentes partidistas que convierten las instituciones en patrimonio familiar, asesores que nadie conoce y estructuras burocráticas cuya principal función es justificar su propia existencia.
Y por si el menú no fuera suficiente, en Jalisco acaba de aparecer un nuevo partido político: el Partido Humanista, impulsado por integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Más allá de las creencias religiosas de sus promotores, la pregunta es inevitable: ¿Qué necesidad hay de seguir multiplicando los partidos políticos?
¿Acaso los que existen han resuelto los problemas de pobreza, inseguridad, corrupción o impunidad? ¿Han fortalecido la democracia? ¿Están formando cuadros competitivos? ¿Han recuperado la confianza ciudadana? ¡No han hecho nada!
El problema es que el sistema está diseñado para producir partidos, no para producir representación. Se han convertido en franquicias financiadas por los contribuyentes. Organizaciones que obtienen recursos públicos, acceso a medios de comunicación, estructuras administrativas y posiciones de poder sin demostrar necesariamente una utilidad social real.
Peor aún, los requisitos para crear y mantener partidos siguen siendo insuficientes. No se exige una auténtica formación de cuadros políticos. No existen mecanismos eficaces para impedir la infiltración del crimen organizado. Los controles sobre el origen de recursos siguen mostrando enormes debilidades. La transparencia suele ser parcial y la rendición de cuentas se reduce a informes técnicos que pocos leen y menos aún entienden.
Lo verdaderamente escandaloso es que quienes más hablan de democracia suelen ser quienes menos practican la democracia interna. Los partidos están dominados por caciques, grupos de interés y dirigencias enquistadas que reparten candidaturas entre amigos, familiares, aliados y leales.
En teoría, los partidos existen para representar ciudadanos. En la práctica, muchos ciudadanos terminan trabajando para sostener a los partidos.
Y mientras tanto, el contribuyente sigue pagando la cuenta. Miles de millones de pesos destinados cada año a las estructuras políticas que no han logrado impedir la expansión de la violencia, el deterioro institucional ni la creciente desconfianza pública. Cada elección nos prometen renovación. En cada elección reaparecen los mismos apellidos, grupos y operadores reciclados bajo diferentes siglas.
México necesita una reforma electoral verdadera. Una que elimine privilegios, reduzca burocracias, fortalezca la fiscalización y establezca requisitos más estrictos para crear partidos políticos. Quien aspire a recibir dinero público debe demostrar utilidad pública, democracia interna, transparencia absoluta y una trayectoria limpia de vínculos criminales.
La democracia no puede seguir siendo una fábrica de vividores.
