Hiram Espinoza de los Monteros

La defensa de la soberanía nacional es el centro del discurso presidencial. Lo ha sido durante semanas.
Sin embargo, el domingo pasado —a partir del mensaje con motivo del aniversario de su triunfo electoral— podría significar un parteaguas para Claudia Sheinbaum, pues la defensa de la soberanía resultó no solo una respuesta diaria y cotidiana en sus mañaneras, sino la colocación vehemente y meticulosa de lo que —parece— se convertirá en su principal elemento cohesionador.
El tono del mensaje del domingo fue distinto. Más enfático. Más político. Más orientado a la construcción de un nosotros frente a un ellos. La pregunta inevitable es: ¿quién o quiénes son exactamente ese ellos?
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la respuesta parecía clara. El discurso presidencial se articuló alrededor de adversarios identificables. En distintos momentos fueron los partidos de oposición, los organismos autónomos, sectores empresariales, organizaciones civiles, medios de comunicación, la Suprema Corte e incluso una parte de la clase media: los “aspiracionistas”. No importaba demasiado quién desempeñara el papel, sino que existiera un antagonista capaz de explicar resistencias, justificar conflictos y, sobre todo, cohesionar a los simpatizantes del proyecto político. La fórmula funcionó.
Pero el contexto actual es diferente. Morena gobierna la Presidencia de la República, controla amplias mayorías legislativas y administra la mayoría de los gobiernos estatales, además de haber logrado colocar a los perfiles que hoy integran la Suprema Corte. El asunto es que cuando se concentra tanto poder, resulta más complicado sostener una narrativa basada en enemigos internos. Señalar a la oposición ya no produce el mismo efecto cuando ésta atraviesa uno de los momentos de mayor debilidad en su historia reciente.
Lo lógico resulta colocar ahora al antagonista en el exterior y así la soberanía se convierte entonces en el nuevo terreno de disputa. El problema es que el enemigo aparece cada vez más difuso.
Apenas un día después del mensaje presidencial, al ser cuestionada sobre si Donald Trump encabezaba las amenazas contra México, Sheinbaum respondió que no. Habló de grupos conservadores, organizaciones de ultraderecha y campañas que operan desde Estados Unidos, pero sin señalar con claridad a un actor específico.
Es una construcción interesante. La amenaza existe, pero carece de rostro definido. Está presente, pero permanece parcialmente invisible. Se encuentra allá afuera, aunque no siempre resulta sencillo identificar dónde empieza o quién la dirige.
Por supuesto, nadie puede negar que existan presiones externas. La relación con Estados Unidos atraviesa momentos complejos y las tensiones diplomáticas forman parte de la realidad política de cualquier país. Sin embargo, una cosa es reconocer desafíos reales y otra, convertir la amenaza en una categoría discursiva permanente.
Porque cuando el enemigo deja de ser una persona, una institución o un gobierno claramente identificable, y se transforma en una presencia abstracta que aparece cada vez que resulta necesario cerrar filas, la discusión deja de centrarse en los riesgos concretos para concentrarse en la utilidad política de la narrativa.
Tal vez la pregunta no sea si la soberanía mexicana está hoy en riesgo, sino si su defensa se está convirtiendo en el nuevo gran eje discursivo de la Cuarta Transformación; una herramienta política capaz de agrupar simpatizantes, descalificar críticas y construir un adversario suficientemente amplio para explicar cualquier resistencia al proyecto gubernamental.
Una vez que la soberanía ocupa el centro del debate, el terreno se vuelve especialmente favorable para quien controla la narrativa. ¿Quién podría estar en contra de defender a México? ¿Quién podría cuestionar una acción presentada como una medida para proteger la independencia nacional? Poco a poco, el desacuerdo corre el riesgo de ser interpretado no como una diferencia legítima de opinión, sino como una posición que favorece a quienes pretenden debilitar al país.
¿A poco le suena descabellado? Esta película ya la vimos.

Hiram Espinoza

El enemigo necesario

El gusano barrenador parece un problema lejano para buena parte de la población. Algo relacionado —solo— con ganado, ranchos y municipios alejados de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Un tema más veterinario que cotidiano.
Los primeros casos en Jalisco comenzaron a registrarse en zonas con actividad pecuaria como Pihuamo, Tecalitlán o Encarnación de Díaz. Después aparecieron contagios en mascotas y, eventualmente, Zapopan se convirtió en el primer municipio metropolitano en reportar un caso en un perro.
Ahora llegó el primer caso humano en Jalisco: un hombre de 47 años, originario de Pihuamo, con diabetes e inmunosupresión, quien presentó la infestación en una herida de la pierna.
¿Significa esto una amenaza generalizada para toda la población? Las propias autoridades sanitarias han explicado que existen factores específicos de riesgo, particularmente en personas con enfermedades previas, heridas expuestas o condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, el caso sí deja una sensación distinta. Mientras el gusano barrenador permaneció en el ámbito ganadero, el tema avanzó casi exclusivamente entre reportes técnicos y alertas sanitarias. Incluso cuando comenzaron a aparecer casos en mascotas seguía sintiéndose relativamente distante para buena parte de la ciudad… Hasta que aparece en un humano.
Y eso suele pasar con muchos problemas en México. No necesariamente generan atención cuando comienzan, sino cuando dejan de percibirse como asuntos ajenos o confinados a ciertos sectores; el verdadero cambio no está en el tamaño del riesgo, sino en la cercanía con la que la gente empieza a percibirlo.
El gusano barrenador probablemente seguirá siendo, para la enorme mayoría, un problema poco común. Pero el caso confirmado en Jalisco también exhibe algo más: la facilidad con la que ciertas alertas pasan desapercibidas mientras ocurren lejos del centro de la conversación pública.
El campo nos importa en tanto funciona para producir los alimentos que cómodamente tomamos de algún estante en el supermercado más cercano, ¿cierto?

Cosas lejanas

Energía inmediata, recuperación exprés, defensas altas, ¡siéntase 10 años más joven! El mismo mensaje que lleva décadas funcionando mediante productos milagrosos que hoy se aplican en versión líquida: sueros intravenosos que dicen ser la forma premium de las vitaminas para sentirse sano.
La salud es un negocio muy lucrativo y, mientras más práctico parece, más atractivo resulta. Tan sencillo como encontrar una vena y conectar un catéter.
En semanas recientes, autoridades sanitarias de Jalisco informaron sobre la clausura de laboratorios clandestinos dedicados a fabricar soluciones intravenosas y otros medicamentos irregulares que terminan siendo suministrados en consultorios sin permisos para esa práctica.
El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, Antonio Muñoz Serrano, lo advierte con claridad: cualquier solución intravenosa debe suministrarse únicamente en hospitales públicos o privados, centros de salud o unidades de primera atención como Cruz Roja o Cruz Verde… jamás en un consultorio.
De modo que el problema no comienza en los laboratorios clandestinos. Comienza cuando socialmente dejamos de ver una solución intravenosa como un procedimiento médico invasivo y empezamos a verla como un producto de bienestar general.
Lo ocurrido recientemente en Sonora debería encender todas las alarmas. Ocho personas murieron tras recibir sueros vitaminados intravenosos en una clínica privada de Hermosillo. Lo que comenzó como un tratamiento para el mejoramiento físico terminó convertido en una investigación por contaminación bacteriana.
Lo más preocupante es que este tipo de prácticas se ha extendido en distintos puntos del país, donde abundan lugares que ofrecen “sueritos vitamínicos”, terapias regenerativas y “tratamientos antiaging”, detrás de consultorios modernos, redes sociales atractivas y lenguaje técnico capaz de transmitir confianza.
Pero la estética nunca ha sido garantía sanitaria.
Las clausuras recientes en Jalisco revelan algo más profundo que un operativo exitoso. Revelan un mercado enorme dispuesto a consumir cualquier cosa que prometa bienestar inmediato.
No se trata solo de mejorar la salud, sino de vender la idea de una mejora estética, física o emocional instantánea. Y ahí muchas veces confiamos más en la apariencia del lugar que en las condiciones reales bajo las cuales nos están inyectando algo al cuerpo.
Yo imagino esa imagen de las moscas volando hacia una lámpara que produce descargas eléctricas y las mata.
La luz las atrae. La promesa las engaña. ¿Qué imagina usted?

Salud líquida

En México, pedir licencia nunca es un acto menor. Mucho menos cuando quien se separa del cargo es el gobernador de un Estado marcado históricamente por la violencia del narcotráfico y lo hace en medio de señalamientos surgidos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos criminales.
Rubén Rocha Moya dejó temporalmente el gobierno de Sinaloa y, aunque jurídicamente eso no representa una admisión de culpabilidad, políticamente sí representa algo: la crisis ya era demasiado grande para seguir gobernando como si nada ocurriera.
En realidad, el problema no es únicamente Rocha Moya, sino lo que revela el episodio completo. Un gobernador bajo sospecha, un partido buscando cómo contener el costo político, una oposición hablando de narcopolítica y un país que, más que sorprenderse, parece haber desarrollado cierta resignación frente a este tipo de noticias.
Un señalamiento de este tamaño ha provocado conferencias, posicionamientos, hashtags y discusiones partidistas… pero no verdadero asombro. Y eso habla de una crisis sostenida durante sexenios, a veces más tenue y otras —como ésta— mucho más visible.
Desde Jalisco esa conversación no resulta lejana.
Ahí están los hallazgos y operaciones criminales descubiertas en municipios como Teuchitlán, pero también la violencia que ha alcanzado a funcionarios públicos en distintas regiones del Estado. Tan solo en los últimos meses, Jalisco ha visto el asesinato de regidores en municipios del interior, incluidos los casos de Teocaltiche, donde además la disputa criminal se volvió imposible de ignorar.
De modo que el problema no comienza con una acusación internacional. Comienza mucho antes: cuando regiones completas viven bajo presión criminal, cuando autoridades locales son asesinadas y cuando la violencia está integrada al paisaje cotidiano.
La licencia no resuelve las acusaciones. No elimina las dudas. Lo único que confirma es que ya no se puede seguir administrando el tema desde la normalidad.
Y ahí está lo verdaderamente preocupante: en México ya no discutimos si existe infiltración criminal en la política. Discutimos cuánto de ella estamos dispuestos a tolerar antes de reaccionar.

La licencia

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, más que reglas, hay contradicciones.
La semana pasada fueron detenidos 18 taxis. No por recoger pasaje —se sabe, está prohibido—, sino por llevar personas al aeropuerto. La lógica no es clara: si alguien puede llegar en ese servicio, ¿por qué no podría también salir en él?
La respuesta no está en la ley. Está en cómo se aplica.
El gobierno federal ha sido firme en no modificar el esquema que limita la operación de plataformas como Uber o Didi en aeropuertos; al mismo tiempo, también con firmeza despliega a la Guardia Nacional para vigilar y sancionar a quienes operan en esa zona gris.
Es decir, no corrige el problema… pero sí castiga a quienes viven dentro de él.
Lo que denuncian los choferes no es solo la sanción, es el margen.
Hablan de cobros, de “arreglos”, de dinero que cambia de manos para que un vehículo no sea retirado: corrupción. Si eso es cierto —y hay suficientes voces repitiéndolo—, entonces el problema deja de ser legal y se vuelve estructural.
Porque una cosa es aplicar la norma y otra es administrarla.
¿En qué momento una corporación como la Guardia Nacional, pensada como un cuerpo de élite para combate al crimen, terminó operando en una dinámica donde lo que importa no es tanto la falta, sino &#8220;de a cómo la mordida&#8221;?
Aquí no se está defendiendo a taxis ni a plataformas. Se está dejando fuera al usuario. A la persona que, en teoría, debería poder decidir libremente quién le presta un servicio.
Pero en lugar de abrir esa discusión, el Estado ha optado por algo más sencillo: cerrar el acceso y vigilar el perímetro. Controlar, en lugar de resolver.
Y así, entre reglas que no cambian y operativos discrecionales, el aeropuerto se ha convertido en un espacio donde la ley existe… pero no necesariamente ordena.

Ni llevar, ni recoger

Las herramientas de participación ciudadana nacieron con la promesa simple de ampliar el poder ciudadano. La revocación de mandato, en teoría, es un mecanismo para evaluar, corregir y, si es necesario, remover a quien no cumple; en la práctica, esa lógica se tuerce.
Lo que se colocó esta semana en la agenda pública respecto a Guadalajara no fue un movimiento ciudadano amplio ni una exigencia sostenida desde la sociedad. Fue una solicitud individual que adquirió dimensión política cuando Morena Jalisco la retomó y la llevó a su rueda de prensa, no como un mero mecanismo de control ciudadano, sino como un instrumento que, más que activar participación, introduce presión política.
No es un fenómeno aislado. A nivel nacional ya se intentó recorrer ese mismo camino. La propuesta para empatar la revocación presidencial de Claudia Sheinbaum con el proceso electoral de 2027 generó críticas por el riesgo de convertir un ejercicio de evaluación en un factor de competencia política.
No ocurrió. Pero el intento basta para entender la lógica.
Porque cuando una consulta se inserta en el mismo calendario que una elección, deja de ser un mecanismo de control ciudadano y se convierte en una herramienta de incidencia. Ya no mide gobiernos, sino fuerzas.
Esa misma lógica se observa a nivel local y hay un elemento que lo exhibe con claridad: el tiempo. La alcaldesa Verónica Delgadillo termina su mandato en 2027. Cualquier proceso de revocación implicaría meses de organización institucional. La pregunta es inevitable: ¿Realmente se busca remover del cargo… o simplemente llegar a la elección con desgaste acumulado?
No necesita concretarse para cumplir su propósito. Basta con activarse, con instalarse en la conversación, con polarizar. La participación ciudadana, entonces se convierte en estrategia.
Instrumentos diseñados para equilibrar el poder terminan absorbidos por la lógica del propio poder. Lo que se presenta como un derecho ciudadano empieza a funcionar, en realidad, como una extensión de la disputa política.
De modo que la democracia, entendida como el poder que recae en el pueblo, lejos de fortalecerse, termina por desgastarse.

Consultar para golpear

La protesta causó caos. Miles de automovilistas quedaron varados por la manifestación de choferes de Uber y Didi. Otros, con maleta en mano, corrieron por la Carretera a Chapala para intentar llegar al aeropuerto… y aun así perdieron el vuelo.
Las afectaciones son evidentes. También lo es que este sistema de movilidad lleva años operando en tensión sin que nadie resuelva el problema de fondo.
Se ha construido un modelo fragmentado. Las plataformas crecen bajo esquemas flexibles que les permiten evitar responsabilidades laborales, trasladando costos y riesgos a los conductores. Los choferes —aunque llamados “socios”— trabajan con márgenes cada vez más reducidos y condiciones cada vez más inciertas.
El Estado, por su parte, ha intervenido con operativos, sanciones y regulaciones, sobre todo en puntos estratégicos como el aeropuerto. Pero su actuación ha sido reactiva, no estructural.
El problema es que el sistema funciona sin articulación. Las plataformas cuidan su modelo de negocio, el Estado intenta mantener control mediante restricciones y los conductores reaccionan ante condiciones de acoso y corrupción.
Y en medio de esa dinámica, los conductores quedan atrapados en un terreno incierto, donde las reglas cambian, los márgenes se reducen y las alternativas son cada vez más limitadas.
El aeropuerto es el punto donde todo esto se hace visible. Ahí no solo se disputa quién recoge pasajeros, sino quién tiene, en los hechos, la capacidad de ordenar la movilidad en uno de los nodos más importantes de la ciudad. Y hoy, nadie lo hace.
El resultado es un esquema inestable, que depende más de la inercia que de una política pública clara y que, ante cualquier presión —como la del martes—, colapsa.
Y eso ocurre justo cuando la ciudad se prepara para el Mundial. La movilidad no solo será un servicio: será vitrina.
Si no se asume esa dimensión y no se corrige el modelo de fondo, los conflictos seguirán repitiéndose. Porque aquí no se trata de quién gana esta disputa, sino de algo más básico: hoy, nadie está ordenando el sistema.

Ni taxis, ni apps, ni Estado

El precio de la gasolina no empieza en la gasolinera, sino en un entorno internacional marcado por tensiones como las que recientemente han elevado el costo del petróleo a partir del conflicto en Medio Oriente, cuyos efectos, aunque variables en el corto plazo, terminan trasladándose a algo mucho más cotidiano: el costo de mover prácticamente todo.
Cuando la energía se encarece, también lo hace la estructura que sostiene la economía, desde el transporte de mercancías hasta los procesos productivos, generando un efecto que no se anuncia de forma directa y que progresivamente se incorpora en los precios finales de los bienes de consumo diario.
En ese contexto, el gobierno federal ha optado por amortiguar el impacto inmediato mediante la reducción del IEPS, lo que permite mantener la gasolina magna en 24 pesos por litro y sostener un subsidio que también alcanza al diésel, particularmente sensible por su papel en la cadena logística.
Esto implica que el consumidor no absorbe completamente el incremento derivado del mercado internacional, aunque la diferencia no desaparece, sino que se traslada a las finanzas públicas, donde se asume el costo de contener una presión externa que, en realidad, no está bajo control interno.
Al mismo tiempo, se plantea una estrategia de fondo orientada a fortalecer la soberanía energética mediante el incremento en la producción de gas natural y la reducción de la dependencia del exterior, como fue planteado recientemente en la conferencia matutina, en un país que actualmente importa la mayor parte de este recurso y, por lo tanto, permanece expuesto a variaciones de precio, conflictos internacionales y decisiones ajenas.
Esa ruta requiere tiempo, inversión y desarrollo tecnológico, lo que implica que, durante años, la economía seguirá operando bajo las condiciones del mercado global, en un escenario donde la dependencia no desaparece, sino que continúa definiendo los márgenes de acción.
Más allá del precio que se paga por litro, lo que se pone en juego es la capacidad de decisión sobre ese costo, en un equilibrio constante entre contener el impacto en el presente y construir, a largo plazo, condiciones que permitan reducirlo.

El costo de la energía

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Otra vez, amenaza contra el T-MEC

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Esa es mi naturaleza, diría el escorpión

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Que comiencen los goles por Guadalajara

Durante meses se habló del Mundial como una oportunidad histórica. Se proyectaron miles de visitantes, una derrama económica millonaria y hoteles operando al límite de su capacidad. La narrativa básica fue que Guadalajara y Jalisco, en sí, serían un punto focal del mundo y que el turismo respondería en consecuencia.
Por eso llamó la atención escuchar esta semana a los propios hoteleros reconocer que las cifras no son las que esperaban. Todavía se pueden encontrar habitaciones para los días más importantes del Mundial y, aunque el sector confía en cerrar con buenos ingresos gracias a las tarifas aplicadas, la afluencia de visitantes parece estar por debajo de las expectativas que existían hace apenas unos meses.
No se trata de un fracaso. Sería absurdo afirmarlo cuando apenas comienza la justa y cuando en la ciudad ya se siente una atmósfera distinta con la presencia de turistas extranjeros, actividades especiales y los anuncios de los municipios invitando a sus plazas públicas para también ver los partidos. Sin embargo, tampoco parece la avalancha que durante años acompañó el discurso público sobre los beneficios del Mundial.
Los precios elevados pudieron convertirse en un factor de desincentivo para algunos visitantes. También influye que la cantidad de partidos para México es menor que lo pactado para Estados Unidos. Al final, no basta con formar parte de un evento global; también importa el lugar que se ocupa dentro de él.
La situación estaría dejando una enseñanza interesante. Con frecuencia los grandes proyectos públicos terminan evaluándose a partir de las expectativas que generan y no necesariamente de los resultados que producen. Mientras más alta es la promesa, más difícil resulta satisfacerla.
El Mundial dejó beneficios importantes para Jalisco, pero quizás nunca fueron tan espectaculares como algunos imaginaron. El asunto es que este evento es escaparate y una semilla para cosecha futura. Más que enumerar a quienes vinieron por el furor mundialista, tal vez la verdadera medida del éxito esté en cuántos querrán volver.
La reputación turística de una ciudad se construye —o se pierde— mucho después de que se apagan los reflectores. Así que, tiempo al tiempo.

La fiesta no llenó