Ley de América Segura
Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la Secure America Act (Ley de América Segura) que garantiza 70 mil millones de dólares para financiar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta 2029, cuando deje la Oficina Oval.
Además de convertirse en uno de sus triunfos legislativos más importantes en su segundo periodo, con 214 votos a favor por 212 en contra en la Cámara Baja, (ya el Senado previamente había aprobado la iniciativa mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria que permitió a los republicanos hacer avanzar la legislación sin depender del apoyo demócrata), la Ley de América Segura consolida la estrategia de seguridad fronteriza impulsada por Trump desde 2025 y deja atrás los enfrentamientos en el Congreso por el financiamiento del gobierno federal, que lo mantuvo parcialmente cerrado por cuatro meses.
De los recursos asignados, 38 mil millones de dólares irán al ICE y 7 mil millones a Investigaciones de Seguridad Nacional; el CBP recibirá 22 mil 600 millones y 3 mil 500 millones más para la compra de tecnología. Además de incrementar el equipamiento de “seguridad fronteriza”, la millonada será utilizada para la contratación de más agentes migratorios. En la nueva legislación no se consideran medidas significativas para proteger a las personas migrantes de crueldad y abusos en el contexto de una redada, detención, encarcelamiento o deportación. Por el contrario, seguirá privando la criminalización de los migrantes, además de que no será necesario para el gobierno federal abordar ese tema hasta dentro de tres años.
Desde luego, a Donald Trump la violencia migratoria no le resta votos de su base MAGA, al contrario, el haber conseguido un amplio presupuesto para perseguir “indocumentados” meses antes de las elecciones intermedias, le generará apoyo en las urnas; eso fue el principal incentivo para que los republicanos lo respaldaran.
Contario a eso, la violencia contra personas “sin papeles” sigue mirándose muy poco, no obstante que la Detention Watch Network, una organización nacional que monitorea la detención de migrantes, ha reportado que al menos 50 personas han muerto bajo custodia del ICE desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero del año pasado.
Y no olvidemos que hoy se encuentran privados de su libertad en centros de detención migratorios o cárceles privadas entre 60 y 70 mil personas migrantes y la gran mayoría sin historial criminal, lo que contradice las afirmaciones del inquilino de la Casa Blanca en el sentido de que solo detienen a migrantes con antecedentes criminales.
Detengámonos por un momento a imaginar qué se podría generar con 70 mil millones de dólares para garantizar el derecho a no migrar de miles de exiliados económicos, bélicos, políticos y climáticos, que se miran obligados a dejar sus terruños por carecer del derecho a no migrar. En eso, y no en otra cosa, debería de invertirse el recurso que hoy el Congreso de Estados Unidos asigna para la persecución, detención y deportación de miles de migrantes que lo único que hacen en la Unión Americana es buscarse un futuro y de paso, colaborar con la maquinaria económica del vecino del Norte.
