Laura Haro Ramirez

Este domingo leí un artículo del periódico El Universal titulado “Urge recambio generacional; magisterio envejece”. Que advierte el enorme reto de México: consolidar un relevo generacional en la próxima década si es que no queremos que se agrave la, ya deprimente, situación del sistema educativo a nivel nacional. A propósito, escribo algunas reflexiones.
De acuerdo con el artículo de El Universal, la edad promedio del personal docente en México es de 44 años, y especialistas en educación señalan que para 2030, las pensiones del magisterio podrían absorber el 41% del presupuesto educativo nacional. Estamos hablando de alrededor de 600 mil millones de pesos. Para un país como el nuestro, con un rezago en educación tan profundo (para muestra, los resultados de la prueba PISA) esto sería gravísimo.
Mientras tanto, en las aulas de las escuelas normales, donde se preparan los futuros docentes, están únicamente el 2.8% de la matrícula nacional de estudiantes de educación superior. El reto además está en la distribución territorial de las maestras y maestros; en zonas urbanas resulta mucho más sencillo atraer y retenerles, sin embargo, en las comunidades rurales e indígenas con mayor marginación, cubrir vacantes y evitar la rotación se convierte en una labor titánica.
Sumado a ello, existen, al menos, dos aduanas adicionales que dificultan la situación más de lo que ya está, como la atracción de perfiles especializados en asignaturas como matemáticas, ciencias e inglés, y docentes enfocados a preescolar y secundaria. Esto afecta directamente al hecho de que en México hay 27.5 millones de personas mayores de 15 años que se encuentran en rezago educativo.
El resultado de la suma de todos estos factores no es la crisis del magisterio; el envejecimiento es inevitable. Es más bien que en una década, las niñas y niños mexicanos experimentarán un rezago educativo mucho más profundo del que ya vivimos en la actualidad. En un mundo que avanza a pasos agigantados hacia una era digital que evoluciona a cada minuto, estaríamos condenando su futuro y el futuro de nuestro país frente a otras naciones.
La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué este declive en el magisterio? Y la respuesta muy seguramente está en la política educativa de Morena. De acuerdo con informes de la OCDE, México ocupa el último lugar en inversión educativa entre sus países miembros y las naciones de Latinoamérica. Mientras el gasto promedio por alumno dentro de la OCDE es de 11,900 a 13,210 dólares, nuestro país invierte entre 2,700 y 3,500 dólares, apenas una fracción.
En Jalisco, en el PRI, que tengo el honor de dirigir, entendemos que la importancia de la educación reside plenamente en las infancias, y entendemos también que nuestro papel como partido político, nos responsabiliza a crear ciudadanía. Por eso hemos impulsado PRI Kids, un programa diseñado para empoderar a las niñas y los niños y fortalecer sus conocimientos en innovación, cuidado del medio ambiente, Derechos Humanos y muchas otras áreas tan necesarias hoy, y que serán fundamentales el día de mañana.
En próximos días anunciaremos el arranque de nuestra tercera generación. Estén pendientes.

Laura Haro

Alerta en educación

El barco en Morena hace más agua que nunca. La semana pasada un reportaje de Los Angeles Times reveló que autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villareal, por presuntos vínculos con la criminalidad. Por años, Morena alardeó con esa cantaleta de “no somos iguales” y hoy no saben ni dónde meter la cabeza.
El precedente más reciente no tiene ni dos meses de haber desestabilizado al régimen, cuando se dio a conocer que el 28 de abril el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y otros siete funcionarios de alto nivel, de extracción morenista, a quienes acusa de colaborar con una de las organizaciones señaladas como terroristas en territorio estadounidense.
Cuando un gobernador es señalado, es preocupante, pero cuando son tres los gobernadores investigados, se encienden todas las alarmas. Esa sería la lógica en cualquier gobierno, mas no en el de Morena. Aquí la respuesta oficial ha girado en torno a un cierre de filas a medias tintas y discursos muchos, sobre la soberanía nacional. Sin embargo, la estrategia tiene sus límites, comenzando por la caída en la credibilidad del movimiento.
El lugar en el que se encuentra Morena es un terreno que por años usaron a su favor con el caso García Luna. Hoy se ha vuelto una aduana por la que tienen que pasar a los rayos X uno por uno para demostrar su inocencia que, a estas alturas, se antoja imposible.
Vaya vueltas que da la vida. Durante la primera mitad del sexenio de López Obrador, Alfonso Durazo fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora enfrenta posibles acusaciones internacionales por cooperar con la criminalidad. En su paso por la administración federal, el sonorense estuvo al frente del fallido operativo que desató el llamado “Culiacanazo” en 2019.
Todo este asunto ha mermado tanto en Morena que han tenido que recurrir al plan de emergencias: desempolvar a López Obrador y sacarlo de su exilio en La Chingada, con una carta de 5 páginas donde recomienda que por el bien de todos debe regresar el viejo Trump, ese que gobernó por aquellos años del obradorato. No hay peor error de un mitómano que caer en sus propias mentiras.
Morena pensó que se ahorraría las crisis que hoy atraviesa, cooptando al Poder Judicial. Qué equivocados estaban.
El pilón
Esta semana comienza el Mundial 2026. Al igual que millones, deseo que le vaya muy bien a nuestra Selección. Vaya que merecemos una alegría en este país tan vapuleado. Hagamos que estos 39 días de fiesta nuestros visitantes y espectadores de todo el mundo se lleven una imagen positiva de nuestra gente y nuestro país.

Otra vez Morena, otra vez EE.UU.

Pareciera que en México se ha normalizado por un sector de la población una escandalosa contradicción: para ingresar a una corporación policial, ocupar un cargo en áreas de seguridad o desempeñar ciertas funciones sensibles dentro del Estado, los aspirantes deben someterse a exámenes de control y confianza. Sin embargo, para competir por una alcaldía, una gubernatura, una diputación o incluso la Presidencia de la República, basta con ganar una campaña y cumplir requisitos mínimos establecidos por la ley. Nadie evalúa sus vínculos, su entorno financiero, sus relaciones de riesgo o posibles conexiones con la criminalidad.
Este asunto dejó de ser una hipótesis hace tiempo. En distintos puntos del país han surgido investigaciones, señalamientos internacionales y procesos judiciales que involucran a actores políticos de diversos niveles. Algunos casos terminan en detenciones, como el caso del morenista Diego Rivera o Hernán Bermúdez; otros permanecen en un silencio aterrador, como el caso de Rocha Moya. Aún así, todos ellos generan el mismo efecto: una fractura a la confianza y el aumento de la percepción de los indudables vínculos ilegales de Morena.
La cantaleta ha sido prácticamente la misma, esa vieja y confiable de un ataque a la soberanía. La salida de emergencia de García Luna ya no funciona, hablar de cuánto gana Loret ya no desvía la atención. Morena está arrinconado y aterrorizado por lo que pueda venir o por quien pueda caer.
El oficialismo gobierna la mayoría de los estados y municipios, concentra el poder en gran parte de los congresos locales y tiene amplias mayorías (aunque artificiales) en el Congreso de la Unión. Pese a toda esa capacidad que han obtenido, para cambiar las reglas e imponer candados más estrictos a la selección de servidores públicos, no lo han hecho, y los resultados han sido una guerra en Sinaloa, muerte, desaparición, extorsión y mucha, pero mucha corrupción.
En 2024, cuando contendí a la gubernatura de Jalisco, la candidata de Morena y sus aliados recibió mi invitación a someterse a exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos, prueba del polígrafo y presentación de carta de no antecedentes penales, así como yo lo hice. El llamado era tan simple como el refrán “el que nada debe, nada teme”. Sin embargo, fui la única que tuvo el valor de transparentar quién soy, de dónde vengo y quiénes me rodean.
Dos años después, los hechos nos dan la razón y distintos partidos en el Congreso de Jalisco se han sumado a la propuesta que el PRI presentó en febrero, para elevar los filtros de las candidaturas. Nadie está proponiendo cancelar derechos políticos; lo que se plantea es establecer mecanismos de prevención y transparencia para que quienes lleguen al poder nos brinden la certeza de que gobernarán con honestidad, responsabilidad y decencia.
México requiere una reforma seria en esta materia. La política administra presupuestos multimillonarios, controla corporaciones de seguridad y toma decisiones con enorme impacto social. Desde luego, ningún examen garantiza honestidad absoluta. Tampoco existe un mecanismo infalible para detectar todas las conductas indebidas. Pero la ausencia total de filtros ha demostrado ser todavía más costosa. Por eso a mayor poder, mayor revisión.

Urgen candados

La semana pasada, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para anular elecciones ante casos de “intervención extranjera”. La propone bajo la misma narrativa de defender la soberanía nacional, pero en realidad busca ampliar de manera discrecional el poder político de Morena sobre los procesos electorales. Ya tienen capturados al árbitro y a los tribunales, y las reglas del juego están demasiado a favor del oficialismo, así que el asunto es muy delicado.
La propuesta busca incorporar una nueva causal de nulidad electoral cuando se presenten casos de injerencia extranjera; en sí, ningún país quiere que otra nación decida por él. Ese no es el problema, lo preocupante, como siempre, son las intenciones de Morena. Según la iniciativa, la intervención puede incluir campañas de desinformación, presión diplomática, propaganda internacional o manipulación digital, conceptos tan elásticos que prácticamente cualquier episodio internacional podría  poner en riesgo una elección. No sorprendería que en 2027 alegaran por la orden de captura y extradición de Rubén Rocha Moya.
Hoy el régimen de Morena controla el Poder Ejecutivo con la Presidencia de la República y la mayor parte de las gubernaturas, el Poder Legislativo con las mayorías en ambas cámaras, y el Poder Judicial con la SCJN y una gran influencia sobre el Tribunal Electoral, además de mantener totalmente debilitados a los organismos autónomos que sobreviven; aunado a eso van por un control adicional a partir de la interpretación subjetiva a modo en procesos electorales.
El abogado Javier Martín Reyes criticó en El Universal que la redacción no tiene ni pies ni cabeza, y alertó sobre la posibilidad de usarla para desconocer triunfos opositores mediante un Tribunal Electoral capturado por Morena. En definitiva, creo que toda democracia necesita tener candados robustos contra la injerencia extranjera, pero más todavía, necesitan blindajes contra gobiernos que acumulan facultades para decidir qué elecciones son válidas y cuáles no.
La propuesta de Monreal viene acompañada de otro anuncio: la creación de una comisión para revisar la integridad de candidaturas, mediante acceso a información de inteligencia, fiscal y financiera. En teoría, el objetivo es impedir infiltración de la criminalidad, aunque en la práctica será un mecanismo para imponer criterios políticos sobre quién puede competir electoralmente y quién no. ¿Debería haber integridad en las candidaturas? Claro. El PRI lo propuso primero, y puedo decir que he sido la única candidata que en dos ocasiones se ha sometido a estrictos exámenes de control y confianza.
Ambas herramientas podrían parecer razonables, el asunto es que una y otra quedan bajo control total de Morena, y sabemos lo que eso significa. Cualquier triunfo de la oposición quedará sujeto a criterios polarizantes. ¿Hubo una declaración de un funcionario extranjero? ¿Una campaña digital fuera del país? ¿Una investigación periodística internacional? Todo bastará para anular la elección, aunque no haya influido en el resultado. Sin lugar a dudas el peligro es inminente, y la democracia una vez más está en riesgo.

Otra cláusula para anular la democracia

El caso de Rubén Rocha Moya ha escalado tanto y tan rápido, que la pregunta ya no es si en Morena existen vínculos entre sus integrantes y la criminalidad, más bien es cuántos más van a caer a la luz de la verdad.
En política, cuando hay una crisis, la mentira se vuelve insostenible. Conforme ha avanzado el caso en Sinaloa, ha quedado al descubierto la falsedad del relato moral sobre el que Morena construyó su legitimidad, y cuando algo se construye sobre terreno inestable, difícilmente se mantendrá en pie cuando se sacuda el terreno. Las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra Rocha Moya y 9 miembros más de su círculo político no son un episodio más, ni una disputa diplomática. Son una cubetada de realidad para Morena y el gobierno federal, que por años han vendido la idea de una cuarta transformación de la vida pública de México.
Si hubieran dicho que a esto se referían, seguramente nadie en su sano juicio les hubiera entregado su voto. La semana pasada cerró con señales particularmente delicadas. Diversos medios confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Rocha Moya, de sus hijos, del senador Enrique Inzunza y de otros funcionarios ligados al caso. Al mismo tiempo, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades estadounidenses de manera voluntaria en busca de un acuerdo de colaboración que le otorgue beneficios judiciales.
El asunto va encontrando sus piezas clave en el rompecabezas de la contradicción política. Mientras la presidenta de la república exige pruebas desde “la mañanera” y denuncia intromisión de la soberanía detrás de las imputaciones estadounidenses, el propio aparato financiero mexicano activa mecanismos dignos de un criminal contra el señalado Rubén Rocha. Ni el circo de BTS, ni la jugada de Mario Delgado fueron suficientes para distraer la atención de un caso que apesta a culpabilidad.
Mientras tanto, resulta hasta incómoda la incongruencia de los propios morenistas, que en su desesperación convocan en Chihuahua a una marcha en contra de la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes de la CIA, donde se destruyó uno de los laboratorios ilegales más grandes hasta ahora, pero son incapaces siquiera, de admitir la gravedad de los señalamientos y los hechos en el caso de sus correligionarios señalados por Estados Unidos.
En definitiva, a Morena le urge que llegue el Mundial para disipar su crisis, sin embargo, la justicia estadounidense no aparenta ser una aficionada del futbol y nada indica que vayan a soltar el asunto, por el contrario, van hasta las últimas consecuencias, como lo advirtió Terry Cole, el jefe de la DEA: “es sólo el comienzo”. Al tiempo.

A Morena le urge que llegue el Mundial

Claramente, para el gobierno de Morena, la educación se encuentra al final de su lista de prioridades. Su decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio es una mala señal política, una mala decisión administrativa y un mensaje profundamente equivocado sobre los objetivos del Estado mexicano. El calendario original contemplaba concluir el 15 de julio. El ajuste implica recortar más de un mes de clases y reducir los días efectivos de enseñanza de 185 a 157. La justificación oficial: el Mundial de futbol y las altas temperaturas.
Morena dice apostar por la transformación, pero no entiende que mandar a la educación al limbo de las decisiones y los presupuestos es tomar el sentido contrario del objetivo. La transformación de un país comienza siempre por la apuesta por la educación, desde su nivel básico hasta el superior.
El problema no es solamente el recorte. El problema es el contexto. México no llega a esta discusión desde una posición de fortaleza educativa, sino desde una situación de rezago. Los resultados de la prueba PISA 2022 son una alerta. México obtuvo resultados en matemáticas, lectura y ciencias por debajo del promedio de la OCDE. Más preocupante: alrededor de dos tercios de los estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas. Es decir, millones de adolescentes tienen dificultades para resolver problemas básicos, interpretar información o aplicar conocimientos elementales.
A esto se suma una realidad conocida por docentes, familias y especialistas: la pandemia profundizó pérdidas de aprendizaje, aumentó brechas territoriales y agravó desigualdades entre escuelas urbanas, rurales, públicas e indígenas –sobre esto, el PRI Jalisco presentó un diagnóstico educativo en 2022–. En este escenario del rezago, cada día de clases importa. Cada asignatura escolar tiene valor acumulativo. Por eso, esa idea de Mario Delgado, de que dos semanas de “reforzamiento” en agosto compensarán más de un mes de clases perdidas resulta técnica y pedagógicamente poco creíble, por no decir imposible.
También hay un problema de conducción pública. La decisión fue anunciada, cuestionada y matizada en cuestión de horas. Incluso la presidenta tuvo que corregir la plana a la SEP y tratar de aclarar que se trataba de una propuesta; mientras algunos estados como Jalisco ya habían reprobado semejante ocurrencia. Esa contradicción revela improvisación dentro del gobierno federal, falta de coordinación y una ausencia total de criterio. No hubo evaluación de los impactos sociales, laborales y educativos. Ni se midió el efecto sobre madres y padres trabajadores que tendrían que ajustar tiempos y actividades.
Gobernar es saber jerarquizar prioridades. Cuando un país como México, con un alto rezago educativo, recorta clases por razones como el calor, comunica algo más profundo: que la educación puede ponerse en pausa cuando la voluntad política no alcanza para adecuar los planteles escolares, ¿o es que en Morena no han escuchado hablar del aire acondicionado o de perdida, de los ventiladores? Nuestro país necesita más aprendizajes y más seriedad de parte de su gobierno, y menos ocurrencias.

A Morena no le importa la educación

Un tremendo golpe de realidad fue lo que recibió Morena esta semana, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación en la que se menciona a Rubén Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios y servidores públicos sinaloenses, señalados por presuntos vínculos con la criminalidad. Por lo anterior se supo que cuentan con orden de captura y de extradición hacia los Estados Unidos.
El asunto es gravísimo desde donde se vea. Un gobernador en funciones, un senador y el alcalde de la capital sinaloense, todos emanados del partido en el poder, señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con estructuras de la criminalidad y por supuestamente, facilitar sus operaciones. La situación coloca a México ante una crisis que ya no es solamente judicial ni diplomática, sino una crisis de legitimidad del Estado tanto a nivel nacional como internacional.
Desde el gobierno, la reacción se quedó corta. En Palacio Nacional no ofrecieron una respuesta de Estado que brindara certeza a la ciudadanía, más bien convirtieron el acto en una cuestión de defensa política y un cierre de filas con el impresentable Rocha y su camarilla. Por su parte, la Fiscalía y Relaciones Exteriores alegaron insuficiencia de pruebas y filtraciones.
Si bien la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una carpeta de investigación, ese reflejo de defender a como dé lugar a los suyos, pese a claros señalamientos, ya es parte de una cultura que Morena ha consolidado, logrando obstruir la justicia en casos graves como el de Adán Augusto y “La Barredora” o los hijos de López Obrador y el huachicol fiscal.
Más tarde, el viernes, la presión era incontenible, al grado que Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, se separaban de sus cargos. La decisión no representa un gesto de responsabilidad política, representa, más bien, la confirmación de las dudas, del temor de que algo salga mal y ese listado delictivo que lleva tiempo incubándose, salga a la luz pública.
El sábado, el Congreso de Sinaloa sesionó para designar a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, una de las más cercanas a Rubén Rocha, quien semanas atrás en un evento público se había referido a ella como una “meserita” de lonchería. Sobre esta sesión resultó vergonzosa la ausencia de los diputados de Movimiento Ciudadano y el voto del PAN en abstención, demostrando una vez más con su tibieza, que son los esbirros de Morena.
Al final, Rubén Rocha deja a un Sinaloa con dos mil 645 homicidios, tres mil 688 desaparecidos, tres mil familias sin hogar, 30 mil empleos perdidos, casi cinco mil negocios cerrados y pérdidas económicas estimadas en 70 mil millones de pesos. Morena llegó al poder con una narrativa anticorrupción y bajo la bandera del “no somos iguales” pero en los hechos resultaron ser corruptos y criminales. No descartemos que Estados Unidos tenga un expediente capaz de hundirles el barco e ir por los demás. Al tiempo.

EE.UU. a la caza de Rubén Rocha y Morena

¿No le alcanza el dinero para llegar a fin de mes? No es una situación exclusiva de su familia, es una realidad de millones de familias mexicanas. En la primera quincena de abril de 2026, la inflación anual en México se ubicó en 4.53%, todavía por encima del objetivo permanente del Banco de México de 3%. En otras palabras, su salario rindió casi 5% menos en esta quincena, pero las necesidades del hogar no cambiaron en absoluto.
El problema no es sólo la inflación general, sino dónde golpea. Los alimentos registraron una variación anual de 5.41%, por encima del promedio nacional. Traducido al lenguaje cotidiano: si la comida sube más rápido que el ingreso, la única alternativa es comprar menos o negociar la calidad de la alimentación de nuestras familias.
Desde Palacio Nacional la desconexión y la indolencia son evidentes cuando dicen que la economía está fuerte, pero los costos de la canasta básica contradicen todo optimismo. En la primera quincena de abril, el precio del jitomate aumentó 24.37% quincenalmente; el chile serrano, 21.94%; el chile poblano, 22.63%; y la tortilla en distintos estados pasó de 28 a 30 pesos por kilo. No son artículos de lujo, forman parte de la dieta diaria de casi cualquier hogar mexicano.
A esto se suman las gasolinas y el diésel, que impactan toda la cadena productiva. Aunque el gobierno ha buscado contener la gasolina Magna alrededor de 24 pesos por litro y el diésel en 28 pesos, mediante apoyos fiscales que rondan cinco mil millones de pesos semanales, los precios ya son bastante elevados y tienen un efecto en la cartera de las personas. Si para evitar una crisis de precios se requiere subsidiar los combustibles de esa manera, entonces el problema no está resuelto, sólo se está pateando el bote. Y está claro que la solución tampoco se aloja en la recomendación oficial de poner Magna en lugar si Premium si el dinero no alcanza.
El diésel merece atención especial porque mueve al país. Cerca del 80% del transporte de mercancías en México depende del autotransporte terrestre, por lo cual no sólo hablamos de carestía en alimentos, sino en materiales de construcción, medicinas, paquetería y básicamente en todo lo que deba ser transportado en un tráiler. Morena podrá culpar al contexto internacional, pero ya son siete años frente al gobierno sin cumplir su promesa de abaratar las gasolinas.
Para contener la inflación, el Banco de México mantiene una tasa de referencia de 6.75% tras recientes ajustes. Las tasas altas encarecen hipotecas, créditos empresariales y financiamiento al consumo, lo que se convierte en deudas impagables para las familias, créditos como única opción para las pequeñas empresas, y freno económico para todo el país.
Morena prometió que primero irían los pobres, pero en los hechos no ha logrado contener el impuesto más fuerte para quienes tienen menos. Lo verdaderamente cuestionable es que prometieron también bajar los costos de la gasolina y 7 años no les han sido suficientes para cumplir su promesa.

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Mientras la Selección Mexicana suma dos victorias y se prepara para enfrentar a Chequia en el cierre de la fase de grupos, la afición mexicana también está jugando este Mundial y lo va ganando por goleada. Son millones de mexicanos los que han tomado las calles y plazas para celebrar, cantar y compartir una alegría que pocas naciones podrían expresar con la misma intensidad que nuestro país.
Las imágenes del Ángel de la Independencia, La Minerva y la Macroplaza, han dado la vuelta al mundo. Una marea tricolor inundando plazas y avenidas; extranjeros sorprendidos por la alegría de quienes les reciben como si fueran familia o amigos de toda la vida. Si algo nos caracteriza a las mexicanas y mexicanos es esto, somos un país de puertas abiertas y de una calidez que atrapa a propios y extraños.
Y si la Ciudad de México y Monterrey han mostrado la magnitud de la fiesta futbolera, Guadalajara ha demostrado por qué es una de las capitales más importantes del continente. Aquí no sólo albergamos 4 partidos de la Copa, aquí vivimos el futbol con una pasión muy distinta (muestra de ello es el clásico tapatío, el más antiguo y pasional de México). De acuerdo con la propia FIFA, Guadalajara se ubica como la sede con mayor interacción y alcance en redes sociales entre las 16 ciudades sedes de este Mundial.
Eso tiene un valor enorme en un evento de talla global como este. Millones de personas están construyendo una imagen de nuestra nación, ya no sólo a partir de lo que se dice de nuestro gobierno, sino de lo que ocurre dentro de los estadios y también de lo que sucede en las calles que, a diferencia de lo que pasa con el gobierno, la imagen que estamos proyectando es la de una nación alegre, generosa y profundamente humana.
Algo que no quiero dejar de señalar es que las celebraciones, aunque nos han llenado de orgullo y algarabía, también nos han llenado de toneladas de basura. Tan sólo en Guadalajara se han recolectado 89 toneladas en los puntos de concentración. Algo pudiéramos aprender de la afición japonesa, que se encarga de recoger todos sus residuos a donde quiera que acompañan a su selección. Sin duda este torneo nos ofrece una oportunidad extraordinaria para convertirnos en un país que sabe celebrar como pocos y que sabe cuidar sus espacios públicos.
Por todo lo demás, me resulta muy esperanzador que el futbol, una vez más, ha logrado algo que parece imposible en estos tiempos de polarización y descontento: unir a nuestro país en torno a una misma causa. Por un momento nos hemos olvidado de los partidos políticos y hemos vuelto al punto en común de quienes queremos que le vaya bien a México. Sin duda la afición mexicana está ganando el Mundial.
Aprovechando el espacio, muchas felicidades a todos los padres que llegaron hasta aquí, y mucho éxito a nuestra selección en su próximo partido contra Chequia. ¡A ganar!

El triunfo de la afición mexicana