Ante la inesperada renuncia de Paula Ramírez Höhne al frente del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEPC), el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la encomienda de nombrar a quien conducirá al IEPC rumbo a las elecciones del 2027, a poco menos de un año para organizar y celebrarse las elecciones. Cuestión que debería de preocupar a más de alguno, ya que como se vio, organizar un proceso electoral no es cosa fácil; pregúntele a Paula Ramírez.
De entrada, se requiere que sea independiente e imparcial, cuestión compleja de encontrar. Con solidez técnica y jurídica en términos constitucionales, electorales y de justicia electoral. Con capacidad de gestión para dirigir, planificar, administrar el presupuesto y equipos multidisciplinarios. Con liderazgo para construir acuerdos y consensos, con credibilidad pública, trayectoria intachable, con compromisos con la transparencia, dirigir al IEPC como si fuera una caja de cristal. Con una visión por la innovación institucional para sacar ventaja del empleo de las nuevas tecnologías en aras de la transparencia y la democracia. Sensibilidad democrática y ciudadana para promover la educación cívica y participación ciudadana, e impulsar los mecanismos de participación social, con los talantes suficientes para poder aguantar las presiones políticas, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones públicas parece crecer cada día.
Pero quizá la cualidad más importante sea otra: entender que la función electoral no consiste únicamente en organizar elecciones. También implica generar confianza. Y la confianza, a diferencia de las boletas, las urnas o los cómputos, no se imprime ni se instala por acuerdo. Se construye todos los días mediante decisiones imparciales, transparentes y técnicamente sólidas.
Los acontecimientos del proceso electoral de 2024 también dejaron algunas lecciones. Más allá de las valoraciones que cada actor político pueda tener sobre el desempeño de la autoridad electoral, lo cierto es que las controversias, impugnaciones y cuestionamientos públicos colocaron al IEPC bajo un nivel de escrutinio pocas veces visto. La experiencia demostró que la legalidad es indispensable, pero que también resulta fundamental fortalecer la comunicación institucional, la transparencia de las decisiones y la capacidad de explicar oportunamente a la ciudadanía el porqué de cada actuación de la autoridad electoral.
La persona que llegue a la presidencia del IEPC encontrará una institución con importantes desafíos por delante. No sólo deberá preparar la elección constitucional de 2027, sino también enfrentar fenómenos cada vez más complejos como la desinformación en redes sociales, el uso de inteligencia artificial en campañas, la polarización política y el creciente escrutinio ciudadano sobre cada decisión de la autoridad electoral.
Por ello, el proceso de designación no debería centrarse en cuotas, grupos o cercanías políticas, sino en la búsqueda del mejor perfil posible. Jalisco no necesita un presidente o presidenta electoral cómoda para los actores políticos. Necesita una autoridad capaz de aplicar la ley con independencia, resistir presiones y defender la integridad de los procesos democráticos.
La democracia jalisciense se juega mucho más que un nombramiento. Se juega la confianza de los ciudadanos en las reglas del juego para los próximos años.