Justicia para los jornaleros

Estar cerca de la gente, desde una posición política, por lo general tiene diferentes propósitos casi siempre vinculados a ideologías y a estilos de gobernar. Hay quienes están cerca de la gente sólo en determinados periodos, en contextos electorales es lo más común. Hay una conveniencia y entonces se recurre a las poblaciones, a las comunidades o se convoca a mítines para hacer promesas y emitir discursos demagógicos.

Esto lo vivimos en México durante mucho tiempo. Y luego el gobierno se inventó una práctica recurrente que fue exitosa algunos años y, después, parecía que funcionaba, pero ya no tanto porque no se reflejaba igual en los resultados electorales, dejó de ser una garantía. Y se la inventó porque llegó un momento en que la gente ya no quería ir, sabía que se trataba de ofertas falsas y que únicamente era utilizada como carne de urna: el acarreo.

Por sectores, por corporaciones, por sindicatos, movilizadores profesionales convencían a personas que vivían en pobreza y pobreza extrema (indignante) para que llenaran estadios y auditorios, plazas, calles y avenidas, a cambio de dinero o de un lonche y un refresco.

Los políticos de entonces actuaban como si se dieran “un baño de pueblo” ante la inminencia de alguna jornada electoral, pero la verdad es que era puro teatro. Una faramalla sistemática y costosa que nadie creía.

Estar cerca de la gente no es armar una gira a cualquier lugar del país y mantenerse bien protegido por guaruras y vallas, de manera que nadie se pueda acercar. Ni pronunciar discursos y peroratas rimbombantes cargadas de promesas (que si el empleo, que si la salud, que si mejores condiciones, que si vivienda, que si seguridad) que nunca se cumplen.

Y hay políticos que ni eso. Mucho menos en tiempos tecnológicos en los que el contacto con los gobernados (que ni siquiera se sabe si se establece) es a través de los perfiles en redes sociales de los gobernantes; quien lo vio bueno y, quien no, es su problema. Lo peor es que creen que cumplen, que están rindiendo cuentas y que hacen las cosas muy bien.

Una de las formas de estar cerca de la gente en otros términos, con propósitos enfocados en tomar decisiones para sí mejorar las condiciones de vida de una comunidad, de una localidad, de una ciudad, es bajar al territorio y caminarlo. Estar presentes, escuchar reclamos y necesidades y actuar en consecuencia para atenderlas, para resolverlas y que se note.

Uno de los programas que arrancó en la administración pasada y continúa en esta, hablando del gobierno federal mexicano, que tiene justo el propósito de acerarse a la gente, es el de los planes de justicia. Poco se ha difundido en medios, pero es una de las políticas públicas más sólidas y consistentes que de manera integral e intensiva, está operando para cubrir rezagos de todo tipo lo más pronto posible, dado lo añejo y lo complejo de las carencias tomando en cuenta las décadas de olvido, de abandono y, en muchos de los casos, de abusos y despojos a cambio de nada.

El primer plan de justicia fue el del Pueblo Yaqui de Sonora. Inició en un día emblemático: el 27 de septiembre de 2021, justo cuando se cumplieron 200 años de la consumación de la Independencia de nuestro país. Este plan, como todos los demás (hasta el momento son alrededor de 20), está planteado como integral. Se diseña con base en los requerimientos de las comunidades, primero de pueblos originarios, de los más a los menos urgentes; se dota de recursos, se implementa para determinado periodo, se le da seguimiento más o menos a la mitad del camino para verificar que se esté cumpliendo y luego se presentan, ya no avances, sino las obras y las acciones concluidas. Incluyen básicamente, educación, salud, agua, electrificación, caminos y vivienda, sin embargo, en casos como el del Pueblo Yaqui, se les restituyeron miles de hectáreas que les habían sido arrebatadas y se les regresó el derecho al agua incluyendo la administración, por primera vez en la historia, de su propio distrito de riego. Además de esto, se instaló la Universidad del Pueblo Yaqui en uno de los siete pueblos ancestrales, Vícam Pueblo. Actualmente ofrece cuatro carreras: Ingeniería en Procesos de Producción y tres licenciaturas: Derecho, Educación y Medicina y Salud Comunitaria. Hay casi 600 estudiantes.

Como decía, de estos planes de justicia hay 20 en operación en el mismo número de comunidades de pueblos originarios y afromexicanos en todo el país. Y, aparte, se empezaron a desarrollar en localidades no necesariamente de pueblos originarios; es el caso del Plan de Justicia de San Quintín, Baja California, en el que se comenzó a trabajar hace unos cuatro meses y el fin de semana pasado se presentó formalmente con algunos avances.

¿Por qué San Quintín? Esta localidad está identificada como una donde se concentran jornaleros, es decir, trabajadores que por temporada se dedican a cosechar diferentes cultivos y que, desde hace décadas, trabajan en las peores condiciones laborales imaginables. Esto sucede en Baja California pero también en Jalisco, con los recolectores de jitomate, sobre todo; en Sinaloa, en Sonora y en otros estados donde la agricultura es intensiva y, por lo general, de exportación.

Bueno, pues a principios de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira en San Quintín y un grupo de jornaleros la abordaron para quejarse de sus condiciones de vida y de trabajo (fue aquella actividad que se hizo famosa porque la mandataria regañó a legisladores bajacalifornianos por no estar cerca de la gente).

El primer compromiso fue establecer un centro de atención para conocer directamente la problemática, muy compleja (ya está funcionando); y, después, con la asignación de la tarea al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, se diseñó un Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín que incluye, entre otras acciones, la emisión de un Certificado Laboral de Exportación, para el que se propuso y aprobó una ley; y que consiste, en pocas palabras, en que a los jornaleros de compañías que exportan su producción, sus empleadores les mejores sustancialmente sus condiciones laborales y de vida.

De parte del gobierno federal, en este momento se trabaja en la ampliación de un hospital general al que podrán acudir derechohabientes y no derechohabientes; en obras de electrificación, en la apertura de centros de educación y cuidados infantiles (CECI) y ya empezaron a operar las primeras unidades del servicio universal de salud (USUS).

El plan, que también es integral, contempla obras de bacheo, apoyos para mejorar la vivienda (se entregarán 40 mil pesos a 36 mil familias con ese propósito); cuidados especiales en el caso de trabajadores que manejan agroquímicos dañinos para su salud; agua potable (pozos, desaladoras) y un apoyo directo para niños de cero a cuatro años. Esto es estar cerca de la gente con acciones y medidas visibles y evaluables.

San Quintín es una localidad pequeña perdida en la inmensidad del territorio nacional, sin embargo, es emblemática de la realidad que viven cientos de miles de jornaleros en nuestro país. Por primera vez, desde una posición de gobierno, se les volteó a ver y para hacer justicia. Ya era hora. Sigue que este plan se aplique en otras comunidades de jornaleros para terminar con relaciones perversas de abusos y explotación.