Gustavo Parra Noriega

El Encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) en Cartagena consolidó un punto de inflexión en la gobernanza digital regional. Ante la aceleración tecnológica que desafía fronteras, México y América Latina deben robustecer sus ecosistemas de derechos humanos.
La privacidad ya no es una simple garantía individual; es el pilar de nuestra integridad democrática frente a los poderes fácticos digitales. 
El entorno exige atender vulnerabilidades críticas: la protección de la niñez, el avance de la violencia digital y el tratamiento masivo de datos en plataformas extranjeras. Equilibrar la innovación y la salvaguarda de la identidad no frena el desarrollo, sino que lo hace ético y sostenible. Ante desafíos globales, la cooperación iberoamericana es nuestra herramienta más potente para homologar altos estándares.
Ahí, la RIPD alcanzó dos avances: actualizar los estándares iberoamericanos y aprobar el documento sobre “Desafíos normativos para la protección de los neurodatos y de los tratamientos de datos personales que emplean neurotecnologías en el ámbito no sanitario”. Los neurodatos registran o alteran la actividad cerebral fuera del entorno médico (comercio, empleo o educación). Cuando los algoritmos acceden a procesos cognitivos y emocionales, se arriesga la dignidad, autonomía y libertad de pensamiento.
Sin normas armonizadas, dejaríamos desprotegida la mente humana, la última frontera de la intimidad, erosionando la libertad con la que la ciudadanía toma sus decisiones.
Esta discusión adquiere máxima urgencia ante el Mundial de futbol que inicia este próximo jueves en México. Como sede de este megaevento, el país experimentará un despliegue masivo de tecnologías de vigilancia: reconocimiento facial, videovigilancia inteligente, geolocalización, monitoreo biométrico, análisis algorítmico de multitudes, rastreo en aplicaciones, control de accesos y tratamiento masivo de datos personales.
Estas prácticas representan riesgos para los derechos fundamentales. Sus implicaciones imponen desafíos en gobernanza de datos, transparencia, proporcionalidad, finalidad, consentimiento, seguridad y rendición de cuentas que pondrán a prueba a las autoridades.
La organización no debe justificar un control invasivo y hacer consciente a las personas del tratamiento de sus datos, incluidos a los connacionales de países integrantes del Convenio 108 y su Protocolo Adicional, quienes podrían demandar apoyo y asistencia técnica a las autoridades mexicanas, si quisieran ejercer sus derechos ARCO y de Portabilidad ante responsables mexicanos.
El debate sobre neurodatos es sumamente pertinente aquí, pues avanzan sistemas capaces de inferir emociones, atención, fatiga, intención o preferencias con fines comerciales o de seguridad.
México debe aprovechar el Mundial para fortalecer una agenda democrática de límites a la vigilancia y salvaguardas tecnológicas, en lugar de normalizar el monitoreo excepcional.
La urgencia es inaplazable. Llamo a autoridades, sector privado, academia y sociedad civil a una corresponsabilidad activa con reglas claras y supervisión efectiva. Proteger la privacidad es indispensable para asegurar una sociedad libre, justa y democrática.

Privacidad, neurodatos y democracia, ante el Mundial

La discusión ética en torno a la Inteligencia Artificial (IA) no es un ejercicio filosófico abstracto, sino una encrucijada democrática y humanista inaplazable. En un acierto analítico notable, la carta encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV, que sitúa esta transformación en el centro del debate público, advirtiendo que el progreso técnico desprovisto de maduración moral amenaza con eclipsar la dignidad humana.
Observo con preocupación cómo el despliegue desregulado de estos sistemas consolida una peligrosa asimetría de poder. La encíclica acierta al señalar que el motor de la innovación digital ya no reside en los Estados, sino en actores privados transnacionales cuyo poder supera al de los gobiernos. Esta concentración se alimenta de la recopilación masiva de datos, nutriendo una infraestructura invisible de vigilancia invasiva y control social que trata la libertad como mercancía. Peor aún, este extractivismo de datos configura un rostro colonial inédito, expropiando mapas genéticos y perfiles de poblaciones vulnerables para entrenar modelos predictivos.
El núcleo del peligro radica en la opacidad algorítmica. Hoy desplegamos sistemas computacionales cuyos procesos y representaciones internas son desconocidos incluso para sus creadores. Confiar a ciegas decisiones que afectan al trabajo, al crédito o a la reputación a estos automatismos, genera una preocupante discriminación automatizada. Al reflejar los sesgos ideológicos de quienes las programan, estas herramientas reproducen injusticias de forma silenciosa, anulando la compasión, la rendición de cuentas y la apertura al cambio en el individuo.
A este escenario se suma la desinformación, potenciada por una tecnología capaz de manipular imágenes y videos, desdibujando los límites entre lo verdadero y lo falso. Al erosionar la verdad como bien común, se dinamitan los cimientos de la confianza y la vida democrática, propiciando un conformismo y autocensura dictados por la arquitectura de la visibilidad digital.
Ante ello, resulta imperativo atender el vehemente llamado de León XIV para &#8220;desarmar&#8221; la IA, sustrayéndola de la competencia armamentística y comercial. No podemos delegar la ética en los monopolios que controlan el código invisible. Urgen marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente y una firme corresponsabilidad social. Exigir límites éticos y regulatorios no es frenar el progreso, es garantizar que la revolución tecnológica defienda la autonomía humana y el bien común, impidiendo que la técnica se convierta en el instrumento definitivo de dominio.
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La encrucijada de la Inteligencia Artificial: entre la tiranía del algoritmo y la dignidad humana

La eficiencia tecnológica suele presentarse como la panacea de la administración moderna. Sin embargo, bajo la promesa de agilizar apoyos sociales o combatir el fraude fiscal, se oculta un riesgo latente: la deshumanización de la justicia social. Cuando un algoritmo niega un subsidio o perfila a un ciudadano bajo sospecha, no asistimos meramente a un proceso técnico, sino a un acto de autoridad que debe someterse, por mandato constitucional, al escrutinio público y al respeto irrestricto de los derechos humanos.
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en realidad, a veces para cosas positivas, pero también como un burócrata invisible que opera en la sombra. El problema central no es el avance tecnológico, sino la opacidad institucional que lo rodea. Si una “caja negra” decide que una persona no es apta para recibir una beca, una pensión o una asistencia médica, y esa persona no puede conocer los criterios exactos ni la lógica detrás de la negativa, estamos frente a una vulneración directa a los derechos de autodeterminación informativa, de acceso a la información, al buen gobierno y al debido proceso. No hay democracia funcional allí donde el ciudadano carece del derecho a preguntar “¿por qué?”, y recibir una respuesta clara, humana y fundamentada.
La supuesta neutralidad algorítmica es un mito peligroso. Los sistemas se nutren de datos que, con frecuencia, arrastran sesgos históricos de clase, género o territorio. Automatizar la burocracia sin controles críticos es, en los hechos, automatizar la exclusión de los sectores más vulnerables. Un error en el código o un sesgo en la base de datos pueden convertirse en una sentencia de marginación para miles de familias, blindada por una apariencia de objetividad matemática que dificulta cualquier defensa legal. La tecnología debe servir para cerrar brechas, no para sofisticar la discriminación.
Como autoridad de transparencia y protección de datos, nuestra postura es firme: la innovación pública no puede ser un cheque en blanco para ignorar las garantías fundamentales. Todo sistema automatizado que determine o influya de manera determinante en decisiones públicas debe ser auditable tanto por los organismos públicos como desde sociedad civil, tanto técnica como jurídicamente. La responsabilidad estatal no puede diluirse en líneas de programación ni delegarse ciegamente a proveedores privados. La rendición de cuentas exige que exista siempre una supervisión humana efectiva; el derecho a la apelación debe conducir necesariamente a una persona servidora pública con capacidad de rectificar, no a otro algoritmo.
Es urgente transitar hacia una transparencia algorítmica real, con legislación federal y local. El derecho a la explicación debe ser la piedra angular de nuestra gobernanza digital. Necesitamos reglas claras, autoridades y auditorías independientes, además de mucha participación ciudadana, para que haya garantía de que el progreso técnico servirá para ampliar derechos, no para restringirlos. La modernización del Estado solo será legítima si es capaz de rendir cuentas ante las personas, pues el futuro del Estado de Derecho se juega hoy, precisamente, en la claridad de sus algoritmos.

¿Quién vigila y transparenta el algoritmo y ante quién apelamos?

La tecnología ya no solo rodea nuestras vidas; está por entrar en nuestra esfera más íntima: la mente y el pensamiento. Avances de Neuralink y las interfaces cerebro-computadora prometen maravillas médicas, pero también abren una puerta sin llave a nuestra privacidad mental. El progreso tecnológico actual permite el registro directo y el procesamiento digital de las características del sistema nervioso, superando velozmente los marcos legales vigentes.
Como parte del grupo de trabajo sobre Neuroderechos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), he participado en un diálogo enriquecedor sobre la urgencia de establecer un marco normativo que proteja la identidad personal y el libre albedrío. Los neurodatos, definidos como la información sensible obtenida de la actividad cerebral y el sistema nervioso, son tan únicos como una huella dactilar. El riesgo reside en que su uso ha trascendido el ámbito médico para expandirse a sectores como la educación, el empleo y el marketing.
Si no actuamos, nuestros pensamientos y estados emocionales se convertirán en activos monetizables. Ya se vislumbra el uso de neurotecnologías para el neuromarketing agresivo o la vigilancia laboral, midiendo niveles de fatiga o concentración para calificar el desempeño. Esta intrusión crea un vacío de protección alarmante en el ámbito no sanitario, entre otros temas que hoy ni vislumbramos.
Además, enfrentamos el peligro de la neurodiscriminación: el uso de perfiles cerebrales para categorizar o excluir a personas en procesos de contratación o acceso a servicios. Ante esto, el consentimiento tradicional resulta insuficiente; en entornos de desequilibrio de poder, como el laboral o educativo, el interesado puede sentirse presionado a ceder sus datos más íntimos.
En la Red Iberoamericana, esperemos se pueda llegar a consensos técnicos y aprobarse un documento en mayo de este año, para orientar a los legisladores de nuestra región hacia medidas proactivas y también a prohibiciones de algunos neurotratamientos que busquen manipular subliminalmente, o aquella que quiera usar estas neurotecnologías en menores de edad, sin que prueben su seguridad científicamente, además de que se garantice la transparencia algorítmica para los sistemas de IA que procesen neurodatos y que éstos expliquen sus inferencias, similar a lo que ya sucede en Europa.
Legislar sobre neuroderechos hoy no es una opción, es un imperativo ético para evitar un futuro distópico. Debemos garantizar que el desarrollo científico esté siempre al servicio de la persona, colocando la dignidad y la privacidad en el centro de la innovación. La última frontera de la libertad —nuestro pensamiento— no debe ser vulnerada.
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Neuroderechos: La última frontera de la privacidad es tu mente

Imagina que cada error de tu juventud, cada nota descontextualizada o cada dato obsoleto, quedara tatuado permanentemente en tu frente. En el mundo analógico, el tiempo difumina las manchas del pasado, pero en la era digital, la memoria es la regla y el olvido es la excepción. Esta &#8220;eternidad digital&#8221; no solo afecta nuestra reputación, sino que compromete la esencia misma de nuestra libertad: la capacidad de reinventarnos.
El llamado derecho al olvido surge como una respuesta necesaria frente al poder desmedido de los buscadores y los algoritmos. No se trata de un simple capricho de privacidad, sino de un derecho humano autónomo ligado íntimamente a la dignidad y a la autodeterminación informativa —el poder que cada persona tiene para decidir qué se hace con su información personal—. Como sociedad, debemos entender que nuestra identidad no puede ser reducida a un simple insumo del mercado digital.
Es crucial aclarar una confusión común: ejercer este derecho no implica borrar la fuente original de una noticia o documento (lo cual podría rozar la censura). Su &#8220;efecto útil&#8221; reside en la desindexación. Esto significa que los motores de búsqueda, como Google, dejen de mostrar ciertos resultados cuando alguien busca ese dato personal, ese nombre o nota sobre alguien, ya sea que la información sea obsoleta, carezca de interés público o esté descontextualizada. Es, en términos sencillos, quitar el rastro del mapa sin destruir el camino.
Sin embargo, el olvido tiene límites infranqueables. No puede convertirse en una herramienta de impunidad para ocultar hechos graves cometidos por figuras públicas, o para desdibujar violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. La memoria colectiva es vital para la justicia y la democracia. El reto está en la ponderación: el olvido es para la esfera privada del individuo, mientras que la memoria es el escudo de la sociedad.
Hoy, el desafío escala con la Inteligencia Artificial. Estos sistemas funcionan como una memoria digital inagotable que procesa nuestra identidad en algoritmos perpetuos diseñados para el lucro comercial o la vigilancia. Ante esta realidad, donde nuestra información puede quedar atrapada indefinidamente en el entrenamiento de modelos tecnológicos, es indispensable contar con guías académicas y jurídicas sólidas que establezcan límites claros a esta retención perpetua.
En su obra “Análisis crítico y alcances del llamado ‘derecho al olvido”, Kanahuati Fares (2025) busca trascender el enfoque administrativo y ofrecer un estudio profundo sobre cómo proteger al individuo frente al poder de las empresas tecnológicas. Nos propone una hoja de ruta para entender que el derecho mexicano debe dejar de ser mero espectador, para convertirse en protagonista que garantice nuestra dignidad en la supercarretera de la información, ojalá nuestros legisladores y tribunales así lo entiendan también.
Defender el derecho al olvido es, en última instancia, defender nuestra humanidad frente al &#8220;clic&#8221; del pasado.

El derecho a volver a empezar: Olvidar en la era digital

Caminar por una plaza, entrar a un estadio para ver a tu equipo o simplemente transitar por los pasillos del Metro, hoy no es igual que antes. Esa sensación de ser un rostro más entre la multitud está desapareciendo. Sin darnos cuenta, hemos pasado de ser ciudadanos que habitan la ciudad a ser información, datos que alimentan algoritmos. Bajo la narrativa de una seguridad necesaria, nuestras urbes se están poblando con cámaras con sistemas de reconocimiento facial, registros dictados desde el poder o sensores y sistemas de inteligencia artificial que, de forma silenciosa, reclaman el fin de nuestro derecho a pasar inadvertidos.
Como especialista y autoridad que tutela derechos humanos, mi preocupación no nace de una resistencia a la tecnología, sino de un compromiso con la esencia misma de nuestra democracia. El anonimato en el espacio público no es un escondite para el malhechor, sino una garantía de libertad para la persona común. Es lo que nos permite caminar, observar y existir sin el peso de sentirnos vigilados. Sin embargo, la balanza entre seguridad y libertad parece haberse inclinado peligrosamente hacia un control que no siempre rinde cuentas.
El despliegue masivo de estas herramientas genera un fenómeno invisible pero devastador: el &#8220;efecto inhibidor o escalofriante&#8221; o “chilling effect”. Piénselo por un momento, ¿se expresaría la gente con la misma vehemencia en una manifestación si supiera que un software está vinculando su rostro con su historial clínico o sus antecedentes financieros en ese preciso instante? ¿Se reuniría con la misma tranquilidad un grupo de activistas o grupos de oposición, si su trayectoria por la ciudad fuera mapeada minuto a minuto? Cuando sabemos que somos observados, dejamos de ser auténticos y de ser libres. La vigilancia constante domestica la libertad de expresión, erosiona el derecho de asociación y debilita la organización social.
Las promesas de las &#8220;Smart Cities&#8221; son seductoras: eficiencia, orden y respuesta inmediata, pero si estas ciudades inteligentes no establecen límites claros, corren el riesgo de convertirse en panópticos digitales, donde la autocensura se enseñorea y la privacidad se sacrifica en el altar de una eficiencia malentendida. ¿En qué momento permitimos que la vigilancia se convirtiera en el peaje obligatorio para transitar por nuestra propia ciudad?
La seguridad es un objetivo legítimo, pero no puede ser un cheque en blanco. No podemos aceptar la vigilancia biométrica como un hecho consumado. Exigir garantías no es estar en contra del orden, es estar a favor de un Estado de Derecho. Cualquier implementación de estas tecnologías debe cumplir, como mínimo, con principios irrenunciables: autoridad independiente de control, legalidad estricta, mecanismos de rendición de cuentas, una finalidad y necesidad clara y justificada, así como una proporcionalidad que demuestre que no existe otra medida menos invasiva.
Es necesario que toda infraestructura de vigilancia sea transparente, con auditorías técnicas externas y evaluaciones previas de impacto. Necesitamos controles autónomos, límites temporales para el almacenamiento de datos y vías jurídicas expeditas para que cualquier ciudadano pueda impugnar un uso abusivo. El espacio público pertenece a las personas, no a quienes aspiran a perfilar cada uno de nuestros movimientos, sea con intereses electorales, corporativos o de cualquier otro tipo. Recuperar el derecho al anonimato es, en última instancia, rescatar nuestra independencia, de ser nosotros mismos, en libertad.
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¿La muerte del anonimato en el espacio público?

Un error humano en una oficina administrativa es un contratiempo; un error similar en el sistema de un hospital es una sentencia. Durante años, hemos cometido el error estratégico de tratar la ciberseguridad como un asunto exclusivamente &#8220;técnico&#8221;, relegado a los sótanos de los departamentos de IT. Es hora de despertar: la negligencia digital ya tiene consecuencias cinéticas y potencialmente letales. El riesgo real hoy ya no es perder archivos; es perder vidas.
La profesionalización del crimen organizado ha transformado el panorama de amenazas. Grupos delictivos operan con estructuras corporativas, atacando infraestructuras críticas porque saben que el Estado y las empresas no pueden permitirse el lujo de detenerse. Cuando un “ransomware” bloquea un hospital, no solo se cifran datos; se detienen cirugías, se pierden historiales clínicos vitales para tratamientos oncológicos y se desvían ambulancias. Un retraso de minutos en el acceso a la información de un paciente puede ser la diferencia entre la supervivencia y el deceso.
Lo mismo ocurre con los servicios esenciales. Una intrusión en una planta de tratamiento de agua para alterar los niveles de químicos, o un ataque a la red eléctrica en pleno invierno, no son guiones de ciencia ficción, son ataques a la salud pública y a la estabilidad social. La frontera entre el mundo digital y el mundo físico ha desaparecido; un código malicioso es hoy un arma tan efectiva como un sabotaje industrial.
El problema es de gobernanza. Persiste una cultura de riesgo deficiente, alimentada por presupuestos insuficientes, una deuda tecnológica acumulada y una tercerización sin supervisión. Los tomadores de decisión —CEOS, directores de salud y funcionarios públicos— deben entender que la ciberseguridad es una inversión en continuidad de vida, no un gasto operativo.
Para revertir esta vulnerabilidad, la alta dirección debe adoptar medidas inmediatas:
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<li>Inversión mínima obligatoria en ciberresiliencia, auditada externamente.</li>
<li>Segmentación estricta de redes, para aislar sistemas críticos de la red administrativa.</li>
<li>Planes de respuesta a incidentes que incluyan simulacros de crisis, similares a los de protección civil.</li>
<li>Coordinación público-privada para compartir inteligencia de amenazas en tiempo real.</li>
<li>Cultura de higiene digital profunda, donde cada empleado entienda su rol como guardián de la seguridad nacional.</li>
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La ciberseguridad no debe medirse por el número de ataques bloqueados, sino por la garantía de que los servicios vitales sigan funcionando bajo fuego. Ignorar esta realidad es una irresponsabilidad institucional que no podemos permitirnos. Proteger nuestros sistemas es, en última instancia, proteger la vida humana.

Ciberseguridad crítica: Cuando un click puede matar

La promesa de la era digital era la democratización de la información; sin embargo, nos ha puesto también ante una de las amenazas más insidiosas para la libertad: el espionaje descontrolado.
Bajo la narrativa del combate al terrorismo y al crimen organizado, herramientas de ciberespionaje de &#8220;grado militar&#8221; —cuyo ejemplo en México ha sido el sistema Pegasus— han mutado en instrumentos de persecución política. El problema no es solo la sofisticación de la tecnología, sino la asimetría de poder y la absoluta falta de rendición de cuentas de quienes la operan.
Este mercado opaco ha normalizado la intrusión total en la intimidad. Cuando un software puede convertir un teléfono en un micrófono abierto las 24 horas, la noción de vida privada desaparece. El impacto es devastador para la democracia: se destruye la confidencialidad de las fuentes periodísticas, se vulnera el secreto profesional de la abogacía y se inhibe la participación ciudadana.
&#8220;La privacidad no es un atributo de la inocencia, sino el cimiento indispensable de la libertad frente al poder&#8221;. Sin ella, el periodismo de investigación muere y el derecho a una defensa justa se vuelve una quimera.
México ha sido un laboratorio para estas tecnologías, y el riesgo se vuelve crítico en contextos locales como el del Estado de México, donde la labor de periodistas, activistas y defensores de víctimas es fundamental para la transparencia y la justicia, el uso de spyware sin controles judiciales estrictos no solo intimida, sino que silencia. Es imperativo proteger a los funcionarios de buena fe y a los litigantes locales de estas herramientas que, en manos equivocadas, se convierten en armas de chantaje y control político.
Por ello, es urgente que la comunidad internacional, los diplomáticos y los organismos de derechos humanos exijan una moratoria global a la venta y transferencia de estas tecnologías. No podemos permitir que el negocio del robo de información siga operando en las sombras. Esta moratoria debe mantenerse hasta que existan controles estrictos de exportación, auditorías independientes y garantías de reparación para las víctimas.
Las empresas tecnológicas deben priorizar la seguridad del usuario por encima de cualquier concesión estatal, y los sistemas judiciales deben evolucionar para que ninguna intervención ocurra fuera de una supervisión efectiva y transparente. Es momento de que los gobiernos demuestren que su prioridad es la seguridad ciudadana y no la vigilancia del disenso. Si no establecemos límites ahora, el vigilante seguirá operando en la impunidad, y la democracia será la principal víctima de su mirada invisible.
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¿Quién vigila al vigilante? El mercado descontrolado del spyware

Luz del Carmen Godínez

Resoluciones de derechos humanos: palabra que protege

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La magia del Mundial

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Manifestaciones y marchas ante a la autoridad

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El talento que hace grande a Jalisco

La recurrente intención del Estado mexicano por regular la identidad detrás de cada línea telefónica, ha vuelto a cobrar vida en 2026. Con el argumento innegable de combatir la extorsión, el fraude y el secuestro, delitos que laceran profundamente a nuestra sociedad, se ha implementado un nuevo registro obligatorio de líneas móviles. Como especialista con años analizando la intersección entre tecnología, regulación y derechos fundamentales, no puedo evitar sentir un profundo &#8220;déjà vu&#8221; y, más aún, una seria preocupación.
El objetivo es loable: dotar a las autoridades de herramientas para la trazabilidad y la investigación criminal, eliminando el anonimato que facilita la operación de la delincuencia. Sin embargo, la historia nos ha enseñado —con el fallido RENAUT y el inconstitucional PANAUT— que el diseño y la implementación son el verdadero cuello de botella. La promesa de seguridad no puede ser un cheque en blanco que ponga en riesgo la privacidad de millones de ciudadanos.
La carga para los usuarios es clara: deben registrar su línea vinculándola a su Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada e identificación oficial antes de la fecha límite del 30 de junio de 2026, so pena de suspensión del servicio. Según datos recientes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al 13 de mayo de 2026 se reportaban 48 millones de líneas registradas. Esta cifra, aunque parece significativa, es cuestionada por operadores y analistas, quienes señalan un ritmo de avance insuficiente y una base total de líneas activas incierta, que oscila entre los 144 y más de 160 millones. Lograr el cumplimiento total parece una misión imposible, generando un rezago que podría dejar a millones incomunicados o sin poder usar otros servicios como la banca digital.
Pero la mayor responsabilidad recae en las empresas telefónicas. No basta con habilitar canales de registro gratuitos. Deben garantizar los más altos estándares de ciberseguridad, resguardo de datos y autenticación para prevenir filtraciones, robo de identidad y &#8220;SIM swapping&#8221;. Sus sistemas deben asegurar la trazabilidad y el cumplimiento normativo riguroso, bajo pena de sanciones severas y, lo que es peor, la pérdida irremediable de la confianza ciudadana. En un país con antecedentes de bases de datos estatales a la venta en el mercado negro, la centralización de esta información es un imán para ciberdelincuentes y un riesgo latente de vigilancia estatal injustificada.
La pregunta fundamental no es si debemos combatir el crimen, sino si este registro, con sus debilidades en ciberseguridad y supervisión, es la herramienta adecuada o un abismo para nuestra privacidad y protección de datos personales. Equilibrar la balanza es un desafío ético y legal de nuestro tiempo.
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El padrón telefónico en México: una promesa de seguridad frente a la privacidad