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23 junio 2026
Luz del Carmen Godínez
Luz del Carmen Godínez
Presidenta Comisión Estatal de Derechos Humanos. En su trayectoria destaca la docencia. Especialista en Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Resoluciones de derechos humanos: palabra que protege

23 junio 2026
|
05:00
Actualizada
17:17

Las comisiones de derechos humanos nacen para cuidar a las personas frente al poder del Estado. No somos tribunales, somos defensores públicos autónomos que investigan quejas, detectan patrones de abuso y buscan formas de reparar y evitar nuevas violaciones. En pocas palabras, nuestra función es proteger la dignidad humana.

Cuando emitimos una resolución, no solo firmamos un documento técnico. Estamos diciendo en voz alta, esto pasó, esto dañó a alguien y esto debe corregirse. Esa declaración tiene un valor simbólico y práctico. Para la persona afectada, es el reconocimiento oficial de un agravio, para la autoridad señalada, es una llamada pública a asumir responsabilidades.

Las resoluciones ofrecen tres efectos concretos. Primero: reconocimiento. Decir la verdad públicamente ayuda a romper la negación y a restituir algo de justicia simbólica. Segundo: corrección. Muchas resoluciones impulsan indemnizaciones, disculpas públicas, investigaciones y cambios administrativos. Tercero: prevención. Si las autoridades saben que sus acciones pueden ser revisadas, el costo de violar derechos aumenta y se crean barreras a prácticas abusivas.

No obstante, las resoluciones no son soluciones instantáneas. A veces se critican porque no transforman la realidad de inmediato. Es cierto, su cumplimiento puede ser parcial o lento. Y cuando se convierten en gestos simbólicos, pierden fuerza y alimentan la desconfianza ciudadana. Ahí está uno de los grandes retos, que las resoluciones se traduzcan en cambios reales y sostenibles.

También hay riesgos de politización, usar una resolución sólo cuando conviene o descalificarla por intereses partidistas, erosiona su valor. Las resoluciones deben ser instrumentos técnicos y éticos, no banderas políticas. Su legitimidad depende de la coherencia y del respeto al proceso.

En México, con todos sus desafíos institucionales, estas decisiones siguen siendo imprescindibles. No sustituyen a la justicia penal ni resuelven por sí solas la desigualdad o la impunidad, pero marcan un rumbo: son una guía ética y una herramienta de presión para exigir que el Estado cumpla sus obligaciones.

Por eso sostengo que una resolución incómoda vale más que un silencio cómodo. Abrir el expediente, nombrar la violación y pedir reparación es abrir una puerta para la verdad y la rendición de cuentas. Ignorar esas decisiones es normalizar el abuso, respetarlas y exigir su cumplimiento es fortalecer la dignidad humana como límite del poder.

 

*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.
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