La tortura: una deuda pendiente con la dignidad humana

Cada 26 de junio no es una fecha más en el calendario. Es un día para detenernos, mirar de frente una realidad incómoda y recordar a quienes han sufrido una de las violaciones más graves a su dignidad: la tortura. No se trata de algo lejano o del pasado. La tortura sigue ocurriendo y sus efectos permanecen en la vida de las personas mucho después de que el hecho termina.

Hablar de tortura es hablar de historias reales. De personas que, además del dolor físico, cargan con miedo, angustia y desconfianza. Es también hablar de familias que ven transformada su vida y de comunidades que pierden confianza en las instituciones que deberían protegerlas.

La ley es clara: la tortura está prohibida en todos los casos, sin excepción. No hay justificación posible. Ninguna situación, por difícil que sea, autoriza a vulnerar la integridad de una persona. La dignidad humana no se negocia ni se condiciona. Es el piso mínimo sobre el que debe construirse toda sociedad democrática.

Pero cuando decimos “tortura”, no solo nos referimos a golpes o agresiones visibles. También incluye amenazas, humillaciones, intimidaciones o cualquier acción que busque quebrantar a una persona, someterla o arrancarle información. Son formas de violencia que dejan marcas profundas, muchas veces invisibles, pero igual de devastadoras.

Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sabemos que erradicar estas prácticas no es tarea sencilla. Requiere instituciones firmes, mecanismos de vigilancia efectivos y, sobre todo, una convicción genuina de poner a las personas en el centro de todas las decisiones públicas.

Detrás de cada expediente que llega a la Comisión hay una historia. No son números ni trámites, son vidas que reclaman ser escuchadas. Un ejemplo reciente es la Recomendación 5/2026, dirigida a la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta. En este caso, se acreditaron actos de tortura, detención arbitraria y violaciones a la integridad de una persona que fue privada de su libertad sin justificación y agredida por elementos policiales.

La investigación permitió confirmar los hechos a través de testimonios, documentos y peritajes especializados. Frente a ello, se solicitó no solo sancionar lo ocurrido, sino también reparar el daño, atención médica, acompañamiento psicológico y medidas para evitar que hechos así se repitan.

Porque de eso se trata la justicia en derechos humanos, no solo de señalar lo que estuvo mal, sino de reconstruir en la medida de lo posible lo que fue dañado.

Las víctimas deben estar en el centro. Escucharlas, creerles, acompañarlas. Garantizar que tengan acceso a una reparación integral que reconozca su dolor y les permita recuperar sus proyectos de vida. Esto no es un acto de buena voluntad, es una obligación.

Pero también es indispensable prevenir. Capacitar a quienes ejercen funciones públicas, supervisar los lugares de detención, fortalecer los controles internos y promover una cultura de respeto a la legalidad. Prevenir la tortura es, en esencia, construir instituciones que actúen con humanidad.

Conmemorar este día no debe quedarse en el simbolismo. Debe ser una oportunidad para reafirmar un compromiso: que ninguna persona vuelva a ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Cada recomendación que emitimos en la Comisión es una posibilidad de corregir el rumbo, de reconocer errores y de fortalecer a las instituciones. Es también un recordatorio de que nadie está por encima de la ley.

Defender la dignidad humana no es solo una responsabilidad institucional: es un compromiso de todas y todos.