Juan Pablo Colín

Las elecciones en Colombia dejaron un mensaje político que trasciende sus fronteras: las sociedades latinoamericanas están buscando nuevas alternativas cuando consideran que los gobiernos de izquierda no están respondiendo a sus principales preocupaciones.
El triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial representa un cambio de rumbo para Colombia tras un periodo encabezado por la izquierda de Gustavo Petro. De acuerdo con los resultados reportados, De la Espriella obtuvo aproximadamente el 49.66% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó cerca del 48.7%, en una elección cerrada con una diferencia de poco más de 250 mil votos.
Más allá del resultado específico, hay una lectura política importante: la derecha vuelve a ganar terreno en América Latina. En los últimos años hemos visto movimientos similares en distintos países de la región, con electores que han decidido cambiar el rumbo político ante problemas como la inseguridad, el bajo crecimiento económico, la falta de oportunidades y el desgaste de los gobiernos en turno. Por ello, Colombia se suma a una tendencia en la que los ciudadanos están evaluando resultados y no solo discursos.
La política no se trata de etiquetas, ni de izquierda, ni de derecha; se trata de gobiernos que cumplan, que resuelvan problemas y que respondan a las necesidades de la gente, y esa es precisamente la lección que debemos observar en México.
Durante años, Morena ha intentado instalar la idea de que no existe una alternativa frente a ellos, que la oposición está destinada a perder y que sus propuestas representan el único camino posible, pero los procesos electorales recientes demuestran algo distinto y es que, cuando los ciudadanos encuentran una opción clara, con identidad, con principios y con una propuesta de gobierno, pueden decidir cambiar.
Lo ocurrido en Colombia demuestra que los partidos de derecha sí pueden competir y ganar, que defender la seguridad, la libertad, la economía, la iniciativa privada, la propiedad, la familia y las instituciones, sigue siendo una agenda que conecta con millones de personas y también demuestra que ningún gobierno tiene asegurado el respaldo ciudadano para siempre y puede cambiar de opinión, castigar malos resultados y exigir nuevas respuestas.
En México tenemos una enorme responsabilidad rumbo a las próximas elecciones; la oposición no puede limitarse a criticar a Morena; tiene que construir una alternativa creíble, cercana a la gente y capaz de resolver los problemas que hoy más preocupan, como inseguridad, salud, educación, empleo y crecimiento económico.
Porque si algo deja claro el caso colombiano es que las mayorías no pertenecen a ningún partido político; las mayorías se construyen con confianza y hoy Morena gobierna con una narrativa de transformación, pero millones de mexicanos enfrentan otra realidad llena de violencia, incertidumbre, falta de servicios y un gobierno que muchas veces responde más con discursos que con soluciones.
El reto para Acción Nacional y para quienes creemos en una visión distinta de país es enorme, recuperar la confianza ciudadana y demostrar que hay una alternativa para la elección de 2027 que será una prueba para todos los partidos, una evaluación de gobiernos, de resultados y de capacidades y ahí estará la oportunidad de demostrar que sí existe un camino diferente, porque al final, la política cambia cuando los ciudadanos deciden cambiar y esa es la verdadera lección que deja Colombia.
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Juan Pablo Colín – Contrapeso

Colombia: la derecha vuelve a competir en América Latina

Joel Ángel Bravo Martínez se convirtió en un nombre más en la estadística de la violencia que consume a México. Detrás de esa cifra hay una familia destrozada, una comunidad en duelo y una pregunta que cada vez resuena con más fuerza en todo el país: ¿cuántos más tienen que morir para que el gobierno asuma su responsabilidad?
Por más que el gobierno federal quiera ocultarlo, la realidad no se puede tapar. En plena fiesta mundialista, un alcalde más es asesinado, recordándonos la crisis de violencia que vive México. Un caso más que se suma a la estadística de inseguridad que deja Morena.
El alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado a balazos tras advertir públicamente que temía por su vida. Había solicitado protección. Había expuesto las amenazas que enfrentaba. Había acudido a las instancias correspondientes. Incluso, según se ha documentado, recibió la promesa de que tendría escoltas para garantizar su seguridad.
Esos escoltas nunca llegaron. Y hoy Joel Bravo tampoco está.
Su asesinato no puede entenderse como un hecho aislado ni como una tragedia producto de la casualidad. Es el resultado de un Estado que falla en su obligación más elemental: proteger la vida de sus ciudadanos. Por si fuera poco, quien pidió ayuda era una autoridad electa, un presidente municipal que alertó sobre el riesgo que enfrentaba.
Los números confirman que estamos frente a una crisis nacional.
Desde octubre de 2024 a la fecha han sido asesinados 11 alcaldes en funciones en México. Tan solo entre 2025 y lo que va de 2026 suman ocho presidentes municipales victimados. Cerca del 80 por ciento de los ataques contra actores políticos ocurren a nivel municipal.
No son cifras menores. Son señales inequívocas de que el crimen organizado ha logrado penetrar territorios enteros y convertir a los gobiernos locales en objetivos permanentes.
Los alcaldes son el primer contacto de los ciudadanos con el gobierno. Son quienes enfrentan diariamente presiones y quienes muchas veces quedan completamente solos frente a grupos delictivos cada vez más poderosos. Joel Bravo fue uno de ellos.
Y su caso representa una de las expresiones más dolorosas del fracaso de la estrategia de seguridad impulsada durante los gobiernos de Morena. Los abrazos sustituirían a los balazos. La realidad es exactamente la contraria: más homicidios, más desapariciones, más territorios bajo control criminal y más autoridades asesinadas.
Mientras el oficialismo insiste en construir una narrativa de normalidad, los hechos se empeñan en exhibir otra realidad. Una realidad donde los grupos criminales deciden quién muere y donde las solicitudes de protección quedan archivadas en un escritorio gubernamental.
Lo ocurrido en Oaxaca también obliga a preguntar qué responsabilidad tienen quienes fueron advertidos del riesgo que enfrentaba el alcalde. Cuando una persona pide ayuda al Estado porque teme por su vida y termina asesinada, no basta con condenar los hechos después. La sociedad merece respuestas. La familia merece respuestas. México merece respuestas.
La violencia se ha vuelto tan cotidiana que corremos el riesgo de acostumbrarnos. Ese es quizá el daño más profundo que ha provocado esta crisis: la normalización del horror. Un alcalde asesinado ya no ocupa semanas de discusión nacional. Una masacre ya no paraliza al país. Una desaparición más parece perderse entre miles de expedientes acumulados. No podemos permitirlo.
Porque detrás de cada cifra existe una historia. Detrás de cada víctima hay una familia. Detrás de cada autoridad asesinada hay una comunidad que pierde representación, estabilidad y confianza en las instituciones.
Por eso hoy no solamente exigimos justicia para Joel Bravo Martínez. Exigimos justicia para todos los mexicanos que han sido abandonados por gobiernos incapaces de garantizar seguridad. Exigimos que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de este crimen.
Y exigimos que el gobierno federal reconozca de una vez por todas que su estrategia de seguridad ha fracasado. México no puede seguir contando alcaldes asesinados mientras quienes gobiernan cuentan excusas. Joel Bravo no debió morir.
Y mientras no exista justicia, mientras la impunidad siga siendo la regla y mientras las autoridades sigan volteando hacia otro lado, lamentablemente tendremos que seguir diciendo lo mismo: Uno más.
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Uno más

Los números comienzan a reflejar una realidad que millones de mexicanas y mexicanos viven todos los días y la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum muestra señales de desgaste y descenso, no por campañas mediáticas ni por discursos de la oposición, sino porque la realidad termina imponiéndose sobre la propaganda.
La gente puede escuchar todos los días que México va bien, pero cuando sale a la calle se encuentra con otra realidad llena de inseguridad, violencia, una economía cada vez más complicada para las familias, un sistema de salud colapsado y un gobierno más preocupado por proteger el legado de Andrés Manuel López Obrador que por resolver los problemas de quienes lo llevaron al poder.
Los primeros signos de este desgaste comenzaron a hacerse evidentes en acontecimientos que marcaron profundamente la percepción ciudadana. En primer lugar, el asesinato de Carlos Manzo generó indignación y cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad y, posteriormente, los hechos violentos y los bloqueos registrados el 22 de febrero en Jalisco volvieron a exhibir la vulnerabilidad de amplias regiones del país frente al crimen organizado.
Mientras las familias mexicanas observaban vehículos incendiados, carreteras bloqueadas y comunidades enteras paralizadas por la violencia, desde Palacio Nacional llegaron las mismas respuestas de siempre al minimizar los hechos, culpar a otros y evitar asumir responsabilidades.
Pero si la inseguridad preocupa, la situación económica golpea todavía más fuerte a millones de hogares. A ello se suma el aumento en los costos de los combustibles. La gasolina continúa representando una carga importante para trabajadores, transportistas y pequeños empresarios que ven cómo sus gastos aumentan mientras el gobierno insiste en presumir una estabilidad que pocas personas perciben en su economía cotidiana. 
La crisis también alcanza al sistema de salud, donde los hospitales continúan enfrentando carencias, los pacientes siguen denunciando falta de medicamentos y las promesas de contar con servicios médicos de primer nivel quedaron, una vez más, en simples discursos. Miles de mexicanos tienen que gastar de su propio bolsillo para conseguir tratamientos que deberían estar garantizados por el Estado.
Sin embargo, frente a todos estos problemas, pareciera que las prioridades de la presidenta son otras. Mientras los ciudadanos exigen seguridad, crecimiento económico y atención médica digna, Claudia Sheinbaum dedica buena parte de su capital político a defender las decisiones del sexenio anterior y a proteger políticamente a Andrés Manuel López Obrador y a su estructura.
Aquí es donde la narrativa oficial se desmorona por completo: la ciudadanía empieza a entender que Morena ha mutado de movimiento político a un auténtico narcopartido, plagado de narcopolíticos que operan bajo el cobijo de la total impunidad. Las constantes acusaciones de vínculos con el crimen organizado ya no son meras sospechas; son señalamientos internacionales de un peso inocultable.
Casos polémicos como el de Rubén Rocha Moya parecen generar más preocupación en el gobierno federal que las dificultades que enfrentan diariamente millones de mexicanos. A esto se suma el golpe más reciente y fulminante con fuertes rumores de la revocación de la visa estadounidense al influyente senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, precisamente por presuntos lazos con el crimen organizado, cosa que denunciamos desde un inicio, y que está por verse dicha confirmación de un narcopolítico más. Este hecho termina por desnudar la verdadera naturaleza de la cúpula que hoy ostenta el poder en México.
Ante este panorama, la figura de Claudia Sheinbaum queda reducida y desdibujada. Lejos de actuar como una verdadera jefa de Estado con la &#8220;A&#8221; de autonomía, la presidenta se percibe cada vez más como una empleada de confianza cuya única misión es rendir cuentas a los narcopolíticos que heredó de su jefe, AMLO. Su rol se ha limitado a blindar a los aliados oscuros del expresidente, priorizando los pactos de impunidad del régimen por encima de la vida y el patrimonio de la población.
México necesita una presidenta concentrada en resolver los problemas del presente y construir el futuro, no una mandataria dedicada a administrar la herencia criminal y política de su antecesor. Los ciudadanos no votaron para mantener intacto un proyecto personal de complicidades; votaron esperando soluciones. Hoy, los mexicanos se están dando cuenta de la farsa y el descontento generalizado: la ciudadanía ya no quiere a Sheinbaum porque no ve en ella a una gobernante, sino a una guardiana de los intereses de la narcopolítica.
La caída en la aprobación presidencial no es producto de la casualidad, es la consecuencia natural de un gobierno que escucha más los intereses de su grupo político y del crimen organizado que las necesidades de la población. Y mientras Palacio Nacional siga más ocupado en proteger a López Obrador y a sus cuestionados aliados, que en atender la inseguridad, la economía y la salud, la distancia entre el gobierno y los mexicanos seguirá creciendo, porque la realidad del país siempre termina alcanzando y aplastando a la propaganda.
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La presidenta que gobierna para unos cuantos

El evento realizado por Morena en el Monumento a la Revolución fue presentado como un ejercicio de rendición de cuentas y de cercanía con el pueblo, pero en realidad fue un acto de propaganda política cuidadosamente diseñado para reforzar una narrativa que cada vez se aleja más de la realidad que viven millones de mexicanos.
Morena ha perfeccionado una estrategia que consiste en sustituir los hechos por el discurso,  ya que cuando aparecen cuestionamientos, investigaciones o señalamientos contra integrantes de su movimiento, la respuesta nunca es aclarar, investigar o rendir cuentas; siempre es victimizarse, hablar de conspiraciones, de intereses extranjeros o de supuestos ataques contra la soberanía nacional.
Lo vimos nuevamente en el discurso de la presidenta: se presentó un país que existe en los mensajes oficiales, en las conferencias y en los eventos multitudinarios, pero que difícilmente coincide con la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos, porque mientras desde el templete se habla de transformación, las familias enfrentan una realidad marcada por la inseguridad, la violencia, las extorsiones, las desapariciones y una creciente incertidumbre económica.
Ningún mitin, por grande que sea, puede ocultar esa realidad; ninguna plaza llena puede borrar el miedo con el que viven miles de mexicanos en regiones controladas por el crimen organizado, y ningún discurso puede borrar el dolor de las familias que buscan a sus desaparecidos o de los pequeños empresarios que tienen que pagar extorsiones para poder trabajar.
El problema es que Morena pretende convertir cualquier crítica o investigación internacional en un ataque contra México, pero hay que decirlo con toda claridad: los señalamientos no son contra nuestro país. Los señalamientos recaen sobre personajes específicos, sobre gobiernos específicos y sobre dirigentes específicos de Morena.
Confundir deliberadamente a Morena con México es una estrategia política peligrosa, porque una cosa es defender la soberanía nacional y otra muy distinta utilizarla como escudo para evitar responder preguntas incómodas.
Desde Acción Nacional rechazamos categóricamente la utilización de recursos públicos, plataformas gubernamentales y estructuras políticas para mantener campañas permanentes desde el poder. La función de un gobierno es gobernar, resolver problemas y rendir cuentas, no organizar actos políticos para fortalecer una narrativa mientras los problemas siguen creciendo.
Por eso seguiremos señalando cualquier intento de utilizar el nacionalismo como cortina de humo para evitar responder a los señalamientos que pesan sobre dirigentes y gobiernos de Morena. La discusión pública no debe centrarse en quién denuncia, ni en el país de origen de una investigación, ni en la narrativa de la persecución; la discusión debe centrarse en algo mucho más simple: ¿son ciertos o no los hechos denunciados?
México necesita respuestas, instituciones fuertes, un gobierno que enfrente a la delincuencia, que garantice libertades, que fortalezca el Estado de Derecho y que asuma responsabilidades cuando las cosas salen mal y no necesita discursos ni propaganda. 
Claudia Sheinbaum puede llenar plazas, transmitir mensajes en todo el país y repetir una y otra vez que México vive su mejor momento; lo que no puede hacer es borrar la realidad que enfrentan millones de ciudadanos todos los días, porque el problema de Morena no son las críticas, son los hechos.
Y mientras sigan apareciendo acusaciones, investigaciones y señalamientos contra personajes de su movimiento, la pregunta seguirá siendo la misma: ¿van a investigar y sancionar a los responsables o van a seguir utilizando la soberanía nacional para protegerlos?
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La realidad no se cubre con propaganda

Lo que hoy estamos viendo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no es justicia: es persecución política disfrazada de legalidad. Y los mexicanos ya conocemos perfectamente el manual de Morena y de sus gobiernos: utilizar las instituciones para atacar a la oposición mientras protegen a los suyos, aunque estén señalados por vínculos mucho más graves.
El citatorio que la Fiscalía General de la República le hizo a Maru Campos deja muchas dudas sobre la verdadera imparcialidad con la que actúa la institución, porque, casualmente, cuando Morena enfrenta crisis políticas o escándalos relacionados con la seguridad y el crimen organizado, aparecen investigaciones, filtraciones y ataques mediáticos contra gobernadores de oposición.
La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta rapidez y presión cuando se trata de una gobernadora del PAN, pero tanta prudencia y silencio cuando hablamos de personajes cercanos a Morena? Ahí está el caso de Rubén Rocha Moya, señalado públicamente por presuntos nexos con un grupo criminal; el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, envuelta en cuestionamientos internacionales; o el de Adán Augusto López Hernández, relacionado mediáticamente con estructuras criminales como “La Barredora”.
La lista sigue creciendo: Américo Villarreal, acusado de financiamiento ilícito; Alfredo Ramírez Bedolla, vinculado públicamente con grupos criminales; Enrique Inzunza Cázarez, señalado por presuntos nexos, al igual que Diego Rivera Navarro. Morena exige silencio cuando los señalados son los suyos, pero actúa con todo el aparato del Estado cuando se trata de perseguir a la oposición.
México atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes y Morena ya no puede deslindarse de ella. En 2023, nuestro país se mantuvo como el más peligroso del mundo para civiles y, de acuerdo con mediciones internacionales de exposición a conflictos, más de 43 millones de personas estuvieron expuestas a violencia política. Esa realidad no apareció sola: es consecuencia de una estrategia fallida que decidió abrazar a los criminales en lugar de enfrentarlos.
Hoy en México hemos llegado a un punto peligroso donde ya normalizamos la violencia. Nos acostumbramos a los asesinatos, a las desapariciones, a las masacres y al control territorial del crimen organizado. Pero peor aún: los gobiernos de Morena también normalizaron no combatirla. Prefieren administrar la violencia antes que enfrentarla; prefieren construir narrativas antes que asumir responsabilidades; y prefieren perseguir opositores antes que ir contra los criminales.
Mientras tanto, millones de mexicanos viven con miedo todos los días. Y lo más grave es que desde el poder federal se ha construido un clima de permisividad que debilitó a las instituciones, fracturó la confianza ciudadana y permitió que el crimen organizado se expandiera territorial y políticamente en distintas regiones del país.
México no puede seguir pagando el costo de un gobierno que fue permisivo con el crimen. Mientras Morena minimiza la violencia, en Jalisco exigimos que se rompa el pacto de impunidad que tiene al país de rodillas.
A Morena le incomoda que se les diga la verdad: no se puede abrazar a los criminales y después fingir sorpresa por la violencia. En Jalisco creemos en enfrentar al crimen, no en justificarlo. Porque con el crimen no se dialoga. Se le enfrenta. Así de claro.
México necesita justicia verdadera, no fiscalías utilizadas como herramientas electorales. Necesita instituciones autónomas, no operadores políticos disfrazados de ministerios públicos. Porque cuando el gobierno usa la justicia para perseguir adversarios y no para combatir criminales, el problema deja de ser político y se convierte en una amenaza para todo el país.

Morena contra los gobiernos que combaten al crimen

México está pagando el costo de una política que decidió abandonar lo esencial. Durante años, desde el poder se nos quiso convencer de que hablar de familia era un tema menor. Mientras eso ocurría, la realidad avanzaba con brutalidad: la violencia se expandió, el crimen organizado se fortaleció, las desapariciones crecieron. Basta recordar lo ocurrido en Jalisco el 22 de febrero.
Cuando un país tiene madres buscadoras recorriendo el territorio porque el Estado no da respuestas; cuando jóvenes son reclutados por el crimen; cuando la política deja de garantizar paz y empieza a ser señalada por su cercanía con el crimen organizado, el problema ya no es solamente de seguridad. El problema es el rumbo. Y ese rumbo lo han extraviado quienes hoy gobiernan.
Morena llegó prometiendo transformación, pero ha entregado división, violencia y una preocupante normalización del deterioro institucional. Frente a cada crisis, el oficialismo parece tener una constante: negar, minimizar o culpar a otros.
Mientras el país enfrenta una de las peores crisis de seguridad de su historia, Morena sigue atrapado en la propaganda. Y Movimiento Ciudadano tampoco puede fingir que la realidad no los alcanzó.
Porque mientras construyen narrativas de modernidad y marketing político, la violencia sigue golpeando al Estado, y la exigencia de resultados sigue encontrando más discursos que respuestas. La política no puede seguir siendo una estrategia de imagen mientras las familias atraviesan una crisis de fondo.
Por eso hay que hablar con claridad: México necesita volver a poner primero a la familia o seguirá poniendo primero el caos. Porque defender a la familia no es un eslogan. Es hablar de seguridad para que una madre no tenga que vivir con miedo. Es hablar de educación con libertad y responsabilidad. Es hablar de salud, de oportunidades, de empleo y de un entorno donde la niñez esté protegida y no expuesta a la violencia, a la criminalidad o al abandono.
Defender a la familia significa reconstruir el tejido social que gobiernos irresponsables han permitido que se fracture. Pero también significa enfrentar una verdad incómoda: no puede haber democracia sana cuando el crimen organizado toca la puerta de la política.
México no puede normalizar que existan dudas, señalamientos o sospechas sobre vínculos entre poder y crimen. No puede resignarse a que el narcotráfico infiltre instituciones mientras desde el gobierno se evade la discusión. No se trata de discursos. Se trata de blindar la vida pública.
Por eso, en Acción Nacional Jalisco planteamos la necesidad de cerrar el paso a los narcopolíticos, de establecer filtros reales, controles y exigencias para quienes aspiran a representar a los ciudadanos. Porque la política debe volver a ser un espacio de servicio, no un refugio de intereses. Aquí no puede haber medias tintas. Y tampoco puede haber ambigüedades en la batalla de las ideas.
Muchos partidos renunciaron a defender principios con claridad. Optaron por la comodidad del cálculo político. Se volvieron administradores del momento, no constructores de futuro.
En Acción Nacional hemos decidido asumir nuestra identidad sin complejos: sí, somos el partido de la derecha democrática en México y la segunda fuerza política del país, porque creemos en la vida, en la libertad, en la responsabilidad y en la autoridad legítima del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Jalisco y México necesitan una oposición firme, clara y valiente. No una oposición acomodada. No una oposición que termine pactando con aquello que decía combatir. México necesita volver a poner primero lo verdaderamente importante. Primero la familia.

Primero la familia: volver a poner a Jalisco y a México en el camino correcto

En Morena ya encontraron la fórmula perfecta para ocultar las crisis: cuando el país habla de violencia, desaparecidos o corrupción política, lanzan una polémica artificial, una cortina de humo para cambiar la conversación. Esta vez utilizaron la educación y el Mundial de Futbol como distractor nacional.
Mientras las madres buscadoras marchaban este 10 de mayo exigiendo al Estado frenar esta crisis, y mientras crecían los señalamientos contra Rubén Rocha Moya por vínculos con el narcotráfico, el gobierno federal decidió abrir un debate improvisado para modificar el calendario escolar por el Mundial. Demasiada coincidencia para ser casualidad.
La reacción social los obligó a recular, pero el daño ya estaba hecho. Porque el problema no era solamente mover fechas escolares; el problema era confirmar, una vez más, que Morena gobierna con ocurrencias, sin planeación y utilizando temas sensibles para administrar la narrativa pública.
Y si algo demuestra este episodio es que para la izquierda de México la educación nunca ha sido solamente educación, sino una herramienta de control político. Como lo ha sido en gobiernos socialistas del mundo. Un mecanismo para moldear narrativas, reducir el pensamiento crítico y construir dependencia hacia el gobierno en el poder.
No es casualidad que durante este sexenio desaparecieran las Escuelas de Tiempo Completo, eliminaran evaluaciones educativas, improvisaran la llamada “Nueva Escuela Mexicana” y distribuyeran libros de texto señalados por errores, sesgos y reducción de contenidos fundamentales. El resultado está a la vista: México vive uno de los peores retrocesos educativos de las últimas décadas.
La prueba PISA confirmó que dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas. Además, en los últimos años el país ha perdido alrededor de 1.5 millones de estudiantes y la cobertura educativa en la media superior cayó drásticamente.
Pero mientras la educación se debilita, Morena presume de programas sociales y propaganda política. Porque un ciudadano menos preparado es también un ciudadano más vulnerable a la manipulación del poder. Ese ha sido históricamente el manual de los gobiernos socialistas: debilitar instituciones, reducir exigencia académica y sustituir formación por adoctrinamiento político.
Lo preocupante es que ya ni siquiera esconden la estrategia. Primero generan una polémica, miden la reacción social y después retroceden diciendo que “solo era una propuesta”. Así administran el país: improvisando, tensando y calculando costos políticos.
México necesita gobiernos que fortalezcan la educación para formar ciudadanos libres y críticos, no administraciones que utilicen las escuelas como herramienta ideológica o como cortina de humo para esconder sus crisis políticas y de seguridad.

Mundial, cortinas de humo y el manual de Morena

Sinaloa no cambió de gobierno… solo cambió de nombre. Morena quiere vender una simulación como si fuera solución. Se va Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico… y dejan a su número dos, Yeraldine Bonilla Valverde. Eso no es cambio. Es continuidad.
Lo que está pasando en Sinaloa es gravísimo: acusaciones internacionales, violencia desbordada y un gobierno que, en los hechos, sigue intacto. Y frente a eso, la respuesta de Morena no ha sido dar explicaciones, sino construir una narrativa de persecución.
La propia presidenta ha dicho que hay una campaña articulada entre Estados Unidos y la derecha en México. Pero la pregunta es inevitable: ¿los muertos, la violencia y la inseguridad también son parte de esa campaña?
Porque lo que viven millones de mexicanos no es propaganda. Es realidad. Morena lleva casi una década en el poder y los casos empiezan a repetirse.
Pasó en Sinaloa. Ha pasado en Jalisco, en municipios como Tequila. ¿De verdad quieren que creamos que ahora será diferente? Hoy hay ejemplos claros que no pueden ignorarse: candidatos señalados, estructuras como “La Barredora” y perfiles dentro de Morena bajo sospecha constante.
El caso de Carlos Lomelí en Jalisco es parte de esa conversación que Morena no quiere dar. Parece que, más que un filtro, en Morena el requisito es no incomodar… aunque haya dudas sobre la integridad de sus candidatos. Y lo más grave: Morena Jalisco guarda silencio.
Ni una postura clara. Ni una explicación. Ni una sola acción para deslindarse. Por eso lo decimos con claridad: el problema no empieza cuando el crimen ya está en el gobierno. Empieza cuando se le permite competir. Sinaloa es la advertencia.
Lo que pasa cuando no hay controles es que el crimen organizado encuentra la puerta abierta hasta el poder. Por eso desde Jalisco proponemos algo concreto: un blindaje electoral real. Que todos los candidatos, de todos los partidos, presenten carta de no antecedentes penales, se sometan a exámenes antidoping y a pruebas de control de confianza como el polígrafo.
El PAN ya lo hace. Ahora queremos que sea ley. Vamos a presentar una iniciativa para crear un registro estatal de candidatos y establecer filtros obligatorios que impidan que perfiles vinculados al crimen lleguen a las boletas.
Porque la pregunta es muy simple: ¿cuántos perfiles con posibles vínculos criminales veremos en la próxima elección si no hacemos nada? Y aquí hay otro punto que Morena tendrá que responder: ¿están dispuestos a que la Fiscalía investigue a alcaldes y candidatos? ¿O también eso lo van a llamar “campaña”?
México está en un punto crítico. O cerramos la puerta al crimen desde las candidaturas, o terminamos normalizando que el poder público sea ocupado por quienes deberían estar siendo investigados. No es cambio. Es continuidad. Y Sinaloa no es una excepción. Es una advertencia.
La pregunta es si Morena va a seguir negando la realidad… o si, por fin, va a asumir su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es un Estado, es el futuro del país. Y eso, no lo vamos a permitir.

No es cambio, es continuidad: Morena y la puerta abierta al crimen

Hiram Espinoza de los Monteros

Certidumbre en negociación

Miguel De La Rosa Figueroa

El triunfo del Pueblo

Jonás

México sin el T-MEC

Mirza Flores

Guadalajara, el corazón del Mundial

José Manuel Romo Parra

Las y los tapatíos de los que el mundo habla

Durante meses escuchamos hablar de una sola agenda: el Mundial, ya que desde el inicio de la administración estatal, gran parte del discurso del Gobierno de Jalisco se enfocó en la preparación del Estado para recibir este evento internacional; infraestructura, imagen urbana, movilidad, promoción y organización fueron temas recurrentes.
Recibir partidos de una Copa del Mundo representa una oportunidad importante para Jalisco. Es un escaparate internacional, una posibilidad de atraer turismo, inversión y proyectar la capacidad del Estado. Nadie puede negar la importancia de un evento de esta magnitud, pero también hay que recordar algo fundamental: mientras se preparaba el Mundial, los problemas de los jaliscienses no desaparecieron.
La inseguridad siguió siendo una de las principales preocupaciones de las familias; las personas desaparecidas continuaron esperando respuestas; la crisis del agua no se resolvió, hay colonias con desabasto, agua sucia y problemas en el suministro que siguieron afectando a miles de ciudadanos. Las inundaciones llegaron nuevamente, el tráfico se volvió parte de la rutina diaria y los robos y asaltos continuaron impactando a quienes trabajan y salen todos los días a buscar mejores condiciones de vida.
El Mundial pudo ocupar espacios en la agenda pública, pero no puede convertirse en una cortina de humo para dejar de atender lo urgente, y peor aún, una vez más, ocupar el enfoque de quienes gobiernan para solo dedicarse a ser voceros en redes sociales. Porque gobernar no significa administrar lo que genera aplausos, gobernar significa enfrentar los problemas difíciles, esos que no siempre aparecen en los eventos oficiales, pero que forman parte de la vida diaria de la gente.
Durante este periodo vimos un gobierno concentrado en la organización del gran evento deportivo, recibiendo incluso a un pato, pero ahora que terminó el Mundial y que la atención internacional se va, viene la verdadera prueba para quienes tienen la responsabilidad de gobernar Jalisco; ahora sí tendrán que demostrar de qué están hechos.
Después del Mundial no habrá inauguraciones, ni reflectores internacionales, ni la oportunidad de justificar pendientes bajo la narrativa del gran evento; ahora toca regresar a la realidad y resolver la inseguridad, atender a las familias de personas desaparecidas, garantizar agua de calidad, mejorar el transporte, ordenar la movilidad y recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.
Los gobiernos no pueden darse el lujo de tener agendas de temporada; Jalisco necesita autoridades trabajando todos los días, no solamente cuando hay una oportunidad política o mediática. El reto es enorme; la ciudadanía no votó para tener un gobierno que organice un Mundial; votó para tener un gobierno que resolviera problemas.
Ahora empieza una etapa donde se tendrá que evaluar no la capacidad de organizar un evento, sino la capacidad de gobernar, porque una cosa es recibir al mundo durante cuatro partidos y otra muy distinta es responderle a millones de jaliscienses que todos los días enfrentan problemas que siguen esperando solución.
El Mundial ya terminó y ahora empieza el partido más importante, el de cumplirle a Jalisco.

Pasando el Mundial, viene la realidad de Jalisco