ONU respalda Mbappé y rechaza ataques racistas en su contra
La Fiscalía de París abrió una investigación por las declaraciones realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el delantero francés Kylian Mbappé
La Fiscalía de París abrió una investigación por las declaraciones realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el delantero francés Kylian Mbappé, luego de que la Federación Francesa de Futbol presentara una denuncia por presunta injuria pública e incitación al odio.
La investigación comenzó tras los mensajes publicados por Amarilla en la red social X, donde utilizó expresiones de carácter racista e insultos dirigidos al capitán de la selección francesa. Las publicaciones aparecieron después del encuentro disputado el sábado, en el que Francia venció a Paraguay con un gol de penal de Mbappé y avanzó a los cuartos de final.
Tras el partido, Mbappé mostró su molestia por el desarrollo del encuentro y decidió no saludar al portero paraguayo Orlando Gill al finalizar el compromiso. Posteriormente, respondió a las declaraciones de la legisladora al calificarlas como despreciables e impropias de una representante pública, además de afirmar que no permitirá la difusión de mensajes de odio y racismo.
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Las expresiones de la senadora recibieron el rechazo de los gobiernos de Francia y Paraguay, así como de la FIFA y de la Organización de las Naciones Unidas, que manifestaron su respaldo al futbolista y condenaron cualquier acto de discriminación por motivos de origen o raza.
Después de la polémica, Celeste Amarilla publicó una carta abierta en X en la que pidió a Mbappé ofrecer disculpas por la respuesta que dio a sus publicaciones. Sin embargo, la Fiscalía francesa mantuvo abierta la investigación para determinar si las expresiones constituyen delitos contemplados en la legislación del país.
De acuerdo con el Ministerio Público francés, la indagatoria considera como agravante que las declaraciones estuvieran relacionadas con el origen, la etnia, la nacionalidad o la raza de la víctima. En caso de acreditarse los delitos, la legislación francesa contempla sanciones de hasta un año de prisión y multas de 45 mil euros.
