Mientras desde Palacio Nacional se insiste en repetir que México cuenta con un sistema de salud mejor que el de países desarrollados y se presume el funcionamiento de las llamadas Farmacias del Bienestar, millones de mexicanos enfrentan una realidad completamente distinta. La propaganda oficial choca de frente con los hospitales saturados, los anaqueles vacíos, las recetas sin surtir y la desesperación de quienes tienen que luchar todos los días no sólo contra una enfermedad, sino también contra un sistema que simplemente dejó de responder.
Hoy la salud pública atraviesa una de las peores crisis de su historia. No se trata de una percepción ni de una estrategia política de la oposición. Es una realidad que viven pacientes, médicos, enfermeras y familias en los 32 estados del país. Basta recorrer cualquier hospital del IMSS, del ISSSTE o del modelo IMSS-Bienestar para encontrar escenas que deberían avergonzar a cualquier gobierno: personas esperando durante horas atención médica, familiares comprando medicamentos e insumos que el Estado está obligado a proporcionar, pacientes recuperándose en sillas por la falta de camas y médicos trabajando bajo condiciones indignas, sin el material indispensable para salvar vidas.
Pero existe un problema todavía más grave que el propio desabasto: el intento por ocultar la realidad. Médicos, enfermeras y trabajadores del Sector Salud han denunciado la falta de medicamentos, material de curación e insumos básicos. En lugar de atender esas denuncias y corregir las fallas, diversos casos evidencian que quienes levantan la voz enfrentan hostigamiento, amenazas o incluso la pérdida de su empleo.
El deterioro del sistema de salud, marcado por decisiones improvisadas, el desabasto de medicamentos y el desperdicio de insumos esenciales, refleja una crisis indignante. Mientras miles de pacientes esperaban tratamiento, en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” caducaron más de 18.4 millones de medicamentos e insumos médicos, con un valor superior a 121 millones de pesos, evidenciando un sistema incapaz de garantizar una atención digna y oportuna.
Resulta inaceptable que mientras las autoridades insisten en construir una narrativa de éxito, las familias mexicanas tengan que endeudarse para comprar medicamentos que deberían recibir gratuitamente o, peor aún, resignarse porque simplemente no pueden pagarlos. La salud dejó de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio reservado para quienes tienen recursos económicos.
Urge transparentar las compras públicas, garantizar el suministro de medicamentos, sancionar a quienes incumplen contratos, proteger al personal médico que denuncia las deficiencias y, sobre todo, reconocer que el problema existe. Porque ninguna crisis puede resolverse mientras el gobierno siga negándola.
Los mexicanos merecemos hospitales equipados, médicos respaldados y pacientes atendidos con dignidad. Merecemos un sistema de salud que funcione, no campañas de comunicación que pretendan maquillar el fracaso. Porque detrás de cada paciente sin atender, de cada receta sin surtir y de cada tratamiento interrumpido, hay una familia esperando respuestas que simplemente no llegan.