Reclutamiento criminal: la nueva estrategia que pone en riesgo a nuestros jóvenes

Los mecanismos de reclutamiento utilizados por el crimen organizado continúan evolucionando. Durante los últimos meses se ha observado cómo las organizaciones delictivas han dejado de depender exclusivamente de las redes sociales, los videojuegos o las falsas ofertas de empleo para captar nuevos integrantes. Hoy comienza a identificarse una modalidad que representa un riesgo aún mayor: el acercamiento directo a adolescentes en espacios públicos mediante otros jóvenes, aprovechando la confianza propia de la edad y la aparente seguridad de lugares como plazas comerciales, cines y zonas de convivencia.

Los recientes hechos difundidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara reflejan precisamente esa evolución. El acercamiento de una adolescente hacia otros menores bajo un pretexto aparentemente inofensivo como pedir ayuda o solicitar que la acompañaran a un domicilio, evidencia un patrón que debe analizarse desde la óptica de la seguridad pública y la prevención del delito. Independientemente del desenlace particular del caso, el modus operandi resulta consistente con la manera en que las organizaciones criminales modifican constantemente sus mecanismos de captación para disminuir la percepción de riesgo de sus posibles víctimas.

El crimen organizado entendió que la violencia ya no siempre es el primer paso para desaparecer a una persona. Hoy, la manipulación, la empatía y el engaño pueden resultar mucho más eficaces. Utilizar adolescentes para acercarse a otros adolescentes reduce la desconfianza, facilita el contacto y permite que las víctimas bajen la guardia. Un joven difícilmente percibirá como una amenaza a alguien de su misma edad que aparenta necesitar ayuda o simplemente desea entablar una conversación. Esa confianza inicial puede convertirse en el comienzo de una desaparición o de un proceso de reclutamiento forzado.

No se trata de una estrategia improvisada. Las organizaciones criminales estudian el comportamiento social, identifican vulnerabilidades y adaptan permanentemente sus métodos de operación. Cuando la sociedad aprendió a identificar las falsas ofertas de empleo, migraron a otros mecanismos. Cuando aumentó la vigilancia sobre las redes sociales, diversificaron sus formas de contacto. Hoy todo indica que buscan recuperar el contacto directo con sus víctimas en lugares donde las familias consideran que sus hijos se encuentran seguros.

El objetivo tampoco consiste únicamente en privar de la libertad a una persona. La finalidad es fortalecer las estructuras criminales mediante el reclutamiento de jóvenes que posteriormente son utilizados como halcones, distribuidores de droga, vigilantes, cobradores de extorsión, transportistas de armas o participantes en otros hechos delictivos. Muchos son sometidos mediante amenazas; otros son engañados con falsas promesas de dinero, pertenencia o protección. Cuando intentan abandonar estas organizaciones, las consecuencias suelen ser fatales.

Este fenómeno guarda una relación directa con la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco. Nuestro Estado continúa encabezando el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, con más de 16 mil personas cuyo paradero sigue sin conocerse. Detrás de cada expediente existe una familia que continúa buscando respuestas, pero también un desafío para las instituciones encargadas de prevenir que esas desapariciones ocurran. Diversos análisis han señalado que una parte importante de las víctimas corresponde a adolescentes y adultos jóvenes, justamente el grupo poblacional que hoy representa el mayor interés para las organizaciones criminales.

Sería un error analizar las desapariciones únicamente como hechos aislados. En numerosos casos, la desaparición constituye el mecanismo mediante el cual las organizaciones abastecen sus filas. La privación ilegal de la libertad deja de ser un fin para convertirse en un medio de reclutamiento. Esa realidad modifica completamente la forma en que debe entenderse este delito y obliga a replantear las estrategias de prevención que actualmente implementan las autoridades.

Desde la perspectiva jurídica, el Estado mexicano tiene obligaciones muy claras. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio del interés superior de la niñez y obliga a todas las autoridades a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establecen obligaciones concretas de prevención, protección e investigación frente a cualquier conducta que coloque en riesgo a este sector de la población.

El problema es que la delincuencia organizada parece evolucionar con mayor rapidez que la respuesta institucional. Mientras los grupos criminales perfeccionan sus mecanismos de captación, las instituciones continúan reaccionando cuando la desaparición ya ocurrió, cuando existe una denuncia o cuando una ficha de búsqueda comienza a circular en redes sociales. La prevención sigue siendo la asignatura pendiente de la política de seguridad.

Esta realidad también obliga a cuestionar las prioridades de la agenda pública. Es positivo preparar al Estado para recibir inversiones, fortalecer la infraestructura o proyectar a Jalisco como sede de eventos internacionales; sin embargo, ninguna estrategia de desarrollo será suficiente si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus propios jóvenes. La política pública no puede medirse únicamente por indicadores económicos o por la disminución de determinados delitos. Debe evaluarse, sobre todo, por su capacidad para proteger la vida, la libertad y la integridad de quienes representan el futuro de nuestra sociedad.

La prevención comienza en casa, pero no termina ahí. Padres de familia, instituciones educativas, autoridades y sociedad deben comprender que las reglas cambiaron. Hoy resulta indispensable enseñar a los adolescentes a no aceptar invitaciones de personas desconocidas, aunque aparenten tener su misma edad; evitar abordar vehículos sin informar previamente a un familiar; compartir su ubicación cuando salgan con amigos; permanecer en grupos y reportar inmediatamente cualquier situación que les genere desconfianza. La seguridad ya no depende únicamente de identificar un perfil falso en internet. También exige reconocer que el riesgo puede encontrarse en los espacios cotidianos donde nuestros jóvenes conviven todos los días.

La delincuencia organizada no improvisa. Planea, estudia, adapta y evoluciona. Por ello, la respuesta del Estado tampoco puede seguir siendo improvisada ni reactiva. Se requiere inteligencia preventiva, presencia institucional en espacios de convivencia juvenil, campañas permanentes de concientización, investigación estratégica y una coordinación efectiva entre autoridades, escuelas y familias. Esperar a que un adolescente desaparezca para actuar, significa llegar demasiado tarde.

Porque el problema no comienza cuando se activa una Alerta Amber o cuando una fotografía se viraliza en una ficha de búsqueda. El problema comienza mucho antes: cuando una organización criminal puede acercarse con absoluta tranquilidad a nuestros jóvenes en una plaza comercial, ganarse su confianza y convertir un encuentro aparentemente cotidiano en el inicio de una tragedia. Mientras esa capacidad de operación siga vigente, la discusión sobre seguridad pública no puede darse por resuelta. La verdadera fortaleza de un Estado no se demuestra cuando reacciona ante el delito; se demuestra cuando tiene la capacidad de impedir que ese delito ocurra.