El costo real de las decisiones centralistas

Gobernar una metrópoli no se hace con discursos de templete ni con promesas de campaña; se hace con recursos, planeación y visión de futuro. Por ello, cuando el centralismo azota desde el escritorio federal, quienes terminan pagando el costo real son los ciudadanos en su vida cotidiana. La extinción del Fondo Metropolitano, concretada bajo la lógica destructiva del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador y mantenida bajo una preocupante inercia de indiferencia por la actual administración federal, representa un golpe directo a la línea de flotación de Jalisco. No estamos ante un diferendo ideológico, sino ante la eliminación de una política pública que, en datos de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, tan solo en el periodo de 2013 a 2019, garantizó una inversión histórica y medible de más de 5 mil 083 millones de pesos para Jalisco. Ese es el tamaño del recurso que se le arrebató a nuestra gente; un presupuesto descentralizado que en el pasado se tradujo en mejores vialidades, transporte público digno y colectores hidráulicos.

Los registros oficiales de ese último periodo de vigencia del fondo, demuestran el tamaño del abandono actual: el Área Metropolitana de Guadalajara llegó a recibir 4 mil 860 millones de pesos bajo este esquema, mientras que regiones clave como Ocotlán y Puerto Vallarta contaron con bolsas de 131 y 101 millones de pesos, respectivamente. Lo grave de desaparecer este fideicomiso no es solo la pérdida del dinero, sino la destrucción de un modelo de gobernanza. El fondo obligaba a la Federación, al Estado y a los municipios, a cooperar en un esquema tripartito para consolidar obras conurbadas de alto impacto. Al borrarlo del mapa presupuestal, el gobierno federal centralizó el recurso y dejó a las ciudades a su suerte, sin diseñar jamás un mecanismo sustituto que atendiera los retos de la infraestructura local.

Ante esta asfixia presupuestal, la respuesta de quienes deberían defender a nuestro Estado ha sido el silencio y la complicidad. Es inadmisible la postura de las y los legisladores federales de Morena por Jalisco. Mientras alcaldesas como Verónica Delgadillo levantan la voz con propuestas concretas para reactivar los fondos metropolitanos y crear un Fondo de Capitalidad justo, los representantes de Morena —incluso aquellos que presiden comisiones clave de presupuesto en San Lázaro— prefieren actuar como oficiales de partes del centro. Su prioridad no es gestionar recursos para el Estado que los votó; su prioridad es no incomodar a su partido. Es la vieja e insana costumbre de subordinar el bienestar de los jaliscienses a los intereses de una facción.

En Jalisco hemos demostrado que sabemos salir adelante con recursos propios y finanzas sanas, pero las demandas de movilidad, agua y sustentabilidad urbana de nuestras metrópolis no pueden esperar el permiso de la Federación. El desarrollo de una región se mide por la solidez de sus obras y el carácter de sus gobernantes, no por la sumisión de sus representantes. Defender a Jalisco exige congruencia y presupuestos justos; el silencio cómplice del centralismo también es una forma de abandono.