Con el paso de los días, en la discusión por la crisis del agua que se padece en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que se aclara es el choque político entre legisladores, partidos y funcionarios de gobierno.
Mientras los habitantes de la ciudad suman semana tras semana recibiendo agua contaminada en sus grifos, las posturas políticas se radicalizan: se ataca y cuestiona el proyecto de obras para recuperar la infraestructura; se acusa que la pretensión real es privatizar el servicio del agua; se rechaza cualquier solución que contemple deuda pública; se reparten acusaciones y claro, se aprovecha el tema para alimentar proyectos políticos con miras a la elección del año entrante; todos estos factores juegan.
Pero el tema ya rebasa el ámbito político: la sociedad civil acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde exigen que se tome postura y se exija a la autoridad salvaguardar el derecho humano al agua.
Lo que se puede sacar en claro en medio del vocerío que se ha desatado, primero, es que hay una crisis real y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es un organismo quebrado, que no tiene posibilidad real de resolver los numerosos problemas que enfrenta, aunque quizá el más urgente sea corregir el agua turbia y maloliente.
Además, que las únicas obras propuestas para garantizar agua limpia, se están revisando entre el gobierno estatal y el gobierno federal, con revisión en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Hacienda, aunque naturalmente deberán pasar por la aprobación de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum.
Teniendo claro esto, nos damos cuenta que la crisis no será resuelta por diputados o funcionarios detrás de un escritorio, sino por técnicos y especialistas.
Pero a pesar de ello, en la ecuación estarán siempre los miembros de la clase política y gobernante; de hecho, fueron ellos quienes orillaron en las últimas tres décadas, con decisiones inmediatistas y perjudiciales, a que el SIAPA se encuentre en la ruta de la desaparición.
Por ello, sorprende que en lugar de buscar una ruta de negociación y acuerdo, opten automáticamente por la confrontación y la descalificación.
La ciudad necesita resolver la crisis, reconstruir la infraestructura y garantizar el abasto de agua para que la urbe sea viable ahora y para las generaciones futuras.
Este 9 de julio, en el Congreso del Estado, se podrá comprobar si persisten en sus posturas o dan prioridad al bien común que presumen defender.