Recaudación naranja: cuando el ciudadano cumple… y el gobierno se esconde

Hay una diferencia fundamental entre recaudar más y gobernar mejor.

Durante los últimos años, los jaliscienses han hecho lo que corresponde: pagar sus recibos, soportar incrementos en las tarifas y confiar en que ese esfuerzo económico se traduciría en un mejor servicio de agua potable. La ciudadanía cumplió. La pregunta es otra: ¿Cumplió el gobierno?.

El incremento autorizado a las tarifas del SIAPA nunca debió entenderse como un cheque en blanco. El Congreso del Estado aprobó esa actualización bajo una condición: que el organismo emprendiera una transformación profunda y demostrable.

No se trataba de recaudar más. Se exigieron auditorías externas. Se ordenó un diagnóstico técnico-financiero. Se estableció la obligación de presentar un plan integral de reestructuración. Se solicitaron informes periódicos al Congreso. Y, sobre todo, se esperaba que las familias vieran una mejora real en la calidad del servicio y del agua que recibían en sus hogares.

Ese fue el compromiso. Hoy, la realidad nos dice otra cosa. Los ciudadanos ya pusieron más dinero. El gobierno todavía no presenta resultados. Y esa es la verdadera discusión. Porque el problema del agua en Jalisco dejó de ser un asunto exclusivamente técnico. Hoy es un problema de confianza pública.

Hablamos del sistema que abastece a más de 4.2 millones de habitantes de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Personas cuya vida cotidiana depende de un servicio que, desde hace años, acumula rezagos, fugas, mala calidad del agua, cortes constantes y una infraestructura que evidencia décadas de falta de mantenimiento y planeación. Lo preocupante es que este deterioro no comenzó ayer y no solo es en esos municipios.

Desde 2020, durante las administraciones de Movimiento Ciudadano, la crisis del SIAPA pasó de ser un problema operativo a convertirse en una crisis de gobierno.

No siempre fue así. Durante los gobiernos del PAN en Jalisco, el agua no era una preocupación. Existían retos, como en cualquier sistema hidráulico, pero los jaliscienses no vivían con la incertidumbre de abrir la llave y preguntarse si habría agua, si estaría limpia o si tendrían que gastar nuevamente en garrafones, pipas o mantenimiento de sus cisternas.

Hoy las familias han tenido que modificar su vida cotidiana, comprar agua embotellada para actividades básicas o destinar recursos extraordinarios para contratar pipas particulares.

Paradójicamente, ni siquiera eso representa una solución definitiva. En muchos hogares, los aljibes y cisternas terminan acumulando sedimentos y residuos derivados de la mala calidad del agua que reciben, obligando además a las familias a invertir en limpieza y mantenimiento que nunca debieron asumir.

Es decir, el costo de la crisis ya no solamente se refleja en el recibo del SIAPA. También golpea directamente el bolsillo de las familias. Y, peor aún, genera preocupación por la salud.

No lo dice el PAN. Lo advirtió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que desde hace dos años alertó sobre riesgos importantes para la salud humana derivados de la calidad del agua en distintas zonas de la metrópoli. Posteriormente, emitió una recomendación dirigida a autoridades de los tres niveles de gobierno para que atendieran las afectaciones para garantizar el derecho humano al agua.

Cuando un organismo autónomo emite una advertencia de esta naturaleza, el gobierno no puede minimizar el problema ni limitarse a responder con videos en redes sociales. Se requieren acciones. Y se requieren resultados. Lamentablemente, pareciera que la respuesta del gobierno naranja ha sido cambiar funcionarios sin cambiar el rumbo.

Primero, las decisiones administrativas cuestionadas alrededor del SIAPA. Después, llegó un nuevo director que prometió una nueva etapa, grabó algunos mensajes y aseguró que habría un cambio profundo. Hoy, la ciudadanía sigue esperando que ese cambio se refleje en el agua que sale de sus llaves.

La responsabilidad tampoco puede diluirse. Detrás de ella existe un gobierno que no puede seguir administrando esta crisis ignorándola por ocuparse de redes sociales o del Mundial.

Por eso resulta preocupante que, cuando los representantes populares citaron al director del SIAPA para explicar el incumplimiento de diversos compromisos establecidos por el propio Congreso, éste no compareciera. La Junta de Coordinación Política dejó constancia pública de los retrasos en la entrega de diagnósticos, planes de reestructuración e informes obligatorios, además de reiterar el llamado para que el organismo rinda cuentas.

No se trata de una diferencia política. Se trata de respetar las instituciones. Cuando el Congreso convoca, el gobierno debe responder. Cuando la ciudadanía pregunta, el gobierno debe explicar. Porque hoy los jaliscienses siguen sin conocer con claridad: ¿Cuándo mejorará la calidad del agua?

Esta Recaudación Naranja que aumenta tarifas y traslada cada vez más responsabilidades al ciudadano mientras el gobierno naranja incumple las propias y decide invertir en entretenimiento, implica costos para la salud de sus familias.

Los jaliscienses ya hicieron su parte. Ahora le toca al gobierno hacer la suya. Porque recaudar es sencillo. Cumplir es gobernar.