Jonás

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Y reapareció. Al menos en sus redes sociales. El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, compartió un texto en sus redes sociales, en el que afirmó que permanece en Culiacán, Sinaloa, desde que solicitó licencia a su cargo para permitir sin obstáculos la investigación que realiza la Fiscalía General de la República a fin de comprobar si como lo acusa la justicia de los Estados Unidos, está coludido con la delincuencia organizada y desde su gobierno, ha protegido la actividad de un cártel.
Su “reaparición”, sin embargo, debe matizarse. No fue espontánea, sino que responde a publicaciones periodísticas en las que se acusa que el gobierno federal, con el apoyo de corporaciones de seguridad, lo protege todos los días y al mismo tiempo lo vigila.
“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso (&#8230;). He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”, apunta la publicación que, ¿hay que creerlo?, es autoría del mismo Rocha Moya.
Repentinamente, sobre todo después que terminó la participación de México en el Mundial de Futbol, el tema volvió a la discusión mediática con una fuerza desmedida, quizá mal calculada por la presidencia de la república.
A partir de que se empezó a exhibir en un museo de Texas el avión en el que se presume, trasladaron a Ismael Zambada García “El Mayo”, desde México a los Estados Unidos en julio de 2024, como parte de los “operativos del FBI” para combatir al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo estallar el tema.
Durante varios días ha abordado este asunto y ha ordenado a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentar una cronología de los hechos; orilló a que la fiscal general del país, Ernestina Godoy, realizara en vivo un informe del caso y reactivara investigaciones, y por si no fuera suficiente, se enzarzó a distancia en una discusión pública con un personaje que no está a la altura de su investidura presidencial, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, exigiendo que se aclare si le mintieron al gobierno mexicano y elementos del FBI incursionaron en territorio nacional para capturar al “Mayo” Zambada.
El tamaño del escándalo es increíble si se considera que el “El Mayo” ya negoció cadena perpetua. No volverá con vida a México.
Pero todo esto, conduce de nuevo a Rocha Moya, cuyas declaraciones ante la FGR quedaron “reservadas” hasta el año 2031.
En los hechos, parece muy poca cosa para que la presidenta Sheinbaum y el gobierno de México le dediquen tanta atención.
En la percepción, pareciera que al gobierno de México le molesta que se hayan llevado al “Mayo” Zambada y claro, se mantiene la defensa del gobernador acusado de estar asociado al crimen organizado.

Rocha Moya desde sus redes sociales

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Con el paso de los días, en la discusión por la crisis del agua que se padece en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que se aclara es el choque político entre legisladores, partidos y funcionarios de gobierno.
Mientras los habitantes de la ciudad suman semana tras semana recibiendo agua contaminada en sus grifos, las posturas políticas se radicalizan: se ataca y cuestiona el proyecto de obras para recuperar la infraestructura; se acusa que la pretensión real es privatizar el servicio del agua; se rechaza cualquier solución que contemple deuda pública; se reparten acusaciones y claro, se aprovecha el tema para alimentar proyectos políticos con miras a la elección del año entrante; todos estos factores juegan.
Pero el tema ya rebasa el ámbito político: la sociedad civil acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde exigen que se tome postura y se exija a la autoridad salvaguardar el derecho humano al agua.
Lo que se puede sacar en claro en medio del vocerío que se ha desatado, primero, es que hay una crisis real y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es un organismo quebrado, que no tiene posibilidad real de resolver los numerosos problemas que enfrenta, aunque quizá el más urgente sea corregir el agua turbia y maloliente.
Además, que las únicas obras propuestas para garantizar agua limpia, se están revisando entre el gobierno estatal y el gobierno federal, con revisión en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Hacienda, aunque naturalmente deberán pasar por la aprobación de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum. 
Teniendo claro esto, nos damos cuenta que la crisis no será resuelta por diputados o funcionarios detrás de un escritorio, sino por técnicos y especialistas.
Pero a pesar de ello, en la ecuación estarán siempre los miembros de la clase política y gobernante; de hecho, fueron ellos quienes orillaron en las últimas tres décadas, con decisiones inmediatistas y perjudiciales, a que el SIAPA se encuentre en la ruta de la desaparición.
Por ello, sorprende que en lugar de buscar una ruta de negociación y acuerdo, opten automáticamente por la confrontación y la descalificación. 
La ciudad necesita resolver la crisis, reconstruir la infraestructura y garantizar el abasto de agua para que la urbe sea viable ahora y para las generaciones futuras.
Este 9 de julio, en el Congreso del Estado, se podrá comprobar si persisten en sus posturas o dan prioridad al bien común que presumen defender.

En la crisis del agua falta el acuerdo político

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Es cierto: la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, no puede simplemente voltear a otro lado e ignorar que posiblemente, se haya registrado una incursión del FBI en territorio mexicano para detener a Ismael Zambada García “El Mayo”, el 25 de julio del año 2024. Sin embargo, ¿por qué la cruzada que ha emprendido con este tema cuando el capo del crimen organizado ya negoció una condena de cadena perpetua con la justicia estadounidense? ¿Por qué convertir el tema en un reclamo público internacional, desde su rueda de prensa en Palacio Nacional?
El caso del “Mayo” tiene enormes repercusiones. Si no, que se lo pregunten a Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, acusado también por la justicia norteamericana por diferentes delitos y sobre quien pesa una solicitud de extradición que el gobierno federal no ha aceptado por falta de pruebas. 
Pero pese a esas y muchas otras repercusiones, resulta casi increíble que casi dos años después, la presidencia de la república reaccione de forma tan contundente y ordene a la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación un recuento de todo el caso. La presidenta misma lo planteó como pregunta: ¿Quién mintió?
¿Mintió el exembajador Ken Salazar al asegurar que en la detención del “Mayo” Zambada no hubo intervención de autoridades estadounidenses? ¿O mintió el FBI y con esta agencia, también el gobierno estadounidense?
Es importante, sin duda, tener la respuesta.
Sin embargo, la presidenta no ha expuesto en su conferencia cotidiana cómo está relacionado este reclamo con hechos recientes: la negativa del gobierno de Donald Trump a ratificar el T-MEC por otros 16 años, lo que pone a prueba la duración del tratado comercial que ha convertido a México en el principal socio comercial de los norteamericanos; no menciona tampoco cómo es que el caso del “Mayo” Zambada puede estar ligado con el tema Rocha Moya y los insistentes rumores sobre próximas acusaciones contra otros destacados políticos mexicanos relacionados con Morena y la 4T.
Y debe apuntarse que este tema tiene similitudes a lo ocurrido con los dos agentes de la CIA que murieron en Chihuahua el 19 de abril pasado, al participar en un operativo estatal para desmantelar un narcolaboratorio: el gobierno federal reclama la soberanía sin reconocer las acciones contra el crimen organizado. Y es que al “Mayo” Zambada no se le detuvo en México, sino en Estados Unidos.
¿Qué objetivos se persiguen con esta campaña desde la mañanera? ¿Se exigirá el reconocimiento y la disculpa por parte de la Casa Blanca? ¿Se estarán midiendo y sopesando las consecuencias?
O como diría la presidenta, ¿quién miente?

La cruzada presidencial por el “Mayo”

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La tradicional Zona Metropolitana de Guadalajara vive una crisis de agua. No sólo son los hechos contundentes que han motivado varias protestas públicas por el agua turbia y maloliente, es también la realidad palpable de la quiebra en la que se encuentra el organismo operador del agua, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Se cumplió ya una semana desde que integrantes del gobierno estatal anunciaron un paquete de obras que requerirán en los años por venir al menos 25 mil millones de pesos, para construir la infraestructura que permita recuperar el abasto de agua y la calidad del líquido.
Se había anticipado una confrontación política y ya está plenamente instalada en el Congreso del Estado, donde incluso el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Tostado, anunció que propondrá formalmente la desaparición del SIAPA.
Además, para tratar de apaciguar el enojo y la inquietud de la ciudadanía por la mala calidad del agua, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, anunció ayer que no hay registro de incremento de enfermedades gastrointestinales por la coloración y el mal olor del agua. Reiteró que no debe usarse para cocinar, sino sólo para tareas de limpieza, y tampoco se mencionaron enfermedades de la piel.
Puede deducirse que no hay riesgo detectado de enfermedades por las actuales condiciones del agua que se recibe en las llaves del agua.
Cálculos realistas de una solución al agua turbia y maloliente semana que puede ser en septiembre próximo cuando se corrija, gracias a las obras que se iniciaron con el primer paquete de cinco mil millones de pesos.
El problema, con base en esta información, persistirá durante varias semanas más. 
Es totalmente entendible la indignación y la protesta de la ciudadanía, pero es importante entender la crisis del agua porque esta situación, combinada con desinformación y especulaciones, se convierte en material ideal para proyectos político electorales de diferentes actores públicos que avivan la discusión y los reclamos sociales.
Sin embargo, ningún proyecto político podrá corregir en menos tiempo un problema que se dejó crecer durante las últimas décadas; no hubo inversión ni mantenimiento para actualizar la infraestructura hidráulica en la ciudad, y evidentemente, un sistema que no se actualiza y no se protege, terminar por romperse. Es lo que está pasando con el SIAPA y su estructura de suministro.
Las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos y en el gobierno estatal, pueden buscar a los responsables que antes, no hicieron lo que correspondía para mantener al SIAPA como un organismo estrictamente técnico, que ha sufrido manejos políticos y económicos desastrosos, pero esa búsqueda de responsables no corregirá lo que hoy ya es caduco.
Lo más urgente es un acuerdo general para iniciar el trayecto de varios años que requerirá sanear al SIAPA o crear un nuevo organismo que garantice agua en calidad y cantidad para todos en la metrópoli.

¿Qué entender en la crisis del agua?

El sábado pasado se conmemoraron 250 años desde que se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Los festejos que ha intentado acaparar Donald Trump en su afán particular por ser el personaje central, conducen sin embargo a muchas rutas de análisis que para nosotros los mexicanos, desembocan en una pregunta fundamental: ¿Qué tan aliados podemos o debemos ser de los Estados Unidos?
Hay algunos datos elementales.
En territorio norteamericano residen 12 millones de personas nacidas en México. Si se suman las personas de primera o segunda generación con raíces en nuestro país, la cifra es impresionante: 36 millones de personas con identidad mexicana viviendo en Estados Unidos, aunque de todos ellos, al menos cuatro millones son “mojados”, personas “sin papeles”.
De acuerdo con información de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la gente que vive en los Estados Unidos y que tiene orígenes en México, genera casi 2.3 billones de dólares cada año en actividad económica. Si toda este gente fuera un país, sería considerada la octava economía del planeta. En otras palabras, su economía es casi el doble de la mexicana.
Ahora bien, si hablamos de lo que comerciamos actualmente, entre los dos países compramos y vendemos cada año 870 mil millones de dólares; México es el principal socio comercial de Estados Unidos y esto representa 15.6% del intercambio total de la mayor economía del planeta.
Terminemos con las estadísticas, que de por sí son demoledoras. En otras palabras, la relación económica y demográfica que más nos conviene es con Estados Unidos.
Con perdón del cariño al “espíritu latino”, tenemos mucho más en común con Estados Unidos que con cualquier otro país de América Latina. De hecho, hay más asuntos que nos confrontan con las naciones latinoamericanas, aunque nuestros orígenes culturales, religiosos, étnicos, lingüísticos y emocionales nos igualen.
Una alianza duradera y firme con Estados Unidos, puede convertir a México en un baluarte de la cultura occidental, de la que tanto han augurado su declive.
Los agravios que México ha sufrido de los Estados Unidos no son anécdota sino historia. Pero el papel del país vecino se ha construido por una ruta muy diferente del rol que juega México –y que está llamado a ser más importante y decisivo– en el plano mundial.
Expresado en castellano: los mexicanos no son responsables de lo que hace el gobierno estadounidense, pero sumados los esfuerzos de los dos países, por la vía oficial y la vía de facto, es posible construir un tándem que le dé más larga vida a la democracia liberal occidental.
Hay muchos conflictos. Pero la relación entre los dos países es más benéfica que el distanciamiento.

Celebrar los 250 años de los Estados Unidos

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Autoridades de Guadalajara, Zapopan y el gobierno de Jalisco, informaron ayer que se reforzarán los operativos de protección, vialidad y seguridad para el próximo domingo. La razón es simple: vuelve a jugar la Selección Mexicana de Futbol y las posibilidades de que gane el partido de futbol son bastante reales, de manera que los festejos pueden ser tan intensos como los de pasado martes 30 de junio, o más.
Lo que ocurrió en la Ciudad de México no debe repetirse: cuatro personas murieron después del juego de futbol en los festejos, asfixiadas por la multitud. Y pudo ser peor si se considera que de acuerdo con las cifras oficiales, hubo más de un millón de personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. 
En Guadalajara, se informó que más de 120 mil personas acudieron a la Glorieta de La Minerva, y muchos miles más estuvieron en el Centro Histórico de Guadalajara, en la zona de Avenida Chapultepec y en el centro de Zapopan.
Hubo eventos totalmente inadmisibles: riñas, agresiones a policías, intentos de ingresar por la fuerza a la zona del Fan Fest en la Plaza de la Liberación, personas heridas, actos vandálicos, detenidos y mucha basura.
El abordaje de este tema significa un gran reto para las autoridades, porque por una parte, el festejo es general. Igual que los “civiles”, también las personas con uniforme (policías, agentes viales, personal de Protección Civil, elementos de la Guardia Nacional) se emocionan y celebran que la Selección resulte ganadora. Este sentimiento se comparte y se contagia. Los representantes de la autoridad no están ahí para imponer la fuerza; de hecho, han dado muestras de tolerancia y acompañamiento. Están en los festejos para apoyar.
Debe reconocerse con franqueza: muchos individuos (ellos y ellas), dañan el festejo.
El asunto es tan elemental como las molestias que deben sobrellevarse cuando se presenta una manifestación en espacios públicos, porque el derecho legítimo de manifestarse y protestar, no tiene más peso que el derecho que tienen otros para realizar sus tareas o transitar.
En el caso de los festejos, podría considerarse que se trata de una manifestación, pero gozosa. Ninguno de los festejantes tiene “permiso” para dañar la infraestructura pública, saltarse las leyes de movilidad o agredir a otros. 
Hay un elemento más: el alcohol.
No es ningún descubrimiento: al aumentar el consumo de bebidas alcohólicas, aumentan también los comportamientos violentos. 
Además de los operativos de seguridad y vigilancia, deben aplicarse regulaciones estrictas a la venta de bebidas. No puede permitirse por ningún motivo la venta de envases de vidrio, por ejemplo. 
En síntesis: un motivo de fiesta y alegría tan potente como lo es el triunfo de la Selección Mexicana (y todos anhelamos que este domingo 5 de julio se repita), no debe ser también, motivo de temor. 
Lo que toca es la autolimitación y el respeto.

La fiesta no debe ser peligrosa

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Desde cualquier inicio de análisis, el rechazo del gobierno de los Estados Unidos para continuar en el T-MEC por los siguientes 16 años, es un golpe para la economía de México. El impacto es negativo por la incertidumbre que provoca y por la posición de desventaja en la que se ubica al sector económico mexicano ante una posible renegociación de un tratado comercial que desde su inicio, en 1994, le había dado amplias ganancias y posibilidad de crecimiento a la economía nacional.
Desde ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum se esforzó en subrayar que se pueden hacer nuevas negociaciones y que en julio habrá una reunión de primer nivel entre los responsables económicos de México y Estados Unidos; insistió en que todavía quedan vigentes las reglas comerciales del T-MEC hasta el año 2036 e insistió en ver el “vaso medio lleno”. 
Pero la realidad es que el horizonte se obscurece.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, repitió el discurso presidencial y por momentos se le apagaba la voz al reconocer que ante este escenario, el T-MEC se revisará año con año, para admitir reclamos o solicitudes corrección que pueden presentar los gobiernos mexicano, canadiense y estadounidense. 
Pero los productores y exportadores mexicanos no han convertido a México en el primer socio comercial de los Estados Unidos con discursos políticos o un falso optimismo; la economía mexicana creció con visiones pragmáticas y medidas concretas, mejorando su calidad de producción y analizando cada detalle en el mercado para hacer la mejor oferta y sacar ventaja. Parte esencial de esta cadena de procedimientos es la certeza; certeza en la inversión, en los plazos y en las garantías.
Un T-MEC que se revisará cada año, que tiene vida útil hasta 2036 empezará a perder atractivo para las inversiones, tanto de mexicanos como de capitales de otros orígenes.
El momento exige actuar rápidamente, porque la responsabilidad la tendrán las autoridades gubernamentales y en concreto la administración de Claudia Sheinbaum. Se necesitaron años y muchos miles de millones de dólares para consolidar el mercado de América del Norte; incrementar nuevos mercados con la Unión Europea o con los gigantes asiáticos tomará años, trabajo y estrategias. Mientras tanto, la realidad que habíamos conocido cambiará profundamente.
Es cierto que también pierden los Estados Unidos. Pero no tenemos tiempo de hacernos cargo de eso o de hacer recomendaciones al gobierno de Donald Trump, entrampado en su agenda y en el proceso interno estadounidense.
Lo que no se puede perder de vista es que la vecindad con Estados Unidos siempre nos proyecta como la parte más débil y sus exigencias en materia económica, política y de seguridad, se mantendrán o aumentarán durante la gestión de Trump, y la incertidumbre sobre lo que pasará cuando él deje la Casa Blanca, exigirá medidas autónomas, inteligentes y atrevidas de las autoridades políticas y del sector empresarial mexicano.
Se afirma que una crisis es también una oportunidad de mejorar. La crisis ya está aquí.

México sin el T-MEC

La Guardia Nacional, ese proyecto de seguridad en el que se empeñó el expresidente Andrés Manel López Obrador, conmemoró siete años desde su creación. Lejos quedaron las largas y trabadas discusiones legislativas sobre la militarización de la seguridad pública que en 2018 y antes, se realizaron en el Congreso de la Unión. Hoy es una realidad y además, es la única esperanza con la que cuenta el país para cumplir una meta que se ha postergado durante varios sexenios: la pacificación.
Ayer, en ceremonias que se efectuaron en todo el territorio nacional, sencillas pero solemnes, se hizo conciencia de la importancia que ha adquirido la Guardia Nacional y cómo, en un proceso que todavía es de construcción, tendrá que crecer más en personal y en bases territoriales.
La Guardia Nacional cuenta con 125 mil elementos y antes de que concluya la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, está proyectado que llegue a 170 mil integrantes.
Entre las muchas celebraciones, la central fue presidida por la presidenta de la república y su mensaje, hizo hincapié en los servicios que han prestado los integrantes de la Guardia, para apoyar a mexicanos afectados por inclemencias meteorológicas o en operativos de seguridad.
En este punto conviene recordar que cuando menos en los objetivos que se expusieron públicamente antes de concretar otra reforma que militarizó a la Guardia Nacional (se había creado con la propuesta de que se mantuviera con mandos civiles), se destacó que debía ser una fuerza de seguridad “de proximidad ciudadana”.
Ese objetivo no se ha cumplido del todo y aunque se han hecho intentos, se han dejado después.
En el transcurso del actual sexenio, aunque no se ha reconocido en el discurso, en los hechos ha quedado claro que el gobierno federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada, se ha confrontado abiertamente a la delincuencia organizada. Las pruebas son claras y basta recordar la eliminación de los líderes del crimen organizado y la entrega de otros tantos a la justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, y a pesar de la repetición de cifras que insisten en la reducción de homicidios y de delitos del fuero federal y del fuero común, la percepción de inseguridad reflejada en cada emisión de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, deja claro que aún es muy largo el trayecto de la pacificación.
Las estadísticas oficiales contribuyen poco a reducir la sensación de inseguridad y la certeza de que la delincuencia organizada controla territorios en el país, incide en la vida cotidiana y está infiltrada en la vida pública y política.
La Guardia Nacional, en proceso de formación, merece reconocimiento sin duda, pero eso no pude difuminar la agenda pendiente de la pacificación.

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¿Para qué un simulacro?

Rubén Rocha Moya está a punto de regresar al cargo… así lo asegura al menos la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN). Lo denuncian públicamente el presidente del partido, Jorge Romero, y su vocero nacional, el diputado federal Ernesto Sánchez. Y cabe entonces la pregunta: ¿Realmente puede Rocha Moya regresar a la gubernatura sinaloense como colofón al escándalo que ha confrontado a los gobiernos de México y Estados Unidos y con todas las denuncias pendientes.
Si Rocha Moya decide poner fin a su licencia –y no tendría problema con un Congreso local de aplastante mayoría morenista– y ocupa de nuevo el Poder Ejecutivo, sólo se habría completado una simulación: la supuesta investigación de la Fiscalía General de la República, originada en la denuncia judicial estadounidense.
A Rocha Moya se le unió el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también se separó temporalmente del cargo para permitir las investigaciones, sin que hasta la fecha haya trascendido ninguna resolución. 
En el ámbito judicial no existe en realidad ningún obstáculo para que ambos personajes retornen a ocupar sus cargos. Todo lo que se ha visto desde hace más de dos meses es una historia política con muchos de sus episodios desahogados en la rueda de prensa mañanera, donde una de sus principales defensoras fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró repetidamente que si bien no defendería al gobernador y los demás acusados si eran responsables, también exigió repetidamente las pruebas de las acusaciones que se les plantearon en la corte estadounidense.
Adicionalmente, ante una solicitud por la vía de transparencia, se conoció que la declaración de Rocha Moya ante el Ministerio Público quedó “reservada” hasta el año 2031.
Pero más allá de la denuncia pública del Partido Acción Nacional, un acto que también debe leerse desde la contienda política y electoral que ya se expresa en todo el país, lo que todavía puede generar muchas sorpresas es la reacción de las autoridades estadounidenses.
El gobierno de Donald Trump ha ejercido presión desde varios frentes: las filtraciones informativas a los medios de comunicación con proyección internacional, en los que se han filtrado otros nombres de políticos morenistas que estarían a punto de ser denunciados; el impacto negativo al T-MEC que no será renovado y se revisará anualmente cada año, al menos mientras Trump sea presidente; las declaraciones que reiteran la influencia del crimen organizado en el gobierno federal.
La presidenta Sheinbaum, a pesare de presiones externas e internas, se ha mantenido en su postura. Pero la contienda está lejos de concluir aunque consintiera en el regreso de Rocha Moya a la gubernatura.
Si esta semana se concreta ese regreso, la agenda nacional apunta a una nueva crisis mediática.

¿El regreso de Rocha Moya?