Mario Muñoz

Hay escenas que no deberían ocurrir jamás. Una de ellas se vivió durante el Fan Fest de Guadalajara, cuando un grupo de jóvenes decidió hacer el absurdo juego del “quiere volar” con una persona en silla de ruedas. La levantaron, la lanzaron y, al no sostenerla, la dejaron caer. El resultado fue el esperado: terminó lesionada y tuvo que ser atendida por la Cruz Roja.
No fue un accidente. Fue una cadena de malas decisiones.
Existe una preocupante normalización de la imprudencia disfrazada de diversión. Para algunos, “echar desmadre” significa perder cualquier noción de responsabilidad, ignorar los límites del sentido común y convertir a los demás en objetos de entretenimiento. No importa si alguien resulta herido. Lo importante parece ser conseguir un video para redes sociales o provocar las risas del grupo.
Esa actitud no tiene nada de festiva. Es inmadurez en su máxima expresión.
La emoción de un evento masivo nunca puede justificar conductas que ponen en riesgo la integridad de otras personas. Mucho menos cuando la víctima presenta una condición de movilidad que exige mayores cuidados y respeto. La inclusión no consiste únicamente en abrir espacios para todos; también implica garantizar que quienes asisten puedan hacerlo con seguridad y dignidad.
Lo ocurrido obliga a reflexionar sobre la falta de empatía que parece crecer entre algunos jóvenes, alimentada por la necesidad de llamar la atención y por una cultura donde el límite entre la broma y la agresión se ha vuelto peligrosamente difuso. Cuando la diversión depende de humillar, exponer o arriesgar a otra persona, deja de ser diversión y se convierte en violencia.
También es un llamado para quienes organizan eventos multitudinarios y para las autoridades encargadas de la seguridad. No basta con desplegar elementos de vigilancia para prevenir riñas. Es necesario actuar de inmediato cuando aparecen conductas temerarias que pueden terminar en tragedia.
Las personas con discapacidad y sus familias deben extremar precauciones si observan grupos que actúan de manera imprudente o agresiva. Nadie debería verse obligado a evitar espacios públicos por culpa de individuos incapaces de distinguir entre una celebración y una agresión, pero mientras persista esta cultura de la irresponsabilidad, la prevención puede evitar consecuencias más graves.
La verdadera fiesta es aquella donde todos regresan a casa sanos y salvos. Quien convierte el riesgo ajeno en diversión no merece aplausos ni excusas. Merece el rechazo social y, cuando corresponda, enfrentar las consecuencias legales de sus actos.

La diversión vs. la estupidez

México tiene una extraordinaria capacidad para desperdiciar oportunidades. Cada vez que surge la posibilidad de corregir alguno de los excesos de nuestra costosa democracia, la clase política encuentra la manera de protegerse. Así ocurrió una vez más con la fallida reforma electoral que pretendía reducir el número de legisladores plurinominales, disminuir el presupuesto del INE en años no electorales y recortar el financiamiento público de los partidos políticos. Nada pasó. Los privilegios sobrevivieron. ¡Sin novedad!

La explicación es sencilla: nadie vota en contra de su propio negocio.

Mientras millones de mexicanos trabajan jornadas agotadoras para sostener a sus familias, existe una casta política que vive del presupuesto sin producir resultados proporcionales a lo que cuesta. Diputados plurinominales que jamás han ganado una elección, dirigentes partidistas que convierten las instituciones en patrimonio familiar, asesores que nadie conoce y estructuras burocráticas cuya principal función es justificar su propia existencia.

Y por si el menú no fuera suficiente, en Jalisco acaba de aparecer un nuevo partido político: el Partido Humanista, impulsado por integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Más allá de las creencias religiosas de sus promotores, la pregunta es inevitable: ¿Qué necesidad hay de seguir multiplicando los partidos políticos?

¿Acaso los que existen han resuelto los problemas de pobreza, inseguridad, corrupción o impunidad? ¿Han fortalecido la democracia? ¿Están formando cuadros competitivos? ¿Han recuperado la confianza ciudadana? ¡No han hecho nada!

El problema es que el sistema está diseñado para producir partidos, no para producir representación. Se han convertido en franquicias financiadas por los contribuyentes. Organizaciones que obtienen recursos públicos, acceso a medios de comunicación, estructuras administrativas y posiciones de poder sin demostrar necesariamente una utilidad social real.
Peor aún, los requisitos para crear y mantener partidos siguen siendo insuficientes. No se exige una auténtica formación de cuadros políticos. No existen mecanismos eficaces para impedir la infiltración del crimen organizado. Los controles sobre el origen de recursos siguen mostrando enormes debilidades. La transparencia suele ser parcial y la rendición de cuentas se reduce a informes técnicos que pocos leen y menos aún entienden.
Lo verdaderamente escandaloso es que quienes más hablan de democracia suelen ser quienes menos practican la democracia interna. Los partidos están dominados por caciques, grupos de interés y dirigencias enquistadas que reparten candidaturas entre amigos, familiares, aliados y leales.
En teoría, los partidos existen para representar ciudadanos. En la práctica, muchos ciudadanos terminan trabajando para sostener a los partidos.
Y mientras tanto, el contribuyente sigue pagando la cuenta. Miles de millones de pesos destinados cada año a las estructuras políticas que no han logrado impedir la expansión de la violencia, el deterioro institucional ni la creciente desconfianza pública. Cada elección nos prometen renovación. En cada elección reaparecen los mismos apellidos, grupos y operadores reciclados bajo diferentes siglas.
México necesita una reforma electoral verdadera. Una que elimine privilegios, reduzca burocracias, fortalezca la fiscalización y establezca requisitos más estrictos para crear partidos políticos. Quien aspire a recibir dinero público debe demostrar utilidad pública, democracia interna, transparencia absoluta y una trayectoria limpia de vínculos criminales.
La democracia no puede seguir siendo una fábrica de vividores.

La fábrica de vividores

Hay partidos que pierden elecciones. Y hay partidos que pierden el rumbo. El PAN logró ambas cosas.
Después de esperar más de 70 años para llegar a la Presidencia, Acción Nacional recibió el poder como quien recibe una herencia largamente anhelada. Lo tuvo apenas 12 años y le bastó para desperdiciar una oportunidad histórica. Hoy, convertido en una sombra de sí mismo, pretende vender como renovación lo que en realidad es un catálogo de sus peores recuerdos.
La imagen de Vicente Fox y Felipe Calderón reapareciendo en un mitin para respaldar a Maru Campos no proyecta fuerza. Proyecta desesperación. Es el equivalente político de abrir el álbum familiar y descubrir que las únicas fotografías disponibles son las de las peores fiestas.
Fox, el hombre que llegó al poder prometiendo inteligencia, modernidad y cambio, terminó gobernando a golpe de ocurrencias. Su legado fue tan ligero que la historia apenas lo recuerda entre chistes, botas y declaraciones desafortunadas. El gran reformador acabó convertido en comentarista de redes sociales. Un expresidente que confundió el liderazgo con la improvisación permanente.
Y luego está Calderón. El político que decidió lanzar una guerra contra el narcotráfico sin construir previamente las instituciones capaces de sostenerla. El resultado fue una espiral de violencia cuyas consecuencias siguen pagando millones de mexicanos. Pero el problema no es sólo ése. Su administración quedó marcada para siempre por la presencia de Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
La pregunta seguirá persiguiéndolo durante décadas: ¿No sabía o no quiso saber? Ninguna respuesta lo absuelve. Si ignoró lo que ocurría en el corazón de su estrategia de seguridad, fue una irresponsabilidad monumental. Si lo supo y lo toleró, la gravedad es aún mayor. Por acción u omisión, la responsabilidad política es ineludible.
Por eso resulta asombroso que el PAN crea que estos dos personajes pueden ayudarle a reconstruir credibilidad. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Mientras Morena explota el desgaste del poder, la oposición responde desempolvando a quienes explican buena parte de su tragedia.
Y en medio de esa pobreza política emerge Maru Campos como una víctima del sistema o una presunta carta presidencial rumbo a 2030. No porque exista una estructura sólida detrás de ella ni porque el partido haya construido nuevos liderazgos competitivos. Surge porque prácticamente no hay nadie más. Es la candidata del vacío, de la necesidad y de la escasez.
La oposición mexicana enfrenta un problema profundo: sigue creyendo que la nostalgia puede sustituir al proyecto. Que los fantasmas del pasado pueden convertirse en esperanza de futuro.
Pero los electores no suelen premiar los recuerdos. Mucho menos cuando esos recuerdos llevan por nombre Fox y Calderón.
La tragedia del PAN no es que haya perdido el poder. Es que parece empeñado en demostrar que tampoco aprendió nada desde que lo perdió.

La miseria…

La Carretera a Chapala dejó de ser, desde hace años, la puerta de entrada digna a Guadalajara. Se convirtió en un monumento grotesco a la corrupción. Decenas y decenas de espectaculares oxidados, inclinados, gigantescos, ilegales y abandonados crecieron como maleza sobre el paisaje urbano, mientras los gobiernos anteriores volteaban hacia otro lado. No fue casualidad. Detrás de cada estructura había dinero, influencias y una red de protección política y judicial, que permitió que la contaminación visual devorara toda la ciudad.
La Zona Metropolitana de Guadalajara fue secuestrada por empresarios acostumbrados a operar al margen de la ley y por magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que durante años facilitaron suspensiones y resoluciones “a modo” para impedir clausuras y derribos. El negocio era redondo: particulares explotaban el espacio público sin regulación, los Ayuntamientos eran rebasados y la ciudad quedaba hundida en el desorden. Todo bajo el disfraz de la legalidad.
Hoy resulta imposible negar la podredumbre. Basta recorrer el ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para observar una selva de fierros y lonas que ofrecen una imagen tercermundista, caótica y profundamente vergonzosa para miles de turistas nacionales e internacionales. Esa postal no representa a Guadalajara. Representa a la impunidad.
Por eso destaca que, por primera vez en muchos años, un alcalde decidiera enfrentar el problema de fondo. El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, inició una limpia histórica en la Carretera a Chapala con el retiro y clausura de más de 50 espectaculares. La medida no sólo tiene un componente urbano y ambiental. También representa un golpe directo contra los intereses económicos que durante años se sintieron intocables.
La decisión tiene el respaldo político desde Casa Jalisco. Pablo Lemus entendió desde hace tiempo que los espectaculares irregulares son sinónimo de corrupción institucionalizada. No es casualidad que haya advertido sobre órdenes de aprehensión contra propietarios de estructuras ilegales y que incluso planteara convertir estos casos en asuntos penales. La contaminación visual también es corrupción.
Y nombres sobran. La reciente detención del empresario Francisco Gerardo “N” volvió a exhibir cómo algunos personajes construyeron fortunas enteras bajo esquemas opacos, confrontando autoridades, operando anuncios presuntamente irregulares y utilizando el litigio como herramienta de presión. Durante años, la ciudad estuvo sometida a esos grupos que creyeron que el espacio público tenía dueño.
La limpia apenas comienza, pero manda un mensaje contundente: se acabó la era donde los espectaculares crecían con la complicidad de funcionarios y magistrados. Guadalajara merece cielos limpios, carreteras ordenadas y autoridades que defiendan la legalidad.
¡Con todo contra los corruptos que ensucian la ciudad, degradan el paisaje y convierten el espacio público en un negocio privado disfrazado de publicidad!

¡Con todo contra los corruptos!

México no necesita otro discurso calculado ni una pausa burocrática ante el escándalo internacional. Necesita carácter. Necesita ruptura. Necesita, sobre todo, una presidenta que entienda que el poder no se administra: se ejerce. Y se ejerce, en momentos como éste, con decisiones que incomodan, que rompen inercias y que trazan un antes y un después.
La crisis detonada por los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra una decena de políticos y funcionarios de Sinaloa no es un episodio más en la larga historia de sospechas. Es una prueba de fuego. No solo para los implicados, sino para el proyecto político que hoy gobierna el país. La respuesta no puede ser diferida, matizada ni condicionada. El silencio, en este contexto, no es prudencia: es complicidad percibida.
Se ha insistido en que este gobierno ha combatido como ningún otro al crimen organizado. Es cierto que hay operativos, abatidos, detenciones y extradiciones que respaldan esa narrativa. Pero también es cierto que la percepción de inseguridad sigue asfixiando a millones de mexicanos y que la corrupción, lejos de extinguirse, parece haber mutado y adaptado a los nuevos tiempos.
Ahí está el dilema de Claudia Sheinbaum: defender un legado (que en todo fracasó) o construir el suyo. No hay punto medio. No puede ser rehén de decisiones pasadas ni de lealtades políticas que hoy pesan más como lastre que como activo. La ciudadanía no votó por continuidad ciega, sino por resultados. Y los resultados, en seguridad y combate a la corrupción, siguen siendo insuficientes para la magnitud del problema.
Es el momento de deslindarse sin ambigüedades. De cortar de tajo con quienes, por acción u omisión, han debilitado la credibilidad del gobierno. De demostrar que no hay intocables, aunque militen en el mismo partido o hayan sido aliados estratégicos. Porque si algo ha erosionado históricamente a México no es solo la corrupción, sino la selectividad con la que se combate.
La presidenta tiene en sus manos algo más que una coyuntura política: tiene la posibilidad de redefinir el rumbo del país. Si opta por la cautela, por la tibieza o por la defensa automática, confirmará las peores sospechas de una sociedad cansada. Pero si actúa con firmeza, si rompe con inercias y si coloca la ley por encima de cualquier vínculo político, podría marcar el inicio de una nueva etapa.
México no necesita explicaciones. Necesita decisiones. No necesita lealtades partidistas. Necesita justicia. La Claudia que queremos ver no es la que administra las crisis, sino la que las enfrenta. La que no titubea. La que entiende que el verdadero poder no está en sostener a los suyos, sino en responderle a todos.
La presidenta tiene menos de dos meses para depurar su primer círculo y apartar a quienes representen vínculos con el crimen, traiciones políticas o incapacidad. Después del Mundial de Futbol, vendrá una cruda realidad.

La Claudia que queremos ver…

Morena se reúne, se reacomoda y se reparte…
Hay algo profundamente revelador en la prisa con la que Morena ha decidido convocar a su Consejo Nacional: no es urgencia institucional, es pánico contenido. El partido que prometió desterrar los vicios del pasado hoy se mira al espejo y descubre que no sólo se parece al viejo régimen… lo está calcando con una precisión inquietante.
La sesión extraordinaria del 3 de mayo no es un ejercicio democrático. Es una operación de control. La salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional no representa una renovación, sino un enroque de élite. Se mueve una pieza para acomodar otra, como en esos tableros donde los jugadores ya decidieron el resultado antes de empezar la partida. Su llegada al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo como consejera jurídica no es casualidad, es continuidad de un mismo círculo de poder que se recicla sin pudor.
Pero lo verdaderamente alarmante no es el movimiento, sino el fondo: en menos de dos años, sin la sombra disciplinaria de Andrés Manuel López Obrador, Morena dejó al descubierto su ADN más crudo. Corrupción que ya no se disfraza de austeridad, opulencia que contradice cada discurso de “primero los pobres”, nepotismo descarado y una tolerancia casi cómplice ante la mediocridad. Lo que antes se justificaba como “transición” hoy es simple descomposición.
La posible irrupción de perfiles como Ariadna Montiel en la contienda interna no cambia el panorama. Lo confirma. No se trata de liderazgos nuevos, sino de operadores del mismo sistema que han aprendido a navegar las aguas del poder sin cuestionarlo. Morena no está formando cuadros, está heredando prácticas.
Y aquí es donde la narrativa se rompe por completo. El partido que nació como una alternativa moral terminó convertido en una amalgama de lo peor del PRI, aderezado con las viejas mañas de las corrientes que alguna vez juró combatir. Clientelismo reciclado, lealtades compradas, cargos heredados y decisiones tomadas en lo oscurito. Nada nuevo, salvo el discurso que insiste en negarlo.
La encrucijada es brutal: o Morena se somete a una autocrítica real —dolorosa, incómoda, improbable— o terminará siendo exactamente aquello contra lo que construyó su identidad. Y lo más preocupante es que parece haber elegido lo segundo.
Porque cuando un partido deja de simular que es distinto, no se transforma… se revela. Y Morena está justo en ese punto de quiebre: la última llamada para un movimiento que tardó 12 años en consolidarse, pero que hoy, con una velocidad pasmosa, empieza a mostrar señales de daños estructurales irreversibles.

¡Última llamada!

Otra vez la misma escena, el mismo libreto, la misma indignación que dura lo que tarda en diluirse entre declaraciones cuidadosamente calculadas. Marcelo Ebrard admite, sin rubor, que su hijo vivió seis meses en la Embajada de México en el Reino Unido. Y lo hace con esa mezcla de candidez ensayada y superioridad moral que ya es marca registrada: no hubo abuso, dice, sólo “la preocupación de un padre”.
¡Qué enternecedor! ¡Qué conveniente!
Porque claro, todos los padres en México, cuando enfrentan un problema de salud de sus hijos, suelen resolverlo con una estancia en una residencia diplomática en Londres, cortesía de una embajadora comprensiva. Nada extraordinario.
Pero la narrativa es insultante no por lo que dice, sino por lo que supone: que el ciudadano promedio es incapaz de distinguir entre una red de favores en el poder y un gesto de humanidad. Que no vemos el privilegio cuando nos lo plantan enfrente con la desfachatez de quien lleva décadas administrándolo.
Josefa González-Blanco “lo trató como a un hijo”, explicó Marcelo. Y en esa “normalización” de lo indebido, en ese uso patrimonialista del Estado, los cargos públicos se convierten en extensiones del hogar, y las embajadas, en casas de huéspedes para la familia.
No es sólo un padre preocupado, como lo vendió el secretario. Es un funcionario con poder que puede pedir —y obtener— lo que millones ni siquiera podrían imaginar solicitar. Es el recordatorio de que, en las alturas del servicio público, la línea entre lo institucional y lo personal no se borra: nunca existió.
Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en la austeridad, en la transformación, en la erradicación de los privilegios. Pero la realidad es más terca: los apellidos siguen abriendo puertas, los cargos siguen sirviendo de llave maestra y los recursos públicos —o sus espacios, que al final es lo mismo— siguen siendo moneda de intercambio.
Lo más revelador no es el hecho, sino la defensa. Ese “no veo un abuso” que retrata una desconexión profunda con cualquier estándar ético básico. Porque cuando el privilegio se vuelve cotidiano, deja de percibirse como tal. Y entonces todo se justifica: la residencia diplomática, el favor entre colegas, la comodidad disfrazada de necesidad.
Al final, el problema no es un hijo en Londres. Es un sistema que sigue funcionando para los mismos, con las mismas lógicas de siempre.
Cambian los discursos, cambian los colores, pero no cambian las prácticas.
Y luego se preguntan por qué nadie les cree.

La desfachatez de Marcelo

En México hay un delito que opera a plena luz del día, sin necesidad de esconderse, sin persecuciones espectaculares ni discursos encendidos desde el poder: las máquinas tragamonedas ilegales. Están en la esquina, en la tiendita, en locales de los centros históricos y, sobre todo, en colonias periféricas donde el abandono institucional es terreno fértil para cualquier negocio ilícito. Todos saben dónde están. Nadie hace nada.
Desde 2024, apenas dos mil “maquinitas” han sido decomisadas en el país, según la Secretaría de Gobernación. La cifra suena contundente hasta que se entiende la realidad: es apenas una raspadura superficial a un negocio multimillonario que sigue creciendo. Porque por cada máquina retirada, hay varias más conectadas, encendidas y generando entre tres mil y cinco mil pesos mensuales. Dinero constante, en efectivo y sin impuestos. Dinero, también, para los cárteles.
Los mismos grupos criminales que trafican droga y controlan territorios han encontrado en estas máquinas una fuente estable de ingresos. Sin riesgo, sin ruido, sin titulares… salvo cuando conviene simular operativos.
Pero aquí no hay vacío de poder. Hay algo peor: tolerancia y corrupción.
La Secretaría de Gobernación, encargada de regular los juegos y sorteos, parece haber optado por la cómoda omisión. Un marco legal ambiguo, desactualizado y lleno de grietas permite que estas máquinas se disfracen de “juegos de destreza”, mientras operan como lo que son: apuestas ilegales.
Y luego están los ayuntamientos. Cobardes en el mejor de los casos; cómplices en el peor. Sus áreas de Padrón y Licencias, junto con inspectores que patrullan más el escritorio que las calles, han perfeccionado el arte de no ver. Fingen ceguera, mientras las maquinitas se multiplican. Fingen desconocimiento, mientras el dinero circula. Fingen legalidad, mientras el delito se normaliza.
El costo no es abstracto. Lo pagan, sobre todo, los niños.
Porque estas máquinas no están en casinos exclusivos ni en zonas restringidas. Están al alcance de menores de edad que, sin ningún control, comienzan a jugar, a perder, a engancharse. La ludopatía infantil deja de ser una advertencia y se convierte en una realidad silenciosa que crece sin freno. ¿Quién responde por eso?
Nadie.
Ni Gobernación, que regula sin regular. Ni los municipios, que inspeccionan sin inspeccionar. Ni los funcionarios que, entre la negligencia y la corrupción, permiten que el crimen organice su propia red de “entretenimiento”.
El problema no es que no sepan. Es que no quieren saber.
Mientras tanto, las maquinitas siguen ahí: parpadeando, sonando, cobrando. Como un recordatorio constante de que en México hay negocios ilegales que no necesitan esconderse… porque cuentan con el permiso tácito de la autoridad.
Y ese es el verdadero jackpot.

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Si algo quedó demostrado durante los episodios de los narcobloqueos que ha vivido Jalisco en los últimos años, es que las balas no se detienen con discursos ni con simulacros. Se detienen con inteligencia, tecnología, coordinación y decisiones oportunas. Por eso resulta inevitable preguntarse: ¿Para qué un simulacro de bloqueos carreteros este lunes si el protocolo real ya está perfectamente definido?
La respuesta oficial por parte del gobierno federal o la Secretaría de la Defensa Nacional habla de fortalecer la coordinación entre instituciones. Suena bien. Pero la realidad ha demostrado que, cuando los grupos criminales incendian vehículos y paralizan carreteras, las corporaciones de seguridad no salen a librar enfrentamientos urbanos. Nadie en su sano juicio quiere una batalla campal en medio de avenidas repletas de familias, estudiantes y trabajadores. La prioridad es contener el riesgo y proteger vidas.
El verdadero combate ocurre mucho antes de que aparezcan las llamas. Está en el trabajo de inteligencia que identifica a quienes reciben la orden de sembrar el caos. Está en los sistemas de videovigilancia capaces de seguir cada movimiento de los vehículos utilizados por los sicarios. Está en el monitoreo de las comunicaciones, en el análisis criminal y en la capacidad de detener a los responsables antes de que prendan fuego al primer camión. ¿O después?
Si la estrategia consiste precisamente en evitar enfrentamientos directos para no multiplicar las víctimas, ¿qué aporta movilizar decenas de patrullas con sirenas encendidas hacia escenarios ficticios? ¿Se está entrenando una respuesta que, por diseño, nunca ocurrirá de esa manera?
Después de la Copa del Mundo, las propias autoridades celebraron un incremento en la percepción de seguridad entre la población. Los visitantes se fueron convencidos de que Jalisco es un Estado capaz de organizar eventos internacionales con orden y tranquilidad. Esa imagen positiva se construyó gracias a un enorme despliegue tecnológico, cámaras, centros de mando, inteligencia y coordinación institucional de corporaciones de seguridad. No gracias a los simulacros.
Los recursos públicos son limitados. Cada hora de operación, combustible, personal y logística debería traducirse en resultados concretos. Tal vez sería más útil realizar ejercicios silenciosos de inteligencia, pruebas de interoperabilidad entre los sistemas de videovigilancia, simulaciones cibernéticas para rastrear comunicaciones criminales o auditorías sobre los tiempos reales de reacción de los centros de mando.
La seguridad no se gana con espectáculos operativos. Se gana anticipándose al delito. Porque cuando un narcobloqueo comienza, el Estado ya llegó tarde. La verdadera victoria consiste en impedir que ocurra.
¿Habrá algo detrás del simulacro? ¿Por qué sólo en Jalisco y no Michoacán o Sinaloa?
Pregunta para la presidenta, Claudia Sheinbaum.

¿Para qué un simulacro?