El gobierno federal gasta más en mantener el presente que en construir el futuro

En finanzas, los principios son los mismos, ya sea a nivel personal, familiar, empresarial e incluso, a nivel gubernamental: ya sea municipal, estatal o federal. Es un hecho que no es el tamaño del ingreso lo que determina la salud financiera, sino la proporción entre ingresos, gasto, ahorro y deuda. El principio fundamental es que el gasto esté subordinado a la capacidad de generar ingresos y al patrimonio, procurando su sostenibilidad en el tiempo.

Si se gasta más de lo que se gana se incrementa la deuda, comprometiendo los ingresos futuros, es decir, no solo se afecta la situación económica presente sino también la futura, debido al costo financiero, las penalizaciones y los intereses. 

Si el presupuesto no se vincula a metas claras, habrá un desperdicio de recursos y no se podrá evaluar si la forma de gastar produjo resultados útiles como, por ejemplo: en el caso de las familias generar un patrimonio, garantizar la educación de los hijos, la creación de un fondo de emergencia y cubrir la edad de retiro. En el caso de las empresas, generar utilidades, pero también reservas para los tiempos difíciles y, en el caso del gobierno, mantener fondos de estabilización para enfrentar recesiones, crisis económicas, desastres naturales, contagios financieros, guerras e imprevistos.

Las decisiones de gasto deben realizarse no solo pensando en el presente, sino también en el futuro para no comprometer el patrimonio familiar, la empresa a largo plazo o la sostenibilidad fiscal con crecimiento económico.

En materia de gasto público, el gasto se divide en productivo e improductivo. El gasto productivo es gasto en infraestructura, en innovación tecnológica, en fortalecimiento institucional, en educación y salud, de forma que aumente la capacidad productiva del país, facilite la generación de empleos de calidad, de ingresos y de bienestar social, elevando a futuro el potencial de crecimiento económico, de forma que sus beneficios excedan a sus costos.

Lo anterior no implica dejar de reconocer la necesidad del gasto corriente o gasto de operación de los servicios públicos en seguridad, justicia, protección social, salud, educación, etc. 

El gasto público debe ser evaluable, transparente y amarrado a metas específicas, lo que permite medir si cumplió los objetivos y se generaron los beneficios esperados para que la sociedad civil evalúe, juzgue y analice si sus recursos fueron utilizados correctamente, además de que pueda participar en la formulación de nuevos proyectos y en la toma de decisiones.

La regla de oro de las finanzas públicas establece que si se va a endeudar, sea para invertir productivamente, no para financiar gasto corriente. 

En épocas de recesión o crisis, el déficit público puede ser un instrumento eficiente para la reactivación económica, pero no puede ser ilimitado porque puede generar un mayor costo financiero futuro, pérdida de confianza de los inversionistas, presiones inflacionarias cuando el déficit se monetiza (financiar con emisión de dinero) y menor margen para inestabilidades futuras.

El problema es que en México el gasto corriente (gasto de operación, subsidios, pensiones y jubilaciones, y sueldos y salarios) sobrepasa lo recomendado por los especialistas. Es claro que el gasto corriente siempre será mayor al gasto de inversión (gasto productivo), sin embargo, hay proporciones entre gasto corriente y gasto de inversión, en función del nivel de desarrollo del país y del bienestar social alcanzado.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2026, el gasto corriente es el 82.4% del gasto total, y el gasto de inversión es de 17.6%. Por su parte, las pensiones y jubilaciones contributivas y no contributivas absorben el 24% del gasto total. 

De acuerdo con los especialistas, el gasto de inversión en México, en función de su nivel de desarrollo, debería estar entre el 20 y el 25% del gasto programable, sin embargo, el gasto de inversión se ha venido contrayendo desde 2008, y una parte importante se ha destinado a proyectos que aún no presentan rentabilidad financiera (que genere ingresos para cubrir sus costos), ni rentabilidad económica (que genere más beneficios para la sociedad que los recursos que consume).

Ni el Tren Maya y los proyectos turísticos asociados, ni la refinería de Dos Bocas, ni Mexicana de Aviación, ni el Aeropuerto Felipe Ángeles, ni el corredor interoceánico, ni la Megafarmacia del Bienestar, ni Gas Bienestar, ni Bancos del Bienestar y Litio para México generan rendimientos, por lo que siguen requiriendo apoyo presupuestario. 

Adicionalmente, de acuerdo con los datos de México Evalúa, el 27% del gasto se utiliza para pagar pensiones, el 19% para pagar compromisos financieros, y el costo financiero de la deuda pública es mayor que el gasto en educación y salud. 

En pocas palabras, en México, el gasto de inversión aún no es rentable, se ha reducido, no ha apoyado al incremento en la productividad y aún no presenta rentabilidad financiera ni económica.