Lo que empezó en Zapopan, hoy es ley en Jalisco

Hay una situación que se repite en miles de familias de Jalisco, aunque casi nadie la vea: una madre que aprendió sola a leer las señales de su hijo, un padre que maneja más de una hora para llegar a una terapia de 40 minutos, una familia entera que descubrió, sin manual y sin ayuda, cómo cuidar a alguien que el Estado todavía no sabía nombrar. Esa situación es el punto de partida real de la ley que el Congreso de Jalisco aprobó el jueves pasado, la primera en la historia del Estado que obliga a garantizar diagnóstico, atención terapéutica e inclusión educativa y laboral para las personas que viven en el espectro autista.

Y déjenme contarles que esta historia comenzó en Zapopan.

Ahí, en las colonias Belenes y Miramar, el DIF municipal opera desde hace años los dos primeros centros de atención al autismo del Estado. Ahí trabaja Carlos Eduardo Núñez, jefe de Autismo del DIF Zapopan, que se sentó en cada una de las tres mesas de parlamento abierto que construyeron esta ley entre agosto y octubre de 2025. Lo que hoy se convierte en política pública para los 8 millones de habitantes de Jalisco, en Zapopan llevaba tiempo funcionando a escala de barrio, sostenido más por la vocación de quien atendía que por un presupuesto etiquetado.

Esa es la lógica que ya conocemos en esta agenda: lo que se prueba en Zapopan, se convierte en ley de Estado.

La iniciativa la presenté yo, pero me equivocaría si dijera que la escribí sola. La construimos en tres mesas abiertas, una sobre educación, otra sobre acceso a la justicia y otra sobre desarrollo profesional e inclusión laboral, donde escuchamos a madres activistas como Irene Macías, a organizaciones como Atzan, Pintados de Azul y Amigos de Riendas para la Vida, a docentes de educación especial, a especialistas en neurociencias y a las cámaras empresariales. También caminó con nosotros mi compañera, la diputada Mónica Magaña, y el Sistema DIF Jalisco, con Maye Villa de Lemus al frente, que participó directamente en el diseño de la ley y que ahora tendrá a su cargo operar la red de centros y el registro estatal que ordena crear. Esta ley no la hicimos para las familias, la hicimos con ellas, y eso se nota en cada uno de sus artículos.

Y aquí quiero reconocer al gobernador Pablo Lemus que lleva años impulsando la atención al autismo, primero en Zapopan y ahora desde el Estado; su gobierno acompañó este proceso de principio a fin, y esa disposición fue determinante, porque una ley sin voluntad de ejecución es letra muerta, y lo que buscamos fue justo lo contrario: que lo que legislamos tuviera base en la realidad, y que esa realidad quedara blindada por ley.

¿Qué cambia en concreto? Se crea un registro estatal, a cargo del DIF Jalisco y la Secretaría de Salud, para saber por fin cuántas personas viven en el espectro autista en la Entidad, algo que hasta hoy nadie contaba. Se crea una red estatal de centros regionales que ampliará la cobertura que hoy solo existe en Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco hacia Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán, donde ya hay un centro en construcción. Se instala una comisión intersectorial permanente en la que, por primera vez, dos personas autistas, dos madres o padres y dos representantes de organizaciones civiles tendrán voz y voto, no solo un lugar en la mesa. Y se obliga al Ejecutivo del Estado a incluir cada año, en el presupuesto, los recursos para operar todo esto, sin importar quién gobierne.

Ese último punto es el que más me importa firmar. Llevo tiempo repitiendo, desde la tribuna, que los derechos que no se financian se quedan en el papel. Por eso esta ley trae candado presupuestal: la atención a las personas del espectro autista deja de depender de la buena voluntad de un funcionario y se convierte en una obligación legal, revisable, exigible.

La Organización Mundial de la Salud calcula que una de cada 127 personas en el mundo vive en el espectro autista. En México, el estudio más citado, hecho en 2016 por Autism Speaks y la Clínica Mexicana de Autismo, encontró un caso por cada 115 niños. Son cifras que hasta ahora vivían dispersas en consultorios privados y en la memoria de cada familia que las cargaba sola. La suerte no puede ser política pública, los derechos no se rifan en una tómbola.

Por eso, cuando alguien me pregunte de dónde salió esta ley, la respuesta empieza en un centro de Belenes, sigue en una mesa de parlamento abierto y termina, esta semana, en el Ejecutivo cuando lo haga oficial. Incluir no es un favor, es justicia, y la justicia, cuando se vuelve ley, ya no depende de la buena voluntad de nadie.