El agua al banquillo de los acusados
Para entender mucho de la problemática que vivimos en materia de agua hay que tener una lúcida memoria histórica. La narrativa de los voceros de Morena al afirmar que es un problema que “nació hace ocho años” no solo es un insulto a la inteligencia de las y los jaliscienses; es un síntoma de una profunda y conveniente amnesia.
La crisis hídrica que se empeña en estrangular a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a gran parte del Norte, Centro y Sur del país, no se construyó en un sexenio. Es una avalancha que lleva arrastrándose por lo menos hace más de cuatro décadas. Es el resultado acumulado de omisiones, crecimiento urbano desmedido, tomas clandestinas, cuencas severamente contaminadas y, sobre todo, de un catálogo de mezquindades políticas que prefirieron el cálculo electoral por encima del futuro de la gente.
Hagamos memoria, porque la historia no miente. En los años noventa, cuando se buscó una solución de fondo a través de un histórico crédito japonés para infraestructura hidráulica, fue precisamente la mayoría priista en el Congreso local la que decidió meterle el freno de mano. Prefirieron ahogar el proyecto antes de permitir que un gobierno de oposición se colgara una medalla indispensable para el Estado. Prefirieron que nos faltara agua mañana con tal de que no les faltaran votos.
Lamentablemente, esa mezquindad sigue viva. Hoy vemos con indignación cómo recientemente representantes populares de Jalisco, como Mery Gómez Pozos, asumen una postura de chantaje político. Al declarar que el financiamiento para solucionar de fondo el problema del agua en Jalisco pasará “sobre su cadáver”, no solo dinamitan los puentes del diálogo, sino que exhiben la peor cara de la revancha política. El agua no es un botín electoral ni un “contentillo” de partido; es un derecho humano fundamental que no puede estar sujeto a las filias, fobias o caprichos de una comisión legislativa.
Condicionar la dignidad y la salud de las familias de Jalisco es un acto de crueldad política. El problema no solo es de abastecimiento; es de distribución. En el Centro Histórico de Guadalajara y sus barrios aledaños, la red de distribución supera los 100 años de antigüedad. Estamos intentando sostener una ciudad moderna, con un acelerado crecimiento vertical y nuevas demandas habitacionales, sobre arterias obsoletas de principios del siglo pasado que ya cumplieron su vida útil. La capacidad de tratamiento y bombeo no alcanza, y como era de esperarse, ahora abrimos el grifo y sale la podredumbre de omisiones pasadas.
Si las zonas metropolitanas no son replanteadas por completo en su operación, el desabasto será un cuento de nunca acabar. Necesitamos sustituir de manera urgente las redes de distribución, pero esto requiere rediseñar la política pública del agua en su totalidad. Y aquí es donde topamos con pared, porque las reglas del juego y las principales facultades están, por ley, en la cancha de la federación.
Si de buscar culpables se trata, el Gobierno Federal sigue siendo el principal sospechoso en el banquillo. La desatención de la Conagua, el abandono presupuestal sistemático a los estados y la nula prioridad a una agenda de seguridad hídrica nacional nos han traído a este punto de quiebre.
El reto que enfrenta Pablo Lemus no es el de administrar la inercia, sino el de unir las piezas de un rompecabezas roto por decisiones de hace 40 años. Toca reconstruir sobre las trabas del pasado, sanar nuestras cuencas, frenar el saqueo de las tomas clandestinas, renovar nuestras redes obsoletas y exigir, con la fuerza de Jalisco, la infraestructura y el presupuesto que la federación nos ha regateado por décadas.
