Carlos Palacios

Como diputado federal por Jalisco, no puedo quedarme callado ante la grave crisis hídrica que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El agua que llega sucia, con mal olor y en algunos casos con evidencias de contaminación en más de 600 colonias, no es un problema aislado ni responsabilidad exclusiva de administraciones pasadas.
Es un fracaso compartido. Desde el PAN y el PRI, que gobernaron durante décadas, hasta Movimiento Ciudadano, que ha estado al frente de los principales municipios y del Estado desde 2015 —más de una década—, todos tienen una responsabilidad histórica en la mala administración del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
No se puede seguir señalando solo a los anteriores cuando el problema persiste y se agrava bajo el actual gobierno. Lo más preocupante es la falta de transparencia.
No hay un diagnóstico público claro sobre el estado real de la red, las causas de la contaminación ni la magnitud de la afectación. Se habla de un plan de rescate de más de 20 mil millones de pesos, posiblemente a través de figuras como la APP (Asociación Público Privada), pero sin explicar a la ciudadanía en qué condiciones está la infraestructura, cuánto se ha invertido realmente en mantenimiento, tratamiento y químicos en los últimos años, ni cuáles son las deficiencias estructurales.
Pareciera más un anuncio de negocio que una solución integral. Antes de endeudar más al Estado o buscar recuperar la cartera vencida, urge sanear el organismo operador de agua: revisar gastos, eliminar posibles aviadores y casos de corrupción, y rendir cuentas.
No se puede voltearle la tortilla al ciudadano exigiendo pagos mientras en muchas colonias llega agua turbia y mal oliente. En esas zonas no debería cobrarse el servicio; al contrario, el gobierno debe garantizar el suministro mediante el envío de pipas de agua limpia y asumir su responsabilidad.
La solución pasa por contar con servidores públicos que sean especialistas en el tema del agua y honestos, por tener un diagnóstico serio y un esfuerzo conjunto de todos los partidos, más allá de colores y de intereses político electorales.
Los jaliscienses merecemos agua potable, no promesas ni excusas, mucho menos que nos cobren por un servicio de forma injusta e inadecuada.

La crisis del agua en Guadalajara: un fracaso colectivo que nadie quiere asumir

Ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump, que ha decidido no ratificar el acuerdo comercial hasta el año 2042, el gobierno federal mexicano y la gestión del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantienen una visión positiva y firme.
Comparto lo que el tratado comercial representa como ventaja para el país en algunos apuntes:
● El T-MEC se mantiene vigente hasta 2036 y continúa siendo el principal marco jurídico-comercial de integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Las tres partes mantienen su compromiso con el tratado y con la continuidad de la relación comercial de América del Norte.
● Estados Unidos no salió del T-MEC, porque cualquiera de las partes puede denunciarlo mediante aviso previo de seis meses; sin embargo, ese no es el escenario actual. Lo que inicia es un proceso de revisión previsto en el propio instrumento, por lo que no procede su extensión automática en este momento, pero el tratado continúa vigente.
● El proceso de revisión es un mecanismo institucional para evaluar el funcionamiento del tratado, atender los temas pendientes entre las partes y fortalecer la certidumbre jurídica para empresas e inversionistas de la región. La revisión no implica la terminación del tratado.
● El 1 de julio de 2026 marca el inicio del periodo de revisión. La próxima ronda de trabajo entre México y Estados Unidos está prevista para el 20 de julio de 2026, con el objetivo de avanzar en la atención de los temas de relevancia para ambas partes, definir los siguientes pasos del proceso y comunicar los resultados una vez concluida la ronda.
● El proceso se desarrolla en un contexto de diálogo y colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá. Existe disposición de las tres partes para atender los temas planteados dentro del marco institucional del T-MEC y preservar la integración económica de América del Norte.
● Los asuntos a revisar planteados por Estados Unidos se relacionan principalmente con la pérdida de empleos en algunas manufacturas, la alta dependencia de terceros países en cadenas de suministro y el déficit comercial. Desde la perspectiva de México, estos temas pueden atenderse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en la región y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia.
● La agenda de México está orientada a fortalecer la competitividad regional en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica. En particular, se busca incrementar la capacidad productiva de la región y reducir dependencias externas en insumos críticos
● La reducción del déficit comercial debe abordarse a partir de una mayor producción regional, la eliminación de barreras arancelarias entre socios y una estrategia conjunta de sustitución de importaciones provenientes de Asia. Esta visión permite convertir las preocupaciones comerciales actuales en una oportunidad para profundizar la integración productiva de los tres países.
En estos términos y otros aspectos técnicos, el T-MEC seguirá siendo una oportunidad de desarrollo para México.

Las posibilidades del T-MEC

Desde hace varios meses, cerca de 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara reciben en sus hogares algo que el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) llama agua potable, pero que en realidad es agua turbia, sucia, maloliente, inaceptable.
Familias que abren la llave y encuentran un líquido que genera absoluta desconfianza, que no sólo mancha la ropa, sino que podría poner en riesgo la salud de las personas y, por lo mismo, nadie la bebería.
Eso sí, el recibo llega puntual cada bimestre y no se diga el corte por falta de pago (bautizado por las autoridades como reducción del servicio). Ante esta realidad, celebro que desde el Poder Legislativo estatal existan voces dispuestas a mover el tablero. Legisladoras y legisladores que cocinan un esquema de descuentos para ciudadanos morosos en el pago del servicio de agua. La propuesta tiene mérito: reconoce que hay una deuda acumulada, que hay usuarios que no han pagado, y que se necesita un mecanismo para poner las cuentas al corriente. Pero me parece que el planteamiento debe ir más lejos. Mucho más lejos. Lo que proponen algunos es, en esencia, una herramienta de recuperación de cartera vencida. Válida, sí. Necesaria, también. Pero insuficiente si no se acompaña de un reconocimiento fundamental: que el Estado está en deuda con la ciudadanía, no al revés.
Cuando un organismo público cobra por un servicio y no lo presta en condiciones dignas, no estamos frente a un problema de morosidad. Estamos frente a un incumplimiento institucional. Y ese incumplimiento tiene nombre: es una falla del Estado.
Por eso mi postura es clara: los usuarios que hayan recibido agua turbia o sucia en estas colonias deben ser compensados al 100 por ciento, no con un descuento, no con una facilidad de pago. Con una compensación real, proporcional al tiempo que llevan recibiendo un servicio que no cumple con los estándares mínimos de calidad establecidos en la ley.
Ningún ciudadano debe pagar por agua que no puede beber, que no puede usar con tranquilidad, que genera desconfianza y gastos adicionales en garrafones, filtros o medicamentos. Ese costo invisible que nadie contabiliza lo han venido absorbiendo las familias tapatías durante meses. La discusión no puede reducirse a cómo cobrarle a quienes no han pagado.
La discusión tiene que comenzar por preguntarse por qué no han pagado, y si acaso tienen razón. Invito a los representantes populares con curul en el Congreso local a ampliar el horizonte de esta propuesta.
El esquema de descuentos puede ser el punto de partida, pero el punto de llegada debe ser la restitución plena de un derecho: el derecho humano al agua limpia, segura y suficiente.
Mientras el SIAPA no garantice ese derecho, la lógica del cobro pierde toda legitimidad moral. Y eso, como representante popular a nivel federal, no puedo ni debo de ignorarlo.

El agua sucia no se paga: una deuda del Estado con la ciudadanía

Desde la cumbre del G7 en Évian, Francia, Donald Trump repitió una frase que ya convirtió en lugar común: que los cárteles gobiernan México. Describió a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer muy buena, pero muy asustada. Sus palabras resultan difíciles de sostener cuando provienen del presidente de la nación que más drogas consume en el mundo y que inunda nuestro territorio con armas de alto poder.
Nuestra presidenta respondió con serenidad y con datos. Citó una reducción del 46% en homicidios dolosos, la destrucción de más de 2 mil 500 narcolaboratorios y la detención de líderes criminales con órdenes de aprehensión y subrayó que &#8220;El Estado mexicano existe&#8221;.
Lo más revelador no vino de México, sino del propio gobierno de Trump. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró recientemente ante el Congreso: “Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más que la administración anterior”. La zar antidrogas Sara Carter, fue igual de clara al elogiar los operativos conjuntos contra el cártel delincuencial que tenía por sede a Jalisco: “Nunca habíamos visto esa cooperación antes”. Los propios funcionarios de Trump contradicen a Trump.
México ha sido claro desde el inicio: cooperación no es subordinación. La responsabilidad compartida exige también que Estados Unidos frene el tráfico ilegal de armas que alimenta a los mismos grupos criminales que Trump dice combatir.
Como ha dicho la presidenta: la soberanía no está sujeta a ningún tipo de negociación.
Desde el Grupo Parlamentario de Morena respaldamos esa postura sin reservas. Una intervención militar extranjera sería inconstitucional, contraproducente y un retroceso en la relación bilateral. Cuando Trump lanza calificativos sin sentido en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en realidad está describiendo a una mujer que no teme decirle que no y que ha demostrado tener argumentos sólidos para defender la soberanía nacional.
 Eso no es miedo, a eso se le llama simplemente dignidad.

La soberanía no se negocia

Cuando el Estadio Azteca recibió el pitazo inicial del Mundial 2026, no solo fue inaugurado un torneo: cerró un círculo histórico único. México se convirtió en el primer país en organizar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). El Coloso de Santa Úrsula, testigo mudo de aquella final de Pelé y del gol “de la mano de Dios” de Maradona, vive ahora una experiencia que sus fundadores ni siquiera pudieron imaginar.
La comparación tecnológica entre estos tres eventos es inevitable, no sólo como un ejercicio de nostalgia, sino como espejo de la evolución del futbol y de la forma en que México se ve a sí mismo y es visto por el mundo.
En 1970, México apostó por la modernidad. Fue el primer Mundial transmitido en color a nivel global, gracias a los satélites. La pelota Telstar de Adidas, con sus páneles negros y blancos, nació precisamente para ser visible en televisión. Se introdujeron las tarjetas amarillas y rojas, y las sustituciones. El país, aún con las heridas abiertas de Tlatelolco, usó el torneo para proyectar una imagen de progreso y unidad ante el planeta. La tecnología era rudimentaria comparada con la de hoy, pero revolucionaria: el futbol dejó de ser un evento local para convertirse en espectáculo global.
16 años después, en 1986, México repitió como sede en medio de una crisis económica y tras el devastador terremoto de 1985. La televisión ya había madurado, había más cámaras, repeticiones y la famosa “ola” mexicana que conquistó los estadios del mundo. La pelota azteca fue adaptada al clima y la altitud, pero el arbitraje seguía dependiendo casi exclusivamente del ojo humano. El Azteca volvió a ser protagonista. El futbol seguía siendo analógico, pasional y colectivo, sin datos en tiempo real ni asistentes tecnológicos.
En 2026, el contraste es abismal. El torneo más grande de la historia (48 selecciones) llega con inteligencia artificial, cámaras 8K, sensores en el balón que rastrean el movimiento cientos de veces por segundo, VAR semiautomático con avatares 3D para offsides, estadios inteligentes con Wi-Fi masivo, hybrid pitches y experiencias inmersivas para los aficionados. El broadcast se apoya en servidores de IA para highlights automáticos y vistas personalizadas. El Azteca, renovado con tecnología de vanguardia pero respetando su alma, es más que un estadio: un nodo conectado en una red transfronteriza con Estados Unidos y Canadá.
Esta evolución tecnológica no es superficial. Refleja cómo el futbol pasó de ser un deporte de masas visto en blanco y negro (o color incipiente) a una industria data-driven, donde cada pase se analiza, cada decisión arbitral se valida con algoritmos y cada aficionado puede interactuar desde su celular. Lo que en 1970 era magia televisiva, hoy es precisión quirúrgica y entretenimiento personalizado.
Pero más allá de los circuitos y algoritmos, el futbol en México siempre ha sido un fenómeno profundamente social. Es el gran igualador en un país de desigualdades. En las vecindades, las canchas improvisadas y los barrios, el balón une a niños que sueñan con emular a sus ídolos. Los Mundiales han servido históricamente como catarsis colectiva: en 1970, ayudaron a cicatrizar, al menos temporalmente, divisiones sociales; en 1986, levantaron el ánimo de una nación golpeada por la naturaleza.
El futbol construye identidad. El grito de “¡México!” en el Azteca, los festejos en el Ángel de la Independencia o en La Minerva de Guadalajara o las caravanas de autos con banderas tricolor tras una victoria del Tri son expresiones de un orgullo que trasciende resultados. Es un espacio donde se forja comunidad, se transmiten valores de esfuerzo y resiliencia, y se generan oportunidades en sectores marginados, aunque también refleja nuestros vicios: la corrupción en algunas esferas del mundo del futbol, la violencia en estadios y la frustración con nuestra Selección.
En 2026, con toda la tecnología disponible, el verdadero desafío para México no será solo organizar un evento impecable o deslumbrar con pantallas LED. Será recordar que, detrás de los sensores y la IA, el futbol sigue siendo de la gente. Que el Azteca no es solo un venue smart (espacio inteligente), sino un templo que guarda el recuerdo de generaciones enteras que han soñado, sufrido y celebrado juntas.
Al sonar el Himno Nacional y rodar el balón en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio, no sólo presenciamos el inicio del Mundial más tecnológico de la historia, sino que fuimos testigos de la continuidad de una pasión que, desde 1970, nos ha definido como nación: imperfecta, ruidosa, pero inquebrantable.
El futbol mexicano no necesita algoritmos para emocionarnos. Solo necesita la cancha, la pelota y a millones de mexicanos gritando al unísono: ¡Que viva el futbol! Y que viva México, tres veces anfitrión.

México: eterno anfitrión del futbol que se transforma

La democracia mexicana ha recorrido un largo camino para consolidarse como una expresión auténtica de la voluntad popular. Durante décadas, millones de mexicanas y mexicanos lucharon para que las decisiones fundamentales del país dejaran de responder a intereses de grupos privilegiados y comenzaran a reflejar verdaderamente el mandato ciudadano. Hoy, en la etapa de transformación que vive nuestra nación, tenemos la responsabilidad de proteger ese legado y fortalecerlo frente a nuevos desafíos.
Uno de esos desafíos es la posibilidad de que actores extranjeros intenten influir en nuestros procesos electorales. En un mundo cada vez más interconectado, las formas de intervención ya no se limitan a mecanismos tradicionales. Hoy pueden presentarse a través de campañas de desinformación digital, financiamiento indebido, manipulación tecnológica o estrategias de presión política que buscan alterar la libre decisión de la ciudadanía. Precisamente por ello, la propuesta de reforma al artículo 41 constitucional para incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera representa un paso necesario en la defensa de nuestra soberanía.
La Cuarta Transformación ha colocado al pueblo en el centro de la vida pública. Bajo este principio, resulta inaceptable que intereses ajenos a México pretendan influir en la integración de los poderes públicos o en las decisiones que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos. La soberanía nacional no es un concepto abstracto; es la garantía de que nuestro destino lo decidimos nosotros mismos, sin tutelas ni imposiciones externas.
Esta reforma también atiende una omisión existente en nuestro marco constitucional. Actualmente, la ley contempla causales de nulidad relacionadas con irregularidades electorales o el uso de recursos ilícitos, pero no establece de manera expresa la injerencia extranjera como motivo para invalidar una elección. Incorporar esta figura fortalecerá la certeza jurídica y brindará mayores herramientas a las autoridades para proteger la autenticidad del sufragio y la equidad en las contiendas electorales.
Defender la democracia implica anticiparse a las amenazas del presente y del futuro. Por ello, actualizar nuestra Constitución frente a nuevas formas de injerencia internacional no significa cerrar las puertas al mundo; significa garantizar que las decisiones políticas de México sigan emanando únicamente de la voluntad popular.
En Morena estamos convencidos de que la democracia se fortalece cuando el pueblo decide libremente. Proteger nuestras elecciones de cualquier influencia extranjera es proteger el derecho de las mexicanas y los mexicanos a construir, por sí mismos, el rumbo de la nación. Porque la soberanía no se negocia, y la voluntad del pueblo se respeta.
Y para los de oposición que han intentado tergiversar esta iniciativa, solo pueden estar en contra de esta iniciativa y de este dictamen quienes esperan la intervención de un gobierno extranjero y quienes esperan los recursos de un gobierno extranjero para intervenir en las elecciones de México.

La soberanía no se negocia: la voluntad del pueblo se respeta

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar las candidaturas ante el crimen organizado no es un veto: es información que los partidos merecen tener antes de registrar a alguien.
La propuesta, presentada esta mañana por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, es políticamente oportuna. No busca crear tribunales de excepción ni listas negras. Lo que plantea es algo más simple y más poderoso: que los partidos políticos tengan acceso, antes de registrar una candidatura, a información de inteligencia que hoy existe en archivos de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que nunca fluye hacia quienes toman las decisiones de postulación.
El mecanismo concreto es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al INE y conformada por cinco consejeros electorales electos por el propio Consejo General por un periodo de tres años. Esta comisión, de ser aprobada la iniciativa, funcionaría como bisagra entre los partidos y las autoridades de seguridad y financieras. Los partidos entregarían voluntariamente su lista de aspirantes; la comisión consultaría con esas instituciones si existe lo que la iniciativa llama un &#8220;riesgo razonable&#8221; de vínculos con la delincuencia, y esa señal —sí o no, sin detalles que comprometan investigaciones en curso— regresaría al partido para que éste tome su decisión.
Conviene subrayar lo que la iniciativa no hace, porque ya escucho las voces que van a tergiversarla. No es una vía para vetar candidatos opositores. No es un sustituto del proceso judicial. No viola la presunción de inocencia. El partido sigue siendo el que decide si registra o no al aspirante. Lo que cambia es que ya no podrá alegar ignorancia. Como dejó en claro la propia Luisa María Alcalde, muchas veces las corporaciones de seguridad tienen indicios que no alcanzan nivel probatorio para judicializar un caso, pero que sí son suficientes para que un partido reconsidere una candidatura. Hoy esa información se queda atorada, pero la iniciativa la pone a circular.
El requisito de que cada aspirante firme su consentimiento expreso para ser evaluado también es relevante. Se trata de un filtro de actitud. Quien se niega a ser revisado, ¿qué está protegiendo? La transparencia empieza por quien pide el voto. La iniciativa llega a medio año de las elecciones de 2027.
También vale la pena ubicar otra iniciativa en su contexto legislativo. Mi compañero Ricardo Monreal, coordinador de nuestra bancada, ha anunciado que impulsará una propuesta complementaria: establecer como nueva causal de nulidad de una elección el hecho de que se acredite intervención extranjera en el proceso.
Una reforma constitucional que tocaría el artículo 41 para cerrar lo que Monreal llama una &#8220;laguna técnica&#8221; en el sistema actual de nulidades. México no puede llegar a 2027 con el mismo blindaje legal de hace 20 años, cuando las amenazas a la integridad democrática tenían otro rostro. Hoy el peligro viene del crimen organizado, adentro, y de actores extranjeros, afuera.

Sin máscaras de cara al 2027

La semana pasada en este mismo espacio, plantee una reflexión en la cual coincidimos con un conjunto de compañeras y compañeros del país, respecto a la dirección y a los retos para que Morena pueda lograr una transformación en lo local. Además, formulé una serie de cuestionamientos que ya no deseamos en el movimiento, y por lo tanto, ahora en positivo expongo cinco planteamientos transformadores en lo local:
1.- La transformación es más allá de un concepto político, una acción que lleva en sí misma la responsabilidad irrenunciable de cambiar de fondo. Si partimos desde el punto de cómo están las cosas ahora, debemos priorizar la seguridad de nuestras familias, mujeres, estudiantes y trabajadores y trabajadoras; dignificar los servicios. Esto significaría dar un giro completo en la forma de servir a la sociedad desde el gobierno, en la búsqueda de bienestar y poder vivir la ciudad.
2.- Para transformar, es necesario iniciar por escuchar y atender a la gente, sus necesidades básicas, sus dolores, sus carencias, los humores y las alegrías; transformar en lo local significa, no imponer la opinión de asesores externos, o adoptar políticas públicas de otras ciudades; escuchar lo que viven día a día las colonias. Este es el centro de un proyecto transformador.
3.- En lo político, desde el movimiento debe nacer un consenso, en el que los liderazgos, las bases y dirigentes determinen las directrices, las prioridades y el rumbo ético, la plataforma política y legislativa para una metrópoli como la nuestra y un Estado como Jalisco, partiendo del alineamiento nacional, pero con la visión de un Jalisco moderno y sin desigualdades.
4.- La libertad es la base de la transformación. Las libertades deben ser el punto central de la vida de las personas; libertad para trabajar, libertad para el deporte, libertad para el recreo, libertad y seguridad para todas y todos, como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: “La libertad es la base de nuestra transformación”.
5.- Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara son ahora la cuna de incubación del emprendurismo tecnológico; en unos años será el centro tecnológico más importante del país. Por lo tanto, la transformación debe ser la garante de tener un Estado con sentido humano, sí con certeza a las empresas, pero también con condiciones de trabajo modernas y derechos laborales y prestaciones garantizados.
Estos cinco puntos son solo una provocación a la discusión sobre la transformación que requiere nuestra ciudad y nuestro Estado, una discusión que hace falta, que requiere de un largo trabajo pero que en algún momento debe iniciar.

Una reflexión para la transformación

Eduardo González Velázquez

ICE, con licencia para matar

Marcela Michel López

SIAPA: Mil excusas, cero resultados

Jonás

Descuentos por agua de mala calidad

Claudia Salas

El agua al banquillo de los acusados

Mi pecho no es bodega

La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara no sólo es un tema que fue ignorado por los gobiernos de diferentes colores, sino que durante mucho tiempo se ha manejado con tibieza.
Hace semanas, desde este espacio puse sobre la mesa una propuesta clara y contundente: quienes reciben agua sucia, turbia o en mal estado a través del SIAPA no deberían pagar por un servicio que simplemente no están recibiendo.
No se trata de un favor o concesión, sino de un principio de sentido común y elemental justicia. ¿Cómo cobrarle a la gente por un líquido que, en lugar de limpiar, lavar e hidratar, le genera preocupación y riesgos para su salud?
Afortunadamente, esa semilla ha germinado. En el Congreso del Estado de Jalisco, la Comisión de Hacienda aprobó otorgar un descuento de hasta el 80 por ciento en el servicio que ofrece el SIAPA a los ciudadanos y pequeños negocios de las colonias afectadas. De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, son más de 600 colonias las que padecen este problema.
El planteamiento inicial de un servidor, que buscaba la exención total del 100 por ciento, encontró eco transversal: PAN, Morena, PRI, Hagamos, PT y Futuro. Tras negociaciones, se estableció un descuento de 80 por ciento para las familias que han sido claramente afectadas por agua turbia y maloliente.
Como lo señalé desde el principio, el SIAPA y la CEA deben asumir su responsabilidad. No basta con paliativos; urge que envíen pipas con agua limpia a las colonias afectadas mientras se resuelve de fondo la potabilización y el saneamiento. La gente no puede seguir pagando por un líquido que no cumple los estándares mínimos.
Mi planteamiento siempre ha sido claro: condonar o exentar el pago a quienes reciben agua en mal estado no es un acto de populismo, es un acto de dignidad y de reconocimiento a la ineficiencia del servicio.
Celebro que, más allá de siglas partidistas, se esté avanzando en una batalla que debe ser de todos. Este es solo el comienzo.
El próximo paso debe ser que el Pleno del Congreso local ratifique este acuerdo y que las autoridades estatales y municipales refuercen las acciones para resolver el problema de raíz: agua limpia, potable y confiable para todas las colonias.
La presidenta Claudia Sheinbaum también  está haciendo su parte: el jueves 16 de julio anunció una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para limpiar 3 de los ríos más contaminados de México: Atoyac, Tula y Lerma-Santiago. Este último impacta a seis estados del país, entre ellos Jalisco.
A los ciudadanos de Guadalajara y su zona metropolitana les digo: no están solos. Seguiré empujando desde la Cámara de Diputados para que este tipo de medidas se consoliden y se amplíen. Porque cuando se trata de derechos básicos como el agua, las diferencias políticas deben quedar en segundo plano para atender la emergencia.
El camino está marcado. Ahora falta que las instituciones respondan con la misma seriedad con la que los ciudadanos han venido exigiendo soluciones.

Eximir el pago del agua sucia es un acto de justicia