La simulación en cifras
Durante años se nos dijo que la corrupción era el origen de todos los males del país y que bastaba con erradicarla para transformar a México. Ese fue el corazón del discurso de la llamada Cuarta Transformación. La honestidad se convirtió en un eslogan y la superioridad moral en un argumento político. Sin embargo, gobernar exige mucho más que promesas.
Las cifras difundidas recientemente sobre las sanciones a servidores públicos llaman la atención. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registró un número considerablemente mayor de inhabilitaciones, destituciones y suspensiones que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los datos, por sí mismos, no prueban que un gobierno haya sido más corrupto o más honesto que otro. Pero sí evidencian una contradicción incómoda para quienes prometieron una limpieza sin precedentes –el gobierno de Peña Nieto impuso 53 mil 439 sanciones a servidores públicos. En contraste, la administración de López Obrador registró 15 mil 266–.
El problema no es sólo cuántos funcionarios fueron castigados. El verdadero problema es la simulación. Se sustituyó la construcción de instituciones fuertes por la narrativa política, la investigación técnica por la descalificación de los críticos y la rendición de cuentas por las conferencias diarias. Pareció suficiente repetir que ya no había corrupción para convencer al país de que ésta había desaparecido.
Pero la corrupción no se combate con discursos, sino con auditorías, fiscalías independientes, órganos de control robustos y sanciones ejemplares. Cuando las instituciones se debilitan o se subordinan al poder político, la impunidad encuentra terreno fértil. Y la impunidad, tarde o temprano, termina cobrando factura a todos.
Resulta paradójico que un gobierno cuya legitimidad descansó en la promesa de erradicar la corrupción, enfrente hoy cuestionamientos sobre la eficacia de ese combate. Más preocupante es que buena parte de la discusión pública se reduzca a defender colores partidistas, cuando el verdadero interés debería ser fortalecer el estado de derecho.
La corrupción no distingue ideologías. Vive igual bajo gobiernos de izquierda que de derecha cuando desaparecen los contrapesos y la vigilancia ciudadana. Por eso el conformismo es tan peligroso como la corrupción misma.
Y aquí cabe una reflexión incómoda: si un gobierno tan cuestionado como el de Enrique Peña Nieto terminó mostrando una actuación administrativa más intensa contra funcionarios que el gobierno que prometió acabar con la corrupción, entonces el problema ya no es de propaganda, sino de resultados. Y si eso es cierto, como sociedad estamos muy, pero muy jodidos.
