Transparencia en Jalisco: nuevos retos
La aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia por parte del Congreso del Estado de Jalisco era una decisión que resultaba indispensable. Después de la reforma constitucional que modificó el modelo nacional y extinguió al ITEI, Jalisco no podía permanecer indefinidamente sin un marco jurídico que permitiera hacer operable el nuevo sistema.
Lograr acuerdos y consensos que permitan construir mayorías en el Congreso del Estado ha sido una tarea nada fácil. Por ello, alcanzar un consenso en una materia tan delicada como la transparencia constituye una buena noticia para la vida institucional del Estado. La democracia no exige unanimidad; exige la capacidad de construir acuerdos cuando están de por medio derechos fundamentales.
Sin embargo, sería un error pensar que con la aprobación de las leyes el problema quedó resuelto. En realidad, apenas comienza. La nueva legislación crea la Agencia de Transparencia de Jalisco, un órgano administrativo desconcentrado de la Contraloría del Estado que estará integrado por una persona presidenta y dos consejerías, propuestas por el titular del Poder Ejecutivo y ratificadas por el Congreso mediante mayoría calificada. Esa será, probablemente, la primera gran prueba del nuevo modelo institucional.
Y es aquí donde el debate adquiere verdadera relevancia. Durante años discutimos si los organismos constitucionales autónomos (OCA’s) debían desaparecer o mantenerse. Hoy esa discusión pertenece al terreno de las decisiones ya tomadas. Lo importante en este momento es otra cosa: ¿quiénes serán los responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública en Jalisco? Porque las instituciones no funcionan por decreto. Funcionan por las personas que las integran.
Por ello, el proceso de designación de la presidencia y de las dos consejerías no debería reducirse a un acuerdo político entre partidos. Sería un grave error repetir la lógica de las cuotas o privilegiar afinidades personales sobre la capacidad profesional. Jalisco necesita perfiles con trayectoria comprobada en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, derecho administrativo, archivos, gobierno abierto y rendición de cuentas. Personas que comprendan que su principal obligación será proteger un derecho ciudadano, incluso cuando ello resulte incómodo para el propio poder público.
La nueva ley conserva principios esenciales como la máxima publicidad, la legalidad, la imparcialidad, la independencia y el profesionalismo. No son simples declaraciones normativas. Son el estándar bajo el cual deberá medirse el desempeño de la nueva Agencia.
Existe además otro aspecto que vale la pena destacar. En tiempos donde la confrontación política suele ocupar más espacio que los acuerdos, el consenso alcanzado en el Congreso envía un mensaje que conviene preservar. Las diferencias ideológicas son naturales en cualquier democracia; lo verdaderamente preocupante sería que esas diferencias impidieran construir instituciones o garantizar derechos.
Las leyes pueden reorganizar instituciones. La confianza ciudadana, en cambio, sólo se construye cuando quienes llegan a ejercer el poder demuestran que están ahí por su capacidad y no por sus relaciones. Y en materia de transparencia, la confianza es, quizás, el activo más valioso que una institución puede tener. Por ello, habrá que darle seguimiento a los perfiles que sean nombrados para encabezar a esta nueva agencia que en la práctica sustituirá las funciones del extinto ITEI.
