Jonás

Llega muy tarde. Es el arrepentimiento de Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, condenado ayer a cadena perpetua por el juez Brian M. Cogan en Estados Unidos, y obligado también a regresarle al gobierno estadounidense 15 mil millones de dólares. El único beneficio que puede recibir es que lo trasladen a una prisión con asistencia médica, y eso todavía está condicionado a lo que resuelva la Oficina Federal de Prisiones.
Al confirmarse lo que ya se había anticipado, la cadena perpetua sin juicio de por medio porque fue negociada, “El Mayo” leyó una carta en la que se arrepiente de lo que hizo en su vida como fundador y líder del Cártel de Sinaloa. El hombre de 76 años de edad y a quien las crónicas describieron como muy enfermo y físicamente desgastado, leyó un documento que se presume, fue escrito por él mismo, en el que reconoció que creció en un entorno donde la violencia y el crimen “parecían normales”, pero que eso no justifica nada.
También comentó ante el juez y los asistentes en la corte, que no pidió juicio porque “no quería negar la verdad” y añadió que no pretende recibir ningún trato compasivo: “No estoy aquí para pedir compasión; estoy aquí para sumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por el ejemplo que dí”.
En un giro totalmente sorpresivo para un capo del narcotráfico que es básicamente uno de los personajes que cimentaron la violencia y la desgracia que se vive en México por la vigencia del crimen organizado, Zambada se dirigió a los jóvenes para sugerir que no elijan un camino como el suyo, porque la violencia no tiene honor ni ofrece nada duradero.
Las autoridades norteamericanas, que habían esperado varias décadas antes de poder apresar y juzgar a Ismael Zambada y varios personajes similares, presumieron que la lucha contra el crimen organizado seguirá y se insistió en que “El Mayo” morirá una cárcel estadounidense. Si su condición de salud es tal y como la describen, ese desenlace no tardará mucho.
Y ahora surgen las preguntas en nuestro país, frente a la violencia y las muertes que no se detienen en Sinaloa desde que estalló la guerra entre “Chapitos” y “La Mayiza” después de que en julio de 2024, fue llevado a Nuevo México y apresado por lo que se ha comentado, fue un engaño y un secuestro de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, quien también purga cadena perpetua en Estados Unidos.
Lo primero que se puede cuestionar es si se acepta el arrepentimiento de “El Mayo” y a quién lo dirige. ¿Sirve de algo?
México padece una ola de violencia debido a la actividad incesante de los cárteles; padece la imparable desaparición de personas y sufre de la profunda corrupción que quebranta a autoridades y todos los estratos sociales.
El narcotráfico derrumba instituciones y corroe las bases sociales. Y todo comenzó con personajes como “El Mayo”. Que termine sus días en una cárcel parece un hecho mínimo –y fortuito– de justicia, pero ¿cómo vamos a resolver el fenómeno que a todos nos afecta?

El arrepentimiento del “Mayo” Zambada

Al terminar el Mundial de Futbol los fanáticos siguieron cada minuto del encuentro entre las selecciones de España y Argentina, pero los observadores de la política internacional no perdieron de vista la reunión convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una vitrina blindada del estadio de Nueva York donde se juegó el último encuentro del torneo mundialista, en donde estuvo también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Fue, por decir lo menos, una reunión políticamente importante pero bastante incómoda. Al menos no ha sido el estilo presidencial desde que en Palacio Nacional se instaló la “cuarta transformación”.
La mandataria mexicana, sentada junto a Melania Trump, una mujer que está en las antípodas de Sheinbaum, y rodeada por personajes como el mismo presidente norteamericano, el rey Felipe VI (que sigue sin disculparse por la Conquista) y el ahora vilipendiado Gianni Infantino, dirigente de la FIFA que se esforzó visiblemente por hacer todo lo que se le antojara a Trump, incluso llevarle el trofeo mundialista que nadie puede tocar, y que finalmente presumieron los jugadores españoles después de ganar el partido.
También estuvieron con ella –o junto a ella, que no es lo mismo– el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la reina Letizia, además del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
La presidenta de Sheinbaum en este encuentro era indispensable; la había invitado personalmente Donald Trump y además, todos sabían que además de no poder negarse, también hay pendientes de los que no se sabe si pudo abordar con el presidente: los diferendos en materia de seguridad por temas como Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya y el “Mayo” Zambada, y adicionalmente la revisión del T-MEC.
Si la presidenta pudo tocar estos u otros asuntos con Trump, sólo ella podrá revelarlo, porque lo que pudo verse públicamente no ofrecía espacio para ningún diálogo formal.
Lo que resulta nítido es que terminado ya el Mundial de Futbol, se cerró una especie de tregua entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y no queda en el horizonte ningún otro espacio de convivencia forzada. La administración de Sheinbaum está nuevamente, como desde el principio, en convivencia obligada con la Casa Blanca y a merced de las amenazas y las ofensas, a las que sólo se le puede responder desde las mañaneras en Palacio Nacional, siempre con un solo destinatario: los simpatizantes de la 4T.
¿Qué le quedó a la presidenta Sheinbaum del Mundial? Una buena colección de recuerdos y un protagonismo que nunca se esperó ni estaba en agenda.
Quedará por siempre la duda, a menos que ella misma lo aclare, si en su interior apoyaba a Argentina o a España… porque detrás del cristal blindado, mientras miraba siempre al frente y evitaba a Melania, sólo sonreía y esperaba.

Sheinbaum en la vitrina de Trump

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Las primeras acciones de justicia elemental en la crisis por la mala calidad del agua empezaron a llegar desde ayer a diferentes puntos de Guadalajara: plantas de tratamiento transportables y provisionales que purifican agua en las colonias, los primeros garrafones de agua limpia y pipas con agua que no sea turbia ni con malos olores. Así es como comenzaron a remediar el daño en un operativo que, como se anunció, estará financiado con 100 millones de pesos mientras se realizan los trabajos que eliminen el problema en el corto plazo. 
Mientras tanto, en el Congreso del Estado, los diputados de la Comisión legislativa de Hacienda aprobaron la aplicación de un mecanismo de descuento del 80% a las tarifas del SIAPA, en las colonias donde se haya registrado agua turbia o con malos olores.
La propuesta, sin embargo, debe pasar por la aprobación del pleno, aunque no parece que haya diputados que vayan a votar en contra.
Hay condiciones: el beneficio será para domicilios particulares y pequeños negocios, y el listado de colonias que recibirán el beneficio se revisará mensualmente mientras persiste el problema, con base en el listado de lugares que presentaron queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En la misma sesión de la comisión legislativa se aprobó la iniciativa para eliminar multas y sanciones a quienes tienen deuda con el SIAPA, a fin de avanzar en el cobro de la “cartera vencida”. Se estima que en el mejor escenario, el organismo operador del agua recuperaría alrededor de 320 millones de pesos.
Se trata de las primeras acciones concretas para enfrentar una problemática que es crítica en muchos sentidos y que estaba creciendo y expresándose con manifestaciones y un creciente descontento social.
Mientras tanto, también aumenta de volumen la diferencia de posturas entre el gobierno del Estado y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este 16 de julio el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, aseguró en la rueda de prensa mañanera que sí hay diálogo con autoridades de Jalisco y el organismo sí está colaborando en procesos de saneamiento del Río Lerma y en la solución de la crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Del lado jalisciense, sin embargo, se insiste en solicitar recursos económicos para las obras de ampliación de plantas potabilizadores y el acueducto de Chapala a Guadalajara. Aparentemente, se trata de una discusión que tomará bastante tiempo porque desde Palacio Nacional se están asignando tareas a diferentes actores de Morena (funcionarios y diputados federales) para que argumenten en favor de la postura federal.
Mientras el proceso político avanza en su ruta, lo más importante es mantener el pulso y la exigencia en soluciones de fondo, que permitan recuperar permanentemente la capacidad de abasto de agua potable para la ciudad.

Descuentos por agua de mala calidad

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Era inevitable el choque entre el gobierno estatal y el gobierno federal. En la ruta de solución propuesta por el gobierno de Pablo Lemus Navarro en Jalisco, aparece la solicitud de recursos económicos del gobierno federal para sustentar las obras propuestas que corrijan la crisis de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara… Y aquí estallan las diferencias.
Desde su rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que en lugar de hacer declaraciones públicas, le llamen por teléfono para tomar acuerdos. El mandatario jalisciense aseguró ayer que de inmediato intentó comunicarse con ella… pero no ha recibido ninguna respuesta.
De hecho, aseguró que ha esperado ocho meses para tener un encuentro con la presidenta del país. Y sigue esperando. 
Lemus Navarro ofreció un dato adicional: el gobierno federal no ha entregado un solo peso de los mil 200 millones que se comprometió a entregar para las obras de ampliación de la Carretera a Chapala que incluyeron, además de ampliar la vialidad, introducir la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto. Debido a que ni siquiera se han firmado los documentos para establecer el fideicomiso correspondiente, ya se retrasó el comienzo de las obras de la misma carretera, pero en los siguientes cuatro kilómetros, desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el entronque con la carretera al corredor industrial de El Salto.
El choque entre las dos autoridades era inevitable también por el paréntesis temporal que nos conduce, en unas semanas, al inicio del proceso electoral 2027, una de las prioridades para la administración federal que espera, aunque en teoría no hay nexo con el partido Morena, mantener o ampliar la ventaja electoral de la denominada cuarta transformación.
Aunque la gubernatura de Jalisco no está en juego, como sí lo está en otras 17 entidades, las prioridades políticas y presupuestales de la administración de Claudia Sheinbaum tienen objetivos entre los que no figura Jalisco.
El gobernador Lemus aseguró también que en la comunicación con la presidencia “no puede haber orgullo, sino todo lo contrario”. Las pugnas son naturales, pero lo que viene ahora es la defensa discursiva del presupuesto que la federación destina a Jalisco; ya lo adelantó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al subrayar que no habrá más recursos para el Estado debido a que sí están financiado otras obras de saneamiento y construcción de plantas potabilizadoras en el trayecto de la Cuenca Lerma-Santiago, que finalmente aporta agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Son lecturas e intereses distintos. Y estarán chocando.
En lo que debe insistirse es en salvar el tema central: sacar al SIAPA de la crisis estructural en que se encuentra y dotar de agua potable a los habitantes de la ciudad, antes de que sea demasiado tarde.

El diálogo necesario con la presidencia

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En el Congreso del Estado, el secretario general del gobierno, Salvador Zamora, entregó el plan hídrico del Poder Ejecutivo, que sin embargo no incluye todavía planteamientos económicos para las obras que son necesarias en los años siguientes para resolver la crisis del SIAPA y de la calidad del agua que se consume en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El acto simbólico de la entrega de un paquete de hojas impresas con el plan en la Oficialía de Partes del Congreso, instala de facto la nueva discusión que se generará en el Poder Legislativo: aprobar o no, los planteamientos hechos por el gobernador Pablo Lemus, primero, para solventar en lo inmediato la necesidad de agua de calidad, es decir el envío de pipas, los garrafones gratuitos y las plantas de tratamiento provisionales, y en un término de más largo aliento, las obras para mejorar el tratamiento del agua (Planta Potabilizadora 1 de Miravalle) y un abasto más seguro y limpio, con el nuevo acueducto de Chapala a la ciudad.
Antes de que llegara el secretario Samora a la casa de los diputados, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, había encabezado una conferencia de prensa en la que precisó que a partir del documento, los diputados de todos los partidos podrán abordar temas concretos, discutirlos, rechazarlos o aprobarlos. “Bienvenido el debate”, señaló el coordinador emecista que, como es sabido, tiene diálogo directo y permanente con el gobernador Pablo Lemus.
Y con esta bienvenida, pues se puede dar por hecho que debate habrá, y abundante, aunque eso no garantice que se garanticen los resultados inmediatos para mejorar la calidad del agua. 
Otro frente que se abrió ayer en la discusión de la crisis hídrica vino directamente desde Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió ante los señalamientos de falta de apoyo presupuestal de su administración para atender el problema en Guadalajara, que “cada autoridad debe hacerse cargo de su responsabilidad”, y le recomendó al gobernador Pablo Lemus comunicarse con ella directamente, por teléfono, y evitar las declaraciones públicas.
Inmediatamente después, desde la Conagua en Jalisco, aseguraron que no falta inversión federal en el tema y que entre 2025 y 2026 esta comisión ha aplicado dos mil 938 millones de pesos en diferentes obras de saneamiento para la Cuenca Lerma-Santiago, que impactará en una mejor calidad del agua que llega a Guadalajara. Son visiones distintas, aunque atienden a un solo fin.
Lo ocurrido ayer, entonces, garantiza que hay materia de discusión, y que finalmente se acelera el proceso para dar lugar a un nuevo acuerdo en el esquema de abasto y calidad del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La calidad del agua

Rubén Rocha Moya está a punto de regresar al cargo… así lo asegura al menos la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN). Lo denuncian públicamente el presidente del partido, Jorge Romero, y su vocero nacional, el diputado federal Ernesto Sánchez. Y cabe entonces la pregunta: ¿Realmente puede Rocha Moya regresar a la gubernatura sinaloense como colofón al escándalo que ha confrontado a los gobiernos de México y Estados Unidos y con todas las denuncias pendientes.
Si Rocha Moya decide poner fin a su licencia –y no tendría problema con un Congreso local de aplastante mayoría morenista– y ocupa de nuevo el Poder Ejecutivo, sólo se habría completado una simulación: la supuesta investigación de la Fiscalía General de la República, originada en la denuncia judicial estadounidense.
A Rocha Moya se le unió el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también se separó temporalmente del cargo para permitir las investigaciones, sin que hasta la fecha haya trascendido ninguna resolución. 
En el ámbito judicial no existe en realidad ningún obstáculo para que ambos personajes retornen a ocupar sus cargos. Todo lo que se ha visto desde hace más de dos meses es una historia política con muchos de sus episodios desahogados en la rueda de prensa mañanera, donde una de sus principales defensoras fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró repetidamente que si bien no defendería al gobernador y los demás acusados si eran responsables, también exigió repetidamente las pruebas de las acusaciones que se les plantearon en la corte estadounidense.
Adicionalmente, ante una solicitud por la vía de transparencia, se conoció que la declaración de Rocha Moya ante el Ministerio Público quedó “reservada” hasta el año 2031.
Pero más allá de la denuncia pública del Partido Acción Nacional, un acto que también debe leerse desde la contienda política y electoral que ya se expresa en todo el país, lo que todavía puede generar muchas sorpresas es la reacción de las autoridades estadounidenses.
El gobierno de Donald Trump ha ejercido presión desde varios frentes: las filtraciones informativas a los medios de comunicación con proyección internacional, en los que se han filtrado otros nombres de políticos morenistas que estarían a punto de ser denunciados; el impacto negativo al T-MEC que no será renovado y se revisará anualmente cada año, al menos mientras Trump sea presidente; las declaraciones que reiteran la influencia del crimen organizado en el gobierno federal.
La presidenta Sheinbaum, a pesare de presiones externas e internas, se ha mantenido en su postura. Pero la contienda está lejos de concluir aunque consintiera en el regreso de Rocha Moya a la gubernatura.
Si esta semana se concreta ese regreso, la agenda nacional apunta a una nueva crisis mediática.

¿El regreso de Rocha Moya?

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Y reapareció. Al menos en sus redes sociales. El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, compartió un texto en sus redes sociales, en el que afirmó que permanece en Culiacán, Sinaloa, desde que solicitó licencia a su cargo para permitir sin obstáculos la investigación que realiza la Fiscalía General de la República a fin de comprobar si como lo acusa la justicia de los Estados Unidos, está coludido con la delincuencia organizada y desde su gobierno, ha protegido la actividad de un cártel.
Su “reaparición”, sin embargo, debe matizarse. No fue espontánea, sino que responde a publicaciones periodísticas en las que se acusa que el gobierno federal, con el apoyo de corporaciones de seguridad, lo protege todos los días y al mismo tiempo lo vigila.
“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso (&#8230;). He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”, apunta la publicación que, ¿hay que creerlo?, es autoría del mismo Rocha Moya.
Repentinamente, sobre todo después que terminó la participación de México en el Mundial de Futbol, el tema volvió a la discusión mediática con una fuerza desmedida, quizá mal calculada por la presidencia de la república.
A partir de que se empezó a exhibir en un museo de Texas el avión en el que se presume, trasladaron a Ismael Zambada García “El Mayo”, desde México a los Estados Unidos en julio de 2024, como parte de los “operativos del FBI” para combatir al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo estallar el tema.
Durante varios días ha abordado este asunto y ha ordenado a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentar una cronología de los hechos; orilló a que la fiscal general del país, Ernestina Godoy, realizara en vivo un informe del caso y reactivara investigaciones, y por si no fuera suficiente, se enzarzó a distancia en una discusión pública con un personaje que no está a la altura de su investidura presidencial, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, exigiendo que se aclare si le mintieron al gobierno mexicano y elementos del FBI incursionaron en territorio nacional para capturar al “Mayo” Zambada.
El tamaño del escándalo es increíble si se considera que el “El Mayo” ya negoció cadena perpetua. No volverá con vida a México.
Pero todo esto, conduce de nuevo a Rocha Moya, cuyas declaraciones ante la FGR quedaron “reservadas” hasta el año 2031.
En los hechos, parece muy poca cosa para que la presidenta Sheinbaum y el gobierno de México le dediquen tanta atención.
En la percepción, pareciera que al gobierno de México le molesta que se hayan llevado al “Mayo” Zambada y claro, se mantiene la defensa del gobernador acusado de estar asociado al crimen organizado.

Rocha Moya desde sus redes sociales

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Con el paso de los días, en la discusión por la crisis del agua que se padece en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que se aclara es el choque político entre legisladores, partidos y funcionarios de gobierno.
Mientras los habitantes de la ciudad suman semana tras semana recibiendo agua contaminada en sus grifos, las posturas políticas se radicalizan: se ataca y cuestiona el proyecto de obras para recuperar la infraestructura; se acusa que la pretensión real es privatizar el servicio del agua; se rechaza cualquier solución que contemple deuda pública; se reparten acusaciones y claro, se aprovecha el tema para alimentar proyectos políticos con miras a la elección del año entrante; todos estos factores juegan.
Pero el tema ya rebasa el ámbito político: la sociedad civil acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde exigen que se tome postura y se exija a la autoridad salvaguardar el derecho humano al agua.
Lo que se puede sacar en claro en medio del vocerío que se ha desatado, primero, es que hay una crisis real y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es un organismo quebrado, que no tiene posibilidad real de resolver los numerosos problemas que enfrenta, aunque quizá el más urgente sea corregir el agua turbia y maloliente.
Además, que las únicas obras propuestas para garantizar agua limpia, se están revisando entre el gobierno estatal y el gobierno federal, con revisión en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Hacienda, aunque naturalmente deberán pasar por la aprobación de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum. 
Teniendo claro esto, nos damos cuenta que la crisis no será resuelta por diputados o funcionarios detrás de un escritorio, sino por técnicos y especialistas.
Pero a pesar de ello, en la ecuación estarán siempre los miembros de la clase política y gobernante; de hecho, fueron ellos quienes orillaron en las últimas tres décadas, con decisiones inmediatistas y perjudiciales, a que el SIAPA se encuentre en la ruta de la desaparición.
Por ello, sorprende que en lugar de buscar una ruta de negociación y acuerdo, opten automáticamente por la confrontación y la descalificación. 
La ciudad necesita resolver la crisis, reconstruir la infraestructura y garantizar el abasto de agua para que la urbe sea viable ahora y para las generaciones futuras.
Este 9 de julio, en el Congreso del Estado, se podrá comprobar si persisten en sus posturas o dan prioridad al bien común que presumen defender.

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El agua no puede seguir siendo una promesa pendiente

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Con discusiones de último momento para definir cuáles serán las colonias beneficiadas, los diputados del Congreso de Jalisco aprobaron descuentos de hasta 80% a usuarios del SIAPA que sufren el agua sucia. Es sólo un paso en el trayecto, pero un hecho de justicia en medio de la crisis del agua.
Hay precisiones a seguir, porque además de cuentas de domicilios particulares, también pueden ser acreedores a los descuentos las micro, pequeñas y medianas empresas que residan en estas colonias y que hayan sido afectadas por la mala calidad del agua que distribuye el SIAPA.
El beneficio será retroactivo hasta el año 2024, y sobre la discusión que retrasó la sesión extraordinaria del pleno de los diputados, se determinó dar un plazo de dos semanas para que se determine con base en los registros de quejas que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), qué colonias serán sujetas del descuento que puede llegar hasta 80% de total del cobro.
El SIAPA, según informó su director Ismael Jáuregui, tiene registradas 232 colonias afectadas por la mala calidad del agua, pero en la CEDHJ el listado llega hasta 600 colonias, debido a que muchas se han repetido al presentarse quejas reiteradas desde hace más de dos años.
Por otra parte, también aprobaron los diputados la iniciativa que se había presentado para eliminar multas y recargos a quienes tienen deudas con el SIAPA.
Tanto los descuentos como la campaña de cobros sin multas iniciarán a mediados de agosto próximo. 
Sobre esta última medida, el SIAPA confía en aumentar sus ingresos a fin de hacer frente a las obras y trabajos inmediatos para colaborar en la limpieza del agua.
Lo aprobado ayer por los diputados representa, políticamente, una “despresurización” del conflicto que había crecido en los últimos meses y que ha dejado desprotegidos a miles de habitantes de la Zona Metropolitana, principalmente de Guadalajara, el municipio más afectado por el agua turbia y pestilente, y en menor medida a vecinos de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
Después de aprobado el descuento, queda pendiente la discusión sobre el paquete de 32 obras que el gobierno del Estado proyecta para eliminar en el mediano y largo plazo el problema del agua no potable que se distribuye en la ciudad. Sin embargo, esta discusión tardará porque los diputados están a punto de iniciar un período de vacaciones.
Evidentemente, descontar tarifas y además, mantener presencia en colonias afectadas para entregar garrafones y pipas de agua limpia, es el primer paso en un largo trayecto de obras y operativos que en varios años, pueden conducir a recuperar la condición de agua potable que exigen los habitantes de la ciudad.
El SIAPA, lo reconoce su director Ismael Jáuregui, es un organismo colapsado y además de las obras como un acueducto de Chapala a Guadalajara y la construcción de mayor capacidad de plantas potabilizadoras, requiere un nuevo acuerdo para que le paguen el agua que se consume, no solo los ciudadanos sino todas las dependencias públicas que no han cubierto su deuda por consumo de agua en muchos años.

Aprobaron descuentos por el agua sucia