El crimen se combate atacando sus recursos
Durante décadas, la estrategia de seguridad en México ha privilegiado la ejecución de operativos de alto impacto, la captura de objetivos prioritarios y el aseguramiento de armamento, vehículos o laboratorios clandestinos como los principales indicadores de éxito en el combate al crimen organizado. Estas acciones son indispensables para contener la violencia y garantizar la seguridad inmediata de la población; sin embargo, la permanencia y capacidad de regeneración de las organizaciones criminales demuestra que la respuesta del Estado no puede seguir concentrándose únicamente en neutralizar a sus operadores.
La evolución del crimen organizado exige reconocer una realidad que durante muchos años ha sido subestimada: la fortaleza de estas organizaciones no depende exclusivamente de su capacidad de fuego, sino de la estructura económica que sostiene toda su operación. Ninguna organización criminal mantiene presencia territorial, recluta nuevos integrantes, adquiere armamento, corrompe instituciones, financia redes logísticas o expande sus actividades sin contar con una fuente permanente de recursos económicos.
Por esa razón, el verdadero desafío para el Estado mexicano ya no consiste únicamente en detener personas, sino en desarticular el patrimonio que mantiene con vida a las organizaciones criminales.
La experiencia ha demostrado que la captura o muerte de un líder representa un golpe importante, pero no necesariamente definitivo. Las estructuras criminales modifican su cadena de mando, redistribuyen funciones y designan nuevos operadores con rapidez. Lo que permite esa capacidad de reorganización no son únicamente las personas que permanecen dentro de la organización, sino los recursos económicos que continúan financiando su operación. Mientras el dinero permanezca disponible, la capacidad para reconstruir células delictivas seguirá existiendo.
Las organizaciones criminales dejaron de funcionar hace mucho tiempo como simples grupos armados. Hoy operan mediante complejas estructuras financieras que utilizan empresas fachada, prestanombres, inversiones, bienes inmuebles, redes comerciales y operaciones aparentemente legales para ocultar el origen ilícito de sus recursos e incorporarlos nuevamente a la economía formal. Esa infraestructura económica constituye el verdadero soporte de su permanencia.
En este contexto, la inteligencia financiera debe dejar de considerarse una herramienta complementaria para convertirse en uno de los ejes estratégicos de la política de seguridad del Estado mexicano. Seguir la ruta del dinero permite identificar no solamente a quienes ejecutan las conductas delictivas, sino también a quienes administran el patrimonio criminal, diseñan estructuras para ocultar recursos, operan empresas utilizadas para el lavado de dinero y mantienen vigente la capacidad económica de las organizaciones.
Los estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han insistido en que el combate al lavado de dinero constituye uno de los mecanismos más eficaces para debilitar a la delincuencia organizada. De igual manera, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha estimado que el lavado de activos representa entre el dos y el cinco por ciento del Producto Interno Bruto mundial, reflejando la enorme dimensión económica que sostiene a estas estructuras criminales.
Bajo esa lógica, las investigaciones patrimoniales deben desarrollarse de manera paralela a las investigaciones penales. Cada operativo contra una organización criminal debería generar, de forma inmediata, una investigación financiera capaz de identificar empresas relacionadas, bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, redes de prestanombres y beneficiarios finales. De poco sirve asegurar un inmueble si permanecen intocadas las empresas que continúan generando recursos para la organización; resulta insuficiente detener a un operador cuando el patrimonio que financia toda la estructura permanece intacto.
El reciente procedimiento promovido por autoridades estadounidenses para perseguir un patrimonio estimado en aproximadamente quince mil millones de dólares atribuido a Ismael “El Mayo” Zambada refleja una estrategia orientada a debilitar la capacidad económica de las organizaciones criminales y no únicamente a sancionar penalmente a sus dirigentes. Más allá del caso concreto, el mensaje institucional resulta claro: destruir el patrimonio ilícito puede generar un impacto mucho más profundo que limitarse a sustituir liderazgos criminales.
México cuenta con herramientas jurídicas para fortalecer este modelo. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, las investigaciones patrimoniales de las fiscalías y los mecanismos de cooperación internacional constituyen instrumentos que, utilizados de manera coordinada, pueden afectar directamente la capacidad económica de las organizaciones criminales. El desafío no radica únicamente en contar con esas herramientas, sino en convertirlas en una prioridad permanente dentro de la estrategia nacional de seguridad.
La política criminal del Estado mexicano debe evolucionar hacia un modelo que no mida su eficacia exclusivamente por el número de detenciones realizadas. Los resultados también deben evaluarse por la cantidad de empresas intervenidas, bienes asegurados, recursos bloqueados, operaciones financieras desarticuladas y estructuras patrimoniales desmanteladas. Mientras las organizaciones criminales conserven intacta su capacidad económica, seguirán teniendo la posibilidad de reclutar nuevos integrantes, adquirir armamento, corromper autoridades y reconstruir las células que hayan sido afectadas por la acción del Estado.
La seguridad pública exige una visión más amplia que la reacción inmediata frente a los hechos de violencia. Exige investigaciones financieras especializadas, inteligencia patrimonial, coordinación interinstitucional y una persecución permanente del dinero ilícito. El combate al crimen organizado no puede agotarse en los enfrentamientos o en la captura de sus dirigentes; debe extenderse hasta destruir el patrimonio que hace posible su permanencia.
Sin embargo, la realidad refleja que la delincuencia organizada ha demostrado que puede reemplazar líderes, operadores e incluso estructuras territoriales. Lo que resulta mucho más difícil de reconstruir es una organización privada de los recursos que financian su operación. El Estado mexicano no puede conformarse con contener la violencia; debe desarticular las condiciones que la hacen posible. La verdadera fortaleza del crimen organizado no está únicamente en sus armas, sino en su capacidad económica. Mientras esa realidad no se convierta en una prioridad estratégica de la política de seguridad, los resultados seguirán siendo parciales y las organizaciones criminales conservarán la posibilidad de reorganizarse una y otra vez.
