Todos tenemos derecho a disfrutar de las vacaciones independientemente de nuestra condición de vida. Sin embargo, pensar en ir de vacaciones implica iniciar una investigación sobre la accesibilidad del lugar a donde deseas ir.
Es muy importante que las autoridades gubernamentales y los empresarios del sector turístico volteen su mirada ante las múltiples barreras que existen en los diferentes destinos turísticos; recordemos que son tres las barreras impuestas por la sociedad: las arquitectónicas, las de comunicación y las de actitud.
Conscientes estamos que en algunos casos, precisamente las características naturales del lugar presentan barreras arquitectónicas que no podrán cambiarse, incluso porque algunas construcciones son monumentos históricos, catedrales con escaleras interminables o espacios donde sería imposible poner un elevador, y es aquí donde deben hacerse ajustes necesarios para mejorar en lo posible la accesibilidad. Para cualquier persona con discapacidad, pensar en las vacaciones implica un desafío, pero para los jóvenes es mucho más.
El tiempo de recreación debe interesarnos a todos, y las acciones para conseguir espacios accesibles también nos incumbe a todos. Las vacaciones no son un lujo superfluo; constituyen un derecho fundamental, como lo manda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU), el descanso impacta directamente en la salud mental, la autoestima y la inclusión social.
Para los jóvenes con discapacidad, el derecho al ocio se transforma frecuentemente en una carrera de obstáculos físicos, económicos y actitudinales. Las actividades recreativas que les gustan a los jóvenes pueden ser complejas para alguien con discapacidad, los antros, nadar en el mar, escalar una montaña, cabalgar, los pueblos mágicos, dar un paseo por el bosque, etc.
Esta realidad exige una profunda reflexión tanto por parte de la familia como en las agendas de las autoridades.
Las familias tienen una tarea trascendental, el enorme desafío de vencer el miedo y la sobreprotección natural. Empezar a dar libertad como sería natural, como con cualquier hijo se haría. El entorno exterior puede ser hostil, pero limitar las experiencias de viaje de un joven es también restringir su desarrollo personal.
Aunque sean todavía pocos los destinos considerados turismo adaptado, que ofrecen descanso, nos corresponde a todos fomentarlos, pedirlos hasta ser escuchados, hacer notorio para el ramo turístico que es indispensable hacer los cambios necesarios para “no dejar a nadie atrás”, como son los objetivos del milenio.
Fomentar las vacaciones de los jóvenes con discapacidad no es un catalizador de autonomía: enseña a tomar decisiones, fomenta la interacción con pares y permite descubrir capacidades individuales fuera de la rutina del hogar. Viajar es, para ellos, una escuela de autonomía.
Por su parte, los gobiernos no pueden seguir tratando la accesibilidad como una política de beneficencia o un asunto que puede dejarse fuera de la agenda. Para las autoridades y la iniciativa privada el tema debe tratarse de una prioridad en cumplimiento con los derechos humanos.
De nada sirve el esfuerzo de una familia si los entornos urbanos, los transportes y los espacios recreativos carecen de un diseño universal. El Estado tiene la obligación legal y moral de garantizar infraestructuras adecuadas, subsidiar programas de ocio inclusivo y capacitar al personal de los servicios públicos y turísticos. La inclusión no es opcional; es un mandato constitucional.
Garantizar que la juventud con discapacidad disfrute plenamente de su tiempo libre es el reflejo de una sociedad madura y equitativa. Las familias deben reclamar estos espacios con firmeza, y las autoridades tienen que diseñar políticas públicas que dejen de ver la accesibilidad como un costo y comiencen a entenderla como una inversión en dignidad humana.
Lo mismo debe ser entendido por el sector turístico, restaurantero y los gobiernos de los pueblos mágicos, solo así sumando voluntades, acciones y recursos, lograremos tener cada vez más destinos accesibles.