Miles de familias de la ZMG llevan años enfrentando una doble injusticia: padecer el desabasto y la mala calidad del agua en sus domicilios, lo que por sí mismo constituye una grave violación del derecho humano a disponer de ella, y tener que pagar al SIAPA una tarifa como si éste proporcionara a los usuarios de forma óptima tan vital líquido. Esta realidad, ignorada durante años por los gobiernos de MC, del PAN y del PRI, cambió el pasado 21 de julio cuando en el Congreso del Estado aprobamos el decreto que instruye al SIAPA la aplicación de descuentos del 80 por ciento en el cobro del servicio de agua potable a las familias, pequeños comercios e industrias afectadas.
El Poder Legislativo ha determinado que este beneficio deberán recibirlo colonias que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el mismo SIAPA tienen documentadas y acreditadas las quejas por desabasto y mala calidad del agua. En el caso de la Comisión, el listado comprende 398 localidades y la relación del SIAPA integra a más de 200. No obstante, se deja abierta la posibilidad para que quienes lo soliciten y acrediten tal afectación, puedan obtener también este descuento.
Desde la perspectiva comercial, el decreto representa un elemental acto de justicia porque le permite al usuario (cliente o consumidor) pagarle o no al proveedor o vendedor (el SIAPA) un bien o servicio (el agua) en proporción al abastecimiento y calidad con que entrega el mismo. Pero desde la perspectiva humana, la crisis hídrica que dejaron años de corrupción, indolencia e ineptitud del MC y PRIAN, y que lesiona a las personas en su garantía fundamental de recibir agua potable, seguirá pendiente de otras decisiones que ayuden a revertir el desastre que vive el organismo operador del agua en la ZMG, en materia de infraestructura, operatividad, tecnología, administrativa y financiera.
Desastre que no ve salida tampoco con el “plan” hecho sobre las rodillas y desde la visión unilateral que el gobierno estatal actual ha presentado para su estudio ante el Congreso y que por tanto, habrá de reconstruirse antes de su aprobación, con la colaboración y la inclusión del punto de vista de especialistas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y la propia gente.
El decreto es resultado de la exigencia de miles de ciudadanas y ciudadanos que alzaron la voz frente a la problemática del agua, y del cumplimiento de un deber con la ciudadanía que el grupo parlamentario de Morena, de Hagamos, Futuro y PT, junto con otros partidos de oposición, demandamos insistentemente y ante el cual, hasta el último minuto previo a su aprobación, siguió enfrentando la resistencia y el pichicateo de Movimiento Ciudadano.