Luz del Carmen Godínez

Cuando hablamos de derechos humanos, muchas veces pensamos en leyes, tratados internacionales o resoluciones. Pero la realidad es mucho más cercana; los derechos humanos se viven todos los días, en la escuela, en la atención que recibimos de una autoridad, en el trato entre vecinas y vecinos, e incluso en el entorno digital.
Desde mi responsabilidad como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, tengo la convicción de que la mejor manera de proteger los derechos humanos no es solo reaccionar cuando se vulneran, sino prevenir, formar y acompañar. Y ahí es donde la educación juega un papel central.
No es casualidad que las Naciones Unidas, a través del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, haya puesto este tema en el centro desde 2005. Hoy, en su quinta etapa, el llamado es claro, llevar los derechos humanos a la vida cotidiana, hacerlos comprensibles, útiles y vivibles para todas las personas.
Este enfoque internacional nos invita a mirar de frente una realidad: muchas formas de violencia y discriminación no siempre son evidentes. Están normalizadas en pequeñas acciones, en palabras, en omisiones. Por eso, educar en derechos humanos implica aprender a reconocerlas, cuestionarlas y transformarlas.
En Jalisco hemos asumido ese reto con responsabilidad. En la CEDHJ hemos decidido ir más allá de la lógica tradicional de atender quejas para construir, de manera paralela, una cultura de respeto y dignidad desde la educación. Lo hacemos reconociendo algo esencial, no todas las personas necesitan lo mismo para comprender y ejercer sus derechos.
Por un lado, trabajamos con quienes tienen en sus manos decisiones públicas que impactan directamente en la vida de las personas: policías, personal de salud, docentes, autoridades. Su formación es clave. Cuando el servicio público se ejerce con perspectiva de derechos humanos, cambia la forma en la que se atiende, se escucha y se resuelve. Se reducen abusos, se evita la revictimización y, sobre todo, se construye confianza.
Pero también sabemos que una sociedad informada es una sociedad más fuerte. Por eso, acercamos estos temas a la ciudadanía a través de talleres, charlas y espacios comunitarios. Porque cuando una persona conoce sus derechos, también sabe cómo defenderlos. Y eso transforma la manera en la que convivimos y resolvemos nuestras diferencias.
Hay, sin embargo, una apuesta que para mí resulta especialmente importante, la infancia. Las niñas y los niños no solo son el futuro, son el presente. Cuando aprenden desde temprana edad a respetar la diversidad, a valorar la igualdad y a convivir sin violencia, estamos sembrando un cambio profundo y duradero. Por eso impulsamos actividades lúdicas, cercanas, donde los derechos humanos no se explican, se viven.
Estos esfuerzos no son aislados. Forman parte de una visión que busca que Jalisco esté a la altura de los estándares internacionales, pero sobre todo, a la altura de lo que nuestras comunidades necesitan. Tenemos avances importantes, sí, pero también somos conscientes de que este es un proceso que no se detiene.
El reto ahora es claro, consolidar esta educación en derechos humanos como una práctica permanente, transversal y compartida. Y en ello, la participación de la sociedad es fundamental. Necesitamos una ciudadanía activa, crítica y comprometida.
Porque los derechos humanos no se garantizan únicamente desde una institución. Se construyen entre todas y todos.
Desde la CEDHJ seguiremos trabajando con ese compromiso: que la dignidad no sea una palabra lejana ni un concepto jurídico, sino una realidad que se sienta en la vida cotidiana de cada persona en Jalisco.
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La educación en Derechos Humanos en Jalisco frente al Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos de la ONU

Hay cosas que damos por hecho hasta que nos faltan. Abrir una llave y esperar que salga agua es una de ellas, o esperar a que el suministro de agua tenga condiciones adecuadas para el uso humano.
Para muchas familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, esa acción tan sencilla se ha convertido en una incertidumbre cotidiana. Hay hogares que no saben si tendrán agua durante el día, o que sí, pero no con las condiciones adecuadas para su suministro.
Cuando falta el agua, no solo falta un servicio. Se afecta la salud, la higiene, la alimentación, el descanso y la tranquilidad de las personas. Por eso, hablar de agua es hablar de derechos humanos. Es hablar de dignidad.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos escuchado a quienes enfrentan esta realidad. Hemos recibido testimonios de madres y padres de familia preocupados por sus hijos, de personas adultas mayores que enfrentan dificultades para realizar sus actividades diarias, de comunidades que sienten incertidumbre ante un problema que parece cada vez más complejo. Escuchar estas voces nos ha llevado a actuar desde las atribuciones que la ley nos confiere.
En 2022 emitimos la Recomendación 10/2022, mediante la cual analizamos diversas problemáticas relacionadas con el acceso al agua y planteamos acciones para fortalecer su garantía como derecho humano. Cuatro años después, la Recomendación 10/2026 retomó preocupaciones que persisten en distintos puntos de la metrópoli y refrendó la necesidad de construir soluciones integrales, sostenibles y centradas en las personas.
Pero estas recomendaciones son solo una parte del trabajo. Detrás de cada una existe un esfuerzo permanente de investigación, diálogo, análisis y seguimiento. Existen también cientos de historias de vida que nos recuerdan que los derechos humanos no son conceptos abstractos, tienen rostro, nombre y circunstancias concretas.
A veces es importante aclarar qué puede hacer y qué no puede hacer una comisión de derechos humanos. Lo que nos corresponde es vigilar que las decisiones públicas respeten los derechos de las personas, señalar cuando identificamos vulneraciones, emitir recomendaciones y dar seguimiento para que las instituciones cumplan con sus obligaciones.
Por eso queremos que la ciudadanía tenga la certeza de algo muy importante, la CEDHJ no ha permanecido indiferente frente a esta problemática. Hemos trabajado con responsabilidad y compromiso porque entendemos que detrás de cada queja, de cada reporte y de cada preocupación relacionada con el agua, hay personas cuya calidad de vida puede verse seriamente afectada.
La crisis hídrica es, sin duda, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Resolverla exige visión de largo plazo, coordinación entre autoridades, inversión en infraestructura, protección de nuestras fuentes de abastecimiento y una gestión responsable de los recursos. Pero también exige algo igual de importante, colocar a las personas en el centro de las decisiones.
La participación de la ciudadanía también es fundamental. Cuidar el agua, evitar su desperdicio, involucrarse en las discusiones sobre su gestión y exigir el respeto a este derecho de manera informada y responsable son acciones que fortalecen la construcción de soluciones duraderas. El agua es un asunto que nos involucra a todas y todos.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco seguiremos haciendo lo que nos corresponde: escuchar, acompañar, investigar, documentar y alzar la voz cuando sea necesario. Lo haremos con independencia, con sensibilidad y con la convicción de que la defensa de los derechos humanos debe estar siempre cerca de la gente.
Porque el agua no es solamente un recurso natural. Es salud para nuestras familias, es bienestar para nuestras comunidades, es presente y futuro para las nuevas generaciones.
Y porque, al final, cuidar el derecho humano al agua es cuidar lo más valioso que tenemos: la dignidad de las personas.
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El agua: un derecho que nos une y una responsabilidad que nos compromete

Hablar de derechos humanos no debería sentirse lejano ni técnico. En realidad, se trata de algo mucho más simple y profundo, la forma en que nos cuidamos unas a otras y otros, y los límites que le ponemos al poder cuando ese cuidado se rompe.
Las defensorías públicas de derechos humanos nacen justamente de esa necesidad. Son instancias que observan, escuchan y acompañan a las personas cuando sienten que una autoridad ha cruzado la línea. Su labor no es solo investigar posibles abusos, sino también hacerlos visibles, nombrarlos y contribuir a que como sociedad, aprendamos de ellos para no repetirlos.
Por eso, cuando hablamos de una resolución en derechos humanos, no hablamos únicamente de un documento jurídico. Detrás de cada resolución hay una historia, una persona que decidió no quedarse callada y una institución que asume la responsabilidad de mirar con honestidad lo que se hizo mal. Cada resolución es, en el fondo, un acto de reflexión colectiva y un compromiso de cambio.
En las comisiones de derechos humanos existen distintos caminos para atender estas situaciones. A veces, el diálogo y la conciliación permiten encontrar soluciones rápidas entre las partes. En otros casos, cuando las violaciones son más graves, se emiten Recomendaciones que señalan con claridad lo ocurrido y proponen medidas para reparar el daño, investigar responsabilidades y evitar que vuelva a suceder.
Es cierto, estas resoluciones no son obligatorias en el mismo sentido que una sentencia judicial. Pero su fuerza no está en la imposición, sino en la autoridad ética que representan. 
Con frecuencia se escucha que “no sirven” porque no cambian las cosas de inmediato. Sin embargo, medir su valor únicamente por la rapidez, es perder de vista su verdadero alcance. Muchas de las transformaciones más importantes en materia de derechos humanos han comenzado así: con una resolución incómoda, cuestionada o incluso rechazada en su momento.
Uno de sus efectos más significativos es algo que a veces pasa desapercibido: el reconocimiento. Nombrar oficialmente una violación tiene un peso enorme para quienes la han vivido. Significa romper el silencio, dejar constancia, decir con claridad que lo ocurrido no es normal ni aceptable.
También abren la puerta a cambios concretos. Pueden impulsar reparaciones, disculpas públicas, investigaciones e incluso modificaciones en leyes o prácticas institucionales. No siempre se cumplen del todo, es cierto, pero obligan a mover estructuras que de otra forma permanecerían intactas.
Además, tienen un valor preventivo. Saber que las acciones de una autoridad pueden ser revisadas y señaladas públicamente establece límites. No evita todos los abusos, pero sí eleva el costo de cometerlos y envía un mensaje claro: el poder no es absoluto.
Sin embargo, también hay riesgos que no podemos ignorar. Cuando el cumplimiento se queda en la simulación, las resoluciones pierden fuerza y la confianza se erosiona. A eso se suma la politización: cuando se usan selectivamente, según a quién afectan, se debilita su sentido profundo.
En un país como el nuestro, marcado por desigualdades persistentes, violencia y desafíos institucionales, estas herramientas siguen siendo indispensables. No son la solución completa ni inmediata, pero sí son una brújula ética y un recordatorio constante de que la dignidad humana debe ser el límite de toda autoridad.
Al final, la idea es sencilla pero poderosa: es preferible una resolución que incomoda a un silencio que encubre. Puede que no resuelva todo de inmediato, pero abre camino. Ignorarla normaliza el abuso; tomarla en serio nos acerca, paso a paso, a una sociedad más justa y más humana.
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Resoluciones de derechos humanos: efectos e implicaciones

Cada 26 de junio no es una fecha más en el calendario. Es un día para detenernos, mirar de frente una realidad incómoda y recordar a quienes han sufrido una de las violaciones más graves a su dignidad: la tortura. No se trata de algo lejano o del pasado. La tortura sigue ocurriendo y sus efectos permanecen en la vida de las personas mucho después de que el hecho termina.
Hablar de tortura es hablar de historias reales. De personas que, además del dolor físico, cargan con miedo, angustia y desconfianza. Es también hablar de familias que ven transformada su vida y de comunidades que pierden confianza en las instituciones que deberían protegerlas.
La ley es clara: la tortura está prohibida en todos los casos, sin excepción. No hay justificación posible. Ninguna situación, por difícil que sea, autoriza a vulnerar la integridad de una persona. La dignidad humana no se negocia ni se condiciona. Es el piso mínimo sobre el que debe construirse toda sociedad democrática.
Pero cuando decimos “tortura”, no solo nos referimos a golpes o agresiones visibles. También incluye amenazas, humillaciones, intimidaciones o cualquier acción que busque quebrantar a una persona, someterla o arrancarle información. Son formas de violencia que dejan marcas profundas, muchas veces invisibles, pero igual de devastadoras.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sabemos que erradicar estas prácticas no es tarea sencilla. Requiere instituciones firmes, mecanismos de vigilancia efectivos y, sobre todo, una convicción genuina de poner a las personas en el centro de todas las decisiones públicas.
Detrás de cada expediente que llega a la Comisión hay una historia. No son números ni trámites, son vidas que reclaman ser escuchadas. Un ejemplo reciente es la Recomendación 5/2026, dirigida a la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta. En este caso, se acreditaron actos de tortura, detención arbitraria y violaciones a la integridad de una persona que fue privada de su libertad sin justificación y agredida por elementos policiales.
La investigación permitió confirmar los hechos a través de testimonios, documentos y peritajes especializados. Frente a ello, se solicitó no solo sancionar lo ocurrido, sino también reparar el daño, atención médica, acompañamiento psicológico y medidas para evitar que hechos así se repitan.
Porque de eso se trata la justicia en derechos humanos, no solo de señalar lo que estuvo mal, sino de reconstruir en la medida de lo posible lo que fue dañado.
Las víctimas deben estar en el centro. Escucharlas, creerles, acompañarlas. Garantizar que tengan acceso a una reparación integral que reconozca su dolor y les permita recuperar sus proyectos de vida. Esto no es un acto de buena voluntad, es una obligación.
Pero también es indispensable prevenir. Capacitar a quienes ejercen funciones públicas, supervisar los lugares de detención, fortalecer los controles internos y promover una cultura de respeto a la legalidad. Prevenir la tortura es, en esencia, construir instituciones que actúen con humanidad.
Conmemorar este día no debe quedarse en el simbolismo. Debe ser una oportunidad para reafirmar un compromiso: que ninguna persona vuelva a ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Cada recomendación que emitimos en la Comisión es una posibilidad de corregir el rumbo, de reconocer errores y de fortalecer a las instituciones. Es también un recordatorio de que nadie está por encima de la ley.
Defender la dignidad humana no es solo una responsabilidad institucional: es un compromiso de todas y todos.
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La tortura: una deuda pendiente con la dignidad humana

Las comisiones de derechos humanos nacen para cuidar a las personas frente al poder del Estado. No somos tribunales, somos defensores públicos autónomos que investigan quejas, detectan patrones de abuso y buscan formas de reparar y evitar nuevas violaciones. En pocas palabras, nuestra función es proteger la dignidad humana.
Cuando emitimos una resolución, no solo firmamos un documento técnico. Estamos diciendo en voz alta, esto pasó, esto dañó a alguien y esto debe corregirse. Esa declaración tiene un valor simbólico y práctico. Para la persona afectada, es el reconocimiento oficial de un agravio, para la autoridad señalada, es una llamada pública a asumir responsabilidades.
Las resoluciones ofrecen tres efectos concretos. Primero: reconocimiento. Decir la verdad públicamente ayuda a romper la negación y a restituir algo de justicia simbólica. Segundo: corrección. Muchas resoluciones impulsan indemnizaciones, disculpas públicas, investigaciones y cambios administrativos. Tercero: prevención. Si las autoridades saben que sus acciones pueden ser revisadas, el costo de violar derechos aumenta y se crean barreras a prácticas abusivas.
No obstante, las resoluciones no son soluciones instantáneas. A veces se critican porque no transforman la realidad de inmediato. Es cierto, su cumplimiento puede ser parcial o lento. Y cuando se convierten en gestos simbólicos, pierden fuerza y alimentan la desconfianza ciudadana. Ahí está uno de los grandes retos, que las resoluciones se traduzcan en cambios reales y sostenibles.
También hay riesgos de politización, usar una resolución sólo cuando conviene o descalificarla por intereses partidistas, erosiona su valor. Las resoluciones deben ser instrumentos técnicos y éticos, no banderas políticas. Su legitimidad depende de la coherencia y del respeto al proceso.
En México, con todos sus desafíos institucionales, estas decisiones siguen siendo imprescindibles. No sustituyen a la justicia penal ni resuelven por sí solas la desigualdad o la impunidad, pero marcan un rumbo: son una guía ética y una herramienta de presión para exigir que el Estado cumpla sus obligaciones.
Por eso sostengo que una resolución incómoda vale más que un silencio cómodo. Abrir el expediente, nombrar la violación y pedir reparación es abrir una puerta para la verdad y la rendición de cuentas. Ignorar esas decisiones es normalizar el abuso, respetarlas y exigir su cumplimiento es fortalecer la dignidad humana como límite del poder.
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Resoluciones de derechos humanos: palabra que protege

Al conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, no puedo evitar que me embargue un sentimiento agridulce. Por un lado, la esperanza de que la conciencia colectiva se fortalezca, por otro, la cruda realidad que nos golpea: miles de niñas y niños en Jalisco, y millones en el mundo, ven sus infancias robadas por la explotación laboral.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, levantamos la voz no solo como institución, sino como seres humanos que no pueden permanecer indiferentes ante esta injusticia. No podemos permitir que la imagen de un niño cargando bultos pesados, limpiando parabrisas en la calle o trabajando en condiciones insalubres, se normalice en nuestro entorno.
El trabajo infantil no es una fatalidad inevitable. Es una violación de los derechos humanos, una deuda social que nos avergüenza como sociedad. ¿Cómo podemos hablar de progreso y desarrollo cuando permitimos que nuestros niños y niñas, lo más valioso que tenemos, sean privados de su derecho a la educación, al juego, a la salud y a una vida digna?
Detrás de cada estadística hay rostros, historias y sueños truncados. Pensemos en una situación hipotética de una niña o niño, que a sus 10 años ya sabe lo que es levantarse al amanecer para ayudar en el campo, con sus pequeñas manos encallecidas por el sol y el esfuerzo. Imaginemos a otro niño o niña, que dejó la escuela para trabajar en un taller mecánico, respirando hollín y perdiendo la oportunidad de aprender y crecer. Estas no son excepciones, son realidades que nos interpelan y nos exigen actuar.
Es cierto, las causas del trabajo infantil son complejas: la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad social. Pero la complejidad no puede ser excusa para la inacción. Como sociedad, tenemos la obligación de abordar estas causas de raíz, con políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, la salud y el bienestar para todas las familias.
Necesitamos fortalecer los mecanismos de protección a la infancia, involucrar a las empresas en la creación de empleos dignos para los adultos, sensibilizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del trabajo infantil y, sobre todo, cambiar nuestra mentalidad. Debemos dejar de ver a los niños y niñas como mano de obra barata y empezar a valorarlos como sujetos de derechos, con el potencial de transformar nuestro mundo.
En este Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la CEDHJ se compromete a seguir trabajando incansablemente para erradicar esta forma de esclavitud moderna. Los invito a unirse a esta lucha, a denunciar cualquier caso de explotación infantil que conozcan, a apoyar a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia y, sobre todo, a recordar que cada niño y niña merece una infancia feliz, segura y llena de oportunidades.
Que ningún juego sea a escondidas de la infancia. ¡Erradiquemos el trabajo infantil!
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Que ningún juego sea a escondidas de la Infancia: erradiquemos el trabajo infantil

El silbato inicial está por sonar en Jalisco, marcando el inicio de una fiesta deportiva global. Más allá de la emoción futbolística, el Mundial representa una oportunidad única para visibilizar, promover y consolidar un legado duradero en materia de derechos humanos para nuestra comunidad.
El Mundial no es solo futbol, es una ventana al mundo, una plataforma para mostrar quiénes somos y qué defendemos. Podemos elegir ser simplemente anfitriones pasivos o aprovechar este evento para impulsar un cambio positivo en nuestra sociedad.
No podemos limitarnos a ser meros anfitriones de un espectáculo. Tenemos la responsabilidad de aprovechar este escenario mundial para transformar nuestra realidad, sembrando las semillas de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.
El Mundial no es solo deporte. Es una enorme ventana al mundo. Lo que pase en nuestras calles, en nuestros estadios, en el transporte, en los hoteles y en los espacios públicos, dirá mucho de quiénes somos como sociedad. Podemos elegir ser únicamente anfitriones que organizan bien la logística, o dar un paso más y aprovechar este momento para avanzar en la construcción de un Jalisco más justo, más igualitario y más respetuoso de los derechos humanos.
La atención internacional que atraerá el Mundial nos brinda una plataforma sin precedentes para exponer los desafíos que aún enfrentamos en materia de derechos humanos. Es una oportunidad para hablar con honestidad sobre la violencia de género, la discriminación racial, la desigualdad social, los derechos de las personas migrantes y la necesidad de proteger a las poblaciones más vulnerables.
Pero la visibilidad no es suficiente. Debemos convertir esta atención en acciones concretas que generen un impacto positivo en la vida de las personas. Debemos construir un legado de derechos humanos con acciones concretas.
El Mundial es una oportunidad única para transformar a Jalisco en un lugar mejor. No podemos desperdiciarla. Depende de nosotros, como ciudadanos, exigir a nuestros gobernantes que actúen con responsabilidad y visión de futuro.
Que el Mundial no sea solo un juego, sino un punto de inflexión en la historia de Jalisco, un momento en el que decidimos construir un futuro más próspero, justo y equitativo para todos.
El verdadero éxito del Mundial no se medirá por el número de goles anotados o la cantidad de turistas que visiten Jalisco. Se medirá por el legado que dejemos a las futuras generaciones: una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde los derechos humanos sean una realidad para todas y todos.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, estaremos observando, acompañando y señalando cuando sea necesario, pero también tendiendo puentes para que el Mundial deje algo más que marcadores y recuerdos: que deje mejores prácticas y mayor conciencia sobre el valor de cada vida humana.
Invito a cada jalisciense a sumarse a este esfuerzo colectivo. Que el Mundial sea una oportunidad para construir el Jalisco que queremos: un Estado donde la dignidad humana sea el valor supremo.
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Mundial en Jalisco: más que un evento, una oportunidad para transformarnos

Al conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), alzamos la voz con orgullo y determinación. No se trata solo de una celebración, sino de un recordatorio constante de la lucha histórica por la igualdad, el respeto y la dignidad de todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género.
En Jalisco, como en muchas partes del mundo, la comunidad LGBTTTIQ+ ha enfrentado y sigue enfrentando desafíos significativos. Desde la discriminación cotidiana hasta la violencia motivada por el odio, las barreras son reales y palpables. Desde la CEDHJ tenemos la responsabilidad de visibilizar estas problemáticas y de trabajar incansablemente para garantizar que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas.
El enfoque de derechos humanos es la brújula que guía nuestro trabajo. Esto significa que reconocemos que la orientación sexual y la identidad de género son aspectos inherentes a la dignidad humana. Negar o limitar los derechos por estas razones es una violación flagrante de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.
En este sentido, es crucial reconocer los avances logrados, como el matrimonio igualitario en Jalisco y la lucha por el reconocimiento de las identidades de género. Sin embargo, no podemos caer en la complacencia. Aún queda mucho por hacer. Necesitamos seguir trabajando en la sensibilización y la educación para erradicar prejuicios y estereotipos. Debemos fortalecer los mecanismos de protección y acceso a la justicia para las víctimas de discriminación y violencia. Y, sobre todo, debemos promover una cultura de respeto y empatía en todos los ámbitos de la sociedad.
La CEDHJ reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con la comunidad LGBTTTIQ+, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades para construir un Jalisco más inclusivo y respetuoso. No podemos permitir que nadie se quede atrás. La igualdad y la justicia son derechos, no privilegios.
El Orgullo LGBTTTIQ+ es una oportunidad para celebrar la diversidad, para honrar la valentía de quienes han luchado por sus derechos, y para renovar nuestro compromiso con un futuro donde todas las personas puedan vivir con libertad, dignidad y orgullo. Desde la CEDHJ, seguiremos trabajando para que ese futuro sea una realidad en Jalisco.

Orgullo que Transforma: Derechos Humanos para Todas, Todos y Todes

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Las otras cifras del Mundial

El próximo 1 de agosto cumpliré cuatro años al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Al pensar en esta fecha, no pienso en un aniversario institucional. Pienso en las personas que han acudido a la Comisión buscando algo fundamental, ser escuchadas.
En estos años he confirmado que la defensa de los derechos humanos no se construye únicamente desde la ley, sino también desde la empatía, la escucha y el compromiso con la dignidad humana. Detrás de cada expediente hay una historia de vida, una preocupación legítima y una persona que espera una respuesta. 
Cuando asumí esta responsabilidad, sabíamos que la Comisión tenía importantes desafíos: fortalecerse, modernizarse, acercarse más a la ciudadanía y recuperar la confianza. Por ello emprendimos una reingeniería institucional que puso a las personas en el centro de nuestro trabajo. Buscamos ser una institución más cercana, más profesional y más sensible a las necesidades de la sociedad.  Pero también entendimos que los derechos humanos no pueden defenderse en solitario.
Uno de los mayores logros de estos años ha sido construir alianzas con organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos internacionales y autoridades de los distintos niveles de gobierno. Gracias a ese trabajo conjunto hemos aprendido, corregido errores y encontrado mejores caminos para responder a los retos que enfrentamos.
Sin embargo, sería un error quedarnos únicamente con los avances. La realidad nos sigue recordando todos los días que hay personas desaparecidas, víctimas que esperan justicia, comunidades que reclaman igualdad y grupos que continúan enfrentando discriminación y violencia. Frente a ello, no hay espacio para la complacencia.
Como institución todavía tenemos mucho que mejorar. Debemos ser más ágiles, más cercanos y más eficaces. Debemos seguir escuchando y fortaleciendo la confianza ciudadana, porque la confianza no se decreta ni se hereda, se construye todos los días con trabajo, transparencia y resultados.
A cuatro años de distancia, estoy convencida de que hemos avanzado, pero también de que el camino es mucho más largo que lo recorrido. Por eso, más que celebrar, quiero agradecer a quienes han confiado en la Comisión, a quienes nos han señalado nuestras áreas de oportunidad y a quienes trabajan todos los días por una sociedad más justa y solidaria. 
Estos años me han dejado una certeza: la defensa de los derechos humanos comienza cuando somos capaces de reconocer la dignidad de cada persona.  Comienza en la capacidad de reconocernos como iguales, de escuchar al otro, de respetar nuestras diferencias y de construir, desde la corresponsabilidad, una cultura de paz. Ese sigue siendo nuestro mayor reto. Y también nuestra mayor esperanza.

La confianza se construye todos los días