El secuestro, nueva herramienta financiera de los carteles

En Jalisco, la creciente preocupación por los secuestros y las privaciones ilegales de la libertad ha dejado de ser un tema exclusivo de las autoridades para convertirse en una inquietud permanente de la ciudadanía y del sector empresarial. En los últimos meses se han conocido casos de empresarios que permanecieron privados de su libertad durante periodos prolongados, poniendo en riesgo su vida e integridad, mientras continúan registrándose secuestros exprés y privaciones ilegales de la libertad que afectan a estudiantes, trabajadores y ciudadanos.

Esta realidad confirma que el riesgo ya no distingue profesión, edad, actividad económica o condición social. El objetivo de estas conductas delictivas es claro: obtener recursos mediante la violencia, la intimidación y la extorsión. Si bien algunas víctimas son elegidas por su capacidad económica o por la posibilidad de obtener un rescate mayor, en muchos otros casos basta con que los delincuentes identifiquen una oportunidad para obtener algún beneficio económico. La vida humana ha dejado de ser únicamente un bien jurídico protegido para convertirse, en manos de la delincuencia, en un instrumento de negociación, donde los grupos criminales asignan un valor económico a la libertad y, en muchas ocasiones, a la propia vida de las personas.

Este fenómeno obliga a analizar la evolución de las organizaciones criminales. Los reacomodos internos, la presión institucional y los golpes financieros contra sus estructuras han llevado a diversas células delictivas a diversificar sus fuentes de ingresos. Cuando disminuyen determinadas actividades ilícitas o se dificulta su operación, delitos como el secuestro, la privación ilegal de la libertad y la extorsión se convierten en mecanismos rápidos para obtener recursos económicos.

El problema trasciende el ámbito de la seguridad pública. Cada empresario que modifica su rutina por temor a ser privado de la libertad, cada comerciante que limita sus operaciones, cada estudiante que cambia sus hábitos y cada familia que vive con miedo, representan una afectación directa al desarrollo económico, a la movilidad y a la confianza social. El miedo también genera pérdidas, limita inversiones y deteriora la calidad de vida de quienes habitan nuestro Estado.

Las cifras oficiales continúan registrando investigaciones por secuestro en Jalisco, mientras que la Entidad mantiene uno de los mayores registros de personas desaparecidas del país. Aunque ambos delitos tienen una naturaleza jurídica distinta, comparten un mismo efecto: la vulnerabilidad de la población frente a organizaciones criminales que utilizan la privación de la libertad como una herramienta de control, intimidación y financiamiento.

Frente a esta realidad, la respuesta del Estado no puede limitarse a reaccionar cuando una persona ya ha sido privada de la libertad. La estrategia debe comenzar mucho antes, fortaleciendo las áreas de inteligencia, el análisis financiero, la investigación patrimonial y la coordinación inmediata entre las corporaciones de seguridad y procuración de justicia. Combatir el secuestro implica identificar las estructuras económicas que lo sostienen, localizar las casas de seguridad, desarticular las redes de apoyo y afectar los recursos que permiten a estas organizaciones seguir operando.

Sin embargo, ninguna estrategia será suficiente si la prevención continúa ocupando un papel secundario. El Gobierno del Estado, los municipios, las cámaras empresariales, las universidades y las instituciones educativas deben impulsar campañas permanentes de prevención para informar a la población sobre las modalidades de secuestro y extorsión, los métodos de engaño utilizados por la delincuencia, las medidas de autoprotección y los protocolos de actuación ante una situación de riesgo. Una ciudadanía informada tiene mayores posibilidades de evitar convertirse en víctima.

No existe una herramienta más poderosa que la prevención. Cada persona que reconoce una situación de riesgo, evita un engaño o actúa oportunamente representa una vida protegida. La seguridad comienza mucho antes de la intervención policial; inicia cuando el Estado proporciona a la sociedad las herramientas necesarias para anticiparse al delito. Prevenir significa reducir el número de víctimas, proteger a las familias y evitar que más personas sean privadas de la libertad o, en el peor de los escenarios, pierdan la vida. La seguridad pública debe dejar de ser una estrategia reactiva para convertirse en una política de prevención, inteligencia e investigación.

El combate al secuestro y a la privación ilegal de la libertad exige fortalecer las capacidades de las instituciones, desarticular las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales e implementar campañas permanentes de prevención dirigidas a la ciudadanía y al sector empresarial. Informar, capacitar y generar una cultura de autoprotección puede marcar la diferencia entre evitar un delito o lamentar una tragedia.

La protección de la libertad y de la vida de las personas debe ser el eje rector de toda política pública en materia de seguridad, porque la tranquilidad de la sociedad no puede quedar a merced de quienes han convertido el miedo en un mecanismo de financiamiento.