Justicia selectiva: el peligro de un gobierno que decide a quién perseguir

Imagínese un país donde el gobierno modifica las leyes para concentrar más poder. Donde la independencia del Poder Judicial comienza a diluirse. Donde las instituciones encargadas de impartir justicia parecen actuar con mayor rapidez contra los opositores que contra quienes gobiernan. Donde, además, se presentan nuevas reglas para “proteger” a las audiencias, pero que podrían convertirse en una herramienta para vigilar o inhibir la libertad de expresión.

Ahora hágase una pregunta: ¿ese escenario pertenece a la Venezuela de hace algunos años… o al México de hoy?

Porque las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Se erosionan lentamente. Primero se debilitan los contrapesos. Después la justicia comienza a utilizarse de manera selectiva. Más tarde se intenta regular la conversación pública bajo el argumento de proteger derechos. Y cuando la sociedad reacciona, el poder ya ha concentrado suficientes instituciones para volverse prácticamente incontestable.

Eso es lo que hoy preocupa a los mexicanos.

El caso de Ernesto Ruffo Appel no debe analizarse únicamente como el proceso judicial de un exgobernador. Debe entenderse como parte de un contexto mucho más amplio: el riesgo de que la justicia deje de ser igual para todos y comience a distinguir entre quienes respaldan al gobierno y quienes representan una voz crítica.

En Acción Nacional sostenemos un principio inamovible: nadie puede estar por encima de la ley. Quien cometa un delito debe responder ante la justicia. Pero ese mismo principio obliga a exigir que la ley se aplique con el mismo rigor para todos.

Porque mientras observamos procesos que avanzan con rapidez cuando involucran a figuras de oposición, también existen señalamientos públicos que durante los últimos años han recaído sobre personajes del oficialismo, como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, relacionados con presuntos vínculos con grupos del crimen organizado o investigaciones que, por su gravedad, ameritarían el mismo nivel de determinación institucional.

Sin embargo, la percepción ciudadana es otra. Pareciera que la velocidad de la justicia cambia dependiendo del partido político al que pertenezca la persona investigada. Y cuando la ley tiene dos velocidades, deja de ser justicia.

Ese es el verdadero riesgo de la justicia selectiva: no castiga únicamente a un adversario político; envía un mensaje a todos los demás. El mensaje de que disentir puede tener consecuencias.

Además, el gobierno federal ha puesto a consulta los nuevos lineamientos sobre los llamados derechos de las audiencias. En el discurso se presentan como un mecanismo para proteger a la ciudadanía; en los hechos, existe el riesgo de que se conviertan en una vía para intervenir en la libertad editorial de los medios de comunicación.

La historia de América Latina demuestra que ningún gobierno con vocación autoritaria anuncia que censurará a la prensa. Habla de regulación. Habla de combatir la desinformación. Habla de proteger derechos. Así comienzan los procesos de control sobre la conversación pública.

Por eso estos hechos no deben analizarse por separado. La reforma judicial, la percepción de una justicia selectiva y los nuevos lineamientos para las audiencias forman parte de una misma preocupación: la concentración del poder. Ese fue el riesgo que muchos advertimos desde el inicio.

Porque hoy puede tratarse de un opositor político. Mañana podría ser un periodista incómodo. Después un medio de comunicación. Más adelante una organización de la sociedad civil. Y eventualmente cualquier ciudadano que decida cuestionar al poder.

La democracia no desaparece cuando un gobierno gana una elección. Comienza a debilitarse cuando ese gobierno deja de aceptar los límites que le impone la propia democracia.

México todavía está a tiempo de evitar esa ruta. Pero para lograrlo será indispensable defender la independencia de la justicia, la libertad de expresión y el derecho de todos los mexicanos a disentir sin miedo.

Porque cuando el poder concentra la justicia, la palabra y las instituciones, ya no gobierna una democracia plena: gobierna un proyecto que deja de tener contrapesos.