El respeto a las audiencias debe ser una guía y norma fundamental para la elaboración de los materiales que comparten los medios de comunicación. En muchos de ellos, a lo largo de los años esto ha brillado por su ausencia. Sin recato alguno, televisoras y radiodifusoras publican lo que sea, como sea y en muchísimas de las ocasiones sin el menor nivel de calidad y honestidad. Todo ello, teniendo como eje principal de su accionar sus propios intereses económicos, políticos o comerciales.
La apuesta de varios, todos estos años, ha sido que las audiencias sigamos consumiendo mentiras, verdades a medias, manipulación, desórdenes informativos bajo el propio interés de quienes las generan. De manera premeditada, muchos comunicadores, periodistas o lectores de noticias presentan de manera poco clara una noticia mezclada con una opinión personal y emisión de juicios acerca de la nota abordada. Todo ello, sin aclarar la mezcolanza en el abordaje que se hace de la noticia comentada.
Este es el contexto en el cual la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) pone a discusión y consulta popular los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”.
El proyecto busca garantizar la protección de los derechos de las audiencias, por medio de un “defensor de las audiencias” y el establecimiento de un código de ética elaborado por cada televisora y radiodifusora que los obligue a responsabilizarse de “no difundir información falsa o descontextualizada; distinguir entre noticias y opiniones; diferenciar entre publicidad y contenido, y ofrecer medidas de accesibilidad para audiencias con debilidad auditiva”.
El objetivo central es que no se propaguen de manera premeditada mentiras en los medios de comunicación. Por el momento, los medios impresos y portales en la red no están contemplados en este esquema. Desde luego, la inclusión o no de estos espacios es algo que necesariamente debe formar parte de la discusión.
Las quejas por la difusión de mentiras no serán presentadas por el gobierno en ninguno de sus tres niveles, por el contrario, deberán ser las audiencias quienes presenten la queja correspondiente en busca de garantizar el acceso a información verídica y contar con el derecho de réplica.
El proyecto en cuestión será sometido a consulta del 27 de julio al 21 de agosto a través del sitio web de la CRT. Además de esta posibilidad no estaría mal que se abrieran espacios físicos en el Senado y las universidades con la finalidad de recabar el mayor número de reflexiones que permitan enriquecer la propuesta de CRT.
El debate público nos debe llevar a reflexionar y contestar preguntas como: ¿Por qué debemos sufrir la desinformación de los medios? ¿Por qué en la práctica no contamos con un adecuado derecho de réplica? ¿Por qué cuando se demuestra que un medio mintió, no existe un mecanismo que los obligue a rectificar y disculparse por lo transmitido? ¿El periodismo sirve a la comunidad o responde a los propios intereses de los dueños de las cadenas televisivas y radiofónicas? ¿Qué diferencias existen entre la libertad de expresión y la libertad de mentir? ¿Por qué muchos medios que sistemáticamente desinforman insisten en que evitar esa práctica es un acto de censura?
Independientemente del final que tenga la discusión pública de los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, debemos reconocer que urge legislar en favor de las audiencias y en contra de las mentiras y la desinformación.