La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, y al propio partido, bajar todas aquellas publicaciones en redes sociales en las que se refiere a Morena como narcopartido. A estas alturas del momento político conviene aclarar que lo dicho está dicho y no se puede borrar la verdad de un plumazo. Lo que es alarmante es el hecho de que el árbitro tomó partido.
Dicho de otro modo lo anterior, el problema de fondo no es la palabra; que Morena sea un narcopartido no tiene lugar a dudas, el problema es quién decide pasar por encima de la libertad de expresión de un senador de la república y de todo un partido político regido por principios, estatutos y órganos internos. El INE acaba de sobrepasar todos los límites posibles.
Por años, Morena ha lanzado acusaciones contra el PRI y su dirigencia, sin una intervención del Instituto Nacional Electoral. La diferencia reside en que en la batalla legal y jurídica ha quedado comprobado que todos y cada uno de estos señalamientos han resultado infundados. Del otro lado del tablero, numerosos morenistas enfrentan duras inculpaciones por parte de la justicia estadounidense, por sus vínculos con la criminalidad.
Adán Augusto y su jefe de seguridad, Hernán Bermúdez; Rubén Rocha, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez, Américo Villarreal, Marina del Pilar y un largo etcétera de políticos y funcionarios de Morena, mantienen activo el interés de la DEA no necesariamente por sus grandes resultados al frente de sus encargos.
En este mismo contexto en el que se da la resolución del INE contra “Alito” Moreno y el PRI, el gobierno de México dio a conocer una serie de lineamientos sobre los “derechos de las audiencias”, contemplados en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que en los hechos, constituyen un paso muy peligroso hacia una dictadura, porque buscan censurar a concesionarios de radio y televisión.
Los lineamientos anunciados pretenden “evitar” la difusión de información falsa, garantizar la distinción entre noticia y opinión, distinguir entre publicidad y contenido, entre otros. La propia Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) calificó la medida como una regresión democrática, y la organización Artículo 19 dijo que los derechos de las audiencias no son para castigar ni perseguir.
En ambos casos lo que se observa es que Morena quiere borrar la verdad, callar las voces incómodas e imponer su propio relato de la realidad. Por nuestra cuenta, las y los priistas no nos vamos a doblar, ni nos van a intimidar. Ninguna resolución hará que dejemos de señalar a quienes le quieren ven la cara a este país. Podrán quitarnos una palabra, pero jamás nos arrebatarán la verdad de nuestras bocas.