SIAPA, el eterno debate: ¿De quién es la culpa?

En medio de la aguda e interminable crisis del agua, prácticamente no pasa un solo día sin que aparezcan nuevas denuncias por la mala calidad del agua. El problema ya dejó de ser una percepción aislada para convertirse en una experiencia cotidiana para miles de familias.

Mientras tanto, desde los distintos niveles de gobierno se libra una guerra estéril de declaraciones. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Gobierno federal intercambian responsabilidades, cada uno tratando de explicar por qué la culpa recae en alguien más. Las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en el escenario de esa disputa: que si la Federación no aporta recursos suficientes, que si no autoriza determinados proyectos, que si el agua llega contaminada desde las fuentes de abastecimiento, que si el problema viene de administraciones anteriores.

El objetivo parece ser repartir culpas antes que asumir responsabilidades.

Sin embargo, los datos hablan por sí solos. No hace falta recurrir a calificativos grandilocuentes para concluir que el desempeño institucional del SIAPA se ha deteriorado de manera importante durante los últimos años. Cualquier análisis objetivo de sus indicadores permite advertir un problema de gestión que se ha venido profundizando con el paso del tiempo.

Mi postura no parte de una opinión improvisada ni de una discusión política coyuntural. Desde hace años he estudiado el funcionamiento del SIAPA, no desde la ingeniería hidráulica —que no es mi campo de especialidad—, sino desde la perspectiva de la administración pública, el diseño organizacional y los indicadores de desempeño institucional.

Desde esa óptica es posible llegar a conclusiones sustentadas en evidencia.

El SIAPA se encuentra atrapado en un círculo vicioso. Por un lado, necesita miles de millones de pesos para renovar una infraestructura que durante décadas ha recibido inversiones insuficientes. Pero, por otro, enfrenta enormes dificultades para acceder a esos recursos debido al deterioro de sus propios indicadores de gestión. La baja eficiencia comercial, las deficiencias administrativas, la ausencia de mecanismos efectivos de control, la escasa rendición de cuentas y la limitada transparencia terminan afectando su capacidad para obtener financiamiento y recuperar su viabilidad financiera.

En otras palabras, el organismo necesita recursos para mejorar, pero al mismo tiempo sus debilidades institucionales dificultan que esos recursos lleguen.

Por eso considero que el debate público está planteado de manera equivocada. La pregunta no debería ser únicamente quién tiene la culpa de la crisis, sino por qué el SIAPA continúa operando bajo un modelo organizacional que, desde hace varios años, muestra signos evidentes de agotamiento.

Mientras no exista un diagnóstico serio, profundo e integral del organismo —que analice su estructura administrativa, sus procesos, su desempeño operativo, su eficiencia comercial, sus sistemas de control y su modelo de gobernanza— difícilmente podrán corregirse los problemas de fondo.

Cambiar directores, sustituir funcionarios o anunciar nuevas inversiones puede generar titulares, pero difícilmente modificará la realidad si la organización continúa funcionando bajo los mismos esquemas que produjeron la crisis.

La discusión pública no debería concentrarse en encontrar un culpable. Debería enfocarse en identificar qué debe cambiar para que el SIAPA deje de repetir los mismos errores. Porque, al final, las organizaciones también generan inercias. Y mientras se sigan reproduciendo los mismos procesos, las mismas prácticas y los mismos incentivos, los resultados serán exactamente los mismos, sin importar quién ocupe la dirección general.