Jonás

Desde que se anunció en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (que se haya presentado ahí ya es un indicador determinante), la discusión de los “Lineamientos Generales para la protección de los derechos de las audiencias”, surgió un importante debate sobre la libertad de expresión y sobre todo, de la tarea de los medios convencionales de comunicación en nuestro país.
Lamentablemente, porque es un signo de nuestros tiempos, ante la gigantesca difusión de información a la que todos tenemos acceso, el interés por los derechos de las audiencias y la manera como lo está enfocando el gobierno federal a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es algo que, sin exagerar, casi a nadie le importa. Ni siquiera en un escenario de broma, “los derechos de las audiencias” conforman un tópico del que se ocupen los jóvenes o los “mexicanos promedio” que, como ha sucedido desde hace años, manejan otros temas de interés muy ajenos.
Aunque no sea un asunto de interés general, pese a todo, entraña una gigantesca importancia.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró, desde el atril de su rueda de prensa diaria, que no tienen razón quienes anuncian acciones de censura en los medios de comunicación, sino que por el contrario, se trata sólo de dotar a los ciudadanos, de sus derechos legales para exigir información verídica y comunicación en el marco de la ley.
Después, este fin de semana, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, abordó la cuestión con otro lenguaje, muy en su naturaleza de dirigente partidista. Pero no hay que olvidar que cuando utilizan discursos propagandísticos, mezclan al gobierno federal con Morena, en ese concepto que se difunde como la “cuarta transformación”.
La presidenta de Morena, entre otros conceptos, aseguró que los derechos de las audiencias permitirán garantizar “el derecho del pueblo a estar informado”. Esta entrada ya refleja esa flexible generalización con la que en Morena siempre se refiere “al pueblo” como si se tratara de un grupo de personas homogéneo y con una única postura. Ariadna Montiel refiere que durante “el período neoliberal” se privatizó la conversación pública y la información se utilizó “para proteger intereses particulares”, además de que se “disfrazó de noticia” la propaganda.
“Ese modelo produjo desánimo y despolitización”, se atrevió a asegurar.
En el concepto clásico, demagogia es “la conducción del pueblo”. Con el paso de los siglos, el concepto se amplió en sus significados y actualmente esta palabra es casi un sinónimo de mentira. Entre las características que le atribuyen los científicos políticos, figuran el uso de la emoción por encima de la razón; la oferta de soluciones fáciles a problemas complejos y peligrosamente, la utilización de miedo y la ira para convencer, sin que haya en contraste datos reales.
Menciono lo anterior porque al anunciarse la discusión de los “derechos de las audiencias” y al establecerse al CRT como la autoridad que regulará y defenderá los derechos “del pueblo”, es decir, un conjunto de 130 millones de personas, de inmediato se externaron críticas de asociaciones civiles y académicas, observadores nacionales e internacionales, partidos políticos de oposición y hasta medios de comunicación agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.
Todos, sin excepción, en la versión de la presidenta de Morena, caen en la hipocresía y se convierten en adversarios del régimen en el gobierno.
Los medios de comunicación en nuestro país han tenido históricamente, deficiencias y límites; han participado en los agitados períodos de cambio y desarrollo social. Tienen mucho por mejorar y se encuentran en una profunda crisis provocada por la emergencia y dominio de las redes sociales.
Pero han sido, siempre, un factor que termina por colaborar con las demandas sociales.
Someterlos al modelo que ahora proponen como un rescate de los derechos de las audiencias, para “recuperar” los derechos del pueblo, es otro modo demagógico para implementar mecanismos legales que le permitan a una autoridad, ahora sin nombre ni rostro, sancionar y silenciar. Eso es retroceder, no avanzar.

Los derechos de las audiencias y la demagogia

Un operativo militar alarmó en Atotonilco, Jalisco, este 30 de julio. Elementos del Ejército Mexicano se enfrentaron a hombres armados y de acuerdo con la información, abatieron a uno de ellos, mientras otro quedó herido. En la refriega fue detenido Ramón Ángel Álvarez, conocido como el “R1” y a quien se le responsabiliza de ser el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, el 1 de noviembre del año pasado, en plena plaza pública mientras participaba en las celebraciones del Día de Muertos.
La alarma cundió en Atotonilco, en medio de la balacera y los gritos. Las personas se encerraron en sus casas y fue hasta entrada la tarde que la actividad se normalizó, aunque de esto se hablará durante mucho tiempo.
El secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, difundió la detención del “R1” y precisó que con él, suman 31 detenidos por la muerte del alcalde de Uruapan, un evento que marcó un quiebre en la historia de violencia e inseguridad que ha agitado la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En sus declaraciones, el secretario García Harfuch reconoció la colaboración de las autoridades de Jalisco y Michoacán; comentó que se comunicó con el gobernador Pablo Lemus y aseguró que el gobierno michoacano elaboró una sólida investigación que respalda la detención del “R1”.
Debe reconocerse que si bien en otros asuntos públicos, como la actividad político partidista o la discusión presupuestal, se generan evidentes diferencias entre la federación y los estados, incluido Jalisco, el operativo, las labores de inteligencia y la detención final de este personaje que es también líder delincuencial con actividad en Jalisco y Michoacán, demuestran que sí hay colaboración real y que las autoridades jaliscienses hicieron su parte.
Sin embargo, también ocurrió otro fenómeno: durante la tarde, en redes sociales y grupos de WhatsApp, se diseminó información de alarma. Se presumió que se aplicaba un “Código Rojo” y se advertía de posibles reacciones de la delincuencia organizada en la ciudad de Guadalajara. Todo fue falso, aunque se puede entender que haya temor de que se generen acciones parecidas a las del 22 de febrero, cuando pereció el líder delictivo Nemesio Oseguera, con un estallido de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y muchas otras poblaciones de Jalisco. 
Lamentablemente, muchas personas (¿con qué intereses?) difunden información falsa que alarma y desestabiliza el orden social.
Al final, el saldo es positivo: hay colaboración, un líder delictivo está detenido, y se comprueba que a pesar de personas que distribuyen falsedades para alarmar, se impone el orden.

La detención del “R1” en Jalisco

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A pesar de los primeros avances y de la urgente necesidad de hacer más evidente la ruta de seguimiento para resolver la crisis del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, parecen apuntalarse con más claridad las diferencias y las dificultades que las soluciones, con todo y que estén ya totalmente diagnosticadas. Eso es lo que se recoge de la visita de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, que en su primera visita oficial a Jalisco como responsable del partido, reiteró el rechazo a las propuestas que se han planteado por parte de autoridades estatales para resolver el problema. 
Había sido muy esperada la visita de Ariadna Montiel en Jalisco, en particular por parte de los grupos políticos internos que han esperado directrices claras para la competencia electoral que se avecina, y sobre todo para que se acote la actuación de quienes, al aspirar a candidaturas, han tomado ventaja generando roces internos.
Sin embargo, en su aparición pública, Montiel se refirió a la crisis del agua en Guadalajara, y abonó a la discusión que lleva varias semanas confrontando al gobierno estatal que encabeza Pablo Lemus, y al gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. 
Entre otros temas –repetitivos, por cierto– la presidenta nacional morenista subrayó los hechos de corrupción en el SIAPA y reiteró, como ya lo han hecho los diputados federales y estatales, que se opondrán a cualquier mecanismo de solución que implique “privatización”.
Esto, unas horas después de que el gobernador Lemus Navarro declaró públicamente que ya hay cuatro grupos empresariales dispuestos a invertir en la construcción de infraestructura y la operación, pero sin que el Estado pierda la rectoría sobre la distribución del agua. 
De hecho, es posible afirmar que ni siquiera en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avalan el discurso de choque se ha generalizado entre los actores políticos de Morena, pero nadie saldrá a reprobarlo porque la dependencia forma parte del gobierno federal.
Irónicamente, retirando del discurso los adjetivos y el afán de reprobar, hay coincidencia en lo fundamental: el SIAPA debe aplicar una reingeniería interna y convertirse en un organismo en el que dominen las decisiones técnicas y no políticas; se urge a una mayor participación de las autoridades municipales; se solicita diálogo y negociación de los tres niveles de gobierno; se insiste en llamar a la responsabilidad que tienen todos los sectores involucrados, y que naturalmente se refiere al sector industrial y empresarial, además de la población abierta, y no solo a autoridades públicas.
También hay conciencia de que se requiere la construcción de infraestructura; es más, queda claro el respaldo a la construcción de un nuevo acueducto de la Laguna de Chapala a la ciudad, igual que la consolidación de plantas de tratamiento para potabilizar el agua.
Y sin embargo, a pesar de las coincidencias, el choque persiste. 
A ver hasta cuándo.

La crisis del agua en el conflicto político

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Al abrirse un nuevo Centro de Paz, un espacio físico para atender a familiares de personas desaparecidas, el gobierno estatal y las autoridades subrayan el esfuerzo que debe ser permanente para corregir esta tragedia.
El fenómeno de los desaparecidos es una herida permanente, un miedo que pesa sobre todos en Jalisco y el país. A cualquiera puede ocurrirle esa desgracia. Y frente al hecho contundente de que la desaparición de personas no se detiene e incluso, vivimos ahora el aterrador acontecimiento de la creciente desaparición de menores de edad, nos damos cuenta de que esto representa para todos, una lucha de resistencia.
La desaparición de personas no es sólo un asunto que competa a policías y autoridades. Los delincuentes organizados que no tienen reparo en eliminar personas y ahora, llevarse a los menores de edad para que participen en sus actividades delictivas y sanguinarias, representan un reto social.
Hay que reaccionar contra la delincuencia, pero también afinar medidas de prevención, de educación y de fortalecimiento del núcleo familiar.
Y en la creciente cantidad de tareas que deben realizarse hasta que sea posible –ojalá pronto– que ha vencido la tragedia de los desaparecidos, un centro de atención para familiares de desaparecidos es un logro más. No corrige el problema, pero sí dota de mínima dignidad a los sufrientes directos de la desgracia.
La inauguración del Centro de Paz, con la presencia del gobernador del Estado, el secretario general del gobierno estatal, la titular del DIF Jalisco y más autoridades, comunica que el acto es solemne y reviste la mayor importancia. Es lo que merecen los familiares de desaparecidos: la máxima importancia, la solidaridad social, la atención de las autoridades. Porque su desgracia, por más que crezca y aumente el número de personas que no están localizadas, no puede normalizarse o convertirse en un hecho superficial.
Se insiste en que Jalisco es el Estado con más personas desaparecidas; se reclama y se exige a las autoridades de todo el país y sin embargo, el fenómeno no reduce.
Queda mucho, mucho por hacer: identificar restos, localizar personas, atender a los grupos de madres y padres buscadores, que con su sola existencia retan al Estado y a las instituciones.
Pero al menos –y es que antes no estaban– se ha logrado la sensibilidad de levantar y sostener centros de atención para quienes están buscando a los suyos.

El trato al fenómeno de los desaparecidos

La presidenta Claudia Sheinbaum fue el objeto de una burla, abierta y pueril, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En un evento público que parecía un acto de campaña, el presidente se mofó de la pronunciación de Sheinbaum Pardo, de quien afirmó que pronuncia “Méjijo”, cuando dialoga en inglés. Puede asegurarse que es mentira, pero tratar de desmentir a Trump es una misión imposible; nunca lo aceptaría.
Lo llamativo de este episodio permite, en cambio, plantear algunas reflexiones. ¿Por qué el mismo Trump que en diversas ocasiones ha elogiado a la presidenta mexicana insiste en convertirla en objeto de burla? Quizá cree que le granjea simpatía entre sus seguidores. 
Además, en medio de su broma infantil reiteró amenazas contra la relación comercial entre las dos naciones, aunque en los hechos tanto el representante comercial de su gobierno, Jamieson Greer, como el embajador estadounidense Ronald Johnson, apenas la semana pasada elogiaron la colaboración entre los dos países y animaron la inversión estadounidense en México.
¿Hay que tomarlo en serio? Pareciera que no. Pero, ¿cómo responderá la presidenta Sheinbaum? ¿Otra vez una sonrisa a medias y aquello de la “cabeza fría”?
El hecho de ser presidentes no les resta a Sheinbaum y a Trump sus rasgos humanos; el poder incluso puede profundizárselos. Por eso no se puede descartar que con estas burlas, el presidente de Estados Unidos se cobre una revancha por los insistentes retos y llamados a defender “la soberanía” que la presidenta de México invocó cuando el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fue acusado de estar coludido con el crimen organizado y solicitaron su extradición para ser juzgado… algo a lo que ella se ha negado tajantemente.
Pero hay dos puntos centrales entre México y Estados Unidos en la agenda de Trump: la seguridad fronteriza y la lucha contra el tráfico de drogas, y la potente relación comercial que ha convertido a México –muy a pesar de Trump– en el principal socio de Estados Unidos.
Estas dos realidades obligan, más a Sheinbaum que a Trump, a mantenerse en el terreno del pragmatismo. De él se pueden esperar exabruptos y berrinches; de ella, no. Los técnicos del análisis geopolítico hablan de la “asimetría” entre las dos naciones, y se refieren en términos más coloquiales, a la desventaja con la que nuestro país enfrenta permanentemente cualquier reto o competencia con su vecino norteamericano.
¿Eso obliga a Sheinbaum a soportar una burla personal de Trump?
¿Cuál es su estrategia para responder?

Trump se burla de la presidenta

La crisis del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara pasó de la discusión pública y mediática a los trabajos reales de solución. El problema es inmenso y las necesidades se multiplican con el paso de los días.
No, no basta con llevara vehículos purificadores de agua a las colonias. Alivian enormemente el problema de necesitar agua limpia para la gente; se llena miles de garrafones de agua pero no acaban con el problema. De hecho, el director del SIAPA, Ismael Jáuregui recomienda públicamente: no debe consumirse el agua purificada si no es hervida después.
Ante la pregunta obligada y obvia, ¿se están mezclando aguas negras con el agua que va por las tuberías?, la respuesta es afirmativa. Sí, y eso debe corregirse de inmediato. Pero no es tan sencillo. Por eso se avanza en la obra del llamado “bypass” que impedirá que se mezcle el agua que va a la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, con el Arroyo Seco.
Es un tema embrollado, sí. Pero no hay manera de evitar el ir paso por paso.
Las obras de construcción no pueden avanzar aceleradamente porque la aplicación del recurso público requiere trámites obligatorios: concurso, aval técnico y demás.
¿Tenemos que padecer durante mucho tiempo más el agua sucia y con mal olor? Sí. Así de contundente, así de simple.
No hay solución rápida ni receta.
Se puede decir que afortunadamente, los diputados del Congreso del Estado acaban de iniciar un período vacacional de dos semanas; eso cuando menos, evitará que el discurso público siga viciado con acusaciones y señalamientos. Pero no es la solución.
El problema abarca varias dimensiones. Sólo el hecho de saber que las instalaciones más nuevas del SIAPA para la potabilización del agua tienen más de 35 años, ya nos advierte del retraso tremendo que la ciudad enfrenta.
Las deudas con los habitantes de Guadalajara son evidentes:
&#8211; Falta la reingeniería interna del SIAPA. Debe haber despidos de personal que no está capacitado y está en un puesto de trabajo por influencia política.
&#8211; Es indispensable una alianza social que abarque a los gobiernos municipales, al gobierno estatal y a las dependencias públicas; debe construirse un nuevo acuerdo para recibir el agua y pagar por ella.
&#8211; Debe establecerse un nuevo acuerdo de tarifas. El SIAPA no puede nunca más ser un organismo en quiebra, sino que debe haber consenso en el pago del agua. Sin justificación ni perdón. Sin preferencias.
&#8211; Debe intervenir el gobierno federal. No es posible que la Comisión Nacional del Agua tenga la autoridad en la administración del agua, porque es un derecho humano, pero que no tengan personal (increíblemente, hay un solo inspector en Jalisco) para exigir que todos, los gobiernos, los entes públicos, los industriales y las empresas, no limpien, no potabilicen, no paguen, por el agua que les permite enriquecerse.
La crisis debe permitir que haya un cambio, no un retroceso a peor.

La obligación de apoyar al SIAPA

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En medio del conflicto social que ha generado la presencia de agua sucia en más de 230 colonias de la ciudad (cifra del SIAPA), ayer se aprobó en el Ayuntamiento de Guadalajara destinar 30 millones de pesos para la compra de equipamiento que se entregará a los tapatíos afectados por este problema: tinacos, filtros, pastillas de cloro, garrafones y plantas potabilizadoras móviles, figuran entre los artículos que se entregarán a quienes padecen el problema.
Pero además de los 30 millones, se habían aprobado otros 20 antes y además, habrá una aportación del gobierno del Estado. La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, estimó que la cifra hasta ahora asciende a 60 millones de pesos. 
¿Con la aplicación de estos recursos económicos se resuelve la crisis del agua? Evidentemente no.
Pero estas acciones del gobierno municipal marcan una diferencia fundamental entre atender a la población o dejar que la crisis se alimente de la parálisis del SIAPA y el profundo nudo de conflictos en el que está atrapado el organismo. 
Igual que Guadalajara, en los otros municipios metropolitanos las autoridades están tomando medidas para apoyar a las personas que se enfrentan al problema del agua contaminada que, como se ha explicado insistentemente, no puede utilizarse para rutinas de aseo personal y según las condiciones, tampoco para labores de casa.
En este contexto, resulta sorprendente que algunos actores públicos (municipales, estatales o legislativos) mantengan una crítica que no ayuda a los ciudadanos afectados. La oposición política está en su función: no se puede permitir el fenómeno del agua contaminada, pero hay un imperativo ético, y consiste en apoyar a solucionar el problema, no sólo subrayarlo y hacerlo evidente.
Además de Guadalajara, los gobiernos de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá adoptaron medidas y revisan cuál su obligación con el SIAPA. Las negociaciones transcurren y como afirmó el alcalde zapopano Juan José Frangie, cada gobierno municipal debe “elaborar un traje a su medida” para contribuir a resolver la crisis del agua potable en la Zona Metropolitana.
Queda claro que las fuerzas políticas llevarán el conflicto del agua sucia al proceso electoral del año 2027 y formará parte de sus argumentos para destacar deficiencias y solicitar el voto, pero deben tener cuidado de que el tema no se revierta porque al final del trayecto, los habitantes de la ciudad tendrán presente el problema y recordarán quiénes contribuyeron a solucionarlo y quiénes sólo insistieron en exponerlo. 
Todo termina por tener el lugar que le corresponde.

Dinero público para el problema del agua sucia

Apenas el domingo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum había tenido un encuentro personal con Donald Trump como invitada la final del Mundial de Futbol en Nueva York. Después comentó que habían tenido una breve charla sobre temas comerciales y aseguró que a diferencia de los aranceles impuestos a Canadá, nuestro país no estaba en ese riesgo.
Han transcurrido apenas cuatro días y ese mensaje de confianza se diluyó totalmente. Queda claro que la cortesía por la conclusión del Mundial fue sólo eso, un mero gesto de educación que sin embargo, no detendrá la ofensiva del gobierno estadounidense en su afán de condicionar las relaciones en materia de seguridad y particularmente, la revisión del T-MEC.
La presidenta Sheinbaum recibirá este 23 de julio en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial del gobierno de Trump. Que la presidenta lo atienda personalmente y el diálogo no sea con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya es un indicativo del paréntesis por el que se transita y el riesgo de que se impongan nuevas condiciones al tratado comercial entre nuestros dos países.
Además, el mismo Greer se acaba de presentar ante los senadores norteamericanos que integran el Comité de Finanzas de esta cámara, y ahí fue cuestionado sobre la disponibilidad que México presenta para colaborar en materia de seguridad fronteriza y también, en el cumplimiento de la entrega de agua, principalmente a Texas, con base en el acuerdo vigente desde 1944, una solicitud específica que parece fuera de lugar porque ya está negociada desde los primeros meses del año, negociación en la que se explicó que el gobierno mexicano no pretende incumplir el acuerdo de distribución de agua, sino que no ha llovido lo suficiente para cumplir la cuota a entregar.
Sin embargo, Jamieson Greer le respondió a los senadores que a Donald Trump le resulta difícil aceptar la renovación o incluso, la misma revisión del T-MEC si México no colabora en todas las áreas, y el tema del agua es una de éstas.
Si el mensaje de un funcionario federal a los senadores refleja el talante de exigencia permanente que transmite Donald Trump, el mensaje para la presidenta Sheinbaum no será diferente.
Hace unas semanas, desde una parte del gobierno federal mexicano se manejó la versión de incrementar el intercambio comercial del país con otros mercados internacionales, como una respuesta a la presión ejercida por la administración Trump en el caso de Rubén Rocha Moya, el acusado gobernador de Sinaloa.
La realidad nos alcanza: diversificar el mercado es una meta que puede alcanzarse en varios años y con una estrategia definida. Hoy por hoy, la economía mexicana depende fundamentalmente del intercambio comercial con Estados Unidos, que alcanza nada menos que 839 mil millones de dólares al año.
Ser el principal socio comercial de Estados Unidos es un privilegio que representará varias condiciones. Esa historia escribe una nueva página hoy, en Palacio Nacional.

T-MEC: las condiciones para México

Luz del Carmen Godínez

“Niñas y niños en la calle: una realidad que nos alcanza”

Mi pecho no es bodega

Nora Ampudia

Economía del desperdicio: talento humano

Ricardo Duran

Presión rojiblanca

Gabriela Cárdenas

Zapopan también se escribe en plural

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Ayer se lanzó un anuncio importante en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbum: con la dirección de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se abordará un debate y análisis en diferentes foros del país para concluir en la regulación de las redes sociales y la Inteligencia Artificial para los menores de edad. En términos llanos, se pondrá límites al uso de la tecnología entre la niñez mexicana.
Esta determinación era urgente. Incluso, llega tarde en las circunstancias que afrontan las niñas y los niños en México. Pero mejor es tarde que nunca.
No es un tema que se aprecie a simple vista o surja de una experiencia particular. La determinación de limitar o de plano, prohibir el uso de teléfonos inteligentes y acceso a redes sociales a los menores, ya se abordó y se legisló en varios países, porque está comprobado científicamente que sin guía y límites, estas tecnologías dañan a los menores en su desarrollo intelectual, en su salud física y emocional. El uso indiscriminado de éstas genera adicción y conductas que condicionan la vida de los jóvenes y futuros adultos.
Guardadas las proporciones, pueden tener efectos como los que provocan las drogas o la pornografía. No hay nada qué descubrir. 
Sin embargo y por diferentes motivos, en México es común que vayamos detrás en la legislación de fenómenos sociales y tecnológicos. Nuestros legisladores tienen como regla de comportamiento esperar a tener legislaciones de otras naciones para tener un referente y después “tropicalizarlas” para su aplicación en nuestro entorno. Los resultados no son siempre los deseados.
El punto ahora es que la SEP organizará foros nacionales para reunir opiniones y propuestas sobre la utilización de las redes sociales, el internet y la Inteligencia Artificial y al final del trayecto, presentar una propuesta de regulación a diputados federales y senadores.
El Estado mexicano tiene para con la niñez mexicana una gigantesca deuda. Las niñas y niños mexicanos viven todos los días con realidades como la pobreza, la alimentación deficiente, la urgencia de trabajar, núcleos familiares disfuncionales, violencia social e intrafamiliar y un largo etcétera.
Ciertamente, seguirán irresueltos la mayoría de estos retos, pero una legislación concreta y puntual sobre el uso de las nuevas tecnologías, otorgará al menos una base teórica sobre lo que es correcto y no en su utilización.
Si vamos tarde, al menos hay que iniciar ya.

Regular las redes sociales para los niños