El futuro de México se decide en sus metrópolis

Las crisis no avisan, pero sí se incuban. Durante décadas, las grandes zonas metropolitanas de México, incluida la nuestra, crecieron al ritmo de la improvisación. Se expandieron bajo la lógica de parchado urbano y de resolver la urgencia del día, reaccionar cuando el problema ya desbordó a la comunidad y administrar fronteras políticas invisibles en lugar de gobernar un territorio compartido.

El caso del agua en Jalisco y en el occidente del país es, quizás, el espejo más claro y doloroso de esta realidad. Nos demuestra con dureza lo que ocurre cuando una metrópoli no se planea con visión de futuro. Por años se pospusieron decisiones clave, se postergó la inversión en infraestructura hídrica y se creyó que los límites municipales bastaban para gestionar un recurso que no conoce de mapas ni de decretos. Hoy nos toca corregir el problema desde el origen, reparar fugas históricas, sanear cuencas agotadas y garantizar el abasto en colonias que durante años sufrieron la desatención.

Lo que vivimos con el agua en Guadalajara es la misma historia que se repite, con distintos matices, en la movilidad, en la gestión de residuos y en el ordenamiento del suelo de más de 70 zonas metropolitanas en el país. Casi el 65% de la población de México habita en ciudades que jamás fueron diseñadas para la escala que hoy tienen.

Seguir gestionando las ciudades con parches, retórica y buena voluntad es insostenible. Es momento de actuar con responsabilidad. Por esa razón, desde la presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, impulsamos una transformación de fondo. Este 5 de agosto logramos reunir en San Lázaro a representantes de 25 congresos locales de todo el país para asumir que la reconfiguración de nuestras ciudades no admite colores ni diferencias partidistas. La gente no pide discursos ideológicos cuando abre la llave y no sale agua, ni cuando espera el autobús de noche; pide soluciones institucionales que funcionen.

De esa Mesa Interparlamentaria salimos con el acuerdo claro de presentar en el próximo periodo de sesiones una Reforma Constitucional que reordene la gobernanza metropolitana y dé origen a la nueva Ley General de Coordinación Metropolitana.

Esta iniciativa busca cambiar las reglas del juego mediante cuatro decisiones estructurales: que la Federación, los estados y los municipios aporten recursos coordinados para megaproyectos de agua, saneamiento y movilidad regional, evitando que obras vitales queden a medias; crear organismos técnicos e imparciales que garanticen que los planes de desarrollo y agua trasciendan los gobiernos de tres o seis años; impulsar mecanismos estrictos de rendición de cuentas para que cada peso destinado a la infraestructura metropolitana se ejecute con transparencia y eficiencia; y también un Sistema Nacional de Información Territorial que genere plataforma de datos precisos para invertir donde más se necesita, previniendo el caos antes de que las crisis estallen.

Jalisco y Guadalajara nos han enseñado que corregir el rumbo cuesta mucho más que planear a tiempo. El remiendo será grande y profundo, pero a la vez un gran aprendizaje para toda América Latina. La reforma que promovemos busca precisamente pasar de la reacción a la prevención, poner orden en el territorio y garantizar el derecho pleno de la población a disfrutar de sus ciudades. Es tiempo de actuar hoy para no condenar el futuro de quienes habitarán nuestras metrópolis mañana.