La Fiscalía afirma que la instrucción vino directamente del entonces gobernador, con participación de funcionarios estatales de alto nivel,

A Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero (2011-2014), le dictaron prisión preventiva oficiosa este 7 de agosto de 2026 por su presunta participación en el caso Ayotzinapa.
Fue detenido el 6 de agosto de 2026 en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México, y ese mismo día ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
La Fiscalía General de la República lo imputa por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia. Según la FGR, ordenó destruir o ocultar videograbaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que captaron hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías interceptaron el autobús en el que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esas grabaciones habrían sido clave para esclarecer el paradero de los 43 normalistas.
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La Fiscalía afirma que la instrucción vino directamente del entonces gobernador, con participación de funcionarios estatales de alto nivel, y que se basa en un reanálisis de actuaciones y testimonios de colaboradores, obtenidos en 2026.
En la audiencia inicial del 7 de agosto, el juez federal Mario Elizondo Martínez declaró legal la detención, formuló la imputación y dictó prisión preventiva oficiosa. La defensa pidió prisión domiciliaria por la edad de Aguirre (70 años) y padecimientos, como hipertensión, diabetes, problemas prostáticos e infección urinaria reciente; compareció en silla de ruedas, pero el juez la negó al considerar riesgo de evasión.
La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la audiencia para decidir si se le vincula a proceso se reanudará el 11 de agosto de 2026. Mientras tanto permanece en El Altiplano. Los delitos pueden implicar penas elevadas (se ha mencionado hasta 70 años en algunos reportes).
Aguirre, que renunció a la gubernatura en octubre de 2014 tras los hechos de Iguala, se reservó el derecho a declarar en un primer momento y luego expresó que lamentaba lo ocurrido, que había colaborado con las investigaciones y que tenía “la conciencia tranquila”.