Ayotzinapa 43… A 12 años

Desde aquella ofensiva “verdad histórica” hasta hoy, la Fiscalía General de la República actuó e informó sobre un avance que se vislumbra más claro y, tendría que decir, contundente, para el esclarecimiento de este caso tan doloroso para los mexicanos: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Ramón Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

En 2022, uno de los autores principales de esa “verdad histórica” fue encontrado culpable de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la administración de justicia. Estoy hablando de Jesús Murillo Karam, procurador general de la República; sin embargo, por esa detención y lo que se esperaba que resultaría de ella, los avances posteriores fueron mínimos. El exfuncionario pronto recibió el beneficio del arraigo domiciliario por su estado de salud (sufrió un derrame cerebral y presentaba principios de demencia senil) y todo parece indicar que en estos momentos está hospitalizado (en abril pasado corrió el rumor en redes sociales de que había fallecido).

El anunció de la “verdad histórica” indignó no sólo a los mexicanos sino al mundo entero y se organizaron marchas y manifestaciones en ciudades de casi todo el orbe que luego se repetían cada 26 de septiembre y hasta la fecha. Hace casi 12 años de aquellos hechos.

Durante el sexenio pasado, cuando se desconoció la conclusión de la administración anterior, se aceptó –como nunca había sucedido– que el responsable de esa desaparición forzada fue “el Estado” y se reconoció el involucramiento de autoridades y elementos de todos los órdenes de gobierno, se ejecutaron alrededor de cien detenciones, incluida la de Murillo Karam, sin embargo, pese a los avances, no se llegó al total esclarecimiento y se reconoció así al final del sexenio pese a la integración y el trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Cómo olvidar, por supuesto, que al frente de la Fiscalía General de la República estaba Alejandro Gertz Manero quien, lejos de meter el acelerador para esclarecer y hacer justicia, con un Poder Judicial heredado de administraciones corruptas, sólo dejó pasar el tiempo sin actuar con claridad y contundencia, con voluntad, de hecho, para abonar en la resolución de este gran, gran pendiente.

No llegamos a ese punto todavía, es cierto, sin embargo, por las formas y los modos, hay una esperanza sólida de que por fin se esclarezca y se haga justicia. El lector sabe que me refiero a las noticias generadas la semana pasada luego de la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que resultó de la aplicación de un “nuevo modelo de investigación” y de la obtención de dos testimonios fundamentales que lo implican.

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó directamente y después de explicar cerró su mensaje con una frase que no podemos ni debemos perder de vista para este y otros casos, particularmente los añejos y pendientes: “Donde haya impunidad, habrá investigación; donde haya crimen, habrá consecuencias”.

El propósito central es llegar a la verdad de los hechos, que se conozca y se difunda; y que se haga justicia. Han pasado doce años y se trata de un pendiente que evidenció brutalmente la forma de operar de un sistema político corrupto que no ha sido saneado en su totalidad, a pesar del cambio de gobierno, porque es tal enquistamiento de grupos podridos que se necesita persistir, avanzar y no claudicar, no caer en la tentación del autoritarismo, un riesgo propio de las democracias.

Ernestina Godoy expuso que, gracias a ese nuevo modelo, con personas que ya habían sido investigadas, por fin se lograron dos testimonios fundamentales para acreditar “con plena evidencia y apego al debido proceso”, la posible participación de Aguirre en la “destrucción de evidencia para conocer el paradero de los estudiantes”. Se trata de los videos de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia del Estado, en Iguala. Los videos mostraban el momento justo en el que fue detenido el autobús donde viajaban los estudiantes, por elementos de la policía municipal y estatales.

Las primeras versiones del caso, cuando Murillo Karam era el procurador, revelaban que los videos de esas cámaras no existían porque hubo presuntas “fallas técnicas” y no servían; pero ahora, una de los testigos dijo que los videos se extrajeron para entregárselos al gobernador el 29 de septiembre. Esta testigo no había hablado antes porque era víctima de amenazas.

Y la otra testigo, afirmó que, al día siguiente de la sustracción de los videos, Ángel Aguirre reunió a elementos de su gabinete y a varios funcionarios para ordenarles que destruyeran toda la evidencia relacionada con los estudiantes de Ayotzinapa.

La conclusión ahora es que la pérdida de esa evidencia no fue un caso aislado ni una omisión técnica; sino que el ocultamiento de esas grabaciones fue resultado de “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal, cuyo titular era Ángel Aguirre”.

Con base en la nueva información fue que se logró que se girara la orden de aprehensión. Aguirre fue detenido en el Estado de México el viernes pasado y, aun cuando su defensa solicitó arraigo domiciliario, fue negado. Lo que sigue ahora es que mañana martes se efectúe una segunda audiencia –ya pasó la inicial– y el miércoles 12 se determinará si Ángel Aguirre será vinculado a proceso o no.

En los próximos días y, seguramente de manera más intensa y enfática cuando se acerque un aniversario más el 26 de septiembre próximo, el 12, habrá más información sobre los resultados de las pesquisas en torno a este caso.

Habíamos estado acostumbrados a “verdades históricas”, a mentiras descaradas, a montajes y manipulación a través de medios de comunicación, esto tiene que cambiar urgentemente con todo y que sabemos –lo estamos viendo– que es complicado, complejo. La desaparición forzada que ejecutó el Estado mexicano contra 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en 2014 es una oportunidad histórica para enfrentar y conocer la verdad y para que se llegue a las últimas consecuencias. En otras palabras, para que haya justicia y casos así no se repitan nunca más.